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Rafael Uzcátegui: Documentacion de violaciones a DDHH es una factura que nos quieren cobrar
El coordinador de Provea dijo que de marzo a octubre de 2020 hubo 216 detenciones por razones políticas 

El inicio del año 2021 ha sido de gran intensidad en materia de DDHH. Desde el gobierno chavista se han ejecutado acciones contra medios de comunicación y ONG de defensa de derechos fundamentales, todo ello mientras desde la Asamblea de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de reconciliación y se constituye una comisión para el diálogo.

El pasado 8 de enero, una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) allanó la sede del canal por internet VPI, sin orden judicial, e incautaron los equipos pertenecientes a este medio de comunicación, que debido a ello tuvo que suspender sus transmisiones. Asimismo, el ente recaudador estatal, Seniat, clausuró por cinco días la sede del diario Panorama, en el estado Zulia, supuestamente por incumplimientos en los compromisos tributarios de la empresa, pero afectando el funcionamiento del periódico digital.

El martes 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, estado Zulia, aparentemente en una operación administrativa. No obstante, detuvieron a cinco trabajadores de la ONG, entre ellas su director, Juan León. Este miércoles 13 de enero se informó que los detenidos serán presentados a tribunales militares; aunque éstos declinaron la competencia y será un juzgado civil el que conocerá del caso.

En la línea de fuego

Paralelamente a estas acciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó a ONG defensoras de DDHH, entre ellas a Provea. En su programa Con el Mazo Dando aseguró que estas ONG incluso “dan golpes de Estado”.

El mismo 8 de enero, en un supuesto enfrentamiento con bandas armadas, unas 23 personas fueron abatidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las FAES, mientras las ONG defensoras de derechos humanos comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales, toda vez que no se registró ni un herido entre las filas de los funcionarios policiales, algo que comúnmente ocurre cuando hay un enfrentamiento.

Para el director general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, toda esta acción desde el oficialismo demuestra que las ONG y los medios de comunicación “están en la línea de fuego”, del gobierno de Nicolás Maduro y que se ha entrado en una nueva etapa de represión y censura en el país. En entrevista con TalCual, expresó no creer en los supuestos llamados a la reconciliación por parte de dirigentes oficialistas.

-En un operativo policial realizado el 8 de enero en La Vega resultaron muertas más de 20 personas. ¿Cuál es el balance que ha hecho Provea de este hecho y qué conocen que sucedió en realidad?

-Eso ratifica la alta letalidad de las fuerzas de acciones especiales y que no están diseñadas para realizar políticas de seguridad ciudadana. La última cifra es de 23 personas fallecidas, y de los cuerpos de seguridad no hay ningún herido ni fallecido. No es que uno lo desee, pero cuando hay un enfrentamiento con ese poder de fuego que se dice, lo normal es que hayan bajas de lado y lado. En el proceso de reforma policial de 2007, se dejó claro que, cuando las víctimas están en un solo lado, se trata de un operativo de ejecución.

La actuación de las FAES no ha disminuido niveles de inseguridad en nuestro país. Es un instrumento de control territorial. El hecho es una consecuencia de una situación en que el Estado ha cedido el control de territorios dentro de Venezuela a terceros, a individuos, y esta estrategia, como la de las zonas de paz, y también la de las cárceles, donde grupos delincuenciales tienen su propia agenda. Si estos grupos pudieron haber sido controlados en algún momento por el Ejecutivo, ya están fuera de control y se disputan zonas. Todo ello nos habla de un nivel de degradación de la situación de violencia y seguridad en Venezuela y configura un cuadro de daño antropológico, que fractura a la sociedad.

-El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las ONG de Derechos Humanos conspiran y dan incluso golpes de estado. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Eso forma parte de la campaña de persecución a las organizaciones de DDHH en Venezuela. La estrategia que creo que se está desarrollando contra la sociedad civil es una que ya tuvo eficiencia en el ámbito político. Buscan una sociedad civil lo menos beligerante posible, que coopere con los planes del gobierno y para ello buscan fracturarla, evitando que siga denunciando y visibilizando. La estrategia es continuar la separación que ha sido efectiva para el gobierno.

