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Equipo de Investigación RR

A San Miguel no le perdonan su conocimiento del tema militar
Hay una política de asfixia contra defensores de derechos humanos que se está aplicando en diferentes niveles, alertan especialistas
Rocío San Miguel fue detenida, y hace menos de un mes, se giraron órdenes de aprehensión contra la periodista Sebastiana Barráez y la defensora de DDHH, Tamara Sujú. Tanto Barraéz como San Miguel han denunciado durante años  irregularidades y revelado información sobre el sector castrense que se mantiene bajo opacidad 
En el pasado, el gobierno había sido “más prudente y menos represivo” cuando se trataba de mujeres. Pero en esta nueva escalada de persecución,  “pareciera que ya no le importa tanto ir más contra ellas”

 

Con la reciente detención arbitraria de la abogada, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se completa una cadena de sucesos que, en menos de un mes, corroboran que la persecución política en Venezuela arrecia y se enfoca contra los defensores de los derechos humanos. Analistas consideran que el gobierno se está volviendo más autoritario y represivo, hasta el punto de superar sus propios límites y actuar ahora más frontalmente contra mujeres y, en específico, contra quienes han analizado y denunciado situaciones irregulares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia  Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento. La detención trascendió extraoficialmente en horas de la noche del sábado 10 de febrero, denunció el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela). 

Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.

A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio. 

«El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios», escribió William Saab en la red social X.

Por el mismo caso y en menos de un mes, el gobierno madurista también emitió órdenes de captura en contra de la periodista Sebastiana Barráez y la abogada defensora de DDHH, Tamara Sujú. A ambas el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las vinculó también con el caso “Brazalete blanco” y con supuestos delitos de “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”. 

Sujú, asilada desde el año 2014 en la República Checa y quien denuncia constantemente los maltratos y torturas a los que son sometidos los presos políticos venezolanos, increpó al fiscal general tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra y denunció que su función era “defender los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía”.

Este 11 de febrero, al conocer la detención de Rocío San Miguel, opinó que el fiscal general “continúa ejecutando obedientemente el último plan ordenado por su jefe Nicolas Maduro”, de supuestamente “perseguir y reprimir sistemáticamente a la población, violando los DDHH y ejecutando crímenes de lesa humanidad con total impunidad”.

Mientras que la periodista Sebastiana Bárraez, objeto de la persecución judicial del gobierno por publicar durante años información sobre el sector militar que se mantiene bajo total opacidad,  también comentó sobre la arbitraria detención de San Miguel: “Ya saldrá algún testigo estrella a presentar testimonios para inculparla de alguna de esas porquerías a las que están acostumbrados a presentar en los tribunales de terrorismo, o algo similar”, escribió en la red social X. 

Silenciar a los defensores y la información militar

Varias ONG venezolanas e internacionales, como Provea y Amnistía Internacional, coinciden en que la detención  de Rocío San Miguel es otra muestra del progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y del empeño del gobierno por “reprimir a las voces críticas”.

Y las mujeres venezolanas no han sido la excepción a la regla de persecución política en Venezuela que ha imperado en los años de gestión madurista. Cifras de Odevida indican que entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela, 33% de las cuales denunciaron haber sido torturadas a manos de agentes de seguridad del Estado. 

 Para diciembre de 2023, Foro Penal manejaba una lista de 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En conversación con Runrun.es Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón,  precisó que para febrero de 2024,  la ONG  maneja una cifra de 21 presas políticas en Venezuela que, por su condición de mujeres, ameritan una atención privilegiada.

“Más allá de su condición de mujeres, esto deja en evidencia la existencia de una escalada alarmante en el patrón de persecución por razones políticas en Venezuela que pone en primera línea a los defensores de derechos humanos (…) Hay una política de asfixia contra defensores de derechos humanos que se está aplicando en diferentes niveles, como el legislativo, y a través de acciones de amedrentamiento, hostigamiento, amenazas, persecución y hasta desaparición forzada”, agregó. 

Tineo tildó de “gravísimo” el caso de la presidente de Control Ciudadano. Recordó que la abogada ganó un caso al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido despedida como consecuencia de la “Lista Tascón”. Venezuela tenía como plazo hasta mayo de 2024 para acatar la decisión de la CIDH, y recientemente, San Miguel exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones por el cumplimiento de la sentencia dictada en 2018 para resarcir daños a los ciudadanos afectados. 

“Y aún así, es víctima de desaparición forzada, son más de 48 horas sin saber de su paradero, fue retenida inicialmente por autoridades migratorias en el Aeropuerto de Maiquetía. Estamos en presencia de la consumación de uno de los crímenes más atroces contra los derechos humanos, las desapariciones forzadas, que no solo afectan a la persona arbitrariamente privada de su libertad, sino que además los daños se extienden a su núcleo familiar”, expresó.

Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a La Justicia, destacó que en menos de un mes se ha acentuado la persecución política en el país y las mujeres no han quedado exentas de estas acciones arbitrarias.  Aunque no se atreve a asegurar que haya un patrón persecutorio específico contra ellas, sí llamó la atención sobre el hecho de que, en el pasado, el gobierno había sido “más prudente y menos represivo” cuando se trataba de mujeres. Pero en esta nueva escalada, cuando la administración de Nicolás Maduro se encamina a “a un nivel más autoritario”, entonces  “pareciera que ya no le importa tanto ir más contra ellas”.

“Y eso es ‘normal’ en un contexto de arbitrariedades, cuando cometes una o dos, vas perdiendo los límites y eso es lo que está pasando”, sumó Louza.  “No es un ataque particular contra las mujeres, lo que ocurre es que que las afectadas, como Rocío San Miguel, se ocupan de un tema delicado, como lo es el militar. Tamara Sujú también denuncia sobre un tema muy complejo, que es el de los presos políticos y por la misma razón vive afuera; y Sebastiana Barráez ha informado sobre cuestiones muy delicadas del ámbito militar. Diría que más bien por ahí va el patrón”, opinó. 

Ricardo Ríos, analista de entornos, presidente de Poder & Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana coincide con esta apreciación de Louza.

“Es muy llamativo que en menos de un mes, detengan y/o imputen a las dos fuentes más reconocidas del tema militar en Venezuela. Primero Sebastiana Barráez y ahora Rocío San Miguel. Voces que tienen añales analizando/denunciando sobre el tema militar ¿Por qué ahora?”, preguntó en un mensaje en la red social X. 

Además de ser una muestra de la persecución política en Venezuela, la detención de Rocío San Miguel viola la Convención del  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw),  órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Así lo denunció Natalia Brandler, presidente de la Asociación Cauce, enfocada en el empoderamiento político de las mujeres. La Cedaw establece que los Estados deben garantizar a las mujeres el derecho a participar en la vida pública y política, y a defender los derechos humanos sin discriminación.

Espacio cívico bajo acecho

Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón,  destacó el hecho de que, en el pasado, el patrón persecutorio del gobierno siguió una ruta, según la premisa del “enemigo interno”, que apuntó a dirigentes políticos, miembros del movimiento estudiantil, periodistas y trabajadores de medios. Pero, de un tiempo para acá, se ha ido focalizando contra los defensores de derechos humanos.

“Y ocurre porque son ellos quienes se han encargado -en esta crisis de derechos humanos sostenida desde hace más de una década-  de documentar estos casos, visibilizarlos ante la comunidad nacional e internacional y avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas”, abundó. 

Tineo insistió en que la defensa de los derechos humanos es también un derecho humano reconocido por los tratados y convenios internacionales y, por tanto, de aplicación directa en Venezuela a tenor de lo que establece la Constitución de la República. 

25 años de chavismo: del juramento sobre la “moribunda” a la inhabilitación de opositores
25 años de chavismo en el poder han cambiado para siempre la vida de los venezolanos. Acá los momentos más emblemáticos de este período de pugna, conflicto, crisis económica y migración

 

Aunque los nostálgicos se imaginen otra cosa, después de 25 años del chavismo en el poder, ya nada será igual. La Venezuela que encontró Hugo Chávez en 1999 cuando llegó al poder quedó sembrada como los sueños de una generación completa que ha visto pasar sus últimos años haciendo cola para todo, recogiendo agua en tobos y reencontrándose con la fe cuando vuelve la luz y la nevera tiene un ruido raro.

Muchos son los episodios que pudiéramos recordar desde que Chávez juró ante la moribunda constitución hasta el último capítulo del “Con el mazo dando”, pero aquí refrescamos algunos de los más emblemáticos. 

1999: “Juro ante la moribunda”

Ante la mirada atónita de un Rafael Caldera, Hugo Chávez juró como nuevo presidente de Venezuela y condenó a muerte a la Constitución Nacional.

