Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Clíver Alcalá: De edecán a proveedor de armas a guerrilleros 

El pasado lunes 8 de abril, una corte en los Estados Unidos sentenció a Clíver Alcalá Cordones a más de 21 años de prisión por el delito de facilitar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con propósitos de narcotráfico.

El exmayor general cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y quien llegó a ser comandante general de la Región de Defensa Integral (Redi) de Guayana, estalló en lágrimas cuando escuchó la sentencia en Nueva York, según testigos. 

Solo esta semana, dos funcionarios que ocuparon altos cargos en el chavismo cayeron en desgracia. Además de Acalá, el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, fue detenido y presentando a un tribunal por estar involucrado en una supuesta trama de corrupción para “causar el colapso de la economía”, de acuerdo al fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Alcalá estaba solicitado por el Departamento de Estado norteamericano por narcotráfico, apoyo al terrorismo y posesión de armas, en una lista donde también se encuentran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal

“Como miembro de alto rango del ejército venezolano y del Cártel de los Soles, Clíver Antonio Alcalá Cordones y sus cómplices intentaron usar la cocaína como un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos. Alcalá Cordones corrompió las instituciones de su propio país mientras ayudaba a las FARC a inundar Estados Unidos de cocaína. Ahora, pasará más de dos décadas en una prisión”, dijo el fiscal Damian Williams, según un comunicado del departamento de Justicia.

A mediados de 2023, el otrora hombre fuerte del chavismo se declaró culpable para negociar los términos de su condena, aunque rechazó asumir las acusaciones de narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Alcalá comenzó a dotar de armas a las FARC desde 2006 y tuvo contactos con Luciano Marin Arango, alias Iván Márquez, y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.

Alcalá: De la humildad a ser el edecán de Chávez

Alcalá, nacido hace 62 años en Tinaco, estado Cojedes, fue criado por su abuela en un hogar humilde, luego de que su padre lo abandonara y su madre muriera.

A finales de los 70 ingresó a la Academia Militar de Venezuela y se graduó en 1983 de licenciado en Ciencias y Artes Militares.

En el seno de la Academia conoció a Hugo Chávez, quien le dio clases de historia de Venezuela.

En febrero de 1992, Alcalá acompañó a Chávez en el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. 

Una vez electo presidente en 1998, Chávez nombró a Alcalá como su edecán en 2000, lo que sirvió para que lo acompañase a todos los rincones de Venezuela y el planeta. 

En 2002, Alcalá encabezó la intervención de la Policía Metropolitana, la cual estaba en ese momento bajo el mando del fallecido exalcalde Alfredo Peña. 

Sus acercamientos a las FARC como militar

Entre los años 2002 y 2006 estuvo al frente del Batallón de Tanques Bravos de Apure, en Fuerte Mara, estado Zulia; y el Grupo de Caballería Motorizada General de Brigada Juan Pablo Ayala, en Caracas.

Posteriormente, fue comandante de la 11 Brigada de Infantería Luis Celis de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Maracaibo, estado Zulia.

Durante ese periodo, Alcalá admitió en la corte estadounidense que proporcionó dos lanzagranadas 3.5 a las FARC por orden de sus superiores.

De 2007 a 2010 fue comandante de la 41 Brigada Blindada en Naguanagua, estado Carabobo. Después entre 2010 y 2012 fue comandante de la IV División Armada y Guarnición de Maracay.

Finalizando su carrera fue ascendido a mayor general y responsable de una REDI, el cargo más importante que ocupó en el sector castrense.

Así pasó a ser «opositor» a Maduro

Una vez que Chávez falleció en 2013, Alcalá pasó a integrar la Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana junto a varios exministros del chavismo, en clara oposición a la gestión de Maduro, a quien acusaron de desviarse del proyecto del “comandante eterno”. 

Alcalá fue acusado de estar involucrado en al menos dos conspiraciones para derrocar a Maduro

De acuerdo a la agencia The Associated Press, en 2017 Alcalá escapó a Colombia y se puso en contacto con agentes de la Central de Inteligencia Americana (CIA).

