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Chavismo INC: Empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite de España

En España aterrizaron empresarios y exfuncionarios que acumularon fortunas al calor del poder y contaron con asesores fiscales que les ayudaron a establecerse. En el retrato del desembarco, Chavismo INC. identificó 20 empresas mencionadas en investigaciones oficiales y nueve causas judiciales abiertas en el país europeo  

Por: Alberto Alonso y José Bautista

Empresarios venezolanos cercanos al poder político y exfuncionarios de alto rango han protagonizado un exilio dorado en España. No tuvieron las premuras de los millones de venezolanos que han salido de su país por la emergencia humanitaria: llegaron al país europeo en aviones privados o con la discreción de la clase business, luego haber acumulado grandes fortunas durante los últimos años de gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

Chavismo INC. rastreó personas vinculadas al chavismo en documentos judiciales y otros registros públicos de 69 países, con los que se construyó una base de datos que ofrece un retrato aproximado del patrimonio y las relaciones de esas personas en España. 

La investigación Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. El trabajo colaborativo transnacional reunió información que da cuenta de la magnitud de los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.   

Aquí los principales hallazgos del capítulo reservado a España:    

* La vida de lujo, las inversiones y los movimientos bancarios de los empresarios y exfuncionarios despertaron en algunos casos la sospecha de autoridades judiciales españolas que iniciaron al menos nueve investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad documental, delito fiscal, soborno, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública. Solo en seis de esas causas se sigue el rastro de más de 230 millones de dólares del patrimonio público venezolano que quedaron comprometidos.

* La operación de desembarco de capitales se orquestó con patrones que se repiten en muchos casos. El primero fue la constitución de sociedades interpuestas en España y países con políticas fiscales laxas como Panamá, pero también Suiza, Islas Caimán, Malta, Liechtenstein, Andorra y Chipre. A través de esas sociedades, invirtieron en uno de los mercados más especulativos: el sector inmobiliario, especialmente en barrios de lujo, para lavar dinero o generar rentabilidad.

* De acuerdo con la base de datos, Nervis Villalobos es una de las personas con mayor cantidad de sociedades, inmuebles y relaciones. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión de Hugo Chávez y tenía la llave de grandes contratos públicos, especialmente en el sector petrolero y eléctrico. En 2014 se instaló en Madrid con su familia y emprendió una vida de lujos y en poco tiempo compró inmuebles de alto valor en los lugares más caros de España. En su operación, contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón, del despacho B Law & Tax, un consultor español especializado en asesoría fiscal. 

* Una de las empresas clave de Villalobos en España fue Kingsway Europe SL, con la que compró una serie de inmuebles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. En 2017 adquirió dos apartamentos en la calle José Abascal del opulento barrio de Salamanca, en el rincón más caro de Madrid, cada uno de 300 metros cuadrados y con un valor de 1,6 millones de euros; en el mismo año compró un piso de más de un millón de euros en la calle Barceló. Además, en la calle José Ortega y Gasset 44 compró para un familiar un lujoso apartamento valorado en más de medio millón de euros. 

* Villalobos realizó una inversión en Columbus Hills, en Marbella, el destino paradisíaco favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos por medio de Columbus Properties One. La sociedad es un vehículo de inversión inmobiliaria que goza de ventajas fiscales, creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en plena crisis. Estas sociedades no son supervisadas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. A los venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el exviceministro, les embargaron un total de 115 inmuebles.

* La Audiencia Nacional Española lo vincula con la recepción de sobornos por parte de la empresa española Duro Felguera, contratada en 2008 para desarrollar un complejo de energía en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo relaciona con el lavado de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.  En Estados Unidos un tribunal de Texas le atribuye participación con un esquema millonario de sobornos asociado a la operación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y más recientemente el Departamento de Justicia le vinculó con lavado de activos del narcotráfico

* En el principado de Andorra, un juzgado menciona a Villalobos como uno de los venezolanos que participó en movimientos de más de 2.000 millones de dólares a través del sistema bancario local. La trama involucra conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo que incluyen al expresidente de PDVSA y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar.  

* Otro de los involucrados es Rafael Sarría Díaz, identificado como testaferro de Diosdado Cabello. El empresario tuvo una carrera meteórica: pasó de vendedor de seguros a integrar el equipo de seguridad de Chávez en la campaña de 1998 y de allí a ser un próspero contratista del Ministerio de Infraestructura, cuando era comandado por el segundo del chavismo. Sarría reunía 15 inmuebles en Florida y Nueva York a su nombre y a través de tres empresas. Poco después le incautaron un lujoso jet de 20 millones de dólares camuflado en un hangar de Florida, en Estados Unidos. En España están registradas compañías con vinculaciones con este empresario sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

* La empresa Nanko Capital está vinculada a Amir Nassar Tayue, abogado del empresario de origen colombiano Alex Saab Moran, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos está involucrado en un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares desde Venezuela. La empresa tiene sus oficinas en unas de las zonas más caras de la capital española en la calle Conde de Aranda. La firma no ha tenido actividad comercial, de acuerdo con los documentos del Registro Público. Sin embargo, la oficina Anticorrupción española indaga si el abogado actuó como testaferro de Saab Moran y movió dinero a través de diversos fondos de inversión internacionales.

* España también fue escogida como refugio por Luis Carlos De León, un exfuncionario de la Corporación Eléctrica Nacional y Pdvsa, condenado en Estados Unidos luego de confesar su participación en un esquema de sobornos asociado a la petrolera estatal. Estuvo en el país europeo hasta que fue detenido en 2017 por las investigaciones de otro caso de pagos ilegales supuestamente realizados a funcionarios venezolanos por la contratista española Duro Felguera. A su esposa Andreína Gámez Rodríguez la han relacionado con flujos millonarios de dinero: este año en Nueva Zelanda le congelaron bienes por más de 17 millones de dólares. En España, aparece vinculada a una empresa inmobiliaria registrada en Madrid bajo la denominación Sansobino 1977 SL de la que es administradora única y que tuvo como apoderado a José Fraga, asesor en temas fiscales e impositivos y sobrino del fallecido Manuel Fraga, quien fue uno de los fundadores del Partido Popular (PP), ministro durante la dictadura de Francisco Franco y diputado y senador hasta antes de morir en 2012.

