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Equipo de Investigación RR

Interpol busca a venezolano prófugo por crimen de fiscal paraguayo en Colombia
Dos venezolanos participaron en el crimen del fiscal paraguayo en Colombia: uno le disparó y el otro transportó en moto acuática al autor material
Interpol busca a Gabriel Luis Salinas Mendoza quien, sospechan, puede estar en Venezuela
Un experto colombiano no descartó que el Tren de Aragua esté vinculado con el crimen

 

Dos venezolanos participaron en el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci. A uno de ellos lo busca activamente Interpol y se sospecha que está en Venezuela.

El suceso ocurrió el pasado 10 de mayo en la playa de un hotel en la península de Barú, una isla que se ubica a 45 minutos en lancha desde Cartagena de Indias.

Uno de los venezolanos implicados en el caso fue Wendel Scott Carrillo, a quien señalan de ser el autor material del crimen.

A este sujeto lo detuvieron en un operativo en Medellín el pasado 3 de junio junto a cuatro personas de nacionalidad colombiana: Francisco Galeano, Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño. 

Los delitos que les imputaron fueron homicidio agravado y fabricación, así como tráfico y porte de armas de fuego.

Alerta azul de Interpol contra venezolano prófugo

Por otra parte, las autoridades colombianas e Interpol buscan activamente al otro venezolano, de nombre Gabriel Luis Salinas Mendoza, alias «Mendoza»

Este hombre condujo la moto acuática en la que se transportaba el otro venezolano que se bajó de la unidad y disparó contra el fiscal.

El sujeto logró burlar a la policía en la redada en Medellín en la que detuvieron a sus cómplices y escapó.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, comentó en rueda de prensa que es posible que alias «Mendoza» esté en Venezuela.

Además, sostuvo que el implicado es integrante de una organización criminal dedicada al sicariato «al servicio de estructuras criminales trasnacionales»

«Hemos publicado, y así lo comunicamos a Interpol, la circular azul para la ubicación de otro sujeto. Hay información de que ha salido del país como la mayoría desafortunadamente del narcotráfico y el terrorismo que están buscando a Venezuela como refugio», declaró Vargas.

A su vez, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Mario Doldán, reveló que pidió colaboración a las autoridades peruanas para dar con el paradero de Salinas Mendoza.

“Entablamos conversaciones con autoridades peruanas, que son nuestro enlace con Venezuela,  para que también nos colaboren en la búsqueda y localización de ese sujeto, por si pudo haberse ido a Venezuela”, declaró a una emisora local.

Así siguieron y mataron al fiscal paraguayo en Colombia

Medios colombianos informaron que el grupo delictivo comenzó a seguir a Marcelo Pecci desde el 5 de mayo, cuando recorría junto a su esposa, Claudia Aguilera, la ciudad de Cartagena de Indias por su viaje de luna de miel.  

Un día después, los dos venezolanos involucrados en el caso y un colombiano alquilaron un apartamento cercano a la zona para vigilar y planear la operación.

Entretanto, otra mujer y otro hombre implicados se registraron en el mismo hotel en el que estaban el fiscal y su esposa.

El supuesto encargado de la operación, identificado como Francisco Luis Correa Galeano se habría alojado en un lujoso hotel en Cartagena cerca de sus cómplices, y recibió información allí de sus pasos.

El 10 de mayo, los dos venezolanos se dirigieron al sector de Playa Blanca y alquilaron la moto acuática que se usó para cometer el crimen.

Cerca de las 9: 30 a.m. del 10 de mayo,  uno de los venezolanos (Scot Carrillo) se acercó al lugar donde el fiscal Pecci tomaba el sol, se bajó de la moto y le disparó en tres ocasiones.

Seguidamente, subió a la moto que manejaba el otro venezolano y huyeron del lugar.

Los implicados, según las primeras investigaciones, pertenecen a una red delincuencial de Antioquia y habrían cobrado 120.000 dólares por cometer el asesinato.

Las organizaciones criminales señaladas en el caso

 En la investigación del crimen de Marcelo Pecci buscan corroborar si los involucrados tienen nexos directos con el “Clan del Golfo”, grupo con el que investigadores señalan, el Tren de Aragua también está vinculado. 

A su vez, un experto colombiano no descartó la participación del Tren de Aragua en el asesinato del funcionario paraguayo. 

Enrique Pertuz, coordinador de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, declaró a Caracol Noticias que esta megabanda venezolana es un grupo “muy violento” que se disputa el control de todas las economías ilícitas en la zona de frontera y que tendría nexos con el Clan del Golfo.

“Son estructuras bien armadas, con jerarquía, mando y responsables de un sinnúmero de personas desaparecidas en esta zona de frontera. Practican los secuestros exprés y (por) él no pago en 72 horas o una semana, los secuestrados son asesinados», indicó el experto.

 

En  los últimos años, el Tren de Aragua se ha expandido hacia la zona fronteriza de Colombia y otros países como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, 

Por otra parte, uno de los cinco capturados por el asesinato del fiscal Pecci habría informado sobre la participación del PCC o Primer Comando Capital en el crimen. 