2000: Los kinos de Chávez

Apelando a su gran popularidad y una manipulación matemática, el chavismo se burla de la representación proporcional de las minorías y elige una Asamblea Constituyente unicolor.

2001: El chavismo derrota al chavismo

Chávez se relegitima después de derrotar a su compañero de golpe, Francisco Arias Cárdenas en las elecciones presidenciales. La cuña de la gallina no le sirvió de mucho al exgobernador del Zulia.

2002: Resucitó al tercer día

El 11 de abril de 2002, Chávez es derrocado por una conspiración que incluía militares, empresarios y medios de comunicación. Pero tres días después los mismos militares lo restituyeron en el poder. Aunque “se le solicitó la renuncia, la cual aceptó”, Chávez volvió al poder y con una venganza entre manos, aunque primero blandió un crucifijo.

2003: Pdvsa sin meritocracia

Luego del paro petrolero que intentó derrocar infructuosamente a Chávez, éste tomó control de Pdvsa y la lealtad política se convirtió en la única credencial para ascender dentro de la principal industria de Venezuela.

2004: “Se va, se va, se va”

La oposición lo volvió a intentar, esta vez por medio de un referéndum revocatorio. El gobierno maniobró y lo dilató lo suficiente para que la política de misiones y un afortunado aumento de los precios del petróleo hicieran su efecto y lograra mantenerse una vez más en el poder.

2005: Parlamento sin oposición

Los principales partidos de oposición deciden no presentarse a las elecciones de la Asamblea Nacional y el oficialismo obtiene prácticamente todas las curules. Chávez comenzaría a gobernar por decreto y después de allí le agarró el gustico.

2006: Rosales no ve luz

Chávez se vuelve a presentar a las elecciones presidenciales y derrotó ampliamente a Manuel Rosales, que se presentó como candidato de toda la oposición luego de que Teodoro Petkoff y Julio Borges declinaran a su favor.

2007: Hasta el 2000 siempre, primer intento

Comienza la era de las nacionalizaciones y el exprópiese. El 27 de mayo decidió no renovar la concesión para operar Radio Caracas Televisión (RCTV). Hubo protestas por todos lados, pero la decisión estaba tomada.

El año terminó con las elecciones por la reforma constitucional, que el chavismo perdió y que el fallecido mandatario calificó como “una victoria de mierda” para la oposición.

2008: Otra elección para el chavismo

Este año se celebraron elecciones regionales y el chavismo volvió a arrasar. 17 de las 22 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías fueron para el partido de gobierno. El año también estuvo marcado por las expropiaciones. Hay que recordar que Chávez expropió más de 1.000 empresas productivas entre el 2002 al 2012 y la mayoría de las empresas expropiadas bajaron su producción o directamente quebraron.

2009: Año de la reelección continua

En febrero de 2009, mediante referéndum, se aprobó con el 54.86% la enmienda a la constitución de 1999, la cual permitía extender el mandato presidencial de seis a siete años y la posibilidad de reelección inmediata continua a todos los cargos de elección popular.

Chávez también continuó con su política de expropiaciones, esta vez contra empresas como Cargill, Smurfit Kappa, Aeropostal, empresas metalúrgicas y la «adquisición forzosa» del Complejo Hotelero Margarita Hilton. Además, se produjo la compra formal del Banco de Venezuela, Grupo Santander y la intervención de Bolívar Banco, Banco Confederado, BanPro y el Banco Canarias por presuntamente haber incurrido en aumentos de capital sin especificar el origen de los montos. Se comenzó a gestar también la idea de la moneda “El petro”.

2010: Más expropiaciones y exhumación de Bolívar

Para este año, las cadenas de supermercados Éxitos y CADA fueron el blanco de Hugo Chávez. Además, varios galpones de Empresas Polar, Alimentos Monaca, Agroisleña, Owens Illinois, Sidetur y el Sambil La Candelaria también fueron arrebatados de las manos de sus dueños.

Otros dos acontecimientos importantes marcaron el 2010. El primero, la muerte del productor agropecuario Franklin Brito, quien se convirtió en el primer venezolano en morir en huelga de hambre por la expropiación de sus tierras. El segundo, la exhumación de los restos de Simón Bolívar por un grupo de expertos que investigaban  las causas de su muerte.

2011: Interpelación de ministros y la llegada del cáncer

A inicios de ese año, se produjeron varias interpelaciones al gabinete Ejecutivo de Hugo Chávez, para la rendición de cuentas; sin embargo, no se entregaron informes de gestión según la ONG Transparencia Venezuela.

El 2011 fue también la punta del iceberg de la debacle del sistema eléctrico. Para ese entonces, Venezuela ya importaba electricidad desde Colombia y en cadena nacional Chávez admitió que el sistema presentaba «debilidades en la generación”.

En mayo, Hugo Chávez apareció por primera vez con un bastón producto de un «absceso pélvico que había ameritado una operación quirúrgica de emergencia”. En junio es sometido a otra operación y finalmente anuncia que padece cáncer y comienza su tratamiento de quimioterapias en Cuba.

2012: Maduro, el «ungido»

El 2012 quedó en la memoria de todos los venezolanos por distintos acontecimientos. Ese año, María Corina Machado se enfrentó a Hugo Chávez y lo llamó “ladrón” en plena sesión en la Asamblea Nacional.

Enfermo y con pocas apariciones en público, se celebraron las elecciones presidenciales en donde Chávez con el 55.08% de los votos, resultó nuevamente electo para el período presidencial 2013-2019 tras una intensa campaña presidencial en la que muchos llegaron a considerar posible que el candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, lo derrotara.

Pero en diciembre, la historia dio un giro y Chávez en Consejo de Ministros pidió nuevamente autorización para viajar a Cuba y declaró que “en caso de que pudiese quedar inhabilitado en cualquier forma” y  si su estado de salud no se lo permitía o se agravaba, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro debía ser el candidato del PSUV en las elecciones que debían convocarse según la Constitución ante su ausencia. De esa forma, lo “ungió”, como su relevo en la presidencia y le abrió la puerta para ascender al poder en Venezuela.

2013: La siembra

Los altos voceros gubernamentales se empeñaban en decir que Chávez estaba fuerte y seguía mandando, pero el 5 de marzo anunciaron su fallecimiento y los actos fúnebres se prolongaron por varias semanas.

Maduro asumió el poder y también la candidatura presidencial que disputó contra Henrique Capriles y ganó por estrecho margen, en unas elecciones que fueron tildadas de fraudulentas por la oposición. Comenzaba una nueva etapa de la revolución, sin carisma y sin chequera.

2014: La salida

La economía venezolana había caído en recesión. El malestar social se daba la mano con el malestar político y el año comenzó con una serie de protestas que se conocieron como “La Salida”.

El líder opositor, Leopoldo López fue detenido y​ Conatel ordenó a los cableoperadores sacar el canal NTN24 de su programación por promover “la violencia y el desconocimiento de las autoridades”. 

Las protestas terminaron con un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1854 detenidos, según un informe de la Fiscalía General de la República y 33 casos de tortura, según el Foro Penal Venezolano.

2015: Recesión, colapso y pérdida de la mayoría

Venezuela enfrentaba un escenario económico muy comprometido. La crisis se agudizó y entre enero y diciembre de 2015 se registraron al menos 5.851 protestas, equivalente a 16 protestas diarias en todo el país. Largas colas por productos de primera necesidad eran habituales en las distintas ciudades del país y el hambre entre los ciudadanos empezó a ser una constante. 

En diciembre se celebraron elecciones parlamentarias y la MUD (coalición opositora) logró 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (56,2% de los votos). Fue la primera victoria electoral de peso para la oposición, pero enseguida el madurismo desató su embestida judicial para restarle la mayoría a los sectors que lo adversaban. 

2016: Comenzaron a neutralizar el Parlamento opositor

En enero la oposición ocupó la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional y en ese mismo mes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que todos sus actos serían nulos mientras siguieran juramentados los tres diputados opositores de Amazonas cuya elección fue «cautelarmente» suspendida.

Más tarde, en febrero se produjo el «paquetazo rojo», con un aumento del precio de la gasolina.

Ese año también la oposición intentó convocar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, pero el camino estuvo minado por las trabas del Consejo Nacional Electoral, lo que hizo a la Mesa de la Unidad Democrática le tomara casi cinco meses formalizar su solicitud ante el ente comicial, mientras transcurría el tiempo en contra de la posibilidad de convocarlo. Cuando al fin se consignaron las firmas, tribunales estatales entraron en juego para ordenar al CNE paralizar la activación del proceso comicial. 

En medio de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), en abril se crearon las ya extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que se incorporaron a los operativos. En el mes de diciembre, hubo saqueos y   represión en varios estados en medio del malestar ciudadano por el anunció de la repentina salida de circulación del billete de cien bolívares. Las malas decisiones sobre Citgo continuaron.