En 2020, el gobierno venezolano acusó a Alcalá de liderar un plan para derrocar a Maduro y asesinar a las principales figuras del chavismo.

Ese mismo año se entregó a las autoridades en Colombia para enfrentar una imputación en Nueva York.

Los abogados de Alcalá en Estados Unidos aseguraron que mientras estuvo en Colombia vivió en un pequeño apartamento alquilado, con un carro antiguo y 3.000 dólares en una cuenta.

“Dos veces participé en la organización de alzamientos militares para recuperar la verdadera democracia en mi país. Muchos de los que me acompañaron en esos esfuerzos han sido encarcelados, torturados y asesinados. Más de 60 permanecen aún encarcelados en condiciones dramáticas. Ocho fueron asesinados”, declaró Alcalá.

 

Entre Venezuela, Cuba y Nicaragua hay más de 1400 presos políticos

De acuerdo con organizaciones civiles, en Venezuela, Cuba y Nicaragua hay en la actualidad 1.457 presos políticos.

La cifra se desprendió del lanzamiento virtual de la campaña “Está pasando de nuevo, presentada por activistas este jueves 11 de abril en el marco del Día Internacional de las Américas.

 “El autoritarismo nunca ha dejado Latinoamérica y ha regresado con mucho fuerza, la situación es para preocuparse, debemos tener una solidaridad transversal contra todas las dictaduras totalitarias, porque todas son dañinas”, dijo vía zoom Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. 

El  expreso político venezolano Víctor Navarro, director ejecutivo de Voces de la Memoria, indicó que la intención de esta campaña es visibilizar a los presos políticos.

“Queremos llegar a todo el mundo, pero especialmente a la juventud, dimensionar lo que está pasando en estos tres países en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos”, dijo el periodista.

Navarro informó que de acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 269 presos políticos. “Estamos viendo un aumento de la represión con detenciones arbitrarias”.

La también expresa política, la nicaragüense Yaritzha Mairena, indicó que a raíz de esta campaña han encontrado patrones en los centros de detención de los tres países. 

“El día a día de un preso político significa un sufrimiento para él y para toda su familia. Los someten a aislamiento sensorial, le quitan la luz, el agua, no hay posibilidad de contacto humano, no tienen noción del tiempo, además de golpizas y violencia sexual”, sostuvo Mairena.

Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica en Nicaragua, dijo que en el país centroamericano hay alrededor de 130 presos políticos y desde la expatriación de 222 ciudadanos, la lista ha aumentado en un 300%.

“Se han venido cerrando los espacios de denuncia, por eso es importante seguir documentado los atropellos y asumir una defensa técnica en ámbitos internacionales, que son los que pueden activar procesos de justicia en beneficio de las víctimas”, consideró.

Larrondo indicó que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos, de los cuales cerca de 200 tienen condena.

“El incremento de las detenciones ha sido brutal. A raíz de las protestas de marzo han aprehendido a más de 40 personas y 24 de ellas están condenadas, sujetas a un proceso penal”, agregó. 

Sanciones, pero personales

El abogado y activista cubano, Alain Espinoza, consideró fundamental mantener las sanciones individuales a quienes detentan el poder en Venezuela, Nicaragua y su país natal.

“Porque aumenta el costo político y hace que se sientan incómodos, hay que obligarlos a modificar el patrón represivo y exigirles que liberen a los presos políticos, para ello esperamos la solidaridad del resto de los estados democráticos y la sociedad civil”, opinó. 

Navarro sostuvo que es perentorio elevar la voz porque las detenciones arbitrarias van a seguir sucediendo.

“Sancionar a los responsables individuales tiene más relevancia en estos casos. Tenemos que crear políticas para la no repetición”.

“Las sanciones que sólo afecten a los represores. Esta campaña es de conciencia, incidencia y visibilización”, agregó Larrondo.

Para Mairena, el tratamiento de los detenidos no es una cuestión política sino de derechos humanos.

No se puede permitir que estos actos queden impunes. Estos gobiernos tienen la costumbre de tomar el poder y perpetuarse para torturar, perseguir y criminalizar”. 