* Los negocios también pusieron en el mismo cuadro a grandes empresas españolas señaladas de financiamiento ilegal al PP y de sobornos en Venezuela. Ocurrió con la Constructora Hispánica, que formó parte del consorcio al que el gobierno de Chávez adjudicó obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas en 2008 por más de 1.850 millones de dólares, de los cuales el 4,8% se destinó a comisiones y sobornos, según el Servicio Antiblanqueo español. El consorcio español también estaba integrado por CAF, Dimetronic y Cobra, del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por dos empresas de Carlos Luis Aguilera Borjas, capitán retirado y quien fue hasta 2002 fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), nombre que antes recibía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).  

* El empresario Alejandro Betancourt fue otro de los que logró codearse con la jet set española. En Venezuela se le conoce como un “bolichico” y fue uno de los empresarios favoritos de Chávez, quien le brindó 12 contratos millonarios para construir plantas eléctricas por importes superiores a los 1.300 millones de euros. Los acuerdos de Pdvsa otorgados a la contratista Derwick Associates multiplicaron sus ingresos. Pero en España es más conocido por ser socio de la reconocida marca de lentes de sol Hawkers. Comenzó como una pequeña startup y que en 2015 llegó a ser patrocinadora de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. 

* La relación de la aristocracia española con fortunas venezolanas tiene otro ejemplo con el caso de la familia de Víctor Vargas, empresario venezolano, dueño del Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), y uno de los pesos pesados de la Lista Falciani que reveló nombres de grandes evasores con cuentas en el banco suizo HSBC. A Vargas se le conoce como “el banquero rojo”, uno de los empresarios más agraciados por el chavismo, hasta el punto de que su fortuna se multiplicó tras la llegada de Chávez al poder. A cambio, este banquero brindó apoyo al gobierno de Venezuela (con Chávez, pero también con Maduro) en sus decisiones económicas. También es suegro de Luis Alfonso de Borbón, aristócrata, empresario español, y bisnieto de Alfonso XIII (abuelo del rey Juan Carlos) y Francisco Franco. Esta vinculación familiar le ha llevado a ocupar la presidencia del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Aquí puede leer la historia completa sobre España: empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite. 

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

Chavismo INC: Sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia en Argentina

La relación entre el chavismo y el kirchnerismo se materializó con un fideicomiso que en 12 años llegó a manejar 2.000 millones de dólares con poca transparencia y otros acuerdos binacionales para comercializar productos con sobrecostos. La conexión Buenos Aires llamó la atención de la Justicia donde hay 15 causas estancadas por la falta de colaboración desde Caracas

 Por: Iván Ruíz

Lavado de dinero, soborno transnacional, contrabando y sobreprecios en ventas son parte de los lazos que hizo el kirchnerismo con el régimen venezolano a través de un fideicomiso de unos 2.000 millones de dólares. 

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo de Argentina, basándose en la recopilación de expedientes judiciales, explican cómo la relación con el gobierno kirchnerista benefició a un grupo de empresarios cercanos a los Kirchner y, consecuentemente, a los funcionarios argentinos que hicieron posible esos negocios.

Hasta la fecha, las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos mientras que los funcionarios involucrados de Venezuela y Argentina no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente. 

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:  

* El fideicomiso entre ambas naciones, que movió en total unos 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, era una especie de mecanismo de compensación de Argentina por las facilidades que le entregaba la estatal Pdvsa cuando el país no podía buscar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar la balanza, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que necesitaba Venezuela, como lácteos o pollos congelados.

* La puesta en marcha y el funcionamiento de este fideicomiso fue obra, sobre todo, del funcionario argentino José María Olazagasti, mano derecha del exministro Julio De Vido, y hombre fuerte de la “embajada paralela” en Venezuela. Así fue como los medios de comunicación calificaron a la fuente de negocios que entabló este ministro argentino con el chavismo, que funcionaba como una relación más influyente que las formalidades diplomáticas: llegaba directo a los Kirchner, de un lado, y a Chávez, del otro.  

* Desde Venezuela, el encargado del fideicomiso era Víctor Aular, entonces vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Él se encargaba de revisar el intercambio y firmaba las conciliaciones por los procesos de pago de los préstamos petroleros que se otorgaban a países del Caribe. Esos préstamos iban atados —en muchos casos— a otros negocios y guiños diplomáticos, tal como reveló la investigación periodística Petrofraude, publicada por Connectas en 2019.

* El kirchnerismo también le abrió las puertas a empresarios locales para hacer negocios con Caracas. Como es el caso del empresario argentino Juan José Levy, quien tenía una pequeña droguería que fabricaba medicamentos en Buenos Aires hasta que se vinculó al gobierno de Cristina Fernández y eso le acercó a un negocio que le cambiaría la vida -y sobre todo aumentaría los números en sus cuentas bancarias-: venderle al Estado venezolano. Sus declaraciones fiscales pasaron de ser cerca de 250 mil dólares en 2011 a 93 millones de dólares en 2016, gracias al blanqueo de capitales. 

* Según información de distintos expedientes judiciales recopilados en Chavismo INC., Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa. Sus empresas habían firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista: Laboratorios Esme S.A. vendía suavizante para la ropa en la Argentina por dos dólares, pero al Estado venezolano el precio subía hasta los ocho dólares; exportaba un litro de shampoo para cabello a Chile por 0,67 dólares, mientras que el precio facturado a Suvinca, por el mismo producto, era de 1,87 dólares. Con la ventaja de que Venezuela pagaba por adelantado el 60 % de los contratos. 