Esta organización delictiva surgió en la cárcel de San Pablo, Brasil, y sus negocios principales son el narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

Caracol Noticias entrevistó a Jorge Mantilla, director de la Fundación Ideas para la Paz, quien precisó que este grupo delincuencial también se ha convertido en una especie de “gestor” de los mercados ilegales en países como Argentina y Paraguay. 

Mantilla señala que, aunque el PCC no tiene células en Colombia, sí establece alianzas con bandas de ese país para llevar a cabo operaciones ilegales. 

No obstante, el fiscal paraguayo Manuel Doldán aseguró que esta versión no surgió de fuentes oficiales.

 

 

ESPECIAL ⎸Triple riesgo: ser mujer, indígena y defensora ambiental en América Latina
Quince defensoras latinoamericanas de ambiente y territorio fueron asesinadas en el 2020, siete de ellas eran indígenas, de acuerdo con el informe anual de  Global Witness.
 Detrás de esos asesinatos hay una escalada de violencia física, psicológica y sexual que viven las lideresas indígenas, quienes son estigmatizadas, criminalizadas y acosadas por su labor en la defensa de ríos, el territorio y la vida misma.
En América Latina, las defensoras indígenas han formado redes de apoyo donde promueven el autocuidado como una “práctica política”.
Este especial es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun.es en Venezuela 

 

Por Vanessa Romo Espinoza y Gloria Alvitres

 

Las mujeres Wayuú en Colombia son una fuerza colectiva. Han conocido el miedo y las amenazas de quienes las vigilan día y noche por estar en contra de la minería que contamina sus ríos y sus tierras en la región de La Guajira. Ellas decidieron unirse y organizarse. Juntas se cuidan, defienden su territorio y los recursos naturales que dan vida e identidad a sus pueblos indígenas. También han asumido el rol de mantener la memoria de sus familiares asesinados. 

“Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, una de las lideresas que integra esta lucha. En América Latina, ser mujer, ser indígena y ser defensora ambiental significa una triple amenaza que deben enfrentar para sobrevivir. 

“El grueso de los asesinatos a defensores (ambientales y de territorio) se dan en Latinoamérica, muy por encima de otras regiones del mundo”, comenta Laura Furones, especialista de Global Witness, organización ambiental que desde el 2012 realiza un informe anual sobre el tema y que para 2020 documentó el asesinato de 145 defensores ambientales en la región —60% de todos los registrados a nivel mundial—, de los cuales quince eran mujeres y, de ellas, siete eran indígenas. Esta última cifra es preocupante si se toma en cuenta que los pueblos indígenas representan un 5% de la población mundial. 

Mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Amazon Frontlines.

“Pero el asesinato es el caso más extremo. Hay una violencia con rasgos muy claros hacia la mujer”, agrega Furones. Ellas, a diferencia de sus compañeros, deben enfrentar daños físicos, psicológicos y sexuales, acoso y persecución por defender sus medios de vida de traficantes de tierra, de taladores, mineros ilegales, narcotraficantes y de los grupos criminales que buscan imponerse en sus territorios.

Información recopiladas por el proyecto periodístico Tierra de Resistentes, que registra los actos de violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio en América Latina, aporta más información a la reunida por Global Witness. Entre 2010 y 2020 —de acuerdo con la base de datos construida y que cubre 12 países de la región— se registraron más de 340 ataques en contra de mujeres indígenas defensoras. La gama de las violencias es amplia e incluye el acoso judicial, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, el desplazamiento y la violencia sexual.

Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun.es en Venezuela decidimos investigar cómo afecta esta violencia a las mujeres indígenas que defienden el ambiente y su territorio, qué luchas están liderando y qué estrategias de defensa colectiva han puesto en práctica para hacerle frente a las amenaza en Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

 

Mujeres, cuidadoras de la vida 

 

Una defensora ambiental es una mujer quien ha emprendido una lucha individual o colectiva a favor de los derechos humanos, específicamente los que están vinculados a la tierra, el territorio y el ambiente, según refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   Para la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas defensoras también difunden información, denuncian y promueven la organización comunitaria. “Pero para las mujeres indígenas es mucho más difícil ser líder, pues aún sufren una falta de reconocimiento de sus capacidades”, dice Alejandra Yépez, de la organización Amazon Watch Ecuador. Esto sucede pese a que las mujeres, históricamente, han estado a cargo de labores esenciales dentro de las comunidades indígenas.

“Ellas son las que tienen el rol de transmitir la cultura, la lengua, son las que se encargan de la salud y del cuidado. No poder acceder a sus territorios sanos interrumpe esas labores”, agrega Francisca Stuardo, de Global Witness. 

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá que denuncia el despojo de tierras por parte de empresas de generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, tiene claro este papel diferenciado de la mujer con respecto al territorio. “Somos cuidadoras de la vida”, señala. “No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidar a nuestra madre”.

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá, denuncia desde hace más de una década cómo las empresas de generación de energía eólica han impuesto sus proyectos en Oaxaca, México. Foto: Francisco Ramos

Alejandra Yépez, de Amazon Watch Ecuador, señala que son estos espacios de vida —el agua, los ríos, el bosque, la tierra— en los que se concentran las luchas de las mujeres indígenas. “La noción de tierra y territorio que tienen las mujeres indígenas no está disociado de su cuerpo. Para ellas es una extensión de este”, agrega Stuardo, de Global Witness. 