Creo que nuestro trabajo va a continuar siendo éste de denunciar y documentar los hechos de violaciones a los DDHH. Es una factura que nos quieren cobrar, la de la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, trabajo que resultó en un informe contundente. Nos la van a cobrar. Estarán buscando el mejor momento, en que haya el menor costo político, pero se ha iniciado una fase donde continúan las represalias contra quienes hacen trabajo humanitario.

Varios miembros de ONG del estado Zulia, Azul Positivo, han sido detenidos por la Dgcim, investigando fuentes de financiamiento. El gobierno está intentado intimidarnos. Hay bastante temor que todos estos caminos de documentación terminen en la apertura de un caso formal en la CPI. La fiscal anunció que a finales de este semestre tomará una decisión. Ante la inminencia, se está intentando intimidar a las organizaciones y activistas de DDHH. Hay defensores que han optado por irse del país o bajar el perfil, pero en el caso de organizaciones con mayor visibilidad continuamos fortalecidos.

-La semana pasada confiscaron equipos del canal VPI y acusaron a otros medios de recibir financiamiento. ¿En general cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela? El medio impreso Panorama también fue objeto de medidas

-El Estado de alarma (por la covid-19) no es para atender las necesidades sanitarias de la población, sino aprovechar la circunstancia para aumentar los mecanismos de control y censura. Cuando vemos la cifra de personas detenidas durante ocho meses de la pandemia. Hasta octubre, que contamos con datos consolidados, el principal sector que había sufrido detenciones era el de periodistas y trabajadores de medios. Hubo 216 detenciones por razones políticas, y de ese total de detenciones arbitrarias, 66 fueron contra periodistas, es decir, el 30,5%. Es el principal perfil de persecución en Venezuela.

Es la necesidad de controlar y aumentar los niveles de censura y autocensura. Eso tiene no solo un efecto cascada contra otros medios de comunicación sino a lo interno del medio. Ha habido un proceso de persecución sistemática, y tiene que ver con que muchos periodistas se han ido del país. Es una situación que no ha sido visibilizada porque tienen temor a que, si dicen que se han ido por temor, sus familiares puedan sufrir alguna consecuencia.

Hemos normalizado que las cifras de coronavirus sean irreales y  existe esa invisibilización de la cantidad de periodistas que han migrado por la persecución y hostigamiento, así que creemos que la situación va a permanecer, porque el liderazgo político democrático tiene una situación que quieren resolver y el sector empresarial intenta reactivar la producción y participará en los espacios de negociación con el gobierno, así que el sector que va a quedar para denunciar es la sociedad civil independiente, que incluye a medios de comunicación. Por eso vamos a estar en la línea de fuego, por esta línea de hostigamiento que tenemos y el temor es que se profundice con el inicio de funciones de la Asamblea Nacional, ya que la misma genera leyes y reglamentos para continuar neutralizando el trabajo de la sociedad civil independiente.

-El presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, habló de una posible reconciliación, pero sin olvido. ¿Cree posible una reconciliación política en Venezuela?

-Creemos que la estrategia será la del palo y la zanahoria; el gobierno va a buscar la legitimación de los hechos a través de la AN, cuya elección ha sido desconocida por muchos países, por lo que hay una legitimidad endeble; se creó una comisión de diálogo que va a asumir este discurso que no cuenta con una voluntad sincera, sino el deseo que la AN sea protagonista de esos espacios, donde participarán sectores empresariales y opositores. Esa va a ser la zanahoria, un discurso políticamente correcto que se va a transformar en ley y se va a buscar fracturar a la población sobre si participa o no.

La sociedad va a ser objeto de iniciativas de persecución y neutralización. Hay gente que dice que hay sectores en el gobierno que sabotean, pero yo creo que forma parte de la misma estrategia. Lanzar un mensaje que fragmente a los contrarios y estos espacios, pero a la vez reprimir y perseguir, proceso que el Foro Penal llama “de puerta giratoria”.

En la película Érase una vez Venezuela, seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar, uno de los mensajes es que el autoritarismo no le sirve ni siquiera al chavismo. La persona que representa ese rol es profundamente afectada por las políticas que apoya. La racionalidad política indica que el gobierno debe negociar para generar un nuevo escenario político, pero creo que la voluntad es la contraria, aferrarse al poder, negar la diversidad democrática, imponer un modelo que ha traído consecuencias lamentables para los venezolanos.