2017: Más de un centenar de muertos en protestas

Este fue el año en que los cuerpos de seguridad del gobierno, así como grupos armados irregulares, cegaron la vida de al menos 163 personas en manifestaciones que iniciaron por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de  asumir las funciones de la AN opositora electa en 2015.

Esta decisión se sumo al amplio malestar que había en el país por la escasez, el hambre y el deterioro de la calidad de vida. Por cuatro meses, las calles de Venezuela se llenaron de protestas que encabezaron mayoritariamente los jóvenes, y también fueron escenario de la más feroz represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

En el marco de esos hechos, Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como fiscal general y huyó de Venezuela después de reconocer que Juan Pablo Pernalete, uno de los manifestantes al que le arrebataron la vida, fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana. Fuera del país, comenzó a emitir acusaciones contra voceros del gobierno por corrupción.

2018: Maduro, desconocido por la comunidad internacional

El 28 de mayo se realizaron los comicios presidenciales más cuestionados en la historia del país, pues no se permitió la participación de la Mesa de la Unidad Democrática por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

El 4 de agosto ocurrió el supuesto atentado contra Nicolás Maduro por el cual fue detenido el opositor Juan Requesens y otro grupo de personas. También, entró en vigencia el bolívar soberano, que constaba de la eliminación de cinco ceros a la moneda nacional.

2019: «Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres»

En enero, el dirigente opositor Juan Guaidó se juramentó como «presidente del gobierno interino», apegado a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, alcanzando al menos 50 muertes solo en los dos primeros meses del año.

Este fue el año de la oscuridad, pues el 7 de marzo se produjo un mega apagón nacional que se prolongó hasta siete días en algunas entidades, mientras que el 25 y 29 de marzo se registraron otros dos apagones que se prolongaron por más de 48 horas.

En este año ocurrió se frustró otro plan para separar a Maduro del poder. El 30 de abril de 2019 Juan Guaidó apareció  con varios militares y Leopoldo López en La Carlota tras este ser liberado de su prisión domiciliaria. Guaidó anunciaba que se estaba entrando a la fase definitiva del cese de la usurpación con la denominada «Operación Libertad». La situación derivó en nuevas protestas y represión a civiles por parte de militares. 

En 2019 también murió bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. 

2020: más control social y militar por la cuarentena

A Juan Guaidó se le impidió ingresar a la Asamblea Nacional y su foto saltando una reja recorrió el mundo. En su lugar, el diputado Luis Parra se juramento como presidente del parlamento. Desde entonces, los diputados de oposición no volvieron al hemiciclo, el Gobierno de los Estados Unidos sanciona a la aerolínea Conviasa.

En marzo, el Ejecutivo decretó el inicio de una cuarentena con suspensiones de actividades laborales y escolares presenciales por la pandemia de COVID-19. A partir de ese momento comenzó un cerco de control informativo por parte del madurismo en lo que correspondió al coronavirus y también se limitó en extremo el desplazamiento de ciudadanos por la cuarentena, aunque muchos lo atribuían a las importantes fallas en el suministro de gasolina. 

Maduro tildó a los migrantes que regresaron a Venezuela como “armas biológicas”, anunció el aumento de la gasolina, el mantenimiento del combustible subsidiado y la aparición de la dolarizada.

En un contexto pandémico, tuvieron lugar  las elecciones parlamentarias sin la participación de los principales partidos de oposición y el chavismo arrasó como era de esperarse. En Guiria una embarcación con inmigrantes naufragó y murieron 11 venezolanos. 

2021: La peor ola de COVID-19 sin vacunas

En 2021 Venezuela enfrentó con mayor rudeza los golpes del COVID-19, con un sistema sanitario en completa crisis por la emergencia humanitaria compleja que afecta al país desde 2014. Las vacunas no llegaron a tiempo para salvar decenas de vidas y las escenas de hospitales colapsados con personas esperando por ser conectadas al oxígeno en las afueras fueron comunes entre marzo y mayo de ese año.

Por otra parte, el Gobierno venezolano inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 28 diputados. También, un tribunal ordenó al diario El Nacional pagar 13 millones de dólares por una demanda interpuesta por Diosdado Cabello.

El Ministerio Público admitió que el concejal Fernando Alban fue asesinado y ordenó la captura de dos funcionarios del Sebin. En este año también fue detenido el activista de Fundaredes Javier Tarazona, acusándolo de instigación al odio. 

En 2021 inició también la primera ronda de negociaciones entre representantes de Maduro y la Plataforma Unitaria y se autorizó la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos. Este año también fue emblemático porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó que el Gobierno venezolano sería investigado por supuestos crímenes de lesa humanidad.

A finales de 2021, se celebraron las elecciones regionales y Freddy Superlano, candidato a la gobernación de Barinas por el partido Voluntad Popular,  es inhabilitado después de ganar.

2022: libertad para los «narcosobrinos»

Se llevan a cabo nuevamente las elecciones regionales en Barinas y Sergio Garrido de la oposición resulta ganador, Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chavez, reconoce la derrota a través de un tuit. El Consejo Nacional Electoral anunció que no se recolectaron firmas suficientes para activar el revocatorio de Maduro.

En Las Tejerías, estado Aragua, funcionarios de seguridad matan a Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, líder delincuencial de  la Cota 905 de Caracas que sembró el terror en varias parroquias capitalinas.

En este año también entró en vigencia el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras  (IGTF) que contribuyó con el encarecimiento de varios productos y servicios. Un avión de la empresa venezolana Emtrasur fue detenido en Argentina y vinculado con actividades terroristas por parte de su tripulación de origen irani.

En 2022 fue sentenciado a ocho años de prisión el  exdiputado opositor, Juan Requesens y un informe de la ONU reveló la existencia de 17 casas de tortura en Caracas.

También fue noticia el canje de los sobrinos de Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Estados Unidos, por siete ciudadanos estadounidenses.  Por otra parte, el fiscal Karim Khan de la CPI pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar las investigaciones sobre Venezuela y opositores acordaron suprimir el gobierno interino de Guaido. 

2023: La «purga madurista»

Año marcado por el escándalo de corrupción Pdvsa-Critpo, conocido como la “purga madurista” y por la primaria de la oposición. En marzo, el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami renunció y desde entonces se desconoce su paradero. Alrededor de 80 detenidos entre empresarios, exgobernadores, exdiputados y demás funcionarios fueron señalados por el Gobierno en una supuesta operación de profilaxia en la administración pública.

También, la exenfermera de Chavez, Claudia Diaz y su esposo Adrián Velásquez fueron condenados a 15 años de cárcel.

El expresidente interino Juan Guaidó salió de Venezuela hacia Colombia y luego fue enviado por el Gobierno neogranadino a los Estados Unidos. El 22 de octubre, Maria Corina Machado ganó de forma abrumadora la primaria de la oposición y en respuesta el Gobierno organizó un referendo por el Esequibo con escasa convocatoria. Además, la maquinaria contra la oposición se activó y apareció un documento de la Contraloría que supuestamente reflejaba la inhabilitación de Machado para ejercer cargos públicos, lo que fue recientemente ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Consulte también: 10 años de Nicolás Maduro enchufado al poder

 

Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso
En la distante frontera de Venezuela hacia el Brasil, en la Gran Sabana, la educación de la primera infancia surge como el prisma desde el cual mirar la crisis venezolana. La dinámica económica de esta región amazónica, devenida en zona minera, impone particulares desafíos

Morelia Morillo

Alma camina de prisa los 150 metros que separan la Unidad Educativa “Fe y Alegría de Manak Krü” -donde da clases de una materia a ocho secciones de bachillerato- al preescolar donde también ejerce su profesión de docente: el Centro de Educación Inicial “Manak Krü” de Santa Elena de Uairén, la última ciudad venezolana hacia Brasil, a 1.258,4 kilómetros de Caracas. Es junio de 2023 y, por suerte, no llueve. Pero, faltando 20 minutos para las 10:00 de la mañana, el cielo es una pantalla blanca. El sol, entre nubes, abrasa, enceguece. 

En la misma ciudad está el Centro de Educación Inicial “Santa Elena” que luce sobre el marco de una puerta un letrero, hecho a mano, que ofrece tareas dirigidas. Con certeza, las clases las dicta una maestra como parte de su estrategia de sobrevivencia

La caminata apurada de Alma y el letrero en el CEI “Santa Elena” expresan la urgencia de dos mujeres, docentes, por subsistir. Tanto sus salarios como los ingresos de padres y madres son precarios. Sin embargo, de esos adultos depende el funcionamiento de los preescolares y el bienestar de niños y niñas menores de seis años.