* Los vericuetos legales en los tribunales argentinos y, sobre todo, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas dejó el caso Levy al borde de su archivo y enterró la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por empresarios argentinos para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la posibilidad de probar un lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente. Después de tres años de esperar que llegue una respuesta de los funcionarios venezolanos, el juez Marcelo Aguinsky habilitó una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga para que Caracas responda alguna de las solicitudes de información necesaria para continuar con la investigación. Sigue sin respuestas.

* A pesar de los vaivenes y de la frágil situación en los tribunales argentinos, el caso Levy no es el primer expediente judicial vinculado al chavismo con dificultades en tribunales de Buenos Aires, ya que abrió la puerta sobre otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: fueron decenas las empresas que le vendieron a Venezuela con precios por encima del valor de mercado. En una auditoría de la Sindicatura General determinó que unas 15 compañías argentinas sumaron un sobreprecio total de 235 millones de dólares en los productos facturados a Venezuela. Eso impulsó 15 causas judiciales, cada una destinada a analizar los sobreprecios facturados por las empresas argentinas que vendieron desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos.

* El fiscal argentino Germán Bincaz impulsó diez de esas investigaciones y ya pidió medidas de prueba sobre las operaciones de las empresas Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados que, en total, suman sobreprecios por 42 millones de dólares. Por su parte, la empresa láctea SanCor cobró la leche en polvo un 23% más caro sobre sus valores habituales de mercado, lo que implicó sobreprecios por 95 millones de dólares.

* La empresa argentina Bioart S.A. le vendió arroz por 23 millones de dólares a Venezuela —a través de un acuerdo binacional—, a un precio que duplicaría el valor de mercado. Fuentes judiciales en Argentina sospechan que detrás de esta operación está el exministro del Poder Popular para la Alimentación venezolano, Félix Osorio, quien se desempeñaba como mayor general del Ejército y ahora es viceministro de Educación. Desde hace tres años que la justicia argentina espera que Venezuela responda el pedido de colaboración para continuar con el caso.

* Otro caso emblemático es el de la maleta de Guido Antonini Wilson. Se sospecha que esos 800 mil dólares que el venezolano intentó ingresar en 2007 de manera ilegal a la Argentina eran para financiar la elección presidencial de Cristina Fernández. El caso estuvo a punto de prescribir en 2018, pero finalmente se reactivó casi de casualidad y ahora se prepara el juicio oral en Buenos Aires.

* El fideicomiso bilateral finalizó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina, en 2016, pero las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos. Los funcionarios de ambos países por ahora no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente.

Aquí puede leer la historia completa sobre Argentina: sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia.

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

 

Chavismo INC: El mal sueño de Bolívar fue una refinería en Nicaragua

En los primeros meses de Daniel Ortega en el poder, su benefactor Hugo Chávez prometió realizar en Nicaragua el proyecto petrolero más grande de la región con una inversión de 4.000 millones de dólares. Dos contratistas, que participaron en aquella obra, aterrizada después a poco más del diez por ciento del ofrecimiento original, fueron señalados de pagar sobornos por otros contratos en Venezuela

Por: Octavio Enríquez

La investigación colaborativa Chavismo INC., que registra un entramado de negocios que abultaron los bolsillos de varios mandatarios en decenas de países de la región, tiene un capítulo dedicado a Nicaragua en donde se evidencia cómo se manejó la relación binacional con negocios millonarios, empresas amigas y réditos políticos para los presidentes.

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:

* Entre los negocios más grandes y poco transparentes en Nicaragua figuró la refinería “Supremo Sueño de Bolívar”, dimensionado como la gema de las iniciativas de la cooperación venezolana en Centroamérica y el Caribe. En julio de 2007, cuando fue puesta la primera piedra en el lugar donde se levantaría el proyecto, el fallecido Hugo Chávez mencionó una inversión de 4.000 millones de dólares para una obra que incluiría una planta de almacenamiento de combustible, una refinería para cubrir la demanda interna y exportar a países vecinos y un complejo petroquímico. Todo se debía desarrollar en cuatro o cinco años, pero no se hizo.

* Los datos oficiales de Nicaragua entre 2008 y 2017 arrojan que finalmente se invirtieron 510.5 millones de dólares para los tanques de almacenamiento, muy lejos del proyecto prometido por los gobernantes a los nicaragüenses. La planta tiene capacidad para almacenar 1.080.000 barriles de combustibles y supuso una inversión de 472 dólares por barril, de acuerdo con cálculos realizados por Chavismo INC. Esto superó, por ejemplo, la relación en el vecino El Salvador donde la planta Shafick Handal con un tercio de la capacidad se terminó con aproximadamente 313 dólares por barril. 

* La única idea que fue llevada a cabo de todo lo que contemplaba el proyecto “Supremo Sueño de Bolívar” fue la planta de combustible. Originalmente, se había planteado un presupuesto de 283 millones de dólares para la planta de almacenamiento, pero se culminó en 2017 por 227,7 millones de dólares adicionales. Este negocio despertó el interés de otros contratistas; entre esas, algunas que formaban parte de la lista de favoritas de Pdvsa. Estas empresas fueron señaladas de cometer prácticas corruptas en contrataciones con la corporación estatal venezolana, según acusaciones que fueron conocidas tras su participación en Nicaragua.

* Una de las contratistas fue la compañía de Castillo Lara, que jamás había realizado una exportación como la contratada y se le investigó por un supuesto fraude en la instalación en Venezuela de equipos semejantes a los vendidos en Nicaragua. También  la gigantesca constructora china CAMC Engineering Ltd. que, dos años después de entregado el complejo nicaragüense, fue señalada en el principado de Andorra, por el pago también de millonarios sobornos por contratos con Pdvsa. 

* Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), desarrolladora de la obra, fue clave en las contrataciones para el complejo petrolero. La empresa, manejada por los gobiernos de Chávez y Daniel Ortega, se volvió un símbolo de la corrupción por sus intereses en los sectores petrolero, maderero, financiero y de generación de energía, todos al amparo de la cooperación venezolana, administrada localmente por la familia presidencial sin controles institucionales ni transparencia. Albanisa fue sancionada por Estados Unidos en enero de 2019, luego del castigo que previamente impuso a Pdvsa, socia mayoritaria de la empresa.

* A nivel institucional, Albanisa llegó a tener el 25,4%de la capacidad instalada en energía de todo el país para el año 2015. Se trata de un esquema de negocios que mezcla los intereses políticos, financieros y familiares de los Ortega y que es considerado por Estados Unidos como ilícito en términos generales.

* Del lado de Venezuela, los engranajes del negocio con Nicaragua los manejaban desde la cúpula de Pdvsa, propietaria del 51 %de las acciones de Albanisa. 

* Ortega y Chávez firmaron un acuerdo internacional en 2007 que sumó a Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que se tradujo en los siguientes 9 años en un generoso crédito petrolero de 3.721 millones de dólares. Este préstamo registrado en las estadísticas del Banco Central nicaragüense abrió una etapa de gobierno caracterizada por la privatización de la cooperación de Estado a Estado que se manejó en la práctica como un presupuesto paralelo al estatal y que terminó beneficiando al círculo cercano al gobernante nicaragüense.

* La ayuda venezolana a Nicaragua estuvo signada por denuncias de abusos con los fondos. El exdirectivo de Pdvsa, Gustavo Coronel, destaca que el régimen venezolano repartió 90 mil millones de dólares entre ‘amigos’, pero asegura que “en ningún país, con excepción de Cuba, se alcanzó el nivel de derroche y corrupción que ha caracterizado la relación con Nicaragua”. Para él, el acuerdo petrolero nunca estuvo destinado a combatir la pobreza, sino que perseguía que Ortega se sostuviera en el poder y convertir a Chávez en el líder regional de un movimiento antiestadounidense.

* La principal responsable de la construcción de la planta de almacenamiento nicaragüense fue la empresa china CAMC Engineering Ltd., que tiene antecedentes en caso de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos por otras inversiones en el país suramericano. Una investigación llevada a cabo por Reuters explicó que un juez del principado de Andorra indagó en mayo de 2019 el desembolso de 100 millones de dólares en sobornos de la constructora china para garantizar el contrato de un proyecto arrocero en Venezuela, en el estado Delta Amacuro. Para la construcción del complejo en Nicaragua, los chinos firmaron en abril de 2012 tras una licitación un acuerdo por un monto de 233 millones de dólares. 

* Todos estos escándalos de corrupción pusieron bajo la lupa a la familia presidencial de Nicaragua. En estos años de gobierno, Juan Carlos Ortega, el tercero de los siete hijos de Daniel Ortega, se puso al mando de canal 8 y controló una empresa de publicidad beneficiada por el Estado. Tres hijos más de Ortega –Camila, Luciana y Maurice–empezaron a dirigir canal 13, del que se desconoce de dónde provinieron los fondos para fundarlo. La esposa del mayor de los vástagos Rafael Ortega, Yadira Leets Marín, administró una red de gasolineras que resultó un negocio redondo: la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo.

* Manuel Coronel Kautz, un diplomático recordado por llamar diabla a una embajadora cuando él fungió como vicecanciller, está al frente de la Empresa Nicaragüense de Petróleo. Él defiende la administración de la ayuda. “La cooperación venezolana es una bendición para Nicaragua. Es un invento eso de la (formación de una nueva) oligarquía, totalmente absurdo, (la ayuda) se ha usado para el bien del país”.

* Las consecuencias de la administración de los fondos venezolanos preocupan al economista Adelmo Sandino que señala que, aunque en su informe de febrero de 2020 la misión del Fondo Monetario Internacional cataloga como de bajo riesgo la absorción de la deuda de Albanisa, “cuyo saldo a finales del 2021 estima en 2.5 mil millones de dólares, equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto, su reconocimiento generaría un alto impacto desestabilizador en las finanzas públicas que se extendería por muchos años”.

* La ayuda venezolana permitió a empresarios hacer negocios con Venezuela con el envío de productos alimenticios por 2.409 millones de dólares entre 2009 y 2017. Los principales productos fueron carne, azúcar, ganado en pie, frijoles, leche, entre otros, los cuales fueron comprados por Albanisa. El envío de productos alimenticios a través de otra compañía del poderoso grupo fue tanto que la empresa se convirtió en líder exportador del país en 2015, ocho años después del acuerdo de Chávez con Ortega. Los documentos firmados con Venezuela, revisados para Chavismo INC., indican que estos alimentos eran aceptados como un mecanismo de compensación por la factura petrolera.

* La ayuda venezolana permitió enriquecerse a la élite de ambas naciones. Pero la crisis económica interna de Venezuela terminó de cerrar la llave de los petrodólares, con los cuales Ortega fomentó el populismo y el culto a su personalidad. Pero la relación muestra también el peor rostro al afectar a los más pobres cuando en 2019 decenas de clientes de la cooperativa Caruna R.L., donde solían solicitar créditos a intereses bajos, pidieron su dinero ante el cierre de sucursales y ya no pudieron sacar el dinero que tenían acumulados en sus libretas.

Aquí puede leer la historia completa Nicaragua: el mal sueño de Bolívar fue una refinería

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

 

Chavismo INC: Los nuevos ricos en barrios exclusivos de Estados Unidos

Los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. Once exfuncionarios de Pdvsa, contratistas de alto perfil del chavismo, personajes imputados por la justicia estadounidense y hasta un familiar del presidente Maduro incluido en la lista Clinton, realizaron compras por más de 60 millones de dólares en propiedades

Por: Jessica Carrillo Mazzali

Apartamentos lujosos con granito italiano, electrodomésticos de última generación, vistas privilegiadas de las principales ciudades estadounidenses y valoradas en millones de dólares. Así son los inmuebles que tienen exaltos cargos gubernamentales, exfuncionarios de Pdvsa y contratistas de alto perfil del chavismo en Estados Unidos.  

