Francisco Zambrano

Transportistas urbanos aseguran que es complicado cumplir con las normas contra la pandemia en vista de la falta de unidades en las líneas

@frazambranor 

Rosa vive en el barrio Chapellín y tres veces a la semana debe tomar un transporte colectivo que la lleve al sitio donde trabaja como doméstica en La Candelaria en Caracas.

Suele esperar un mínimo de 20 minutos para que pase la ruta que la conduzca a su destino. Proveniente de Chacaito, la buseta regularmente ya viene repleta de gente. Rosa se monta como puede, si no consigue a alguien que le ceda un asiento le toca ir parada hasta llegar a su lugar de trabajo.

Dentro del transporte no hay distancia social, todos usan tapabocas, pero algunos lo llevan en la barbilla o sobre la cabeza. 

Atrás hay puesto

Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transporte de Caracas, reconoció que el distanciamiento social no se respeta en la mayoría de las unidades. 

“Nosotros le exigimos a los choferes que si una persona no tiene tapabocas, no la dejen ingresar al transporte, pero es complicado el tema de la proximidad entre la gente porque con el Metro trabajando a medias y la escasez de unidades, la gente abarrota las pocas que hay”, dijo Ocando.

El dirigente gremial indicó que en un principio establecieron unas normas de dar acceso solo a 16 personas en las unidades de 32 puestos y a 12 en las de 24 asientos. “Eso no se cumplió, es muy difícil porque la gente no tiene como trasladarse”. 

De acuerdo a Ocando lo ideal es que cada chófer y colector usen un tapabocas N95 a diario, pero la imposibilidad de adquirirlos les obliga a emplear los de tela. “También instamos a los compañeros a desinfectar al menos dos veces al día las unidades, pero todo esto necesita apoyo de las autoridades porque nuestros ingresos no dan para adquirir los productos de limpieza”. 

Peor en el interior

En Mérida, la situación es similar a la del área metropolitana. Giovanny Nieto, secretario de reclamos del Sindicato de Transporte de la entidad, sostuvo que algunos transportistas y usuarios no cumplen con las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. “En defensa de los transportistas hay que mencionar que esto ocurre porque existen pocas unidades que laboran diariamente debido a la falta de gasolina. Hay demasiada gente en las paradas y los usuarios entran en las unidades así el conductor les recomiende lo contrario por el poco espacio que hay. Nadie quiere quedarse para tener que caminar trechos largos”. 

Ruben Asis, presidente de la Central Sindical y vocero del Directorio Único de Transporte del Zulia, indicó que la pandemia es un jaque mate para el sector transporte en el estado. “Tiene casi en quiebra a nuestros compañeros transportistas. La mayoría se ve imposibilitado de salir, a eso hay que sumarle la escasez de gasolina. No tenemos dinero para llevar a la casa”.

La batalla por surtirse de gasolina

Hugo Ocando manifestó que los transportistas se han ido adaptando al racionamiento de combustible en Caracas y aseguró que en los últimos 15 días la distribución ha mejorado. 

Dijo que las autoridades deben conseguir un equilibrio entre el suministro a transportistas y particulares. 

“No entendemos cómo en Catia, en la Parroquia Sucre de Distrito Capital, hay nueve estaciones de servicio y  una sola está asignada para el transporte público, el resto a particulares”. 

Giovanny Nieto aseveró que la crisis de la gasolina es peor en el interior del país. 

“Las unidades trabajan uno o dos días a la semana. Tenemos una estación donde surten, pero el número de unidades que atienden es muy bajo por jornada. Tratamos de abastecernos en los distintos municipios que cubrimos y cuando no se logra hay que conseguir el combustible donde y como sea”, dijo Nieto. 

Ruben Asis, gremialista del estado Zulia, sostuvo que hubo una época durante la pandemia donde no había gasolina y ahora que hay no alcanza para todos los trabajadores del volante. 

“Tenemos una sola estación de servicio que surte a los transportistas en Maracaibo y se distribuye un día a la semana por placa. El combustible no es suficiente porque surten 40 o 50 litros por carro”, indicó Asis.

El pasaje que sube y sube 

Tres aumentos de pasaje en el transporte colectivo urbano ha habido durante el periodo de cuarentena en el área metropolitana de Caracas. 

A discreción de los transportistas la tarifa subió de 5 a 10 mil bolívares en julio, posteriormente se elevó a 20 mil Bs. y el pasado 8 de octubre salió en Gaceta Oficial el precio de 30 mil Bs. Todo esto en un país donde conseguir bolívares en efectivo es una tarea titánica. 

El Comité de Usuarios del Transporte Público solicitó este año a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), la dotación de puntos de venta para los transportistas. Aún esperan por la respuesta. 

“La ley dice que cada trimestre deben evaluarse las tarifas y después de diez meses fue que el gobierno acordó poner el pasaje en 30 mil bolívares, eso crea una anarquía porque cada quien cobra lo que le da la gana en el ínterin”, dijo Ocando. 

Para Ocando, la cifra del pasaje urbano debe ser 60 centavos de la tarifa del dólar publicada por el Banco Central de Venezuela. “Nosotros propusimos que podíamos trabajar con 10 centavos más un bono de transporte para la tercera edad y el subsidio estudiantil, pero nada de eso ha sido escuchado”.

Según Giovanny Nieto, la situación del transporte colectivo es un reflejo de lo que sucede en toda Venezuela. “Debe mejorarse la situación económica del país, que haya políticas claras y reales hacia todos los sectores en general, porque en el caso del transporte nada hacemos con hacer ajustes a las tarifas, si los usuarios no ganan lo suficiente para pagarlas, una nación no avanza ni se desarrolla beneficiando a algunos sectores en detrimento de otros”. 