 

 

Los maestros, papás y mamás sobreviven estresados, los planteles carecen de mobiliarios y materiales adecuados; pocos niños y niñas asisten con regularidad porque en casa no hay para el desayuno o para comprar sus uniformes; las sedes no cuentan con juegos didácticos, parques, patios ni especialistas para atender a los estudiantes que se ubican dentro del espectro autista.

Los preescolares de Santa Elena de Uairén, la única ciudad venezolana en la frontera con Brasil, en la Gran Sabana, son espacios en donde la crisis venezolana recrudece y permea hacia la primera infancia. De nada vale que este sea el centro urbano de una región en donde se aceleró la economía minera y la importación de alimentos brasileños que entran por esta frontera y van hacia los yacimientos y al resto del país.

El municipio Gran Sabana se asemeja al paraíso, estudiar aquí debería ser maravilloso. Es un área amazónica conformada por 90% de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), por su belleza o valor ambiental. Tiene ríos, morichales, selvas, sabanas y unos cerros de cimas planas llamados tepui.

Pero la crisis -esa mixtura deforme de inflación, devaluación, corrupción, conflicto político y sanciones internacionales- alcanzó la economía local: el turismo, el transporte de pasajeros y el comercio, que ocupaban a la población, apenas existen. La mayoría escarba en ríos, sabanas y montañas procurando unos puntos, milésimas partes de gramos de oro, para comer; mientras que los menos se sirven de poderosas máquinas, compran y venden el mineral o invierten en alimentos brasileños que colocan en el interior del país o en las minas. En marzo de 2023, Juan Méndez, director estatal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, dijo a Primicia, que pasaban 500 unidades de carga diarias por la Troncal 10, la vía que conecta al límite fronterizo con el resto del territorio nacional.

 

 

Acá, cualquier pago, por pequeño que sea, se hace en reales brasileños o en oro

¿Cómo se vive así? ¿Cómo son los preescolares en esta frontera? ¿Qué papel juegan los padres? ¿Y los niños? ¿Cómo afecta durante la primera infancia el vivir al cuidado de padres y maestros bajo presión?

Los preescolares dependen de la ayuda de los padres. Pero, para evitar sanciones, en esos espacios ni se habla ni se formaliza la contribución. En cambio, se usan definiciones como “Una gotita de amor”. De ese amor de gota a gota depende incluso el pago de los suplentes, el desinfectante y el papel sanitario.

En esta ciudad, localizada a 15 kilómetros de la frontera, quien puede pagar transporte (60 dólares mensuales), inscribe a sus hijos en Pacaraima, la localidad brasileña fronteriza con Venezuela, especialmente para iniciar la escuela primaria y a veces, desde preescolar.

Conoce la historia de Alma y de los centros públicos de educación inicial de Santa Elena de Uairén y Pacaraima en el especial: Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso

preescolares entre tepuyes y minas

 

Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes
Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados

@boonbar y @loremelendez

La noche del 19 de julio de 2023, un presunto sicariato sacudió la Agroexpo 2023, la feria agropecuaria más importante de Colombia. A las afueras del lugar, y mientras esperaban un taxi, un hombre asesinó con varios disparos al venezolano Andry David González Hernández, gerente general de Agropecuaria La Vía Láctea SAS, y al portugués Ruby Alexander Moráis Layme, entrenador de caballos en el Criadero La Victoria SAS. No les quitó nada de valor, ni sus costosos relojes ni sus morrales. El homicida huyó en moto junto a otro hombre y dejó ilesa a la esposa de uno de ellos.

El suceso puso nuevamente los focos sobre Netrex, el conglomerado comercial establecido en Colombia que agrupa a las dos empresas en donde trabajaban las víctimas. Ya en enero de este año, otra de las compañías de ese consorcio, la exportadora de ganado Frontera Vacana, enfrentó el decomiso de 4,5 toneladas de cocaína en un barco con 1750 vacas, cuyo destino final era Líbano, en un caso que la prensa local bautizó como el de las “narcovacas”.

Uno de los stands de la Agropecuaria La Vía Láctea en la Agroexpo 2023 (Bogotá) acordonado luego del sicariato de su gerente general. Crédito: Equipo CONNECTAS

La piedra angular de Netrex es otro venezolano: el zuliano Raúl Andrés Orozco, un hombre de negocios de bajo perfil que ha logrado construir una extensa estructura empresarial, primero en su país de origen y ahora en Colombia, donde hasta ahora ha podido esquivar los reflectores a pesar de los escándalos mediáticos que han surgido alrededor de sus negocios. 

Antes de hacerse ganadero, el principal negocio de Orozco era el oro y hasta allí también lo alcanzaron los titulares. En febrero de 2018, autoridades neerlandesas incautaron en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba 46 lingotes del mineral, provenientes de Maracaibo. Por este hecho, investigado por Runrun.es en el especial “Fuga del oro venezolano: la ruta de un saqueo”, los dos propietarios de Paoro Armored Transport –compañía encargada de trasladar y custodiar ese oro hasta su destino final: Dubai– pasaron meses tras las rejas a la espera del avance de las investigaciones que, al final, se cerraron por falta de pruebas. Mientras tanto, la verdadera compañía propietaria de los lingotes venezolanos, Paoro International Free Zone, fundada por Orozco, logró escabullirse de las pesquisas.

Esta investigación de Runrun.es, Armando.info y CONNECTAS logró establecer las conexiones de Orozco con una fundación de caridad y al menos 24 compañías –algunas de corta duración– en cinco países (Venezuela, Curazao, Estados Unidos, Colombia y Emiratos Árabes Unidos), tejidas durante 18 años de operaciones en sociedad con su esposa Rocío Landazabal y sus tres hijos (Marco Antonio, María Paula y otra menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales). Varias de las empresas cumplen un patrón atípico, pues se “activan y desactivan”, además de cambiar continuamente de directiva y de accionistas y entrelazarse en un esquema corporativo difícil de desenredar. 

Para esta cobertura, un equipo de periodistas visitó cuatro ciudades de Venezuela en los estados Zulia, Bolívar y Nueva Esparta, revisó registros mercantiles de seis países naciones y realizó solicitudes de información a todos los nombres involucrados, así como a la Fiscalía General de Colombia, para descifrar el entramado empresarial creado por Orozco.

El reportaje sigue la pista de Orozco, un comerciante cuyo modus operandi se basa en la creación de complicadas estructuras empresariales del sector aurífero y ganadero que le han ayudado a pasar inadvertido en varias oportunidades. Esta red corporativa, difícil de desenredar, evade las fiscalizaciones formales y borra el rastro de sus negocios en Venezuela y Colombia, en terrenos en los que ha probado sus habilidades para manejos no siempre lícitos. 

Conozca en este especial a Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes

Maduro ratificó a Padrino López: cronología de sus años 'enchufado' a Min-Defensa
Con la ratificación tanto de Padrino López como de Hernández Lárez  los dos más altos cargos de la FAN se mantienen sin variación. Pero hubo cambios en otros componentes.
Nicolás Maduro ratificó a Padrino López como ministro de la Defensa por noveno período consecutivo. Acá los momentos más controversiales que ha protagonizado en estos años

 

Nicolás Maduro ratificó este viernes al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por noveno año consecutivo, al tiempo que renovó parcialmente la cúpula militar al cambiar a los comandantes del Ejército, Armada, Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana 

«He decidido ratificar por sus valores de honestidad, moral, profesionalismo y por su liderazgo militar, al general en jefe Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa», señaló Maduro en un acto de graduación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El gobernante calificó a Padrino López -el ministro con mayor tiempo dentro del Ejecutivo desde la llegada al poder de Mauro-  como un hombre «leal, trabajador, honesto, sacrificado, luchador».

«Pido todo el apoyo de la FANB para nuestro ministro de la Defensa, que es objeto del ataque diario de la canalla mediática de la ultra derecha y del imperialismo«, añadió.

Otro de los ratificados en su cargo en el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb)  fue Domingo Hernández Lárez. Maduro destacó sus «logros» en el  «fortalecimiento de la capacidad combativa» de la institución militar y recordó que está en la «batalla» por «recuperar» la selva, los parques nacionales y el Amazonas de «bandas criminales».

También se mantuvo en su cargo al mayor general Santiago Alejandro Infante Itriago, quien cumplirá su segundo año al mando de la Aviación

Con la ratificación tanto de Padrino López como de Hernández Lárez  los dos más altos cargos de la FAN se mantienen sin variación. Pero hubo cambios en otros componentes.

 Maduro anunció como nuevo comandante general del Ejército a José Antonio Murga Batista, quien viene de la Región Estratégica Central de Defensa Integral (REDI), en sustitución de Félix Osorio, quien pasa a la reserva activa.

Mientras que nombró como comandante de la Armada al almirante Neil Villamizar Sánchez, en reemplazo de Aníbal José Brito.