Bajo esta premisa, ejercer la violencia sobre el ambiente y el territorio es ejercerla también sobre las mujeres. “Por eso —remarca Stuardo— los ejercicios de defensa están protagonizados por mujeres, aunque no sean siempre visibles”.  

 

Las violencias contra las defensoras

Sofía Vargas, oficial del proyecto de Oxfam en Perú, comenta que justamente la lucha de las mujeres suele ser menos visible porque históricamente se les ha impedido el acceso a espacios donde se toman las decisiones políticas y de manejo de territorio. 

Para lograr tener protagonismo dentro de su comunidad o en su región han tenido que trabajar durante, al menos, diez años en temas comunitarios, muchas veces relacionados con salud materno infantil o soberanía alimentaria, comenta Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama. Para que una mujer se ponga al frente de la comunidad, dice, primero ha tenido que romper varias barreras personales. 

“El punto de partida es diferente para una mujer indígena, en comparación con un hombre indígena”, dice Mariel Cabero, especialista en justicia ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL). Ellas, señala Cabero, primero deben enfrentarse a los estereotipos impuestos por ser mujer.

Las violencias dirigidas a las mujeres defensoras indígenas también tienen sus matices particulares, si se les compara con los ataques que sufren los defensores indígenas hombres: “Hemos visto que los hombres son criminalizados y hasta los asesinan, pero las mujeres, muchas veces, son violadas y de esto no se habla. Se vive con esto, se carga con ese dolor”, comenta Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap). 

“La violencia sexual es una forma de agresión hacia las mujeres, de mostrar poder, de humillar. Se convierte en una forma de castigo por la labor de defensoras que desempeñan. Se les hace campañas de desprestigio que se refuerzan en estereotipos para poder descalificarlas”, señala Vargas de Oxfam. 

Laura Furones, de Global Witness, añade que aunque las mujeres defensoras son asesinadas en una tasa de 10% a nivel mundial, detrás de esta cifra se esconden otro tipo de agresiones. Francisca Stuardo, también de Global Witness, comenta que esta violencia no solo pasa por el ataque físico y sexual, sino también por los espacios que tienen para realizar estas denuncias. 

Ana María Fernández, del pueblo yukpa en Venezuela, ha perdido cinco de sus diez hermanos. Ellos luchaban por la recuperación de su territorio. Foto: Observatorio de Ecología Política de Venezuela

En el caso de Ana María Fernández, de la comunidad yukpa de Venezuela, sicarios le mataron a cinco de sus diez hermanos. Ella asegura que los asesinaron por encargo de terratenientes, militares y guerrilla colombiana que operan en el estado de Zulia y cuyo objetivo es apoderarse de las tierras indígenas. Aun así, ella se hizo luchadora social y ha seguido denunciando los abusos, por lo que ha sufrido discriminación, despojo y múltiples amenazas que han caído sobre las mujeres que más ama. Los que la acosan, han amenazado de violación a su hermana y han quemado la casa de su madre. 

Sobre la estigmatización, Bellanira López Sánchez, especialista de Protección Integral a Defensoras del Consorcio Oaxaca, organización no gubernamental en México, comenta que esta es una práctica común dentro y fuera de las comunidades indígenas: “Las mujeres que se ponen al frente en una lucha de resistencia tienden a ser señaladas, porque deberían estar haciendo otras labores como cuidar la casa o los hijos y por este trabajo de defensa estarían dejando esas labores”. 

Además, al tener un rol de cuidado dentro de las comunidades, son ellas a las que más les afecta en su cotidianidad el dedicar buena parte de su tiempo a la defensa del ambiente y el territorio. 

 

En Perú, como en otros países de América Latina, las mujeres indígenas tienen un papel activo en la defensa de su territorio. Foto: Cortesía Rainforest.

“Lo más difícil es dejar a mis hijos (durante los viajes a las comunidades). Y lo más triste es que la mayoría de las veces no hay cobertura (telefónica y de internet)”, confiesa Betty Rubio Padilla, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), perteneciente a la provincia de Maynas, en la región Loreto. Las defensoras sienten que están dejando de lado responsabilidades en el hogar y con sus familias. 

A Josefina Tunki, la primera dirigente en presidir el Pueblo Shuar Arutam, y referente de varias mujeres indígenas en Ecuador, la han insultado y difamado por ser mujer e indígena. Tunki reflexiona que, si bien ha recibido el apoyo de muchos hombres de las comunidades Shuar, el machismo ha hecho que muchas veces la traten distinto: “Se refieren a mí en términos no muy decentes”, cuenta.  

Pese a la gravedad de los ataques, no existen muchos datos en América Latina sobre las amenazas específicas en contra de las mujeres defensoras indígenas, señala Cabero de IUCN NL. “Estamos trabajando en monitorear y visibilizar estos peligros”, agrega.

Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam en una de las orillas del Río Santiago. Foto: Ana Cristina Alvarado

Algunas organizaciones, como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, han resaltado que la criminalización —abrir procesos judiciales en su contra— es una de las violencias a las que recurren cada vez más los actores que buscan frenar las luchas de las defensoras indígenas.

En uno de sus informes, la Iniciativa Mesoamericana resalta que “estos procesos usualmente no prosperan, lo que da cuenta de un patrón en donde las mujeres son criminalizadas por delitos que no se pueden confirmar, lo que podría develar un indebido uso judicial contra las mujeres”.

 

Cuando la protección nace desde adentro

“Luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, cuerpos policiales y guardia nacional, gobierno local y el mismo Estado que no permiten la demarcación de nuestras tierras», advierte Ana María Fernández, lideresa yukpa. 

“Son lideresas que luchan por sus tierras porque en esos espacios es donde está el alimento para su familia, el agua, sus lugares sagrados, su cultura”, dice Linda Bustillos, profesora de la Universidad de Los Andes (ULA).

¿Cómo se defienden las mujeres indígenas ante la desprotección de las autoridades estatales? Tejer redes y el autocuidado son herramientas que han sumado a la defensa del ambiente y territorio las mujeres cuyas historias son narradas en este especial.

Es el caso de Ana María Fernández, Carmen Fernández y Lucía Romero, tres defensoras indígenas que lideran la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tüonde, creada para defender a su pueblo de la escalada de violencia en esa región de Venezuela.

 

Betty Rubio (al frente de la primera balsa) es presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua).

Para instituciones como Onamiap, la autoprotección se convierte en una solución frente a las débiles acciones que los Estados realizan para proteger a las defensoras ambientales amenazadas, mecanismos que la mayoría de las veces no tienen un enfoque ni intercultural ni de género. 

“En algunos países se nos obliga a migrar a las ciudades como salida de la contaminación o de las múltiples violencias que vivimos en nuestras comunidades. Pero las mujeres lo pasamos mal en las ciudades. No es como en tu comunidad donde produces tu comida o hablas en tu lengua materna”, dice Melania Canales, de Onamiap. 

Bellanira López, de Consorcio Oaxaca, comenta que si existiera una perspectiva diferenciada para la protección de mujeres indígenas defensoras, se evaluarían casos donde no es necesario que salgan de su comunidad. “Es necesario revisar cuál es la causa del riesgo y tomar acciones a partir de este análisis”, añade. 

La necesidad de un enfoque distinto de protección se evidenció con más fuerza durante la pandemia del COVID-19, señala Laura Furones, de Global Witness. “Los mecanismos de defensa que ya eran frágiles han dejado de funcionar y esto aumenta el círculo de impunidad”, precisa. 

La ausencia de justicia y visibilidad de los ataques a las lideresas indígenas fue identificado por organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuú en Colombia. Es por ello que han recorrido La Guajira, de norte a sur, con una escuela itinerante que ha formado a más de mil mujeres en derechos humanos e incidencia política. 

 

Integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuú, en Colombia. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

 

En Ecuador, el colectivo Mujeres Amazónicas —conformado por representantes de siete nacionalidades indígenas—, además de defender el territorio amazónico y los derechos humanos, se ha convertido en un soporte de sanación espiritual y físico entre mujeres durante la pandemia. 

A nivel regional existe el Tribunal de Mujeres Amazónicas, iniciativa entre organizaciones indígenas y organizaciones privadas que busca mostrar las agresiones que viven las mujeres indígenas en América Latina. Y también está la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

“Ninguna es mártir y nuestros cuerpos no se ofrendan”, dice Bellanira López e insiste: “Si queremos defender nuestros derechos también tenemos que gozar de ellos. Hay que ver el autocuidado como una práctica política, porque nuestro primer territorio es nuestro cuerpo”.

Pero mientras las mujeres defensoras ponen sus cuerpos en juego, ¿cómo están respondiendo los países donde ellas viven?

 

Un llamado de emergencia a América Latina

Las especialistas consultadas por Mongabay Latam coinciden en que en América Latina aún falta mucho para lograr garantizar los derechos de las mujeres indígenas que defienden el territorio. “Escuchamos palabras grandilocuentes de los Estados cuando se refieren a programas de protección de las y los defensores, pero a la vez se recortan presupuestos para estas iniciativas, como sucede en México”, dice Laura Furones, de Global Witness. 

Tampoco, agrega Furones, existe una coherencia entre los proyectos económicos que se aprueban en los países y que representan una amenaza contra los territorios donde habitan los pueblos indígenas. “Esto se hace sin un mínimo de consulta a las comunidades”, resalta. Lo mismo destaca Mariel Cabero, de IUCN NL: “La consulta previa informada a los pueblos indígenas es un requisito, pero se suele hacer rápidamente y no se ofrecen procesos adecuados para que las comunidades conozcan bien lo que se realizará en sus territorios”.

 

La minería y la tala ilegal son solo algunas de las actividades que están perturbando los territorios de las comunidades indígenas. Foto: Cortesía pueblo Shuar Arutam

Para la especialista de IUCN NL, acuerdos como el de Escazú son fundamentales como guía para la defensa de los pueblos indígenas. En América Latina, entre los países que aún no han ratificado están Perú, Colombia y Venezuela. En el caso de Perú, Melania Canales, de Onamiap, señala que el nuevo gobierno, que asumió en julio de este año, debería plantear nuevamente al Congreso esta ratificación. 