Dolarización en ruedas 

Hugo Ocando sostuvo que la economía venezolana la dicta el dólar paralelo y el transportista tiene que adquirir repuestos, cauchos, aceites y baterías a precios en divisas. 

“Pareciera que la culpa de la crisis de transporte en Venezuela fuera absolutamente de nosotros, pero no es así. El transportista no puede generar ingresos suficientes para mantener las unidades y mucho menos comprar una nueva. Las 17 plantas ensambladoras de vehículos que existen en Venezuela están cerradas y el único que puede importar es el propio gobierno”.

Ocando denunció que de los lotes de autobuses Yutong que llegaron a Venezuela provenientes de China, solo un 5% fue entregado al sector transporte, los demás fueron a parar a manos de entes gubernamentales y consejos comunales. Hoy en día la mayoría de esas unidades que empezaron a importarse a partir de 2015 están en cementerios de vehículos, mientras en ciudades como Caracas el transporte colectivo se defiende con autobuses y busetas que datan de la década de los 70, 80 y 90.  

Giovanny Nieto manifestó que algunos de sus compañeros se han visto en la necesidad de vender piezas de su transporte, repuestos e incluso unidades para poder sortear la crisis económica. “Los insumos y repuestos no se consiguen y cuando se logran ubicar tiene un precio exorbitante. Lo que uno produce se gasta en comida y no se puede guardar nada para el mantenimiento de las unidades”. agregó.

Nieto pidió al Ejecutivo poner empeño para resolver la crítica situación del transporte colectivo a nivel nacional. 

“Los planes que se hagan deben pensarse bien para que beneficien a todos los sectores económicos por igual. En cuanto a lo que es el área del transporte, no solo es tarifas y combustible, hay que poner en práctica la venta regulada de cauchos, aceite y baterías, que  hace años desapareció. Es necesaria una modernización de la flota, aunado a políticas sociales para los transportistas y sus familiares”. 

La organización se dedica desde 2006 a tender la mano a la mujer diagnosticada con cáncer de mama 

@franzambranor 

En 2006, tres mujeres sobrevivientes al cáncer de mama decidieron crear una organización para ayudar a pacientes con la misma patología en Caracas. Fue así como Bolivia de Bocaranda, Beatriz Ottengo e Ingrid Borges crearon Senos Ayuda. 

“Yo cuando comencé en la organización acababa de ser diagnosticada. Veníamos trabajando con Senos Salud, que tenía como patrocinante a una marca farmacéutica a nivel mundial y por discrepancias decidimos montar tienda aparte”, dijo la directora de Senos Ayuda, Bolivia de Bocaranda.

Graduada en Relaciones Industriales, Bolivia abandonó la oficina de su esposo, Nelson Bocaranda, para dedicarse en cuerpo y alma a la organización. 

Ella es prácticamente la cara de Senos Ayuda, su socia Beatriz falleció víctima de una metástasis e Ingrid está dedicada a sus seis hijos que viven fuera de Venezuela. 

Para Senos Ayuda lo más importante es brindar apoyo médico y psicológico a quienes han sido diagnosticadas con cáncer de mama, especialmente ahora que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria compleja. 

¿En vista de la situación por la que atraviesan los centros de salud en Venezuela y ahora con el Covid-19, cuáles son los mayores retos de la organización? 

Bolivia de Bocaranda: El mayor reto que tenemos en este momento es poder ayudar a la gran cantidad de solicitudes que no están llegando y que aumentaron en forma exponencial durante la pandemia. Hemos llegado a tener un incremento de hasta 40% comparado con meses anteriores. No solo mujeres con cáncer de mama, sino pacientes oncológicos con otras patologías y eso es producto de la necesidad tan grande que está pasando la población venezolana en cuanto a la salud. Hay que tener en cuenta que las organizaciones y asociaciones civiles que trabajamos en esta área no tenemos todos los recursos para tender una mano al prójimo, estamos limitados. La responsabilidad directa y la obligación en materia sanitaria es del Estado venezolano.  

¿Cómo ha crecido la organización de 2006 hasta el presente? 

BB: Cuando nacimos empezamos con un programa piloto que se llamaba “Senos Mima”, con un banco de pelucas, prótesis, sostenes, pañuelos y sombreros para mujeres que estuvieran pasando por una mastectomía, quimioterapia o radioterapia. Teníamos otro que se llamaba “A sostén quita’o”, que era de apoyo psicológico. Con los años empezamos a acudir a las comunidades haciendo despistajes, poco a poco se fueron incorporando médicos. Hoy en día tenemos dos médicos mastólogos, una oncóloga, un nutricionista, un fisiatra y dos psicólogos. También tenemos grupos de apoyo para pacientes y familiares.

¿Quienes conforman Senos Ayuda? 

BB: Somos una asociación abierta, todos los que quieran unirse a la causa lo pueden hacer. Contamos con una junta directiva muy activa que trabaja ad honorem y hasta un cuerpo de voluntariado que nos ayuda en todas las actividades diarias de la organización. También tenemos un voluntariado estudiantil en las universidades Santa María y Metropolitana. Estos estudiantes dan charlas en colegios sobre la concientización del cáncer de mama. 

¿Dónde operan y qué alianzas poseen? 

BB: Tenemos nuestra sede principal en Caracas, otras en Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui. Contamos también con grupos de voluntariado en Guárico, Miranda y Bolívar y hemos hecho alianzas con otras asociaciones en Carabobo y Falcón. Ante la necesidad de incidir en las políticas de salud pública, tenemos vínculos con organizaciones como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Sinergia, Venezuela Sin Límites, Unidos en Red y a nivel internacional estamos con la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer, American Cancer Society y la National Breast Cancer Coalition.

¿Ofrecen otro tipo de servicios además de asesoría medica y psicológica? 