Al frente de la Guardia Nacional Bolivariana sustituyó al mayor general Juvenal Fernández López, por el mayor general Elio Estrada, quien viene de ser el comandante de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Por otra parte, designó al mayor general Javier José Marcano Tábata como comandante de la Milicia Bolivariana.

 

Los ocho años y medio de Padrino López enchufado a Min-Defensa

A continuación, los hitos de los momentos más noticiosos que ha protagonizado Padrino López en sus más de ocho años y medio como ministro de la defensa.

Ascenso vertiginoso tras el 11 de abril de 2002

Vladimir Padrino López, nacido en Caracas en 1963, llegó al ministerio de la Defensa en octubre de 2014 en sustitución de Carmen Meléndez. En la página del ente oficial resaltan su actuación «destacada» como primer comandante del 311 Batallón de Infantería, “Libertador Simón Bolívar” en la «restitución del hilo constitucional durante los sucesos del golpe de Estado de abril de 2002».

Esa actuación en el 11 de abril le valió a Padrino López la confianza presidencial y una condecoración de Hugo Chávez dos semanas después del golpe. Así, el militar que ha llegado a expresar que llegó a la carrera de las armas por sugerencia de un amigo de la adolescencia y quien egresó como subteniente en el puesto 18 de su promoción en 1984, empezó a ascender puntualmente hasta convertirse en general de división en 2010 y mayor general en 2012, cuando lo nombraron segundo comandante del Ejército y jefe del Estado Mayor de ese componente.

El 2012 que lo catapultó mediáticamente

En 2012 a Padrino López le tocó ser el jefe de parada del desfile de 5 de julio. En esa fecha ganó notoriedad mediática por sus polémicas palabras al pedir autorización para iniciar el acto:

 “Se hacen presentes en la avenida Monumental de Los Próceres 10.890 patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber de la defensa de la Nación», expresó entonces.

Desde esa fecha, fue señalado de violar el artículo 328 de la Constitución que declara a la Fuerza Armada Nacional como una institución al servicio de la nación y no de parcialidad política alguna. Pero no por ello dejó de insistir en el carácter incluso «chavista» de la FANB en distintas alocuciones.

2013: defensa de proceso electoral viciado

En julio de ese año y por orden de Nicolás Maduro –quien se estrenaba pocos meses atrás como presidente tras el cuestionado triunfo electoral contra Henrique Capriles- Padrino López ascendió a general en jefe y fue designado  comandante del Ceofanb.

Desde las primeras de cambio Maduro le entregó responsabilidades de confianza en otras áreas y lo incluyó en el Estado Mayor Eléctrico ­y en la Comisión Presidencial para Investigar las Asignaciones de Divisas.

Además, a Padrino López le tocó dirigir el Plan República de los comicios municipales del mes de diciembre, proceso tras el cual aseguró que la actuación de la FANB fue «impecable», pese a las denuncias de opositores sobre la parcialización de los militares en favor del chavismo. 

2014: ministro de la Defensa y su ‘aporte’ para escalar la represión 

En el marco de las protestas por el movimiento denominado «La Salida», que empezó en febrero de 2014 y derivó en varias muertes violentas en las calles, el entonces general en jefe escribió una carta pública el 6 de marzo en la que aseguró que la FANB no se prestaría «para la barbarie, para los golpes de Estado y mucho menos para forzar la voluntad popular”.

En octubre de ese año alcanzó el máximo peldaño de poder en la carrera militar, cuando Maduro lo nombra ministro de la Defensa para sustituir a Carmen Meléndez, quien duró quince meses en ese puesto.  El cargo de ministro lo desempeñó en paralelo al de comandante estratégico operacional hasta junio de 2017.

Tan solo con tres meses conectado al nuevo poder, Padrino López estableció la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que incluía nuevas condiciones para el control militar del orden público, como el uso de armas mortales para  “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

2015: año del misterioso reposo

En julio de 2015 Maduro ratificó a Padrino López como su ministro de defensa durante los actos protocolares y de ascensos militares. Un mes más tarde, el propio gobernante reveló que le ordenó tomar un reposo médico, sin que ninguna fuente oficial revelase de qué enfermedad sufría.

En medio del hermetismo que suele reinar en estos casos en el gobierno chavista, hubo especulaciones respecto a que supuestamente sufrió un cáncer que le fue tratado en Cuba.

En septiembre de 2015, reapareció en unas fotos que lo mostraban en conversaciones desde La Habana con el fallecido Fidel Castro, ambos vestidos de ropa deportiva. La postura de Padrino López en una de esas gráficas, en las que lucía corporalmente inclinado hacia el líder de la revolución cubana, generó controversia en la oposición venezolana, quienes lo señalaron de «postrarse» ante Castro.

Tras meses de rumores,  Padrino aclaró en una entrevista en televisión que no tuvo cáncer, pero no especificó qué problema de salud padeció. 

«Mi salud está perfecta, me siento muy bien, hace cuatro meses tuve un percance, que fue atendido y superado. (…) Se tejió una serie de paradigmas antes esto, rumores, se quiso crear incluso un vacío de autoridad en la FANB en ese momento. Siguen saliendo temas de que estoy complicado, pero yo no tengo cáncer, mi problema no fue eso y no lo es», declaró en entrevista a Vladimir Villegas. 

2016: Pugnas con la AN legítima y  unción como «súper ministro»

Padrino volvió con todo después de la misteriosa enfermedad que lo mantuvo alejado e inició una polémica el primer mes del año contra la Asamblea Nacional de 109 diputados opositores que escogió el pueblo en elecciones legislativas. 

El 15 de enero de 2016, cuando Maduro ofrecía su Memoria y Cuenta, el presidente de ese parlamento, diputado Henry Ramos Allup, se refirió a Padrino López y al carácter apolítico que debe mantener la Fanb.

«La definición de lo que para nosotros debe ser la Fuerza Armada está en la Constitución. La Fuerza Armada sin apellido: Fuerza Armada Nacional(…) No puede ser política, no puede ser deliberante, no pueden estar sometidas a ninguna parcialidad política. (…) El militar activo que quiera hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política», sentenció en su discurso Ramos Allup.

Y aunque el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo deja claro al afirmar que «la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política», Padrino López dijo que la condición apolítica de las FANB desapareció con la Constitución de 1961

«Es propicio recordar que hace 16 años fue derogado por el pueblo venezolano, convocado como poder constituyente originario, el adefesio discriminatorio entre civiles y militares. Este tema, quizás ignorado por muchos, fue ampliamente debatido en la Asamblea Nacional Constituyente: Los principios de seguridad de la nación obligan en la formación militar a deliberar sobre las políticas del Estado. (…) No dice la CRBV que es apolítica y no deliberante. Por lo tanto, los términos apolítico y no deliberante para la Fanb quedaron en el pasado. Se fueron con la Constitución de 1961. Es historia».

Un mes después,  y como consta en una noticia publicada en nuestro sitio web, Padrino López ordenó  dotar dotar de armas largas y municiones a la Milicia Bolivariana y al pueblo. Estas directrices las estableció en un documento que entregó a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado para su ejecución ante supuestas amenazas a la independencia y soberanía del país.

 

En julio de 2016, Maduro  elevó a  Padrino López a una especie de función de «súper ministro» en un plan para enfrentar la supuesta guerra económica.

Todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, bajo el mando del Presidente de la República y bajo el mando del general en jefe, Vladimir Padrino López, a partir de este momento”, fueron las palabras que pronunció Maduro ese 11 de julio en cadena nacional.

De esa forma, Padrino López llegó a equipararse a un vicepresidente o cualquier cargo civil similar, en un cargo que le permitía supervisar la implementación de políticas públicas para mejorar el sistema agroproductivo e industrial, así como también la distribución de alimentos y fármacos en tiempos de alta escasez.

2017: atrocidades y represión a las protestas

La mayor ola de protestas contra el chavismo que se inició en marzo de 2017 y se extendió hasta julio desató la represión desmedida de las FANB. Muertes, torturas y robos fueron denunciados en el marco de esos hechos.

En junio de ese año, Padrino López reconoció parcialmente los excesos militares tras hacer un llamado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a actuar dentro del marco de la Ley.

“No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle”, advirtió entonces, y agregó que los funcionarios que se apartaran de la línea del Estado y que irrespetaran los derechos tendrían que «asumir su responsabilidad”. No obstante, en dos alocuciones posteriores, aseguró que la FANB estaba destinada «a servirle al pueblo» y desestimó las denuncias sobre actuación de grupos paramilitares que arremetieron contra los civiles opositores que participaron en un plebiscito. 