Navarro alertó que para rescatar la constitucionalidad en Venezuela, Cuba y Nicaragua es necesario el apoyo global: “Que aquellos países donde las democracias sean más sólidas puedan visibilizar y alzar la voz, ellos entienden la dimensión del daño y la importancia de vivir en democracia”. 

Salazar, por su parte, alberga esperanza en el trabajo de documentación que han hecho las ONG. “Si bien no estamos en democracia vamos a llegar a ella”.

“Para los presos políticos lo peor es el olvido”, manifestó Navarro.

 

 

El pasado 2 de abril fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que consta de 30 artículos y contempla penas de hasta 12 años para quienes promuevan actos asociados al «fascismo».

Este martes 9 de abril, la quinta edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, llevó por título «Cómo la Ley contra el fascismo nos afecta a todos».

En La Conversa, moderada por la coordinadora de la ARI, Ronna Rísquez, y donde participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, Víctor Amaya, defensores de derechos humanos como Laura Louza de la ONG Acceso a la Justicia y Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), cuestionaron el instrumento jurídico que pretende aprobar el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Esta ley es un antes y después en Venezuela, cambia el sistema penal, lo transforma en algo totalmente represivo y no de garantías”, dijo Louza.

En su comparecencia al Parlamento para promover la ley, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, definió al fascismo como un “método de violencia política” y puso como ejemplo las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. 

Entre los aspectos que han llamado la atención a miembros de la sociedad civil, destaca una sanción de entre 8 y 12 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas”. En este sentido,  la ley le da la potestad al funcionario de prohibir manifestaciones antes de que ocurran, solo con la presunción de que tengan un objetivo fascista.

También, sobresalen multas de hasta 100 mil dólares para medios de comunicación electrónicos o impresos que divulguen mensajes fascistas, revocación de concesiones a canales de televisión y emisoras de radio y la disolución de partidos políticos que promuevan este tipo de conductas. 

“La ley forma parte de un andamiaje jurídico que empezó a constituirse desde la administración del presidente Hugo Chávez y que ha tenido como objetivo cerrar espacios a la disidencia, criminalizar a las voces críticas y darle legalidad a una represión que ha llegado a niveles de delitos de lesa humanidad señalados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, sentenció Alvarado.

Interpretación a conveniencia 

Al igual que la vigente Ley contra el Odio, la que propone el chavismo ante el fascismo abarca conceptos difusos, amplios y subjetivos.

“Se trata de conceptos jurídicos indeterminados y eso es lo que no debe considerarse un hecho punible porque da pie a que cualquier hecho sea un delito”, expresó Louza.

De acuerdo con Amaya, esta es una ley de riesgos, no de hechos. “En términos jurídicos castiga las intenciones”.

Para Blanco, el proyecto presenta ambigüedades, especialmente cuando habla de «expresiones similares» en materia de fascismo. Tiene “todo el espíritu de un estado totalitario”, afirmó. 

Pero el madurismo  defiende el proyecto y argumenta que la ley es necesaria porque en los últimos 25 años hay sectores que “acuden a la violencia como forma de acción política”.

Además de amenazar a la libertad de expresión y asociación, el instrumento legal criminaliza la protesta y otorga licencia a funcionarios para disolver manifestaciones incluso antes de producirse.

“Es muy grave criminalizar el pensamiento porque con eso se acaba la libertad de expresión y asociación, esta ley legaliza la persecución de cualquiera que piense distinto”, dijo Louza. 

Batiz colocó como ejemplo de la persecución a la disidencia, la reciente detención de cuatro personas en el estado Mérida por enviar mensajes de WhatsApp donde criticaban la gestión del gobernador Jehyson Guzmán.

Para Alvarado, la aprobación de este proyecto de ley constituye un retroceso más de la democracia venezolana. 

“Este proyecto, si llega a transformarse en ley, va a generar mayor riesgo para los líderes sociales, políticos y cualquier persona que pretenda defender algún derecho”, advirtió.

¿Otro Dakazo?

En La Conversa también hubo espacio para analizar brevemente la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien después de un año de desaparición fue mostrado por la gestión madurista como una especie de trofeo contra la corrupción. 