BB: La organización tiene varias áreas de servicio. Unas son las charlas educativas para público general, empresas y comunidad organizada; charlas educativas para educación básica y diversificada. A este grupo de charlas hemos unido el humor a través de un monólogo hecho por la actriz Tania Sarabia, sobreviviente de cáncer de mama, que se llama “Esa costilla de Adan estaba piche”, esta es una alternativa de crear conciencia a través de canales distintos, Tania habla del momento de su diagnóstico y de su vida después de eso. 

La escasez y carestía de medicamentos es uno de los principales problemas del paciente oncológico. ¿Cómo hacer para ayudarles? 

BB: Actualmente con la escasez de medicinas hemos incurrido en esta área para tratar de ayudar a aquellas personas que no tienen su tratamiento completo y conseguimos algunos a través de donaciones con otras organizaciones. Hacemos jornadas de pesquisas. Antes de la pandemia íbamos a las comunidades y atendíamos a mujeres mayores de 35 años. Uno de nuestros objetivos es ayudar en la autoestima a la mujer que está pasando por un proceso de quimioterapia, radioterapia o mastectomía. 

 ¿Un caso emblemático? 

BB: Una señora cercana a los 50 años tenía gusanos en un seno, el tumor lo tenía desde hace cinco años y no se había atendido porque vive en una zona campesina del estado Guárico. Pudo trasladarse a Caracas y se practicó una cirugía con ayuda de un centro asistencial privado y un programa de operaciones sin costo. Actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud y solamente bajo control periodico de sus médicos tratantes. 

Internacionalistas coinciden en que los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden no bajarán el tono frente a la administración venezolana  

Manifestaron que el voto de los venezolanos en suelo americano tendrá poca incidencia en los resultados de las elecciones de este 3 de noviembre 

@franzambranor 

El martes, 3 de noviembre tendrán lugar los comicios presidenciales en los Estados Unidos. El actual mandatario, Donald Trump, busca la reelección por el partido republicano, mientras que el candidato Joe Biden será la ficha que usen los demócratas.

Desde el gobierno de Barack Obama, la administración estadounidense ha aplicado una política de sanciones al gobierno de Maduro. En 2015, Obama firmó una orden ejecutiva en la que declaraba “una emergencia nacional por la amenaza extraordinaria e inusual que representa Venezuela”.

Desde entonces, a Maduro y sus acólitos le han caído una lluvia de sanciones provenientes del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado que han perjudicado a 78 funcionarios, más de 150 empresas y revocado la visa estadounidense a 718 personas. 

Trump ha ido más allá de las sanciones a individuos y emprendió una especie de cerco económico que comenzó con la congelación de 7 mil millones de dólares en activos de Cisco, parte de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en suelo norteamericano.

Aunque el discurso oficialista se basa en recalcar que las sanciones son culpables de la hecatombe económica en Venezuela, un estudio de la institución Brookings y la Universidad de Harvard determinó que “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, se observa claramente que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas”. 

Trump ha ganado adeptos entre sectores de la comunidad venezolana, incluyendo aquellos que abogan por una intervención armada. El republicano ha tenido un discurso frontal contra Maduro, llamándole dictador y violador de derechos humanos. 

Ante el inminente proceso electoral en Estados Unidos, los venezolanos se preguntan qué candidato será más conveniente para continuar luchando por la restitución de la democracia en Venezuela.

En Runrunes consultamos a los internacionalistas Mariano de Alba, Elsa Cardozo y Félix Arellano en procura de conseguir una referencia sobre la influencia de la política internacional estadounidense en el curso del futuro político de Venezuela. 

¿A la lucha por rescatar la democracia en Venezuela le conviene que siga Trump o gane Biden en las venideras elecciones en Estados Unidos?

Mariano de Alba: Es difícil dar una respuesta sencilla. En términos de presión internacional y especialmente medidas coercitivas que hagan más difícil el desenvolvimiento del régimen de Maduro, pienso que será difícil igualar lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Quien considere que es con más medidas de ese tipo que se va a lograr una eventual recuperación de la democracia, entonces tiene sentido que se decante por una continuación del gobierno de Trump. Con Biden en la Casa Blanca, si bien a grandes rasgos es posible que el nivel de sanciones se mantenga, creo que los venezolanos podrían esperar que sea más probable una mayor coordinación internacional entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos sobre cómo responder a la crisis en Venezuela, especialmente en un momento donde no hay consenso y distintos países están siguiendo estrategias distintas. Asimismo, es más probable que con Biden haya un intento de utilizar las sanciones ya impuestas para presionar por una negociación en Venezuela, donde el eventual levantamiento de esas sanciones sería utilizado como una herramienta negociadora.

Elsa Cardozo: Visto desde Estados Unidos, su política hacia Venezuela se mantendría en lo esencial del compromiso con nuestra causa democrática. Pesan las coincidencias bipartidistas en torno a cuestiones de principios y geopolítica. Pueden y creo que deberían cambiar algunas estrategias y ajustarse algunos medios buscando más coordinación con Europa, a lo que Biden muestra más disposición, mientras que con Trump nunca se sabe.

Félix Arellano: Tanto el partido republicano como el demócrata han mostrado interés por el caso venezolano. Pareciera que a la gente se le olvidó la gira de Juan Guaidó por los Estados Unidos donde fue ovacionado de pie por representantes de ambos partidos en el Discurso de la Unión de Trump. Obviamente ambos partidos tienen estilos diferentes, Trump ha creado una expectativa en torno a un cambio inminente en Venezuela. De ganar el candidato a la reelección esperemos que siga con atención la fragilidad democrática en Venezuela. Considero que tanto Trump como Biden seguirán aplicando su política de sanciones, tal vez este primero con un estilo más confrontacional. Otro aspecto interesante es que Trump prestó ninguna o poca atención a los esfuerzos hechos por restablecer el diálogo en Venezuela a través de Noruega.