Luego, en noviembre de 2017,  la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el chavismo tras advertir sobre la ruptura del hilo constitucional,  denunció ante La Haya tanto a Padrino López como a Nicolás Maduro, Néstor Reverol y otros alto mando militares por la comisión de «crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población”. 

Cabe recordar que la Corte Penal Internacional reabrió en junio de 2023 la investigación contra Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la represión policial y militar de las manifestaciones antigubernamentales de ese año 2017, que causaron un centenar de muertos.

2018: sancionado por EEUU

El 25 de septiembre de 2018, La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (Ofac) anunció sanciones contra un grupo de funcionarios, entre ellos Padrino López,  En esa ocasión, EEUU dijo que estas sanciones apelaban al círculo de allegados que Maduro utilizaba para «aferrarse al poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela».

Padrino López había sido sancionado antes por el gobierno de Canadá, quien lo señaló de ser uno de los responsables del deterioro de la democracia en Venezuela. En febrero de ese año mismo, el ministro de Seguridad de Costa Rica giró instrucciones para prohibir su ingreso a ese país, ante rumores de que optaría por asilarse allí. 

Antes de que EEUU lo sumara a la lista de sancionados Padrino López  había fijado posición en torno a este mecanismo promovido por el Departamento de Estado contra otros miembros del cuerpo castrense como Rodolfo Marco Torres, Francisco Rangel Gómez, Fabio Zavarce Pabón y Gerardo Izquierdo Torres.

“No sé qué institución nacional o internacional condujo una investigación que arrojara la aplicación de una sanción ridícula y estúpida por parte del gobierno de EEUU contra compañeros de la FAN”, dijo el ministro de la Defensa, quien fue uno de los últimos militares activos venezolanos en estudiar en ese país, en donde fue capacitado para operaciones psicológicas en la Escuela de las Américas y luego en la Escuela de Infantería del Ejército, ambas ubicadas en Fort Benning, Georgia.

 

2019: ¿Se tambaleó su lealtad?

En enero de 2023 se constituyó un gobierno interino en Venezuela presidido por Juan Guaidó y reconocido por más de 50 países.  El propósito era encaminar el país a una transición democrática que desalojara del poder a Nicolás Maduro, que obtuvo un triunfo electoral en comicios de 2018 que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. 

Los meses avanzaban y las posibilidades de que se concretara esa meta se diluían. El 30 de abril al país lo madrugaron con una imagen de Guaidó junto al hasta entonces preso político, Leopoldo López, desde La Carlota. Llamaban a los ciudadanos salir a las calles para dar inicio a la “fase final” de la Operación Libertad, con el objetivo de que Nicolás Maduro dejara el poder.

En la mañana de confusos hechos, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló que estaban  “enfrentando y desactivando” a un grupo de militares que promovían un “golpe de Estado”, mientras que Padrino López rechazaba frontalmente el movimiento, al que calificaba de  “golpista» y le atribuía la supuesta misión de querer «llenar de sangre el país”.

El alzamiento falló, Maduro quedó en el poder y las versiones sobre el hecho no tardaron en conocerse. Dos meses tras el fallido intento militar, el exjefe del Sebin, Cristopher Figuera -quien participó del movimiento y liberó a Leopoldo López- reveló a The Washington Post cuál era el plan inicial. Y este supuestamente incluía a Padrino López.

Según su versión, el golpe al poder de Maduro se concretaría con una sentencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para devolverle los poderes a la Asamblea Nacional.  Esto, a su vez, permitiría a Padrino López forzar a Maduro a abandonar el poder. 

Figuera admitió que días antes del procedimiento tuvo sus dudas con Maikel Moreno y Padrino López y que cuando llamó por teléfono al ministro de la Defensa este rechazó contestarle, y alegó que estaba viendo la película Avengers: Endgame en el cine.

Tras los hechos, se difundió un video de familiares de Padrino López quienes le pedían «terminar la masacre» en Venezuela. 

«Hoy decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o como un tirano«, decía un primo de López en el audiovisual. 

«Será lo único que te lleves el día de tu partida. ¿Cuál será tu legado, primo? ¿Será basado en a promesa que un día nos hiciste, de mantenerte como un soldado institucional al servicio de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo, o será dejar la miseria, el vandalismo y la delincuencia?«, continúa en el mensaje. «Primo, no permitas el genocidio de nuestro pueblo«, agregaba

2020: Pandemia y acusación de EEUU

En el año en el que inició la pandemia el gobierno de Maduro ordenó en las primeras de cambio una cuarentena estricta que limitó la movilidad de los ciudadanos.

Padrino López anunciaba entonces que la  Fuerza Armada Nacional controlaría el acceso a los estados declarados en cuarentena obligatoria. En las calles el paso entre municipios y ciudades era restringido por muros de cemento o vehículos policiales y militares que obstaculizaban vías, en un intento por frenar al nuevo coronavirus.

En los meses siguientes, proliferaron las denuncias contra las alcabalas policiales y militares por supuesta extorsión a productores y ciudadanos que debían transitar por las vías por razones de trabajo.  

En ese mismo mes de marzo de 2020, en los albores de la pandemia, Estados Unidos acusó a Padrino López de realizar operaciones narcotraficantes en Honduras, Belice, Guatemala y México.

“[Ellos] suministraron códigos de autorización y coartadas para los aviones y lanchas que transportaban los cargamentos al inicio de su trayecto hacia Estados Unidos”, señaló el fiscal del Distrito Sur de Nueva York Geoffrey Steven Berman.

De esta forma, Padrino López fue incluido en una lista de 15 funcionarios de Maduro involucrados en una trama de narcotráfico y otros negocios ilícitos que, supuestamente, afectaron a la sociedad estadounidense. 

Por otra parte, y en el desfile del Día de la Independencia de ese año, Padrino López se quitó el tapabocas para afirmar que la oposición “nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela”.

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana (…) yo creo que es bueno que lo entiendan”, indicó Padrino López.

 

2021: «Tenemos armas para defender la democracia»

En su séptimo año al frente del Ministerio de la Defensa, Padrino López fue mencionado, junto a otros cuatro militares, en un juicio por lavado y evasión de sanciones en el Distrito Sur de Florida.  En marzo de este año también le tocó enfrentar las recriminaciones por la muerte de ocho militares  venezolanos a manos de grupos armados en ataques en Apure.

«Que no quede impune la muerte de estos dos compañeros. Busquemos hasta debajo de las piedras a los que causaron esta terrible pérdida a la FANB y a la patria entera», dijo Padrino López. 

En el mes de diciembre, pronunció un discurso en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés en el que hizo una advertencia a los «enemigos de la patria».

En el acto, celebrado en Barinas, emitió fuertes comentarios que generaron resonancia en redes:  «El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la patria, que es de todos los venezolanos.

2022: Visita resguardada a Las Tejerías

Con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia a Padrino López le tocó coordinar con su homólogo Iván Velásquez los detalles de la reapertura de la frontera.

En el mes de octubre, el estado Aragua sufrió aludes torrenciales consecutivos en Las Tejerías y El Castaño que dejaron decenas de muertos y cientos de damnificados. Al primer punto de desastre acudió Padrino López para hacer un recorrido, pero no lo hizo solo, sino completamente rodeado de militares, y supervisando el trabajo que otros soldados realizaban.

«Estamos llegando a los sitios más remotos a través de aeronaves de nuestra FANB, helicópteros que han sido desplegados para llevar, precisamente, alimentos y agua potable para los sectores más inaccesibles», apuntó el funcionario durante un recorrido, junto al estado mayor militar, en la zona del deslave.

2023: El defensor del Maduro «parturiento»

En un año que inició con múltiples protestas de educadores y trabajadores venezolanos por reivindicaciones salariales, Padrino López fungió como defensor del gobernante Nicolás Maduro y de su supuesta incapacidad para aumentar los sueldos. 

«Yo me imagino a mi comandante en jefe (Nicolás Maduro) pariendo como está para pagar los salarios, pariendo para mantener la Fuerza Armada, pagarle a los maestros y las maestras, recuperar las escuelas, ambulatorios y hospitales», declaró Padrino López en un acto que se realizó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas.

En la misma alocución, hizo alusión a la trama de corrupción develada en Pdvsa y otras instituciones del Estado, en las que se presume una corrupción que afectó al patrimonio nacional por miles de millones de dólares.

«Yo me imagino a mi comandante en jefe con una gran calentura por dentro de impotencia. No es solo un acto de corrupción, es un acto de traición a la patria (…) Estando nosotros pariendo aquí y venga un grupo inescrupuloso, sin conciencia cívica, nacional, sin patriotismo, despojado de toda ética y moral, venga y cometa estos desmanes contra la Patria».

El rostro de Padrino López también fue incluido en un monigote de Judas de cuatro cabezas que quemaron los feligreses el Domingo de Resurrección en La Candelaria.