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años y en el capítulo reservado a Estados Unidos siguió la pista de las propiedades de 11 venezolanos, una muestra que refleja la escala de las operaciones de personas de interés en ese país. 

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:

* La investigación colaborativa identificó 33 propiedades relacionadas con el chavismo que abarcan un rango de precios desde los 220 mil dólares hasta inmuebles de lujo que superan los 17 millones de dólares, y que juntas superan los 60 millones de dólares. Los inmuebles fueron adquiridos entre los años 2006 y 2019 en Estados Unidos, uno de los países más buscados por quienes quieren invertir en propiedades y pasar desapercibidos. 

* Todas las propiedades rastreadas para Chavismo INC. se encuentran en el estado de la Florida —principalmente en el vecindario de Brickell— a excepción de dos que quedan en Texas y en Nueva York. La mayoría están a nombre de empresas que no registran actividad comercial, salvo ser la propietaria del inmueble. Otras, a nombre de esposas, socios y familiares, y en algunos casos han sido compradas para luego ser vendidas a pérdida unos meses después.

* La lista de los 11 venezolanos implicados incluye a parientes de exaltos cargos gubernamentales —como la esposa de Carlos Erick Malpica, quien no solo fue tesorero de la nación y jefe de las finanzas de la petrolera estatal sino que es sobrino de Cilia Flores, pareja de Nicolás Maduro—; a exfuncionarios de Pdvsa —como Alfonzo Gravina y Karina Núñez, relacionados con la trama de Rincón—; y a contratistas de alto perfil del chavismo y miembros de sus entornos familiares o de negocios —como Naman Wakil, Ricardo Morón, Morela Hernández de Morón, María Lila y José Roberto Rincón, Atahualpa Fernández Arbulu, Franz Muller y Amir Nassar Tayupe— . De estos, cuatro han sido imputados por la justicia de Estados Unidos y uno está incluido entre las más de 200 personas cercanas al chavismo incorporadas a la lista Clinton del Departamento del Tesoro.

* La legislación de Estados Unidos permite que los compradores usen empresas que no están obligadas a tener actividad económica, lo que facilita el ocultamiento de bienes: en muchos casos es casi imposible conocer con certeza la fuente de dinero detrás de este tipo de empresas, ya que los compradores pueden registrar las sociedades fantasma a nombre de contadores, abogados o familiares. A veces, las compras las realizan grupos de inversores, lo que oculta aún más el origen de los fondos. 

* La compra de inmuebles a través de empresas y pagadas en efectivo, ha hecho que el mercado inmobiliario, en particular el de alta gama, sea cada vez menos transparente y más atractivo para quienes desean ocultar activos dentro de los Estados Unidos. Datos analizados por el New York Times revelan que en los últimos años casi la mitad de las compras residenciales de más de 5 millones de dólares fueron realizadas por compañías fantasmas.

* Los venezolanos figuran desde 2003 en los primeros lugares entre los latinoamericanos que más compran propiedades en suelo estadounidense, de acuerdo con la Asociación Nacional de Bienes Raíces. La mayoría hizo operaciones legales en el mercado inmobiliario, pero otros levantaron sospechas de las autoridades locales que llevan la delantera en la lucha contra la corrupción proveniente de Venezuela. 

* En el sur de Florida, que ha atraído la mayor parte de la migración venezolana, se han incautado bienes por más de 450 millones de dólares, de los cuales una parte han sido inmuebles. Hasta la fecha, en Estados Unidos se comenzaron 38 investigaciones y causas judiciales que involucran más de 100 personas y evidencian el desfalco al Estado venezolano por más de 16.049 millones de dólares. 

* El apartamento 45C del edificio One57 de la calle 57, uno de los más lujosos y caros de Manhattan, está a nombre de la empresa Unit 45c Holding LLC, registrada en Texas. Este inmueble fue comprado en marzo de 2015 por 17,3 millones de dólares pagados en efectivo, según los registros de la propiedad a los que tuvo acceso Chavismo INC. La empresa comparte dirección con otras compañías pertenecientes a Roberto Rincón, el empresario venezolano que en 2015 se declaró culpable de lavado de dinero y del desvío de más de 1.000 millones de dólares de Pdvsa, y es manejada por María Lila Rincón.

* En el caso de María Lila Rincón, el uso de empresas para la compra de propiedades no se limita al apartamento de la ciudad de Nueva York: es dueña de al menos dos propiedades ubicadas en el mismo edificio en Brickell, el centro financiero de la ciudad de Miami, que rondan en total los 19 millones de dólares. Ambas están registradas a nombre de empresas controladas por Rincón y cuyo elemento común entre las tres propiedades es su agente registrador.

* Otro caso de compra de inmuebles a través de firmas es el de la empresa Luxe Investments Corp., registrada en Florida a nombre de Diego Alejandro Villarroel Atella. Esa sociedad es propietaria de una casa valorada en casi 3 millones de dólares, en el vecindario Pinecrest de Miami. ¿Quién es el verdadero dueño? Diego Alejandro Villarroel Atella, un joven venezolano, socio de Luis David Chacín Imbrondone, el hijo del empresario y contratista Luis Chacín Haddad, condenado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por hechos de corrupción vinculados con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). En su perfil de Facebook, Villarroel evidencia una carrera meteórica: pasó de vender celulares y televisores en 2014, para luego vender y comprar dólares, cemento y cabillas en 2017, hasta convertirse en contratista de Corpoelec en 2019.