El caso más extremo de desprotección lo vive Venezuela. Lexys Rendón, especialista en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, señala que existe “un retroceso importante en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales” en el país. “Hay un criterio generalizado para las personas que levantan la voz contra las políticas estatales de tildarlos como enemigos. Cuando hay mujeres que hablan en contra de proyectos extractivos son acusadas de traidoras a la patria”, dice Rendón. Para la activista venezolana, esta indiferencia a las demandas de los pueblos indígenas ha causado que solo un 17% de las comunidades tengan territorios delimitados, lo que los deja en una mayor vulneración.

Global Witness ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, la ONU y la Unión Europea de modo que se garantice la protección de defensores ambientales: “Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática”. Señala que se necesitan acciones urgentes a nivel internacional, regional y nacional para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, sin criminalizar a los activistas, sino proteger su integridad. 

“Muchas de nuestras compañeras en América Latina han sido asesinadas, incluso cuando tenían medidas cautelares que las protegían, como Berta Cáceres (defensora indígena de Honduras)”, agrega Melania Canales de Onamiap. 

 

Mural de Berta Cáceres en el centro de Tegucigalpa. La defensora Lenca fue asesinada en 2016. Foto: Sandra Cuffe.

Canales, quien recorre el Perú recogiendo las denuncias de otras mujeres indígenas, comenta que el primer obstáculo lo enfrentan cuando buscan presentar una denuncia: en muchas regiones, las instancias judiciales se encuentran a un día de distancia. 

“La violencia está institucionalizada y naturalizada”, dice la dirigente. Esto es algo que desde las comunidades, tejiendo redes, cuidando y defendiendo aquello que da vida, identidad y futuro a sus pueblos, las mujeres indígenas buscan cambiar. Y por eso alzan la voz en colectivo y cada vez lo hacen más fuerte.

ESPECIAL︱Mujeres de Jaspe: Seis lideresas del Pueblo Indígena Pemón cuentan su historia de coraje y resistencia

Texto y fotos: Morelia Morillo 

 

La realidad del Pueblo Indígena Pemón que habita en el extremo sureste venezolano,  no se aleja de la profunda crisis que atraviesa el país. Como nunca antes, los Pemón experimentan y resisten en carne propia el avance del extractivismo en la región, la fiebre del oro que revuelve todo. También son víctimas de la delincuencia, que como nunca antes había causado estragos en sus tierras ancestrales  y de la inédita  militarización del territorio justificada oficialmente por el supuesto control de la violencia. 

Para liderar a su gente en estos tiempos turbulentos, cada vez más comunidades indígenas Pemón escogen a mujeres como sus capitanas, como sus máximas lideresas, voceras de los asentamientos conformados por varias familias casi siempre emparentadas. Entre 2002 y 2005, otro momento cumbre del liderazgo pemón femenino, había cuatro mujeres al frente entre los seis sectores que conforman la Gran Sabana. Actualmente, son nueve sólo en el sector 6 – Akurimö, según Jorge Gómez, el líder de más larga trayectoria dentro del territorio pemón.

Probablemente estas mujeres son elegidas porque son  más organizadas, más gregarias, más aguerridas, más creativas, más honestas o porque simplemente representan un cambio frente al liderazgo tradicionalmente desempeñado por hombres también cuestionado en estos tiempos.

El especial Mujeres de Jaspe:  Seis lideresas del Pueblo Indígena Pemón registra las historias de coraje, orgullo y resistencia de un grupo de mujeres que han asumido el liderazgo en sus comunidades asentadas en la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, motivadas por la protección de su territorio, su cultura y su gente.

Para leer el especial Mujeres de Jaspe puedes hacer click en la imagen: 

 

ESPECIAL | Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de COVID-19, según una investigación de Runrunes y El Pitazo, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’*. Especialistas consultados sostienen que se trata de una «pantalla» y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. La llamada ‘justicia mediática’, detenidos sin paradero y sin procesos que garanticen una adecuada defensa marcan la irregular gestión gubernamental contra la pandemia en Venezuela.

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Vera

 

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el COVID-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Saab afirmó que Amell y Aguiar mantenían vínculos con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. “El director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte”, dijo el fiscal. Por este caso fueron detenidas cuatro personas más. 

Runrunes y El Pitazo registraron 40 detenciones en Venezuela, entre mayo de 2020 y abril de 2021, de individuos señalados por cuerpos policiales y funcionarios del Gobierno, acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de COVID-19 y presunta falsificación de resultados. 

La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. 

Septiembre de 2020 fue el mes en que se detuvo a Amell y el que aparece con más detenciones durante la pandemia. Solo por el caso del médico colombiano las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos al director del Hospital y a Juan Yánez, presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Ambos fueron destituidos de sus cargos y excarcelados el 30 de diciembre, tras 113 días privados de su libertad. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, agosto y septiembre fueron los meses donde más contagios y fallecidos se reportaron durante el primer año de la pandemia en el país. Sólo en agosto se registraron 28.154 casos, el 62% de los 46.728 que había hasta esa fecha, como publicó Runrunes.