Murió Tibisay Lucena, expresidenta del CNE por 14 años y actual ministra universitaria
Lucena fue la rectora electoral de confianza del chavismo. Estuvo frente al CNE por 14 años y en septiembre de 2021 fue designada ministra de Educación Universitaria

 

Este 12 de abril la vicepresidenta del madurismo, Delcy Rodríguez, anunció la muerte de Tibisay Lucena, actual ministra de Educación Universitaria y quien estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral durante 14 años. 

En un mensaje en Twitter, Rodríguez comentó: «Ha cambiado de paisaje Tibisay Lucena. Hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y ministra de Educación Universitaria. Fue una verdadera militante por la vida, y libró su última batalla sin tregua. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos .Vuela alto, hermana». 

Rodríguez no precisó la causa de la muerte de Lucena, quien durante años estuvo convaleciente por cáncer. En el año 2011, trascendió que fue intervenida quirúrgicamente por laparotomía en la Policlínica Metropolitana. Tras la cirugía, se detectó el cáncer que había iniciado en el músculo Psoas Ilíaco y que se habría extendido a otros órganos cercanos en la cavidad pélvica.

Lucena se sometió a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Trascendió que en sus últimos meses de vida su condición se agravó por varias metástasis.

En octubre de 2021, Lucena fue nombrada ministra de Educación Superior, en sustitución de César Trompiz. También se desempeñó como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).

El gobernante Nicolás Maduro lamentó el fallecimiento de Lucena, de quien resaltó su «integridad y fuerza moral» y a quien calificó como una «defensora de la democracia y la educación» en Venezuela. 

14 años al frente del CNE

Lucena, socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela,  fue la rectora electoral de confianza del oficialismo. Acumuló tres períodos, 14 años y más de 5.000 días al frente del Consejo Nacional Electoral (2006-2020). Dirigió 18 procesos electorales en medio de denuncias por permitir el ventajismo electoral del partido de gobierno.

De esa cargo salió en el año 2020, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, a cargo entonces de Maikel Moreno, designó a Indira Alfonzo en un proceso que violó la Constitución,  ya que los rectores del CNE deben ser designados por dos terceras partes de la Asamblea Nacional. 

En el año 2017, Lucena fue sancionada por Estados Unidos y Canadá por dirigir la elección de la asamblea nacional constituyente. Fue señalada de «socavar la democracia y los derechos humanos». Un año después, Panamá y la Unión Europea hicieron lo propio y la señalaron como responsable del deterioro de la democracia del país y México le prohibió la entrada a su territorio. 

Tras conocerse su nombramiento como ministra de educación universitaria en 2021, los estudiantes protestaron contra su designación. En su breve paso al frente de ese despacho, las protestas de los profesores de educación superior se incrementaron por la aplicación del instructivo Onapre, que disminuyó sus salarios, primas y bonos salariales, y por polémicas decisiones como fraccionar el pago del bono vacacional en agosto de 2022. 

Hasta último momento Lucena sostuvo que las nóminas de las universidades «se estaban pagando perfectamente», y que, pese a algunas «disidencias» por parte de los sindicatos, el sueldo de los empleados universitarios se había visto «favorecido».

Purga madurista: Los detenidos en el poder judicial y los delitos que se le imputan
Hasta ahora, tres funcionarios del Poder Judicial fueron detenidos en la purga madurista: el expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret,  José Mascimino Márquez García, juez 4º de Control con Competencia en Delitos de Terrorismo y el juez Yorwis Bracho Gómez
Los tres funcionarios, reveló la Fiscalía, son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación

 

El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó el pasado 25 de marzo que son tres los detenidos hasta la fecha por hechos de corrupción en el Poder Judicial.

Resaltan en este grupo las detenciones del expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y de José Mascimino Márquez García, juez 4º de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ambos funcionarios del Poder Judicial se concertaron para otorgarle medida cautelar a Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como “El Tren del Llano”.

La intención, según aseguran, es que Cheremos Carrasquel pudiera ser juzgado en libertad.

Por otra parte, se conoció sobre la detención en Falcón del juez Yorwis Bracho Gómez. La investigación reveló que al momento de celebrar una audiencia especial de tercería acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, que eran objeto de medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público.

«Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales», se lee en un despacho de la Fiscalía.

Los tres funcionarios, reveló el Ministerio Público, son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.

Los detenidos en el Poder Judicial

Cristóbal Cornieles Perret

El expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez, hace apenas cuatro meses, en octubre de 2022.

Egresó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y participó en la redacción de la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Fungió también como consultor jurídico de la Asamblea Nacional de corte oficialista del año 2020 y asesoró legalmente a la extinta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

En el cargo lo sucedió Katherine Harington, abogada y especialistas en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas, cuyas actuaciones pasadas le han valido varias sanciones en el exterior por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y hasta la Unión Europea.

 

Mascimino Márquez GarcíaPoder Judicial corrupción venezuela

Márquez García fue noticia a principios de este año por presuntamente favorecer la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, uno de los integrantes de la organización delictiva Tren del Llano, según reseña el portal Últimas Noticias.

Últimas Noticias señala que  la liberación de Cheremos Carrasquel fue instruida por Mario Aquino, uno de los asistentes del Circuito Judicial Penal Caracas, quien le envió un mensaje vía WhatsApp al juez Márquez García para que decretara el juicio en libertad del sujeto imputado por tráfico ilegal de armas de guerra, entre otros delitos.  

Posteriormente, el pasado 15 de febrero, Cheremos Carrasquel fue recapturado en la sede del Palacio de Justicia de Caracas.

El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra  dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. 

Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021.

También en ese mismo mes, ordenó la detención y privativa de libertad del periodista Ronald Carreño, tras admitir la acusación del Ministerio Público y desestimar los argumentos de la defensa. 

A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla,  en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.

José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo, ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno. 

 

Jorwis Bracho Poder Judicial

Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho,  se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación «guerra contra la corrupción». Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.

Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del operativo «Manos de Hierro».

Violencia y minería ilegal se recrudecen en Amazonas tras operativo militar en el Yapacana
Organizaciones civiles de la entidad registran un repunte de la violencia en esta área protegida
Las víctimas son aborígenes de diversas etnias que están vinculados con la defensa de sus territorios

 Por: Lorena Meléndez G. @loremelendez y Joshua De Freitas @joshuadfh 

Imagen de portada: SOS Orinoco

 

“Cuando se reporta una desaparición en Yapacana se espera lo peor”, afirmó Nelson Cayupare, coordinador del Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, cuando se le preguntó por las muertes y desapariciones registradas en las últimas tres semanas en el parque nacional de Amazonas donde la minería ilegal ha devastado más de millar y medio de hectáreas.

El 6 de enero de este año, el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, publicó en sus redes sociales el hallazgo del cadáver maniatado de un indígena venezolano en el Yapacana. Guarulla dijo que la víctima podría ser Alejandro Rojas, de la etnia jivi, quien había desaparecido dos semanas atrás.

Tanto el exgobernador como las ONG SOS Orinoco y Control Ciudadano presumen que los responsables del asesinato y la desaparición de los líderes indígenas son los grupos de guerrilla colombiana que hacen vida en territorio venezolano. 

“Entre el último trimestre del 2022 y lo que va del 2023 van cinco muertos en la zona, pero no hay duda de que haya un subregistro. Existe un miedo inmenso entre las comunidades a denunciar y registrar tanto las muertes violentas como las que ocurren dentro de las minas por deslizamientos de tierra dentro de las fosas”, advirtió Cayupare.

Recordó que el cadáver se consiguió el mismo día que la comunidad protestaba por la desaparición de varios de los líderes indígenas que habitan la zona, entre ellos, Wilberto Ángel Camico Menare, quien está desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, el joven de 36 años y coordinador del comité de indígenas baniva de Yacapana, fue visto por última vez con miembros de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela en la zona de Sabana Grande, cerca del parque nacional. 

“La versión que manejamos relaciona la desaparición con el operativo militar en Yapacana en noviembre para ‘limpiar la zona de minas’: una represalia por parte de los disidentes de las FARC”, señaló Cayupare.

Wilberto tuvo roces con miembros disidentes de las FARC por los derechos de los mineros en uno de los campamentos. Al parecer, él acompañó a los miembros de la Fuerzas Armadas Nacionales en la quema de los equipos de la mina controladas por las FARC. La última vez que se vio a Wilberto fue en una reunión con los grupos armados irregulares”, agregó Cayupare por teléfono mientras viajaba a Puerto Ayacucho con la esperanza de llevar el caso al Ministerio Público. 