Trump ha vinculado el partido demócrata con el socialismo. Tanto así que recientemente dijo que Estados Unidos corría el riesgo de convertirse en una Venezuela a gran escala si ganaba Biden. ¿Tiene algo de sentido esa apreciación?

MDA: La apreciación es inexacta y exagerada. Por un lado, es cierto que en los últimos años han ido ganando relevancia militantes del partido demócrata que se identifican con las políticas públicas del modelo nórdico o escandinavo. Desde hace tiempo existen esas tendencias, como por ejemplo la sostenida por el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien ha sido congresista desde el año 1991. Sin embargo, Biden y su equipo representan el grupo centrista dentro del partido y el socialismo que promueve elementos minoritarios de los demócratas, como Alexandra Ocasio-Cortez, se parece más al modelo escandinavo y no al socialismo venezolano.

EC: No tiene sentido comparar a los demócratas con los socialistas que Trump tiene en mente, que no son precisamente socialdemócratas ni respetuosos del estado de derecho ni de las instituciones de la democracia. Sin pretender restar influencia a los apoyos internacionales a la causa democrática, creo que lo fundamental  depende de lo que hagamos los venezolanos en organización y estrategia, cuyos ajustes ante los desafíos inmediatos han estado siendo anunciados.

FA: Eso forma parte de lo que el mismo Trump llama Fake News, experiencias pasadas nos demuestran que presidentes demócratas como John Kennedy, Bill Clinton y Barack Obama no aplicaron una política socialista o comunista en sus respectivos gobiernos. Quizás Trump lleve a cabo esa estrategia para exprimir al máximo la animadversión de los latinos contra las administraciones de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela y Noriega en Nicaragua.

¿Qué tan importante es el voto venezolano en esas elecciones? Muchos venezolanos apoyan a Trump, especialmente en Florida porque promete restablecer la democracia en Venezuela.

MDA: Es poco importante, inclusive en un estado como Florida, el cual es clave para hacerse con la presidencia, ya que la carrera siempre está bastante cerrada. Los venezolanos forman un pequeño grupo dentro del voto latino en Florida, el cual está liderado por personas de origen cubano, dominicano, colombiano y puertorriqueño. Sin embargo, el apoyo venezolano a Trump es significativo. Desde que Venezuela entró en una senda dictatorial con la imposición fraudulenta de la asamblea nacional constituyente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado distintas medidas para aumentar la presión y hacer más difícil que Maduro gobierne, sumado esto a una fuerte retórica que ha incluido tratar de generar la expectativa de la inminencia de una intervención militar. Pero el restablecimiento de la democracia en Venezuela sigue dependiendo en buena medida de la organización y coordinación entre los propios venezolanos.

EC: La verdad es que no conozco la proporción de los apoyos venezolanos a Trump y a Biden, pero sí la fantasía de la acción exterior decisiva que aunque descartada en dichos y hechos por su administración, acompaña a los más extremistas seguidores del candidato a la reelección. A eso hay que sumarle la fantasía de que Biden favorecería la continuidad del régimen venezolano.

FA: El voto venezolano no va ser determinante en esta elección, por supuesto que tiene alguna incidencia especialmente en el sector cubano que ven similitudes entre el castrismo y el chavismo, pero el voto verdaderamente importante es el mexicano y el centroamericano, sectores que tienen sus propios problemas, son la comunidad más gruesa dentro de los Estados Unidos y no están muy al tanto de lo que ocurre en sudamérica.

La ONG que opera en el país desde 1984 promueve el desarrollo estructural de los menores de edad 

@franzambranor 

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) comenzó en una casa del barrio El Ciprés de Macarao en el municipio Libertador de Caracas en 1984. 36 años después la ONG que promueve y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes abarca 18 estados de Venezuela y está integrada por educadores, abogados, psicólogos, psiquiatras y comunicadores sociales. 

“De las ventanitas de nuestra vivienda de El Ciprés voló un papagayo buscando más luz, fuerza y compromiso con los derechos de la niñez y adolescencia. La organización inició sus acciones en un contexto de alta vulneración a los derechos fundamentales”, dijo el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani.

La ONG hace especial énfasis en la construcción de una convivencia sin violencia a través de la participación ciudadana y el acompañamiento a los niños y adolescentes en centros educativos y en el seno familiar. 

Trapani aseveró que una de las características de la ONG es acercarse a los niños y adolescentes para conocer las necesidades a fin de responder de manera oportuna a las situaciones que vulneren sus derechos. 

Para el coordinador de Cecodap es fundamental continuar visibilizando en espacios nacionales e internacionales la situación de abandono 

en la que se encuentran algunos niños y adolescentes en Venezuela. 

¿Cómo ha variado la dinámica de Cecodap desde 1984 hasta la actualidad? 

Carlos Trapani: La idea original era ser una experiencia no convencional de atención preescolar con participación de la familia y la comunidad. Fue una dinámica innovadora incluso antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora nos concebimos como una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia y en el ejercicio de sus deberes y responsabilidades para una convivencia sin violencia a través de la participación ciudadana.

¿Qué tipo de servicio ofrece Cecodap? 

CT: Cecodap desarrolla cuatro tipos de servicios. Generación de conocimientos e investigación, opinión pública, participación de niños, niñas y adolescentes y atención psicosocial. Facilitamos espacios de encuentro para que diversos actores puedan intercambiar experiencias, inspirarse y retroalimentarse. También respondemos de manera oportuna a las situaciones que vulneran los derechos de los menores de edad de acuerdo con las prioridades institucionales de nuestra organización. Atendemos temas relacionados a violaciones a los derechos humanos de los niños, prevención de la violencia, promoción de la convivencia escolar, migración y pautas de crianza. Trabajamos con niños y adolescentes, pero además involucramos a sus familiares, cuidadores y docentes cuando sea pertinente. 