* Chavismo INC. también evidenció la adquisición de inmuebles a través de familiares y socios. En esta lista se ubica Naman Wakil, un exvendedor ambulante vinculado al sector de la alimentación en Venezuela, que posee inmuebles a nombre de empresas, a nombre propio y de su esposa. En Venezuela, Wakil es conocido por ser el cuñado del exministro de alimentación, Carlos Osorio, un general del Ejército venezolano que por varios años controló las importaciones en materia de alimentos en el país. Justamente en ese rubro amasó su fortuna Wakil: compraba carne y aves de corral baratas en Brasil, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, y luego las vendía a los programas de alimentación del Estado. Un reportaje de Bloomberg cuenta que en junio de 2012, Wakil obtuvo un contrato para suministrar a Venezuela unas 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina. Para 2015, su fortuna personal había alcanzado los 400 millones de dólares, según se evidenció en la investigación global Panama Papers. Unos 19 millones de dólares de esa fortuna se encuentran distribuidos en 13 propiedades dentro del estado de la Florida. 

Aquí puede leer la historia completa sobre Estados Unidos: Los nuevos ricos del barrio. 

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

En la mira de la ONU | 46 funcionarios señalados de violación de DDHH en Venezuela
Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Néstor Reverol e Iván Hernández Dala encabezan la lista del informe de la Misión de la ONU, sobre señalamientos por violación a los derechos humanos
La GNB, PNB, FAES, la Dgcim, el Cicpc y el Sebin también fueron señalados como responsables de torturas, tratos crueles e inhumanos y ejecuciones extrajudiciales
Entre las autoridades que más nombra la ONU en su informe destacan Nicolás Maduro (335 veces) y Diosdado Cabello (66)

Por: @Andrea_GP21 y @Yeannalyfermin

 

Nicolás Maduro y otros 45 funcionarios de su administración figuran en el informe que presentó la Misión Internacional de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), donde se investigaron las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Entre los funcionarios de mayor jerarquía más mencionados destacan Nicolás Maduro, presidente cuestionado por la comunidad internacional; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); entre otros.

De acuerdo con el informe, publicado este miércoles, 16 de septiembre, “la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados, y teniendo la capacidad efectiva de hacerlo, no tomó medidas preventivas y represivas”.

La Misión también precisó por nombre y cargo a distintos funcionarios, civiles y militares, que “conocían, debían conocer y contribuyeron” a la comisión de crímenes como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles contra los ciudadanos.

Los cuerpos de seguridad que figuran son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

Asimismo, se menciona a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

“La Misión también tiene motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel dentro del Sebin y la Dgcim cometieron, ordenaron o contribuyeron a violaciones, o sabían que subordinados las estaban cometiendo y, teniendo la autoridad para hacerlo, no las previnieron ni reprimieron”, dice el texto.

 

En su informe, la Misión de la ONU también resalta varios casos de violación a los derechos humanos que en su oportunidad fueron destacadas por los medios de comunicación, que marcaron al país y que hasta ahora, la mayoría, no han obtenido justicia.

La masacre de Barlovento, en 2016, donde cuatro hombres fueron ajusticiados. El asesinato del joven David Vallenilla durante las protestas de 2017, en La Carlota y de Daniel Alejandro Queliz en Carabobo. Las detenciones arbitrarias de Gilber Caro, Nixon Leal, Sairam Rivas, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Roberto Marrero, son algunos de los hechos donde prevaleció el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, según el informe.

Runrun.es preparó una base de datos de los nombres de aquellos funcionarios de la administración de Maduro que, a juicio de la Misión de la ONU, son responsables, directos o indirectos, de la comisión de todos los crímenes mencionados en el informe.

Dos casos que no señalan

Luisa Ortega Díaz

La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, aparece como una de las personas que colaboró a la Misión con distintas declaraciones para la realización de este informe. Sin embargo, a pesar de que se le menciona en reiteradas ocasiones durante el periodo que estuvo frente al Ministerio Público, tiempo en el que se cometieron diversos crímenes, no hay señalamientos en su contra.

En abril de 2014, cuando estaba frente al MP, Ortega Díaz informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue acusado por los delitos de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”. La Misión considera que la detención de López es arbitraria.

Asimismo, en abril de este año, la abogada Tamara Sujú publicó unos mensajes en Twitter, donde señaló a Ortega Díaz y dijo que durante el tiempo que fue fiscal general “indujo, accionó y permitió gravísimas violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad”.

Manuel Cristopher Figuera

Fue director del Sebin desde el 2018 hasta el levantamiento contra Nicolás Maduro, registrado el 30 de abril del 2019, conocida como la “Operación Libertad”, donde dio apoyo logístico para liberar a Leopoldo López, quien tenía arresto domiciliario en ese momento. Después de eso, tuvo que huir del país.

Figuera también aparece mencionado en el informe de la ONU, pues además de ofrecer declaraciones a la Misión, también se habla durante algunos hechos ocurridos en medio de su gestión, pero, al igual que Ortega Díaz, no hay señalamientos en su contra.

Sin embargo, antes de aquel levantamiento, en febrero del 2019, Figuera fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos junto a otros, en la lista de funcionarios venezolanos sancionados. Estas sanciones fueron retiradas tras deslindarse de Maduro y escapar hacia Colombia.

 

En el caso de Figuera, la abogada Tamara Sujú hizo distintas acusaciones en su contra. En marzo del 2019, lo calificó como un “torturador”, asegurando que incitó y ordenó “detenciones arbitrarias y violencia sexual” en la Dgcim y de dirigir “centros de torturas clandestinos”.

Periodismo fue determinante para conocer y documentar casos del informe de la ONU
El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno. 

Imágenes: Abrahan Moncada.

El registro y la documentación de casos, la verificación hechos y la difusión de las violaciones de derechos humanos realizadas por los medios de comunicación venezolanos en los últimos seis años ha sido una herramienta clave en la construcción del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, que afirma que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Relaciones Interiores y Defensa han cometido delitos de Lesa Humanidad.