El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal —una ONG venezolana que defiende presos políticos—, explicó que el Gobierno está convirtiendo investigaciones en instrumentos para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de propiciar la administración de justicia. 

“Lo que está pasando es que el Estado no está garantizando el derecho a la salud y en ese contexto es normal que la gente busque resolver su problema de una manera informal. El problema de fondo, que es la carencia de medicamentos e insumos, no se resuelve metiendo presas a 30 o 40 personas”, afirmó Himiob.

 

Justificación de una gestión ineficaz 

Rafael Alejandro Portales Navarro (31) y Zulay del Carmen García Serrano (33) son médicos cirujanos, especialistas en traumatología, que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2020 por funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía de Aragua. 

Al momento de la detención, ambos trabajaban en el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. La versión policial indicó que, después de un trabajo de investigación, los médicos fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban vender 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19, a razón de 30 dólares cada una. 

En la detención se incautaron 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19. Foto: Policía de Carrizal

 

La identidad de los médicos se dio a conocer de inmediato y se distribuyeron fotografías en las que se veían los rostros de los detenidos, aunque en la práctica policial venezolana la mayoría de estas tomas fotográficas suele realizarse de espalda a la cámara. Además, se difundieron fotos de sus respectivos carnets de trabajo donde se podían ver sus rostros y otros datos personales. 

Al día siguiente de la detención, en las redes sociales circuló la imagen de una boleta de libertad (N.139-20), firmada por Nitzaida Vivas Martínez, juez del estado Aragua, donde se solicitaba la libertad plena y sin restricciones para García Serrano. “En la revisión exhaustiva de las actuaciones, se evidencia que no hay delito que se pueda imputar”.

De acuerdo a los registros públicos y notas de medios analizados, en 11 meses han detenido a seis médicos y 16 de los hechos registrados por esta investigación son por ventas de pruebas para detectar el COVID-19. 

Himiob explica que la Ley de Medicamentos y la Ley del Ejercicio de la Farmacia establecen que sólo las farmacias y su personal calificado están facultados para la venta o comercialización de medicamentos. 

“No es que las personas que han sido detenidas por vender medicamentos o insumos médicos no estén cometiendo ninguna infracción, pues ciertamente se está violentando una disposición legal. El problema está en criminalizar esas ventas no por su propia ilegalidad sino porque el Gobierno quiere mantener la hegemonía y el control absoluto sobre la pandemia, y no facilita el acceso de los pacientes a esos medicamentos por los canales regulares”, argumentó Himiob. 

El manejo de la pandemia por parte del gobierno venezolano se ha caracterizado por el control absoluto y la opacidad en la información. La primera entrega de la investigación que desarrolla la alianza Vigila la Pandemia, dejó al descubierto cómo el gobierno de Venezuela y el de otros seis países en la región han rechazado desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de dólares

“Cuando desde el poder se trata de consolidar una determinada narrativa, incluso antes de que comience la investigación, dirigida a criminalizar de entrada a una persona sin respetar el debido proceso, su derecho a la defensa y los plazos de la investigación, ya hay algo que huele mal”, sostuvo Himiob. “El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, agregó. 

Lo dicho por Himiob no es una práctica nueva del oficialismo. Ya en 2016, cuando la escasez de alimentos en Venezuela estaba en su punto más crítico, las autoridades encarcelaron a quienes comercializaban productos regulados. La Ley de Precios Justos (2014), destinada a controlar la inflación y el abastecimiento de insumos básicos, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes revendan estos productos y establece también el delito de contrabando de extracción, uno de los imputados a Amell. 

El nuevo coronavirus llegó a Venezuela cuando el sistema sanitario del país ya se encontraba afectado por la crisis hospitalaria. Los médicos atienden a pacientes con COVID-19 en instituciones sin agua y con electricidad intermitente, con escasos insumos médicos y reducidos equipos de bioseguridad. Durante la pandemia, han fallecido 582 trabajadores de la salud por causas asociadas al coronavirus.

 

 

Justicia mediática

Los soldados José David Camperos (19) y José Díaz Blanco (25) fueron detenidos el 1 de septiembre de 2020, junto a otras tres personas, en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. La prensa local reseñó que las autoridades habían recibido “numerosas” denuncias contra los detenidos por la presunta venta de pruebas rápidas para Covid-19. 

De acuerdo con el reporte, al grupo le incautaron 41 cajas de test de descarte rápido para el COVID-19 (1.025 pruebas). El organismo de seguridad presume que los dispositivos habían sido tomados de un centro de salud, pero no ofreció más información. Se informó que todos los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la evolución del caso y no se ha dado información pública sobre el paradero de los detenidos. 

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que el Estado venezolano solo ejerce una ‘justicia mediática’, pues explicó que las autoridades informan sobre presuntos responsables de ciertos delitos, pero no ofrece detalles sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial que se le sigue a los casos. “Es una justicia sólo de titulares, pero no de sentencia firme”.