¿Cuál ha sido uno de sus mayores logros? 

CT: Cecodap conjuntamente con otras organizaciones, escuelas, gremios y universidades impulsaron un proceso de participación social para la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en el año 1998 y 1999. Venezuela dio un paso importante para garantizar esa ley que reconoce los derechos de los menores de edad y crea un sistema de protección integral, descentralizado, eficiente y eficaz. 

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden? 

CT: Desde la experiencia de Cecodap la violencia escolar, familiar, sexual y estructural son las principales vulneraciones a los derechos del niño en Venezuela. Por otra parte, la violación a los derechos económicos, sociales y culturales y la debilidad institucional del sistema de protección también agrava la situación.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? 

CT: El mayor reto es mantener las actividades en un contexto de adversidad donde el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es criminalizado y amenazado. Mantener la esperanza de las familias, docentes y comunidades cuando los problemas cotidianos agobian y los derechos humanos son sistemáticamente violentados. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas? 

CT: Cecodap mantiene alianzas con la Red de Escuelas de Fe y Alegría, Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) y Save the Children Internacional. 

¿Cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo? 

CT: Cecodap apuesta a consolidar un movimiento social. Las personas pueden apoyar nuestras acciones incorporándose en la actividades de formación, participación e investigación. También se puede ayudar adquiriendo y difundiendo nuestras publicaciones. 

¿Un caso emblemático? 

CT: La protección a los derechos de los niños en el área de la salud, especialmente niños con cardiopatías congénitas, fibrosis quística, leucemia y enfermedades hematológicas. 

El instrumento que fue aprobado este jueves 8 de octubre por la asamblea nacional constituyente habla sobre desaplicar leyes a conveniencia del Ejecutivo 

@franzambranor

Este jueves 8 de octubre la asamblea nacional constituyente aprobó en primera discusión la Ley Antibloqueo, un instrumento de 44 artículos con el que el chavismo pretende desaplicar normativas constitucionales a fin de burlar las sanciones emitidas por los Estados Unidos.

El gobierno de Maduro diseñó una ley de categoría aparentemente constitucional que no está prevista en el ordenamiento jurídico, con la cual se dejan sin efectos algunos postulados y principios de la propia Carta Magna.

El instrumento abarca tres capítulos, el primero va del artículo 1 hasta el 16 y trata sobre los mecanismos de validación del documento, órganos de supervisión y definición de medidas coercitivas unilaterales, el segundo comienza en el artículo 17 y finaliza en el 35 y es sobre medidas económicas productivas y el tercero se refiere a otras formas de protección y comprende el espacio entre los artículos 36 y 44. 

El artículo 19 habla sobre “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o superar los daños de las sanciones, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.  

Diosdado Cabello, presidente de la anc, sostuvo que con esta ley el pueblo venezolano dota a Nicolás Maduro de un instrumento para hacerle frente a los bloqueos y sanciones.

Cabello indicó que la ley fue respaldada por el 89% de un universo de 13 millones de venezolanos consultados a través de la página Patria.org.ve.

El constituyentista Hermann Escarrá manifestó en la sesión de este jueves que la ley es una medida de protección para el país. “Desde el 2015, Venezuela es víctima de sanciones y bloqueos por parte del imperio norteamericano con el fin de desestabilizar la economía y provocar un colapso”.

Desde el propio chavismo han surgido voces disidentes con respecto a la ley como la de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela quien dijo que la ley “crea las condiciones para que la política de entrega de bienes se pueda profundizar”.

En Runrunes consultamos a tres especialistas en materia de leyes:  la diputada Tamara Adrián y los abogados constitucionalistas, Allan Brewer Carias y Juan Manuel Raffalli. 

Uno de los objetivos de la Ley Antibloqueo es devolver las empresas expropiadas a manos de privados. ¿No es esa una buena noticia? 

Allan Brewer Carias: Sería una buena noticia si la medida de devolución respondiera a un cambio de política económica realizada en un marco legalidad y transparencia. Realizar la devolución de empresas expropiadas, confiscadas u ocupadas a sus antiguos dueños, suspendiendo el orden jurídico en la materia, y en un marco de sigilo y secreto, solo levanta suspicacia. No hay que olvidar, como lo dijo un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, el mejor antídoto contra la corrupción es la luz del sol. 

Tamara Adrián:  No hay ninguna certeza. Parece populismo para lograr apoyo para otras barbaridades. Básicamente es poder privatizar, vender activos, dar concesiones, otorgar derechos en secreto sin contraloría y control presupuestario. 

Juan Manuel Raffalli: La Ley permite entregar empresas a manos privadas sin respetar la Ley de Concesiones y de Contrataciones Públicas o a actividades reservadas al Estado. Se reserva la confidencialidad y el contenido de los expedientes administrativos. Con esta Ley, Maduro puede hacer un contrato con una empresa privada o pública sin consultar a nadie. Es decir, puede entregarle la Faja del Orinoco a Irán sin rendir cuentas y manejar los haberes como una partida secreta. Esta Ley es un adefesio, es el Ejecutivo haciendo lo que le da la gana, incluso le otorga a Maduro más poder que el que tiene con el decreto de Emergencia Económica.  

El artículo 19 de la ley habla sobre la desaplicación de normas legales. ¿Eso significa ignorar la Constitución?

ABC: “Suspender las normas” que colindan con lo que se establece en la Ley Antibloqueo, como lo dice la Disposición Transitoria Segunda, implica poner a la misma por encima de la propia Constitución Nacional,  eliminando, por ejemplo, como resulta del artículo 19, las potestades aprobatorias de la Asamblea Nacional. 