“La misión lamenta profundamente no haber podido visitar Venezuela y realizar una investigación en el país”, se lee en en el punto seis de la introducción al informe de conclusiones detalladas. Por esa razón, para realizar el documento de 443 páginas que detalla los delitos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos entre 2014 y 2020, la misión internacional independiente se valió de diversas fuentes de información. 

En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación de las historias de las víctimas de los crímenes cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano. 

Para Andrés Cañizález, periodista, académico y activista de la libertad de expresión en Medianálisis, el informe reivindica el trabajo de dos grandes actores en Venezuela: las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente. “Las denuncias que venían haciendo las ONG encuentran hoy su legitimidad al ser incorporadas como fuentes en ese informe y la producción periodística sobre las violaciones a derechos humanos también”, aseguró. 

“Ha habido iniciativas en donde los propios medios solos, o en alianzas con ONG, han tratado de generar datos ante la opacidad y la ausencia de información del Estado. Esto demuestra que el periodismo en Venezuela ha hecho un abordaje no solo de las denuncias, que ya es importante en materia de derechos humanos, sino que también ha apostado por construir bases de datos y darle seguimiento a ciertos temas. Desde ese punto de vista el informe termina dándole un espaldarazo a ese trabajo de varios años”, agregó Cañizález. 

Asimismo, indicó que ahora los medios de comunicación tienen como reto generar un clima de opinión pública favorable en el mundo de la sociedad civil organizada, que están activas en redes sociales y tienen capacidad de multiplicar el mensaje. “Aunque sea algo limitado, es importante, es algo significativo”, sentenció. 

El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno, mientras que otros igualmente evidencian patrones que encajan dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados por los investigadores internacionales. 

Ejecuciones extrajudiciales: De la OLP a la FAES

Runrun.es viene reportando casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2015, cuando comenzó la Operación de Liberación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El seguimiento a los casos similares de ejecuciones extrajudiciales continuó con la creación de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes).  

También, a través del proyecto Monitor de Víctimas, realizado en alianza con Mi Convive, se lleva un registro de las muertes violentas cometidas en el área metropolitana de Caracas, que incluye los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones cometidas por los cuerpos de seguridad del Estados. Los informes de 2018 y 2019 (con los nombres de las víctimas) fueron usados como fuentes en el documento. 

RunRun.es hizo un seguimiento exhaustivo a los procedimientos de la OLP y el impacto en las víctimas. Esta cobertura abarca desde la publicación de operativos diarios, como este 9 muertos y 50 detenidos tras despliegue de OLP en Los Jardines de El Valle, hasta la elaboración de la investigación OLP: la máscara del terror oficial en Venezuela, que está citada en el informe de la misión. Este reportaje además obtuvo el primer lugar en el premio Ipys de periodismo de investigación de Venezuela y diversos reconocimientos internacionales.

En 2019 RunRun.es publicó un trabajo en el que habla sobre el actual jefe de las Faes, a quien se le señala de haber sido miembro de un colectivo, el comisario Miguel Domínguez, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos. 

El informe también hace referencia a una investigación sobre la doble función del líder de un colectivo, que también formaba parte de la Faes, y murió en el mismo procedimiento donde fue ejecutado el exinspector del Cicpc, Oscar Pérez, el 15 de enero de 2018 en El Junquito.

Para documentar la realidad de las zonas de paz se citan algunos trabajos publicados sobre la Cota 905

La masacre de Barlovento, llevada a cabo en octubre de 2016, fue documentada en dos trabajos

Las masacres cometidas por funcionarios policiales incluyen pero no se limitan a: 

En el marco de las protestas de 2014 y 2017 también se reportaron excesos policiales que conllevaron a la muerte de cientos de venezolanos. Algunos trabajos publicados en RunRun.es son: 

Desapariciones forzadas: se los llevan y no se sabe nada de ellos

En la masacre de de Barlovento (octubre de 2016), los cuerpos de los fallecidos fueron hallados 10 días después de haber salido de sus casas y 40 días después de haber sido detenidos, respectivamente. En este trabajo se resumen las similitudes de ambos eventos. 

La Misión concluyó que la masacre de Barlovento estuvo precedida por la desaparición forzada de las víctimas.

Detenciones arbitrarias: no hay orden judicial

Las detenciones arbitrarias documentadas en el informe desde el año 2014 también han sido investigadas y reportadas en RunRun.es. Algunos artículos citados en el informe o que tratan el tema son los siguientes: 

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El cuarto delito de lesa humanidad identificado en el informe de la misión de la ONU también ha sido investigado en RunRun.es. 

Tanto el Sebin como la Dgcim han recibido múltiples denuncias de ser órganos policiales que utilizan la tortura, los tratos cureles y degradantes como prácticas comunes en sus intalaciones. 

Tal señalamiento se evidenció en el siguiente trabajo, en el que se detallan las versiones oficiales y contradictorias sobre la muerte del concejal y defensor de derechos humanos, Fernando Albán, quien cayó del piso 10 de la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela. 

También hay por lo menos dos trabajos en los que se documenta la cohersión y tratos crueles a detenidos en Venezuela: 

El informe hace énfasis en las violaciones sistemáticas de derechos humanos que comenzaron a ocurrir luego de los hechos del 12 de febrero de 2014. Sobre el tema, RunRun.es realizó un especial a un año de los acontecimientos, en el que detalla quiénes son los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el uso excesivo de la fuerza, y el estatus de impunidad de esa investigación judicial. También un trabajo sobre la conspiración entre el Sebin y los colectivos en esa fecha. 

#EnchufaDÍN | Felicita a Delcy Rodríguez por su nuevo cargo
La vicepresidenta ahora también será la ministra de Economía

Delcy Rodríguez sigue sumando cargos dentro de la administración de Nicolás Maduro, quizás porque la crisis en el país aumenta. Además de ser vicepresidenta y la persona encargada de ofrecer -con muchas dudas- los datos de COVID-19 diariamente, también tendrá la oportunidad de  maquillar las cifras en el Ministerio de Economía.