Uno pensaría que hay sectores en el chavismo que creen en la necesidad de la negociación, pero mientras estos sectores no actúen de manera orgánica, van a seguir apoyando esta consolidación del autoritarismo. Estamos convencidos de que los chavistas, porque son varios, van a seguir participando en la sociedad venezolana del futuro, políticamente, pero que tal como está configurando en el poder de Nicolás Maduro, sin una política sincera de generar un gobierno de inclusión donde se respete la independencia de poderes y transitemos será más difícil.

-La primera vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, ha planteado confiscar los bienes de personas que se han ido del país ¿Qué derechos se transgreden con ello y qué se puede hacer para evitarlo?

-Creo en lo personal que intentan desviar atención de otros temas importantes. Hay gente que ha afirmado que Diosdado Cabello ha perdido influencia en la AN, pero creo que la tendencia radical que él representa, la mucho más extrema, ahora va a ser representada por esta funcionaria, que había sido ministra (de Asuntos Penitenciarios), ahora es diputada. Ella va a representar la línea dura, va a tener ese tipo de afirmaciones, algunas se van a cumplir, otras no. Coincido con Luis Vicente León (presidente de Datanálisis), quien dice que al gobierno no le interesa frenar la migración de venezolanos, y es porque le es funcional, ya que desestabiliza a los gobiernos de la región, por demandas de trabajo y servicios, pero para Nicolás Maduro es un factor que puede incidir en la posibilidad de una estabilización económica.

-¿Cree que la Corte Penal Internacional finalmente investigue a funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué perspectivas hay al respecto?

-Tenemos altas expectativas en la posibilidad que se abra una investigación concreta en la Fiscalía de la CPI. Hay elementos que indican esa posibilidad. ¿Qué tanto puede favorecer a un proceso de negociación? Nosotros no hacemos ese cálculo político. Actuamos siempre como defensores y vamos a promover y exigir que los responsables sean puestos ante la justicia. Creemos que mientras más se señalen responsabilidades individuales podría favorecer una ruptura de la coalición dominante, pero también existe la posibilidad de que las cohesione, porque otros funcionarios pueden verse perjudicados.

Nosotros seguimos alimentando el trabajo de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sería algo histórico en América Latina (que se inicie una investigación formal), porque casi todas se han dado en países del continente africano y otros como Colombia y México, que han esperado muchos años para que el examen preliminar pase a investigación formal. En el caso venezolano hay muchos elementos que deberían ameritar una situación concreta.

Es un proceso que no ha sido fácil, pero creemos que todo el trabajo que se ha realizado llevará a ello. Lamentablemente es la única instancia jurídicamente vinculante, porque está basada en el compromiso de los estados, pero como hemos visto la racionalidad del gobierno venezolano no es esa, y nos queda esta posibilidad de la apertura de una investigación concreta.

 

Seis personas han muerto por explosión de bombonas en Monagas

Durante la madrugada de este viernes 15 de enero se confirmó la sexta víctima de la explosión de 100 bombonas de gas registrada en el municipio Piar del estado Monagas que ocurrió a finales de diciembre.

Se trata de Migloris Ramos, una mujer de 60 años que había estado luchando por su vida en los últimos días, tras ser internada en la sala para quemados del estado Bolívar por quemaduras en el 37% de su cuerpo.

Este jueves 15 de enero se cumplen 18 días desde que ocurrió aquel fatídico incidente en el que explotaron 161 cilindros de gas doméstico, hecho ocurrido en la comunidad Caño de los Becerros, ubicado en el municipio Piar del estado Monagas.

Al menos 46 personas resultaron afectadas por tras esta explosión a finales de diciembre de 2020. Todos llegaron al hospital central de la entidad con serias quemaduras en gran parte de sus cuerpos; solo tres fueron devueltos a sus casas por no tener heridas de gravedad, mientras que el resto debió permanecer hospitalizado, entre ellos nueve niños.