TA: Eso no es una ley. Las leyes solo pueden dictarse a través de la Asamblea Nacional. Es totalmente inconstitucional, pues permite desaplicar la Constitución, dejando supuestamente a salvo los derechos humanos, que son indivisibles de los demás derechos. Crea un sistema secreto de cuentas donde irían los fondos, que no se sabe de quién, cómo llegarían ni en qué se usarían. En el fondo es un medio para hacer de Maduro una especie de rey sol. Lo demás son justificaciones cosméticas para quienes creen en la revolución. 

JMR: Esto significa que Maduro puede decidir unilateralmente no aplicar una ley que deba emplearse en cualquier procedimiento. Puede acordar no aplicar normas de la Ley de Concesiones y con ello otorgar contratos sobre actividades reservadas al Estado como los hidrocarburos y la minería. Puede desaplicar la Ley de Presupuesto con el fin de no tener que rendir cuentas, también dejar de aplicar las normas sobre contratación pública y hasta puede ignorar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto significa el fin del Estado de Derecho. La desaplicación de una norma jurídica solo la pueden hacer los jueces a través de lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, cuando la aplicación de una norma en un caso concreto pueda lesionar un derecho constitucional. Lo que limita al poder es la ley y si el propio funcionario puede desaplicarla entonces no hay límites. Además quien supervisa el control de la ley es el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo de Maduro, integrado por quien él decida y la Contraloría General de la República, que ya todos conocemos su grado de docilidad ante el gobierno  

¿Qué pasará con Pdvsa. Podría haber una recuperación de la empresa si la ponen en manos de privados? 

ABC: Si el gobierno lo que quiere es cambiar la política económica e ir hacia la privatización de las actividades petroleras, ello debe hacerlo dentro de un marco regulatorio abierto y público; pues de lo contrario podemos terminar en un esquema de “privatización” secreta, como el que ocurrió cuando se derrumbó la Unión Soviética, cuando las antiguas empresas del Estado pasaron a manos de amigos del régimen, conocidos después como los “oligarcas.”

TA: Ya se ha manejado la mitad de la riqueza petrolera en secreto, sin presupuesto ni rendición de cuentas. Ahora lo que se busca es dejar sin efecto toda la madeja de leyes restrictivas y sobre todo, volarse los requisitos constitucionales, por ejemplo, de contratos de interés nacional y de interés público, que requieren acuerdo parlamentario, y sobre todo mecanismos transparentes. Se trata de eliminar cualquier vestigio de transparencia y rendición de cuentas, así como en la mafia. 

JMR: El presidente puede reestructurar cualquier empresa del Estado y órganos o entes de la administración pública, pero eso requiere un procedimiento, unos requisitos previos, transparencia en lo que se está haciendo y en este caso con esta Ley Antibloqueo, Maduro puede conceder cualquier contrato petrolero o mineral saltándose la autorización de la Asamblea Nacional 

La ONG se dedica a defender los derechos de militares detenidos por razones políticas 

Como consecuencia de las protestas de 2014, que según la Fiscalía General de la República entonces dirigida por Luisa Ortega Díaz dejaron 43 muertos, 486 heridos y 1.854 detenidos, surgió la ONG Justicia Venezolana.

La situación de vulnerabilidad de los aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado fue el detonante para que defensores de los derechos humanos dieran origen a Justicia Venezolana, que tiene como objetivo ser el principal frente de defensa para el exiliado, preso de conciencia o perseguido político por los tribunales militares.

Además ofrecen capacitación, formación y asistencia jurídica a los perseguidos por la justicia penal militar.  

Su directora ejecutiva, Lilia Camejo Gutierrez, advirtió sobre la politización de la justicia en el país y las condiciones deplorables en la que se encuentran militares detenidos en los centros de reclusión. 

De acuerdo a la ONG en la actualidad hay 219 militares institucionales privados de libertad. 

Recientemente insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad para los detenidos en vista del estado de alarma por el que atraviesa Venezuela a raíz de la pandemia del Covid-19.

¿Desde 2014 hasta el presente como cataloga la situación de los militares detenidos?

 Lilia Camejo: La situación de persecución en Venezuela se agravó en el transcurso de todos estos años y empezó el acoso inclemente en contra de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

LC: La mayoría son militares víctimas de abusos a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes. Tenemos un monitoreo permanente de la justicia penal militar y nos enfocamos en la defensa de militares institucionales privados de libertad por razones políticas.

¿Quienes integran Justicia Venezolana?

LC: Somos 20 personas. Todos abogados litigantes en materia penal que ofrecemos soporte jurídico y apoyo social a los detenidos y sus familiares. 

¿En qué zonas operan?

LC: Caracas, Barquisimeto, Maracay, Altos Mirandinos y Valencia.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización?

LC: Nuestra meta es lograr medidas cautelares y libertad plena para los militares que defendemos. La amenaza está siempre latente por las denuncias que realizamos en cuanto a los casos de torturas, tratos crueles y las detenciones arbitrarias.

¿Cómo pueden contribuir las personas con Justicia Venezolana?

LC: Con aportes en alimentos y medicinas para los detenidos. 

¿Un caso emblemático?

LC: El de Oscar Pérez, miembro del Cicpc muerto en enero de 2018 por funcionarios de seguridad del Estado y en lo que respecta a civiles el profesor de la Universidad Católica Andres Bello, Sergio Contreras, detenido en una manifestación en junio de 2017 por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el diputado Edgar Zambrano, aprehendido por miembros del Sebin en mayo de 2019. 

De las 748 manifestaciones que se produjeron en agosto, 315 tuvieron que ver con la escasez de combustible

La penúltima semana de septiembre fue la más crítica con 360 protestas a nivel nacional 

 @franzambranor

Solo entre el 20 y el 26 de septiembre de 2020 se produjeron 360 protestas en Venezuela, según se desprende del informe de conflictividad social de ORC Consultores.