Traición a la patria y rebelión son los delitos más comunes en los 110 “indultados”
En Venezuela el juzgamiento de civiles por tribunales militares se ha convertido en una práctica generalizada desde 2014. 

Por: Saraí Coscojuela @saracosco y Gabriela Henríquez @gchenriquez1 // Diseño: Abrahan Moncada @Monkda92 

El médico traumatólogo, José Alberto Marulanda, pasó dos años en Ramo Verde, luego de ser imputado por los delitos de instigación al odio y traición a la patria. El 20 de mayo de 2018 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo llevaron detenido y el pasado 1 de septiembre salió en libertad, luego de que Nicolás Maduro otorgara la medida de “indulto” a 110 ciudadanos.

Marulanda además, como relata El Pitazo, fue imputado por un tribunal militar y su “pecado” fue mantener una relación sentimental con una oficial, que presuntamente, participó en reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar en contra del gobierno de Maduro.

Pero Marulanda no es el único imputado por “traición a la patria”. A partir de una base de datos realizada por RunRun.es, se determinó que 21% (24) de los liberados esta semana, fueron acusados de ese delito y 23% (25) lo fue por “rebelión”. 

La traición a la patria está contemplado como delito tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico de Justicia Militar. En ambos la pena es la misma, máximo 30 años y además en el primero, según el artículo 128, los ciudadanos no tienen derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.

En el Código Militar se establece que los funcionarios castrenses serán sancionados con las penas de expulsión de la Fuerza Armada, previa degradación o anulación de clases según sea el caso.

En cuanto al delito de rebelión, solo está contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar, pero según el artículo 486 “la rebelión es un delito militar aún para los no militares” si incurren en circunstancias como que los “rebeldes” estén bajo el mando de militares, que formen partidas militarmente organizadas y compuestas por más de 10 individuos o que aún siendo de menos de 10 personas, existan en otros puntos de la República partidas o fuerzas que se propongan para el mismo fin.

Ensañamiento contra los diputados y dirigentes

De las 24 personas acusadas de traición a la patria 21 son diputados de la Asamblea Nacional, y también 21 de los acusados de rebelión son parlamentarios. 

En la mayoría de estos casos, los diputados no fueron procesados por tribunales ya que se fueron al exilio o decidieron resguardarse en embajadas de otros países, ubicadas en Venezuela. 

Este fue el caso de Mariela Magallanes, diputada por el estado Aragua, que primero se refugió en la embajada de Italia y luego de siete meses, fue desterrada -al igual que Américo De Grazia- y abandonó el país para irse a Italia. También Freddy Guevara, diputado por el estado Miranda, asilado en la embajada de Chile. 

En los casos de los diputados Renzo Prieto, Gilber Caro y Antonio Geara, la suerte fue distinta. A Prieto le imputaron delitos de financiamiento de terrorismo, promoción del odio y asociación para delinquir; a Caro lo llevaron a un tribunal con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, pero nunca se informó formalmente cuáles fueron los delitos imputados; y a Geara los delitos de tenencia de artefactos explosivos, tráfico de armas de guerra y legitimación de capitales. 

Otro caso emblemático fue el del sindicalista Rubén González, a quien se le imputaron los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, el pasado 30 de noviembre de 2018 en un tribunal militar. Luego el 13 de agosto de 2019 fue condenado a 5 años 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín. 

Esta fue su segunda condena, ya que en 2017 había recibido una pena de siete años, seis meses y dos días de prisión. Sin embargo, dos días después fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. 

“Justicia” militar

En un informe hecho por la Comisión Internacional de Juristas, en Venezuela el juzgamiento de civiles por tribunales militares se ha convertido en una práctica generalizada desde 2014. 

“Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el contexto de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como los de “rebelión” y “traición”, explicaron. 

En el artículo 261 de la Constitución se establece que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. “La comisión de delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Igualmente en el artículo 49, numeral 4, se indica que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias. 

Incluso en la sentencia 403 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del 16 de noviembre de 2017 y con ponencia del presidente del TSJ, Maikel Moreno, se indicó que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares, debiendo limitarse a los denominados delitos propiamente militares”.

Dos sentencias con afirmaciones parecidas se publicaron el pasado 30 de julio. Igualmente la Sala de Casación Penal, estableció en las sentencias 70 y 71 que “el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles, en razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales para el sano desempeño de la función jurisdiccional, respecto a los no militares y menos aún en delitos distintos a la naturaleza militar, en el entendido que la jurisdicción militar tiene como propósito el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del juzgamiento de los delitos castrenses cometidos por militares en funciones”.

Causas de Maduro

Del total de personas que recibieron “indultos”, 11 son mujeres y 99 son hombres, todos son civiles y las causas comenzaron entre 2016 hasta este año. De 2016 se “indultaron” a 5 personas, todos fueron dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y se les prohibió salir del país.

En cambio, 7 personas con causas abiertas desde 2017 recibieron la medida. De 2018 son 13 los que recibieron “indulto”, y fueron imputadas o perseguidas por delitos de traición a la patria, rebelión, fabricación de explosivos o ultraje al centinela.

De 2019 el total de indultados es 16, siendo la mayoría diputados de la Asamblea Nacional, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en conjunto con la constituyente, empezaron a allanar la inmunidad, luego del intento de alzamiento militar del 30 de abril. 

32 ciudadanos recibieron la medida de “indulto”, que además fueron detenidas o perseguidas durante este año. Allí destacan los casos del politólogo Nicmer Evans, imputado por instigación al odio, además de los periodistas Mimi Arriaga y Marco Aurelio Antoima, acusados de manejar cuentas anónimas en Twitter.

Igualmente allí se cuenta el caso del profesor universitario, Fernando Marcano, imputado también de instigación al odio luego de publicar una queja en su cuenta de Facebook, por la fallas de servicios en Nueva Esparta.