La “captura” de El Aissami fue comparada con el “Dakazo”, periodo en el que un incipiente gobierno de Maduro obligó a las tiendas de electrodomésticos Daka a vender por debajo del precio regular en la víspera de las elecciones municipales de 2013.

También, ponderaron una posible estrategia de reconciliación con Estados Unidos, cuya justicia ofrece una recompensa de millones de dólares por El Aissami por supuestamente “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. 

 

De vicepresidente a “este sujeto”: auge y caída de Tareck El Aissami 

Se acabaron los rumores de dónde estaba el ministro de Petróleo y exhombre de confianza del chavismo, Tareck El Aissami. Que si en Margarita, que si en Fuerte Tiuna, que si en Siria, que si estaba enfermo y murió…

Este 9 de abril el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, salió a develar el misterio y anunció en rueda de prensa que fue detenido por su presunta vinculación con la trama de corrupción PDVSA-Cripto.

Quien ostentara el cargo de vicepresidente de la República apareció luego de un año, esposado y custodiado por funcionarios anticorrupción.

El fiscal sostuvo que además de El Aissami también fue aprehendido Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden. 

“En pantalla vamos a mostrar secuencias fotográficas de la detención de Tareck El Aissami. Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputado por gravísimos delitos”, dijo William Saab desde la sede del Ministerio Público. 

El fiscal aseguró que la detención de Tareck El Aissami se produjo a partir de recientes delaciones de al menos cinco testigos. Además de El Aissami y Zerpa, Saab involucró a un tercero. 

“No olvidemos a este bichito, Samark López, que se la tiraba de empresario…un lavador de dinero”, dijo Saab.

El funcionario de Nicolás Maduro indicó que El Aissami y sus secuaces tenían una manera compleja y sofisticada de delinquir. 

“Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela….El Aissami  comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo los embarques de crudo, coque y fuel oil”, agregó Saab.

Asomó que la trama era una conspiración para generar el alza del dólar paralelo. 

“No deja de ser llamativo el vínculo de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas se dio la detención de ellos desde allá nos informaron que ya estaban al tanto”, sostuvo. 

Saab dijo que el objetivo de este “grupete malévolo” era acabar con la economía del país sin importar el daño causado por las sanciones económicas.

Eso es como el lanzamiento de 100 bombas atómicas, si sumamos ambas acciones en contra de la economía”. 

Más de 50 detenidos

El fiscal aseveró que por este operativo van 54 personas detenidas, imputadas y acusadas, y están pendientes 17 órdenes de aprehensión. 

“Entre los primeros detenidos estuvieron Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit Ramírez Camacho, superintendente nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, ex diputado de la Asamblea Nacional”. 

Saab adelantó que los recientemente aprehendidos tendrán una sanción ejemplar. 

“En mala hora usaron sus cargos para aliarse con empresas de maletín para destruir la moneda venezolana y crear caos e inestabilidad”. 

Después de un año de las primeras detenciones,  no se ha producido juicio alguno y los imputados permanecen sin sentencia.

Tareck: De lo más alto al sótano

De detentar poder en las altas esferas del gobierno, El Aissami es ahora otro preso en Venezuela.

Aquí una cronología de su ascenso y caída: 

Su acercamiento al chavismo

-El nacido en El Vigía, estado Táchira hace 50 años obtuvo título de bachiller en el Liceo Militar Jauregui. De ascendencia siria-libanesa, El Aissami se graduó de abogado criminólogo en la Universidad de Los Andes, donde conoció a Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo. Su paso por la presidencia de la Federación de Centros Universitarios le permite hacer conexión con el gobernador chavista Florencio Porras y con Samark López. 

De dirigente estudiantil a diputadop

-En 2005 fue electo diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el estado Mérida y en un par de años se vio obligado a abandonar el cargo para convertirse en Viceministro de Seguridad Ciudadana.

Chávez metía las manos por el fuego con él

-En 2008 fue designado por Chávez, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Durante su gestión fue creada la Policía Nacional Bolivariana, cuyo apéndice, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron acusadas por la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de participar en operativos que concluían en desapariciones forzadas. “Estoy absolutamente convencido de la honestidad y el carácter revolucionario de Tareck El Aissami”, dijo Chávez en ese entonces. 