El estado donde se registraron el mayor número de manifestaciones fue Barinas con 37, seguido de Distrito Capital con 26 y Yaracuy con 27, entidad esta última donde se produjeron 31 detenciones de acuerdo al Foro Penal Venezolano.

De las 360 protestas que se llevaron a cabo en seis días de septiembre, 81 fueron por la escasez de gasolina, 51 por electricidad, 46 por condiciones laborales, 46 por agua, 41 por gas doméstico y 33 tuvieron que ver con política, se desprende del análisis hecho por ORC. 

“La semana anterior ha sido la más conflictiva durante la pandemia”, dijo Oswaldo Ramírez, director de ORC.

El coronavirus no ha impedido que la gente salga a la calle a protestar para exigir servicios básicos como gasolina, luz, agua y gas. 

Hasta el 27 de septiembre se habían registrado en Venezuela 5.093 protestas, cifra menor a las 7.881 que se produjeron en 2019 hasta la misma fecha.

“El inicio de la protesta fue lento, pero luego explotó”, dijo Ramírez. 

De esas 5.093 manifestaciones, la mayoría se produjeron en estados fronterizos con Colombia como Zulia y Táchira con 469 y 455, respectivamente, seguido de Miranda (448), Distrito Capital (402), Barinas (389), Lara (350) y Mérida (305). 

La falta de combustible ha sido la mayor causa de protesta durante el año con 23,6%, la secunda el agua con 14,65%, condiciones laborales 13,45%, electricidad con 12,49%, gas doméstico con 9,48%, política 8,62%, salud 6,62%, comida o exigencia de las cajas Clap 2,81%, inseguridad 1,67%, saqueos 1,14%, misiones 0,75% y efectivo 0,26%.

“Los días de las crisis de agua entre abril y mayo fueron críticos, después surgió lo de la gasolina en mayo, que volvió la última semana de julio y el reclamo por la electricidad se ha mantenido todo el año”, manifestó Ramírez. 

De acuerdo al estudio de ORC lo que varió entre 2019 y 2020, es la cantidad de gente protestando a la vez en varios municipios del país. “Este año hay grupos más pequeños que salen a manifestar en sus comunidades”, añadió Ramirez.

Para el director de la firma encuestadora Delphos, Félix Seijas, los venezolanos están presenciando una especie de rebelión que reta hasta al coronavirus.

“La situación en los pueblos es terrible. El tema de la luz, agua y gas causa mucha ira e impotencia en el ciudadano. Y todo se une a la profundización de la pérdida de poder adquisitivo, que ya era precaria antes de la pandemia”, dijo Seijas.

De acuerdo a una encuesta del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en diez estados del país, 86,4% de los encuestados no recibe agua de forma continua en sus hogares. 

Otra consulta del OVSP indicó que 57,6% de las personas tienen un concepto negativo acerca del servicio eléctrico. 45,4% de la población sostuvo que experimentan casi a diario bajones o fluctuaciones de electricidad.

A juicio del OVSP, 93,2% de los venezolanos tienen servicio de gas doméstico. 39,3% se ha visto obligado a comprar cocinas eléctricas, mientras que 33,2% emplean leña para preparar los alimentos. 

Agosto en llamas

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el mes de agosto se efectuaron 748 protestas por falta de gasolina y colapso de los servicios públicos, a razón de 25 por dia. 

De esas 748 manifestaciones, 315 tuvieron que ver con la escasez de combustible lo que generó una cifra de 33 detenidos y cuatro heridos en ocho estados del país por la represión de los funcionarios de seguridad del Estado. 

La mayor cantidad de protestas en el octavo mes del año se produjo en el estado Nueva Esparta con 83, seguido por Monagas con 79, Bolívar con 72, Lara con 60, Sucre con 59, Anzoátegui con 51, Mérida con 50, Falcón con 50, Portuguesa con 38, Zulia con 34, Táchira con 32, Trujillo con 26, Barinas con 24, Miranda con 16, Carabobo con 16, Distrito Capital con 14, Cojedes con 11, Aragua con 9, Apure con 7, Yaracuy con 5, Vargas con 4, Amazonas con 4, Guarico con 3 y Delta Amacuro con 1. 

En el estudio del OVCS se desprende que “agosto se posiciona como el mes con mayor número de protestas por gasolina en lo que va de año. La distribución no es garantizada ni a los grupos prioritarios”.

A este abanico de protestas por gasolina y servicios básicos se suma una que no ha sido cuantificada aún, de acuerdo al OVCS, la de las personas que se devuelven a Venezuela. Los retornados han manifestado por malas condiciones de infraestructura, alimentación, servicios médicos y demora en la entrega de las pruebas PCR en los Puntos de Atención Integral (PASI) para el control del Covid-19.

El estado donde se efectuaron más protestas durante agosto por la falta de combustible fue Nueva Esparta con 70, le sigue Lara con 40, Monagas con 36, Bolívar con 31, Portuguesa con 28, Trujillo con 18, Anzoátegui con 17, Barinas con 16, Falcón con 14 y Sucre con 10.

En agosto las modalidades de protesta variaron. Se hicieron 356 cierres de calles y avenidas, 251 concentraciones, 122 pancartazos y 57 paros.    

Mayor represión

La presidenta de la subcomisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, indicó que en nada ha amilanado al Estado el informe de la Misión Internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.  

“La represión sigue siendo la misma o peor, hace poco vimos como el Ejército disolvió una manifestación en el estado Zulia, en Yaracuy sacaron a gente de sus casas y de los 31 detenidos hay cinco con orden de privativa de libertad, en Nueva Esparta hubo 25 detenciones arbitrarias y heridos, el gobierno continúa con su política de amedrentar a un pueblo con hambre y sumido en la peor crisis de servicios”, dijo.