Desde el 1° de enero los heridos han comenzado a morir. Laura Figuera de 28 años y su hija Xavielis Gil de cinco años, fueron identificadas como las primeras víctimas fatales de esta explosión. La madre murió el pasado 1° de enero en el hospital central de Monagas, mientras que la menor fue traslada a la unidad de quemados del hospital Ruíz y Páez del estado Bolívar.

Posteriormente se registró el deceso de Emilys Leonett Romero, de 11 años de edad, durante la madrugada del 5 de enero. La menor estaba recluida en el Hospital Central de Ciudad Bolívar y de acuerdo a la periodista Natacha Sánchez, murió debido a las heridas causadas durante el incidente.

La información la dio a conocer el presidente de Cáritas Maturín, Manuel Gerónimo Sifontes, quien explicó además que a este adulto mayor sus pulmones ya se le habían llenado de líquido, luego de sufrir serías quemaduras en su cuerpo.

CIDH amplía medidas cautelares a veinte personas con esclerosis múltiple en Venezuela
De acuerdo con la representación, las personas se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de tratamiento médico adecuado para atender sus condiciones médicas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió este miércoles, 13 de enero, las medidas cautelares a favor de veinte personas con esclerosis múltiple, tras considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en una situación de gravedad en Venezuela.

De acuerdo con la representación, las personas se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de tratamiento médico adecuado para atender sus condiciones médicas, a lo que agregaron que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no estaría entregando los medicamentos prescritos que deberían recibir en atención a sus condiciones médicas, “pese a las acciones iniciadas para obtenerlos”.

Tras analizar las declaraciones presentadas por los representantes, la Comisión consideró que se ha demostrado “prima facie” que las personas identificadas se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”, toda vez que sus derechos “a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.

En este sentido, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela “adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias” mediante la adopción de acciones inmediatas que posibiliten “el acceso a un tratamiento médico adecuado”, incluyendo a los medicamentos necesarios de conformidad con lo “prescrito por los médicos correspondientes”.

“Así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables”, reseña la misiva.

Finalmente, la CIDH resaltó que de acuerdo con el artículo 25 (8) de su Reglamento, la ampliación de la presente medida cautelar, y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna de los instrumentos aplicables”.

TalCual: De 34 afirmaciones Maduro solo dijo dos verdades en su Memoria y Cuenta
Una gran verdad de Maduro durante su intervención tuvo que ver con el salario de los trabajadores, del cual dijo que “en nada se ajusta a la realidad económica”

 

Las mentiras y datos imprecisos colmaron nuevamente el discurso de Nicolás Maduro este martes 12 de enero, durante la presentación de la Memoria y Cuenta de su gestión del año pasado, marcado por la pandemia del covid-19. Tan solo dos verdades se asomaron durante las tres horas, 24 minutos que duró la intervención del gobernante.

En ese tiempo, Nicolás Maduro dedicó parte de su discurso para hablar del tema económico, que incluyó el tema del salario, los problemas de Venezuela para acceder a financiamiento externo y la producción petrolera. Aquí, el gobernante se refirió nuevamente a las sanciones por parte de la comunidad internacional a individualidades, aunque señaló que son “contra el país”.

Justamente, en una de esas afirmaciones del tema económico dijo que el Estado “ha perdido el 99% de los recursos que ingresan al país”, lo cual resulta cierto debido a la caída de la producción petrolera. Los ingresos en divisas de Venezuela han caído debido a la disminución histórica de la producción petrolera en 2020.

De resto, Maduro se llenó de frases dudosas y con afirmaciones a medias con respecto a la suspensión de los pagos de alquileres, que si bien su gobierno ha promulgado no se ha cumplido por parte de los arrendatarios, sobre los ataques a empresas básicas o el hecho de que asumieron la nómina de las empresas privadas. Esto último de acuerdo con Conindustria, 62% de empresas decidió no acogerse al subsidio, tildado de “absolutamente decepcionante”.

Con respecto a la producción petrolera, Maduro dijo durante su Memoria y Cuenta que “EEUU ha perseguido de forma criminal a la industria petrolera nacional. En 69% cayó la producción petrolera precisamente por el bloqueo de la venta del petróleo venezolano. Duramos 13 meses sin vender una gota de petróleo”. Esta frase también es una afirmación a medias debido a que la producción de crudo de Venezuela comenzó a caer mucho antes de las sanciones petroleras impuestas por EEUU a principios de 2018.