Para el coordinador del comité de Derechos Humanos, la carencia de servicios públicos es una de las trabas para llevar los casos ante la justicia. La electricidad llega dos veces a la semana y solo en la capital, del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, existen locales que brindan internet. Para ir desde Atabapo hasta Puerto Ayacucho se tarda mínimo un día en bote. La moneda de uso es el peso colombiano. 

Los cinco comités dedicados a la defensa de los pueblos indígenas del municipio Atabapo, donde está el Parque Nacional Yapacana, coinciden en que el aumento de la violencia en la zona se remonta a 2016, cuando Nicolás Maduro decretó  la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. “Pese a quedar a kilómetros de distancia, los grupos armados irregulares han tenido mayor presencia en el país para montar campamentos mineros desde entonces”, agregó Cayupare. 

Retrato de Wilberto Ángel Camico Menare. Foto cortesía: Waka Noticias

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) denunció el incremento de la deforestación por minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana en 49% entre 2021 y 2022. A través de imágenes satelitales, MAAP pudo calcular cerca de 1.537 hectáreas de zonas intervenidas solo en las cercanías del Cerro Yapacana debido a la extracción ilícita de oro y otros minerales. La pérdida de cobertura vegetal amazónica en esa zona protegida por el Estado venezolano fue de 757 hectáreas en un año. Del total de deforestación acumulada, 17 hectáreas son de la cima del tepuy sagrado. 

En los informes del MAAP, las imágenes satelitales demuestran que los campamentos de minería dentro del parque nacional, y específicamente dentro del Cerro Yapacana, no han sido completamente desmantelados después del operativo militar. 

“Dada la escala masiva de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, está claro que una sola operación no es suficiente para desmantelar miles de campamentos mineros y retirar a miles de mineros ilegales. Se necesitan esfuerzos a gran escala y a largo plazo”, concluyó el MAAP en su informe publicado este 16 de enero. 

Mapa de la evolución de la minería en el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. Autor: Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)

Mientras los comités indígenas en Atabapo denunciaron que las autoridades no han hecho procedimientos de búsqueda para Camico, un menor de edad murió el pasado 8 de enero en las fosas de la mina Cacique, sector Platanillal del Yapacana. Su nombre era Cleubulo Henríquez.

De acuerdo con el comité de Derechos Humanos de Platanillal, citado por el portal Waka Noticias, Henríquez fue un deportista y estudiante que vivía en el sector Humboldt de la ciudad de Puerto Ayacucho. El joven visitó a su madre en las minas y, mientras trabajaba en una de las fosas, una piedra le cayó encima. 

El silencio como constante

A Eligio DaCosta se le quiebra la voz cuando habla del asesinato de Virgilio Trujillo, el indígena piaroa y coordinador de los guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, en el estado Amazonas, a quien mataron el 30 de junio de 2022 con varios disparos en la cara en un barrio de Puerto Ayacucho, capital de la misma entidad.

“Virgilio estaba con nosotros en la organización ese día”, relató DaCosta, indígena baniva que coordina la Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas (ORPIA), institución que formó a los 30 guardianes territoriales que, como la víctima, protegen la cuenca del río Sipapo. “A media hora de salir de la reunión, nos enteramos de que le habían disparado. Eso fue un impacto fuerte, porque él era mi amigo. Yo lo ayudaba muchísimo porque él estaba comprometido con su territorio, con la defensa de la naturaleza”.

Armados con un bastión, una herramienta de madera para su protección, los guardianes territoriales fueron formados con el fin de resguardar los territorios indígenas y proteger la biodiversidad, por eso, quien ingresa a la zona que custodian, deben pedirles permiso. Semanas antes del asesinato de Virgilio Trujillo, grupos armados invadieron su territorio.

“Ellos estaban haciendo ese trabajo, protegiendo, buscando la forma de mediar con los mineros y que se salieran de allí los indígenas que también estaban trabajando. Pero como intervienen otros elementos externos, se genera el asesinato”, afirmó el coordinador de ORPIA.

El crimen, según DaCosta, dejó conmocionados tanto a los otros guardianes como a la comunidad del Alto Sipapo, donde vivía Virgilio. “Eso fue tan impactante para nosotros que dejamos de trabajar casi tres meses. Estábamos en zozobra, porque después amenazaron a otros compañeros”. 

El hecho, dijo el coordinador de ORPIA, también generó conflictos entre los pueblos indígenas, porque muchos miembros de las comunidades participan de la minería que azota la zona. Fuentes vinculadas al activismo ambiental confirmaron a Runrun.es que los grupos guerrilleros que explotan oro con maquinarias en los márgenes del río están vinculados con el asesinato. 

Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar el territorio nacional. Trabajaremos sin descanso para esclarecer el crimen que ha causado conmoción en el estado Amazonas”, escribió en Twitter el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, pocos días después del asesinato. Pero casi siete meses después del crimen, el Estado no ha dado ninguna respuesta sobre el hecho.

Vulnerables en su propio territorio

Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) entre 2015 y 2020 se registraron 102 hechos victimizantes contra los campesinos defensores del derecho a la tierra en territorios venezolanos. La ONG calculó que 37,25 % de los casos se refieren a detenciones arbitrarias, mientras que 14,71 % han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 13,73 % fueron asesinatos selectivos.

Cifras aportadas por la ONG Provea revelan que desde 2010 al menos 47 indígenas de los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados tanto por uniformados como por actores no estatales.

“Durante el año 2022, se produjo un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, sobre todo en el estado Amazonas, donde la minería está legalmente prohibida”, dijo el coordinador de Odevida capítulo Venezuela, Raúl Cubas. “Sin embargo, bandas de la delincuencia organizada han tomado el control de vastos territorios indígenas, imponiendo sus reglas violentas de juego, que son las responsables de asesinatos de indígenas en Amazonas y Bolívar”, continuó. 

Del grupo de indígenas asesinados por temas relacionados a la minería registrado por la sociedad civil venezolana, 25 casos se vinculan al sicariato o a miembros de organizaciones guerrilleras. En 15 casos, los señalados son los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Un elemento en común en todos estos casos es la falta de resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por lo que hasta el día de hoy no hay ningún imputado, en todos estos hechos que enlutan a las comunidades indígenas de la Amazonia-Orinoquia venezolana”, agregó Cubas. 

El 11 de enero el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró en su cuenta de Twitter que Venezuela muestra “éxitos” contra la minería ilegal y la deforestación, luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunciara que en el Parque Nacional Yapacana se está destruyendo el medio ambiente. 

“En materia de protección ambiental existe un retroceso sin precedentes, cuando Venezuela históricamente fue un pionero en esta materia”, contrastó Cubas. Indicó que mientras el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, “impulsa políticas protectoras del ambiente y de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en Venezuela el gobierno ignora el Acuerdo de Escazú —que acaba de aprobar el Congreso de Colombia—, que garantiza los derechos a la participación, información y justicia en materia ambiental”.  

Para el abogado especializado en derecho indígena e investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, los indígenas son más vulnerables ante todo lo que ocurre en la Amazonía. Es allí donde están sus territorios ancestrales y sitios sagrados, además de ser el espacio donde practican la caza, pesca y recolección. “Frente a la expansión macabra del extractivismo y sus lógicas perversas (minería ilegal, narcotráfico, pistas clandestinas, grupos armados irregulares, etc) los pueblos indígenas están en la primera línea de desprotección”, aseguró. 

Los indígenas, recalcó Aguilar, como los garantes del bosque y la selva Amazónica,  son quienes enfrentan a los actores irregulares y grupos armados que invaden sus territorios. “El asunto es que la confrontación es asimétrica. Mientras que unos tienen armamentos sofisticados los indígenas solo tienen arcos y flechas. Paradójicamente, ante la ausencia del Estado, los pueblos indígenas son los custodios de las fronteras y del territorio nacional”, sentenció Aguilar.

El Estado tiene una deuda de más de dos décadas con los pueblos indígenas porque todavía no ha delimitado la mayoría de sus territorios, un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. Líderes como DaCosta opinaron que si sus tierras estuviesen demarcadas, protegerlas sería más sencillo. En esto también coincidió Aguilar. “Los pueblos indígenas tendrían una razón mayor y más contundente para salvaguardar y defender sus territorios. Sería un mecanismo de contención de la lógica extractiva que ha inducido a una ínfima minoría de los indígenas a tener que practicar la minería ilegal, a la prostitución o al contrabando de combustible en algunos espacios”, apuntó el abogado. 

Estos títulos de propiedad, como documentos legales, les permitirían “accionar a nivel de tribunales nacionales e internacionales por el derecho a la vida (mediante la garantía del derecho al territorio), incluyendo la posibilidad de que se configure contra funcionarios del Estado (incluso contra miembros de grupos irregulares armados), responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, por estar en presencia de lo que el catedrático español Bartolomé Clavero denominara una suerte de genocidio cultural silencioso”, señaló Aguilar.