Sostiene que en la Justicia venezolana ha cobrado fuerza una práctica irregular que sólo alimenta el patrón de impunidad: el Estado acusa o juzga a los más débiles de la cadena. “Se usan a estas personas para crear la matriz de opinión de que el Estado venezolano lucha contra el contrabando de extracción de medicinas o tráfico de vacunas, pero no sanciona realmente a los verdaderos responsables”, afirmó Daniels.

“Decir que no hay medicinas porque una o dos personas tienen en su poder algunos productos no evidencia una red de tráfico, por ejemplo, porque ese entramado implicaría que hay un volumen de personas involucradas en concierto para concretar una acción delictiva. Las detenciones aisladas realmente no indican que se está combatiendo el problema”, añadió Daniels.

El abogado señala que el Gobierno viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al anunciar públicamente la responsabilidad de ciudadanos en presuntos delitos sin haber tenido elementos suficientes para acusarlos. Considera que no perseguir los casos de corrupción se ha convertido en una “política de Estado” y resaltó que la Justicia ha sido ineficaz para resolver los casos. “En el caso de las medicinas, se detiene a la persona y no hay un acto frente a un juez donde se presente el caso; ese caso muere, pero crea la imagen ante los venezolanos de que la justicia es eficiente”.

 

Los grandes emprendedores de la pandemia 

Mientras el gobierno de Maduro detiene a personas por presunto contrabando de extracción y otros delitos, hay casos que despiertan sospechas más contundentes y que las autoridades no han señalado. El 2 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) informó que los viajeros que entraran al país debían realizar la prueba PCR con un laboratorio que dispusieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para ese fin. Ese laboratorio apenas tenía 21 días de haberse constituido

En mayo de 2020 comenzó a observarse, en la base de datos creada para esta investigación, la venta de pruebas COVID-19 por particulares.  En la misma línea de las declaraciones de Maduro, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado declararon a la prensa, en el momento de las detenciones, que la aplicación de estas pruebas era gratuita y debía ser controlada por el Ministerio de Salud. En paralelo a esta situación, surgieron laboratorios privados y ventas de estas pruebas a domicilio promocionados mediante anuncios por la red social Instagram. 

Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la información sobre las compras y contrataciones, así como la lista de materiales y bienes asignados, debe publicarse en formatos de datos abiertos. Sin embargo, en Venezuela las contrataciones, adquisiciones y asignaciones que se han hecho durante la pandemia están marcadas por la opacidad y la discrecionalidad.

En el sector salud, las únicas investigaciones anunciadas por las autoridades venezolanas en los últimos años son casos de corrupción “que no involucran grandes cantidades de dinero público ni la participación de funcionarios de alto nivel con responsabilidad en el manejo de recursos”, afirmó Rojas.

 En el primer decreto de estado de alarma dictado por Maduro, en marzo de 2020, cuando se confirmó la presencia del COVID-19 en Venezuela, se dispuso la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. De los 12 funcionarios que ha elegido el presidente para que sean parte de esta comisión, cinco han sido sancionados por Estados Unidos, como Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Ambos son acusados por la justicia norteamericana de presunto tráfico de drogas. 

En paralelo a la opacidad del oficialismo y al surgimiento de nuevas empresas privadas que comercializan insumos médicos, Amell continúa privado de libertad, sin que trascienda información sobre su caso. Otro acusado por el oficialismo, Luitxon Alejandro Caripe Ochoa, de 26 años, quien fue detenido en julio de 2020 en Caracas por presunta estafa con pruebas rápidas para detectar Covid-19, terminó limpiando su nombre por redes sociales luego de ser liberado y sin información sobre el proceso judicial en su contra. “Bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquí estoy y desmiento la investigación efectuada (…) que nunca se hizo”, aseguró en un publicación de un medio local del estado Vargas.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL  ⎸Se investigan más de 1.300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia

En estos tres países de América Latina, las investigaciones de las autoridades de justicia por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 superan los mil 300 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos

Por Vigila la Pandemia*

 

Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el COVID-19.

En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente. 

Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción. 

En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.

 Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria. 

En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos. 

A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción. 

En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.  

La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

Investigados y delitos

En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas. 

En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.

Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles. 

En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.

En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el COVID-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.

El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Foto: Presidencia de Colombia.

Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).

La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del COVID-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.

Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.  

*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

 

 

ESPECIAL | Tierra de Resistentes III: Indígenas y afrodecendientes son blanco de 50% de ataques contra defensores ambientales en Latinoamérica

Por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

 

Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso.

Tanto así que seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales están en la región, según un deshonroso listado que apareció en el informe que el ex relator especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016.

 Por eso, un equipo de más de 100 periodistas, fotógrafos, videógrafos y desarrolladores de 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela) nos juntamos desde 2018 para investigar episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades.

 El resultado de este proyecto investigativo en el que hemos trabajado desde hace dos años documenta una base de datos con 2.460 hechos victimizantes en los últimos doce años (2009-2020) y 36 reportajes en profundidad.

 

No pretendemos contar con un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Pero sí aportar pistas de qué tan grave es el panorama con nuestra base de datos construida a partir de más de 100 fuentes, entre entidades oficiales, organizaciones sociales, archivos de prensa y reportería en terreno.