Sobre el tiempo que Maduro dijo que el país dejó de vender el petróleo en los mercados internacionales, la OPEP ha informado de la continua exportación del país. Además, analistas sostienen que la mayoría de esa exportación está comprometida en pagos que se deben hacer por acuerdos con China, Rusia y otros aliados.

Otra de las cuestiones que dijo el gobernante -y donde lució su mejor cara de piedra al afirmar dichas frases- fue que “Si algo hemos protegido ha sido el ingreso de las familias”. Y es que a pesar de que el salario mínimo y las pensiones fueron aumentados en 2020 de Bs. 150.000 a Bs. 1.200.000, el sueldo base alcanzó el año pasado su mínimo histórico al cubrir apenas 0,88% de la canasta alimentaria, que superó los 250 millones de bolívares.

También Maduro soltó en la Memoria y Cuenta supuestos datos sobre pobreza que debería publicar el Instituto Nacional de Estadística. Según él, la pobreza general en 2020 se ubicó en 17%, mientras que la pobreza extrema alcanzó a 4% de la población.

Según la Encovi, 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema. Datos muy distintos a los ofrecidos por el gobernante y que se acercan a la situación de países africanos o en guerra civil.

La otra gran verdad de Maduro durante la noche del martes 12 tuvo que ver con el salario de los trabajadores, del cual dijo que “en nada se ajusta a la realidad económica”. Nada más que refutar si tomamos en cuenta los tres años de hiperinflación, la emergencia humanitaria compleja que afecta al país y la caída estrepitosa de la producción nacional.

De conspiraciones y educación

Nicolás Maduro dedicó algunos espacios dentro de su discurso de Memoria y Cuenta para hablar sobre las supuestas conspiraciones de las cuales fue víctima durante todo 2020, según él un año récord en atentados y tramas para sacarlo del poder.

Esta afirmación es dudosa pues denuncias similares también se hicieron en 2019, cuando el mandatario aseguró hubo, al menos, cuatro conspiraciones.

Al referirse a la operación Gedeón, Nicolás Maduro expresó que “por cada asesinato le daban un pago, si mataban un ministro, un gobernador, un diputado, tenían un pago especial”, algo totalmente falso pues el contrato contemplaba que la empresa que la salida de Maduro del poder podría ser por decisión propia o forzado por otros actores (grupos o gobiernos). Además, presuntamente para la ejecución de la operación, estaba aprobado el uso de toda clase de armas convencionales. Al personal contratista se le asignaba capacidad de asesores y no de combatientes.

Otra de las cosas que dijo sobre la Operación Gedeón es que «han sido juzgados y castigados por los tribunales de la República estos criminales que intentaron llenar de muerte y sangre a Venezuela». Esta es una afirmación a medias porque hasta enero de 2021 han sido condenados al menos 15 de los imputados, pero hay más de 60 personas entre civiles y militares que han sido capturados y están detenidos por estos hechos.

Mientras que al pasar al ámbito educativo, el gobernante dijo que «tenemos un índice de escolaridad de 93%, de los cuales 80% son estudiantes en todas las modalidades que están dentro del sistema público, gratuito y de calidad”. Otra frase que merece explicación.

Maduro señala que el índice de escolaridad se mantiene en 93%, el mismo número de 2019. Pero según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida hay 1,7 millones de personas menos dentro del sistema educativo. Aunque la cifra muestra a quienes siguen en la matrícula, las tasas de asistencia llegan a 70%. Encovi mostró que un tercio de la población en edad escolar ha decidido abandonar las aulas.

Maduro y el covid-19

El gobernante venezolano también se refirió en su discurso a la pandemia por la covid-19. En Venezuela, los primeros casos se anunciaron el 13 de marzo de 2020, y desde entonces se ordenó cuarentena en todo el país. Una de las afirmaciones de Maduro fue que a «todos los pacientes (de coronavirus) ha recibido su tratamiento de forma oportuna».