Su cuestionado paso por la gobernación de Aragua

Luego de desestimar ser candidato a gobernador por el estado Táchira, El Aissami conquistó la gobernación de Aragua en las elecciones de diciembre de 2012, sucediendo en el puesto a Rafael Isea, quien un año después se convirtió en testigo protegido de la DEA (Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés). De acuerdo con Isea, El Aissami habría recibido pagos del narcotraficante Walid Makled para permitir el recibimiento de cargamentos de droga en Venezuela.  

Sanciones de EEUU y supuestos vínculos con el terrroismo

Apenas un mes después de haber sido nombrado por Maduro como vicepresidente de la República , en reemplazo del fallecido Aristobulo Iztúriz en enero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Tareck El Aissami en su lista de sancionados por su presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico. De acuerdo al organismo norteamericano, El Aissami habría facilitado el embarque de 1.000 kilogramos de droga desde Venezuela a México y Estados Unidos.

-También en 2017, la cadena de noticias CNN en Español transmitió un reportaje denominado “Pasaportes en la sombra”, donde se vinculaba a El Aissami con una presunta distribución de pasaportes venezolanos a ciudadanos iraquíes ligados a Hezbolá.

«Ungido» por Maduro para el Ministerio de Petróleo

En junio de 2018, Tareck El Aissami abandonó la vicepresidencia para ser reemplazado por la actual titular del cargo Delcy Rodríguez y pasar a coordinar la cartera de Industrias y Producción Nacional. Dos años después fue nombrado por Maduro, ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de economía. “El Aissami queda facultado para la reestructuración y reorganización del ministerio de petróleo, su misión será adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger la industria ante la agresión multiforme externa e interna ”, dijo Maduro.

Salpicado en la purga madurista

El 20 de marzo de 2023, dos días después que Maduro y el fiscal denunciaron la existencia de una trama de corrupción en PDVSA e informaron del arresto de una serie de funcionarios allegados a El Aissami, el ministro puso su cargo a la orden. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en su cuenta de X

La detención del «sujeto»

Un año y un mes después de develarse la trama de corrupción Cripto-Pdvsa, el fiscal impuesto por la Constituyente, anunció la detención de El Aissami y su imputación por delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones e influencias, legitimación de capitales y asociación. «Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputado por gravísimos delitos», dijo sobre él Tarek William Saab. 

 

Espacio Público registró incremento de violaciones a la libertad de expresión en marzo

Al menos 36 violaciones a la libertad de expresión contabilizó la ONG Espacio Público durante el mes de marzo, lo que significó un incremento de un 31% con respecto a febrero.

De acuerdo a la organización, la censura, el hostigamiento y la intimidación fueron los principales tipos de violaciones registrados. 

Según Espacio Público, la mayoría de los victimarios continuaron siendo instituciones y funcionarios vinculados al Gobierno, lo que confirma un patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan sus actores.

De las 25 víctimas que documentó Espacio Público en marzo, las principales fueron los medios de comunicación, seguidos por ciudadanos y personas particulares, periodistas y ONG o miembros de estas. 

Salida del aire de DW y bloqueos

El pasado 4 de marzo, operadoras de cable  sacaron de sus respectivas parrillas al canal alemán Deutsche Welle (DW), luego de que el ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Alfred Ñáñez, criticara en sus redes sociales un reportaje audiovisual que publicó el medio, donde hablaba del “Cartel de los Soles”.

Maduro acusó al canal de ser “un medio nazi” y de ser parte de una “campaña mediática” junto con CNN y agencias como AP

Por otro lado, las principales empresas proveedoras del servicio de internet bloquearon al portal informativo El Político, que en días previos había profundizado en la cobertura del asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

En la misma línea, el 6 de marzo fue bloqueado el medio digital Impacto Venezuela

Durante su comparecencia al Consejo Nacional Electoral, Maduro criticó a la agencia española EFE, la francesa AFP y a AP.