Solorzano aseguró que solo este lunes 28 de septiembre se habían producido 43 protestas en 10 estados del país. 

“Las protestas de 2002, 2006, 2014 y 2017 siempre tuvieron un tinte político, ahora estas recientes se dan porque la gente reclama por su derecho a una vida digna, todo está deteriorado y la gente sabe que el culpable es Nicolás Maduro”, señaló Solorzano. 

De acuerdo a Solórzano las protestas seguirán mientras no se atiendan las necesidades básicas de la población, por lo que lo más probable es que la represión también.  

A juicio de Félix Seijas para que las protestas tengan alguna incidencia en el rumbo del país se debe producir una especie de conexión entre ellas. “La situación de censura de los medios juega en contra y la debilidad actual de la estructuras políticas opositoras también” 

Desde 1988 la institución lucha por los derechos humanos en Venezuela

A finales de 1987 y en vista de la hecatombe social y económica que había causado en Venezuela la devaluacion del bolívar, mejor conocida como viernes negro en 1983, las trabajadoras sociales Ligia Bolívar y Dianora Contramaestre decidieron que era hora de crear una organización encargada de velar por los derechos humanos y civiles de los venezolanos. Fue así como junto al exiliado argentino Raúl Cubas fundaron el 15 de octubre de 1988 el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

La aparición de Provea coincidió con la masacre de El Amparo, un suceso acontecido el 29 de octubre de 1988 en el estado Apure, donde fueron asesinados 14 pescadores a manos de funcionarios policiales y militares venezolanos.

“Ese fue el primer caso emblemático que asumimos”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea. “Esa masacre ocasionó una indignación generalizada y movilizó a sectores estudiantiles que protestaron, probablemente eso generó el contexto previo a El Caracazo el 27 de febrero de 1989”. añadió Uzcátegui.

Ante la irregularidad de las investigaciones y la absolución de los involucrados por parte de los tribunales militares, Provea y los únicos dos sobrevivientes de la masacre de El Amparo llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1994 el Estado informó a la Corte que aceptaba la responsabilidad de la matanza.

De acuerdo a Uzcátegui, el tema de los derechos humanos era desconocido en Venezuela a finales de los ochenta y las primeras denuncias tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. “Había prejuicios porque decían que defendíamos a delincuentes y comunistas”.

Uzcátegui sentenció que con la llegada del chavismo al poder y especialmente de Nicolás Maduro el deterioro de los derechos políticos y civiles de los venezolanos es evidente. 

¿Qué tipo de víctimas se acercaban a ustedes antes que llegara Chávez al poder? 

Rafael Uzcátegui: Elias Jaua fue pasante de Provea cuando estudiaba Sociología en la Universidad Central de Venezuela, Tarek William Saab iba mucho a las oficinas, Nicolás Maduro estuvo en 1993 reclamando por sus derechos sindicales cuando trabajaba en el Metro de Caracas. Provea le hizo una visita a Hugo Chávez en la cárcel de Yare para constatar que estaban respetando sus derechos humanos.  

¿Cómo ha sido el deterioro de los derechos humanos en la última década?

RU: Hemos llegado a un momento crítico donde las instituciones no dan respuesta a los problemas del ciudadano, la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia, el Ministerio Público está totalmente parcializado, estamos en medio de una orfandad. 

¿Las ONG han reemplazado la figura de las instituciones?

RU:  Las ONG se han convertido en un sustituto para atender los reclamos de las personas. Nosotros brindamos acompañamiento en cuanto a asesoría jurídica. En el caso de que las instituciones nacionales no respondan, llevamos los casos a instancias internacionales. 

¿Qué tan importante es la labor de las ONG para la democracia?

RU: Desde el año 2016 hemos asumido el proceso de regreso a la democracia con otras organizaciones e incluso la empresa privada, en algún momento nos vinculamos al Frente Amplio. Estamos en una coalición internacional. Hoy Provea forma parte de la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Una angustia permanente es cómo podemos hacer para ser más útiles para el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Somos hipercríticos en nuestro trabajo y no contamos con todas las herramientas, no se trata solo de acompañar a las víctimas sino de generar un cambio positivo para el país. 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que deben atender?

RU: Provea ha tenido que atender a familiares de víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y las Faes. En el uso alternativo del derecho siempre se busca que los afectados se transformen en protagonistas, que se conviertan en luchadores por sus derechos humanos. 

¿Cuántas personas se necesitan para una ONG con tanta responsabilidad?

RU: En Provea somos 14 personas, a comienzos de 2000 había 26. Hemos intentado crecer lo estrictamente necesario para poder mantener buenas condiciones laborales para todo el equipo, en 2017 se fueron unas personas por la migración masiva que hubo.

¿Tienen alianzas con otras instituciones?

RU: A nivel nacional se han establecido alianzas. Se hace un encuentro nacional cada cinco años, el año pasado vinieron 140 defensores de 22  estados del país. Nunca hemos querido fundar una Provea en las regiones, trabajamos desde Caracas en conexión con las regiones. Hemos decidido no tener voluntariado por razones de seguridad, como un infiltrado por ejemplo. 

¿Cómo lidian con las persecuciones del gobierno a miembros de ONG?

RU: Cuatro personas de Provea  tenemos medidas cautelares de protección por la CIDH, nos podemos dar el lujo de poder ser más confrontacionales con el gobierno. Seguimos fiel a nuestro lema: Todos los derechos para todas las personas. 

¿Un caso emblemático?

RU: El de Rubén González, un sindicalista apresado por expresar su derecho y el del politólogo Nicmer Evans. A ambos se les apoyo en cuanto a la defensa jurídica. González estuvo en dos oportunidades preso, la primera vez fuimos a Ciudad Guayana, en esa ocasión lo visitamos. Hoy nos alegra que ambos estén libres.