Esto es falso. Tan solo hay que mirar las redes sociales, que se han convertido en e mejor escenario para que pacientes y familiares soliciten ayuda para costear su tratamiento contra el covid-19.

También dijo que “junto a Cuba somos los dos únicos naciones del continente que contamos con un sistema de pruebas gratuitas que se aplican en las comunidades”. Otra mentira más. El gobierno de Ciudad de México estableció “quioscos de salud” donde se realizan pruebas gratuitas para covid-19, una medida fue tomada debido al aumento de casos en ese país.

Otra de las mentiras divulgadas por Maduro fue que “habilitamos más de 58 hospitales centinelas especializados en covid, y 400 centros de diagnóstico integral CDI para la hospitalización de los pacientes”.

La Alianza Rebelde Investiga, compuesta por TalCual, Runrunes y El Pitazo, tuvo acceso a un inventario del Ministerio para la Salud, que muestra cuáles son los 47 hospitales centinelas designados para la atención de casos de covid-19, ninguno preparado para la atención de esta pandemia.

Arzobispado de Caracas: Ataques a los medios, transgreden la democracia
La Arquidiócesis de Caracas expresó su solidaridad con los trabajadores de la prensa

El arzobispado de Caracas, a cargo del cardenal Baltazar Porras, condenó los ataques a varios medios de comunicación el 8 de enero. 

“La libertad de expresión es sinónimo de democracia. Si se transgreden a los medios de comunicación, en consecuencia, se transgrede a la democracia. Solidarios con los trabajadores de la información a quienes este viernes vulneraron su derecho a informar y su derecho al trabajo”, señaló la Arquidiócesis de Caracas en su cuenta de Twitter este sábado 9 de enero.

El viernes 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) efectuaron un operativo en las sedes del medio de comunicaciónVPI TV. 

Según denunció la televisora, funcionarios del gobierno de Maduro incautaron equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo, fundamentales para ejercer la labor periodística.

También se reportó la clausura, por cinco días, de la sede del diario Panorama, ubicada en Maracaibo, por parte del Seniat. En el caso del ciberataque a la página web de TalCual, se nos dificultó el acceso al portal web y la actualización de la parrilla informativa durante horas.

Por su parte, el Reino Unido rechazó, también el viernes 8 de enero, las acusaciones hechas por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien denunció que el gobierno de la nación europea ha intervenido en los procesos internos de Venezuela mediante el financiamiento a organizaciones y medios de comunicación de la oposición con el fin de de desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro.

Europarlamentarios solicitan a la Unión Europea reconocer a Guaidó y a su AN
El 22 de diciembre de 2020 se filtró que el bloque regional estaría manejando la opción -de momento- de no reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela

El eurodiputado por el partido Ciudadanos, Jordi Cañas, solicitó este martes 5 de enero al Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que el bloque regional reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el respaldo a la continuidad constitucional de su Asamblea Nacional.

La petición de Cañas obedece a que en días pasados se filtró una información extraoficial de una postura que esgrimiría la Unión Europea respecto a Juan Guaidó. El 22 de diciembre se filtró que el bloque estaría manejando la opción -de momento- de no reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero sí como el último presidente de la Asamblea Nacional que fue elegida de forma legítima, mientras esperaba una posición de EEUU. Esa declaración se espera el 6 de enero.

Según el portal de Ciudadanos, Cañas envió una carta a Josep Borrell en la que le expresa su inquietud sobre los trabajos que estaría adelantando el político ibérico al frente de la diplomacia europea para garantizar una posición común de la Unión Europea al respecto, al tiempo que le insta al respaldo de la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional liderada por Guaidó.

“En un contexto de extrema gravedad para el país, acrecentada por la crisis migratoria, económica y sanitaria, es imperativo que la Unión Europea redoble sus esfuerzos en aras de devolver la democracia a Venezuela y poner fin a las maniobras antidemocráticas de un régimen acusado de delitos de lesa humanidad”, dijo.

Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, reiteró su respaldo a Guaidó «y su iniciativa por defender los derechos humanos».