“No han cubierto a ningún candidato. No tienen moral las agencias de Occidente, de Estados Unidos, Europa y de la derecha. Tapan la realidad de Venezuela”, criticó Maduro.

De acuerdo con el Observatorio de Internet VE sin Filtro, hubo al menos siete caídas masivas del servicio de internet en varias regiones del país asociadas a las fallas de energía eléctrica.

 

Con información de Espacio Público

 

Venezolanos en el exterior son de segunda para el CNE

Con dos semanas de retraso abrió el Registro Electoral para los venezolanos en Buenos Aires, Argentina, de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

“El mejor sistema electoral del mundo”, según propias palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, no pudo cumplir con lo estipulado en el cronograma, que tenía como fecha de apertura de registro en Venezuela y el exterior, el pasado 18 de marzo.

Las quejas sobre retrasos en la apertura del proceso en las sedes diplomáticas del Gobierno venezolano en el extranjero no solo competen a Argentina, también comprende otras ciudades del mundo como Madrid, Berlín, Quito, Bogotá, entre otras.  

Janine se alegró luego de que después de quince días de espera vio en las redes que había abierto el registro en Buenos Aires, pero la algarabía le duró poco al percatarse que no calificaba para votar.

“Tengo el pasaporte vencido y uno de los requisitos es que se debe tener vigente, conozco a mucha gente en la misma situación”, dijo. 

Pese a que no podrá ejercer su derecho, Janine se dispone a formar parte de la protesta de venezolanos en el exterior convocada por la ganadora de la primaria opositora María Corina Machado para este sábado 6 de abril.

“Nos estamos organizando para protestar porque es un atropello a nuestros derechos”, expresó.

En Madrid, Gabriel pudo inscribirse, pero luego de esperar horas en la sede diplomática venezolana.

“Llegué al mediodía y me fui a las cinco de la tarde, fui el último que entró a registrarse porque metían la gente a cuenta gotas”, dijo el estudiante venezolano que votará por primera vez.

En la capital de España, algunos venezolanos hicieron hasta una huelga de hambre para exigir el inicio del proceso. La excusa como en otras partes del mundo era que las máquinas de registro no llegaban.

“Logré avanzar en la cola porque mucha gente se fue al enterarse que no cumplían con los requisitos, aquí exigen cédula, pasaporte vigente y tarjeta de residencia temporal o permanente, yo tengo DNI (cédula española) y con eso bastaba”, agregó.

Gabriel indicó que en teoría logró su objetivo. “Pero me dijeron que me iban a enviar un correo y hasta ahora no me ha llegado”.

En Uruguay, Francisco está por emitir su pasaporte y aspira de aquí al 16 abril poder actualizar sus datos.

“El problema es que además de pedirte la documentación venezolana vigente, que ya es complicado tenerla, te exigen la del país donde estás y eso lo posee una población ínfima…aunado a eso, en mi caso tengo que recorrer 300 kilómetros a Montevideo, porque vivo en la provincia”, dijo. 

 

 

“Hasta la cédula de la abuelita para el Registro Electoral”

La coordinadora de AlertaVenezuela, Ligia Bolívar, enfatizó que todos los consulados de Venezuela en el mundo están exigiendo una cantidad de documentos desproporcionada.

“Y eso es una orden que viene del CNE, obedece a un instructivo que nadie conoce. El asunto principal aquí es que el mismo ente electoral está violando el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que reza que podrá votar todo el que demuestre legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Bolívar, uno de los casi 3 millones de venezolanos que hay en Colombia de acuerdo al órgano migratorio de ese país, no podrá votar el 28 de julio.

“No pude inscribirme porque tengo visa de migrante, que te da permanencia en el país, pero ellos consideran que no es una prueba de legalidad. La gran mayoría de las personas que viven en Colombia no tienen siquiera visa”. 

La socióloga indicó que de acuerdo a esa normativa, de 2,8 millones de venezolanos en el vecino país, solo 15 mil personas serían las que podrían votar.

“Además de que se abrió tarde el Registro Electoral, el Gobierno venezolano restringe arbitrariamente el derecho a votar. Lamentablemente, aquí en Colombia, la afluencia de gente no ha sido masiva porque la mayoría tiene PPT (Permiso de Protección Temporal) y por las redes ya se informan de que no pueden participar”, precisó. 

La socióloga fue uno de los tantos venezolanos que remitió un documento de protesta este miércoles 3 de abril en el Consulado de Venezuela en Bogotá. En la misiva se pide que se incluya a todo el que esté legal en el país en el registro, como estipula la ley, y que el proceso se extienda hasta el 26 de abril.

Bolívar expresó que aunado a todos los atropellos, quienes sí pueden inscribirse o actualizar sus datos en el RE deben enfrentar a un sistema lento y burocrático. 

“Pareciera que el Gobierno no nos quiere reconocer y es algo que vemos en España y Ecuador y en otros países del mundo”, opinó. 

Francisco indicó que es frustrante el hecho de que teniendo la voluntad de propiciar un cambio en el país, los venezolanos en el exterior se encuentren de manos atadas.  

 

Venezolanos esperan una resurrección en las elecciones del 28J

La resurrección de la democracia en Venezuela o la crucifixión definitiva.

Eso parece estar en juego en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio.

La inscripción de los candidatos a los comicios fue un vía crucis con caídas y latigazos a la Plataforma Unitaria Democrática, que por alguna indeterminada razón no pudo inscribir a la académica Corina Yoris, designada por la inhabilitada Maria Corina Machado, y debió postular en la última estación al diplomático, Edmundo González Urrutia. 

Para algunos analistas la mayoría de quienes acompañan al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Nicolás Maduro son meros apóstoles de lo que predica el oficialismo. La propia Yoris calificó al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, como una especie de Judas luego de haberse lanzado unilateralmente sin consultar a la PUD en vista que el templo se les caía encima.

 

 

También hay quien como Simón Pedro ha negado hasta tres veces que esté haciendo la comparsa a Maduro en las elecciones del 28J. 

Aquí les presentamos a Maduro y a los 12 que hasta ahora han sido admitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios, entidad que como Poncio Pilatos se ha lavado las manos en torno a una explicación lógica y concisa de por qué no aceptaron la candidatura de Yoris. 

“Los días santos coinciden con la agenda electoral, en la que no podemos ser invitados de palo, ajenos a un acontecer en el que debemos ser protagonistas de primera línea de lo que anhelamos y soñamos para vivir en paz y con serenidad. La libertad cercenada por disposiciones a quienes disienten, la falta de información veraz y oportuna provocan un clima de desconfianza que nos hace dudar los unos de los otros”, dijo el cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de Caracas el pasado viernes santo luego de oficiar una misa en la Basílica Santa Teresa. 

 

A casi 50 días de su detención, vence lapso para que Rocío San Miguel pueda defenderse

Este jueves 28 de marzo vence el plazo para que la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pueda defenderse, denunció en su cuenta de X el abogado Joel García.

Desde que fue arrestada el pasado 9 de febrero, a la defensora de derechos humanos no le han permitido designar una defensa privada, como lo establece la Constitución de Venezuela redactada por el chavismo en 1999. 

Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos”, escribió García en su cuenta de X, este miércoles 27. 

San Miguel fue detenida junto a miembros de su familia en la víspera de un viaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Paso 60 horas en desaparición forzada y no fue sino hasta el 12 de febrero cuando el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre su presentación en un tribunal contra el terrorismo en Caracas. Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Organizaciones por Rocío

Recientemente más de 80 organizaciones exigieron al régimen de Nicolás Maduro que se garanticen los derechos constitucionales y la defensa de San Miguel tras más de un mes de su detención.

“La política de represión afecta de forma diferenciada a las mujeres, el efecto silenciador y de amedrentamiento es pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar”, se desprende de un comunicado de Provea.

La ONG expuso que el acto de represión contra San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que se atreven a alzar la voz contra las injusticias.

“Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano donde documenta, investiga e informa sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”.

La Misión de la ONU sobre Venezuela advirtió que junto con Rocío han registrado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones”.