Por su parte, el expresidente del gobierno español Felipe González solicitó el lunes 4 de diciembre a la comunidad internacional que respalde a Juan Guaidó como el legítimo representante de Venezuela «frente a la nueva tropelía del régimen tiránico» de Nicolás Maduro al ocupar la Asamblea Nacional tras unos comicios que considera como «fraudulentos».

A través de un comunicado, González cree que de esta forma Maduro quiere «cerrar el círculo de la tiranía» y recordó que es la Asamblea Nacional elegida en 2015 la que representa la soberanía del pueblo, por lo que «no puede ser sustituida más que por otra salida de elecciones democráticas con garantías», recogió el diario El Mundo.

Entretanto, el Partido Popular español calificó este martes 5 de enero de «inadmisible» que dos diputados autonómicos de Adelante Andalucía hayan viajado a Venezuela para estar en la designación la junta directiva de la Asamblea controlada por Nicolás Maduro, presuntamente por invitación desde el Ejecutivo de nuestro país.

Para el vicepresidente de PP, Toni Martín, esta visita de los dos legisladores supone «blanquear» el régimen «dictatorial» de Maduro.

«Me pregunto qué hacen allí dos diputados autonómicos cuando no se puede salir de Andalucía y cuando sus competencias terminan donde acaba la linde de nuestra comunidad», ha señalado Martín en un comunicado, en el que critica con dureza que los parlamentarios Ismael Sánchez y Ana Naranjo estén en Venezuela, refiere La Vanguardia.

Brasil y Colombia se suman a los países que respaldan a Guaidó y su Asamblea Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo aseguró que la “continuidad constitucional” es respaldada por la Constitución venezolana

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró este martes, 5 de enero, que la administración de Jair Bolsonaro continuará trabajando de la mano con la Asamblea Nacional liderada por el presidente, Juan Guaidó, reconocido por la nación amazónica y otros 50 países más como presidente encargado de Venezuela, con el objetivo que pronto se realicen elecciones presidenciales libres y así “acabar con la usurpación de (Nicolás) Maduro y su colusión con el crimen organizado”.

Resaltó que la extensión del mandato parlamentario -basándose en la continuidad constitucional- es respaldada por la Constitución venezolana, por lo que su activación es totalmente justificada “ante la falta de respeto del régimen de Maduro a las leyes electorales” ya que se consideran las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 como írritas.

Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado para expresar que no reconoce a los parlamentarios que fueron elegidos en las elecciones celebradas en Venezuela el 6 de diciembre, así como tampoco reconoce el proceso comicial. Por ello, ratifica su decisión de seguir reconociendo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Hizo un llamado a la comunidad internacional a condenar «las imposiciones y abusos de la dictadura y apoyen los esfuerzos de los venezolanos para el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto de sus libertades», al igual que reiteró que la única forma para solucionar la crisis en Venezuela es a través de elecciones presidenciales creíbles, libres y justas, donde todos puedan participar y que haya una objetiva observación internacional.

Solo 9 de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad pasaron fin de año con familiares

Medios locales informaron que solo nueve de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago pudieron estar una hora el 31 de diciembre, antes del cambio de año, junto a familiares que se encuentran legalmente en esa isla.

Los siete niños restantes, incluido un bebé de cuatro meses, no pudieron despedir el 2020 con sus familiares: permanecieron bajo custodia junto con varios adultos de su país. Los menores han estado detenidos en el helipuerto Chaguaramas, en el suroeste de la isla, desde hace más de un mes. 

La abogada Nafeesa Mohammed, líder local en favor de los derechos humanos, había pedido a las autoridades trinitenses que permitieran que los niños venezolanos que quedaban detenidos fueran liberados.

“Necesitan protección, no persecución. El asunto ya está ante los tribunales, pero hasta que no se decida por qué no liberarlos. El Estado tiene los poderes y la autoridad para hacerlo”, señaló Mohammed. 

Los 16 niños y 11 adultos habían entrado ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre. Días después fueron escoltados fuera de las aguas de la isla por la Guardia Costera. El grupo regresó a Trinidad tras pasar dos días en el mar y fueron retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas. 

“Llevan detenidos más de un mes. Si bien muchos de nosotros pasamos la Navidad con familias y seres queridos, ellos estaban al cuidado del Estado”, dijo la abogada.

Con información de TalCual