 

¿Qué encontramos?

 En nuestra investigación encontramos 2.209 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 252 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.

 

 

 

 

El 79% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario. Sin embargo, también encontramos 457 ataques contra mujeres – incluidos los que pueden leer en las historias sobre la dirigente mapuche Francisca Linconao, la pemona Lisa Henrito Percy en Venezuela, la siona Martha Liliana Piaguaje en Colombia o la kichwa Patricia Gualinga en Ecuador.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos -selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales- dentro de sus territorios. 

 

 

Las minorías étnicas muy golpeadas

El blanco de un alarmante 48,8% de esos episodios de violencia (1202 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.

 Los datos nos arrojan 947 ataques contra integrantes de 160 etnias indígenas diferentes. Las que más presentan ataques son los lenca de Honduras (69), pueblo al que pertenecía la asesinada líder Berta Cáceres, seguidos por los guarani-kaiowá (54) y munduruku (39), ambos de Brasil.

 

 

Diecinueve de nuestros reportajes documentan ataques y afectaciones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales – los mapuche en Chile, los lenca en Honduras, los kollas y atacamas en Argentina, los pemones en Venezuela, los shuar y kichwa en Ecuador, los piratapuyo, tucano, pijaos, siona, zenú, nasa y nutabe en Colombia, los guarani-kaiowá, munduruku, karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los rarámuri y ódami en México, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú.

 La base de datos también muestra 150 casos de violencia contra poblaciones afrodescendientes y 105 contra los garífuna, otra minoría étnica también de origen afro, en Honduras. Tres de nuestras investigaciones evidencian ataques sufridos por comunidades afro en el Pacífico colombiano y en el noreste de Brasil.

 ¿Qué defienden y de qué se defienden?

 Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en esta investigación tuvimos en cuenta el recurso principal defendido por ellos.

 

 

De igual manera, en muchos casos los líderes y comunidades se vienen defendiendo de distintos tipos de actores. En nuestra investigación solo tuvimos en cuenta el principal sector que las comunidades defensoras citan como aquel al que se han intentado oponer o que tiene un interés directo en el área donde han ocurrido los ataques: desde agroindustria, explotación petrolera, minería, hidroeléctricas y carreteras hasta narcotráfico o comercio ilegal de madera.

 

 

Los siguientes son los tipos violencia contra los líderes que mapeamos con la base de datos, sin dejar de mencionar que en varios casos los líderes o comunidades defensoras del medio ambiente han sufrido más de un hecho victimizante, por lo que decidimos escoger el principal o el primero registrado.

 

 

Aunque los patrones de violencia cambian entre los distintos países y también en el tiempo, se ven algunas posibles correlaciones en los datos: por ejemplo, hay un alto número de asesinatos donde se sospecha la influencia del narcotráfico, uno de amenazas donde se le atribuye al sector forestal y uno de hostigamientos judiciales donde hay proyectos de infraestructura. En otras zonas con presencia de agroindustria o minería se han presentado todo tipo de violencias.

Comprobamos que un porcentaje significativo de los hechos victimizantes han ocurrido en las vastas regiones de la selva que albergan parte importante de la riqueza natural que ha convertido a América Latina en la región más biodiversa del mundo.

 

 

La Amazonia, centro de ataques

Un número importante de ataques contra líderes, comunidades y funcionarios públicos ambientales se concentra en la Amazonía, la selva tropical continua más grande del mundo y cuya conservación constituye una de las mayores contribuciones de la región a mitigar la crisis climática global.

 

 

Acá se puede ver el número y tipo de ataques en todos los estados, departamentos o provincias situadas en la Amazonia.

Asimismo, la mitad de nuestros reportajes se centran en casos de violencia que han ocurrido la cuenca amazónica – en seis países distintos. Estos 17 reportajes evidencian cómo decenas de territorios indígenas, comunidades ancestrales y parques nacionales en toda la cuenca amazónica han sido blanco constante de ataques, de intereses criminales y de una ausencia casi absoluta de administración de justicia. 

Allí encontramos y documentamos casos de colonos que invaden tierras comunales y de militares que agreden a dirigentes indígenas, de petroleras que omiten su responsabilidad por fuentes de agua contaminadas y narcotraficantes que obligan a comunidades a cultivar coca, de guardaparques asesinados por cumplir su vocación de conservar patrimonios colectivos y de taladores de maderas finas que persiguen a quienes protegen las especies que codician.

 

La deuda de la justicia

 La información más difícil para nosotros ha sido entender el estado actual de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de decisiones judiciales (bien sean sentencias condenatorias o absolutorias) en 296 casos -o 12% del total- mostrando que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales – algo que el recién estrenado Acuerdo de Escazú busca corregir.

En buena parte de estos casos esas sentencias cobijan a los autores materiales, mas no a los intelectuales, como sucedió con las sentencias en México y Honduras a los asesinos de Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, ambos ganadores del Premio Ambiental Goldman.

 

 

En todo caso, en más de mil casos –el 46% del total- no encontramos información sobre el estatus de las investigaciones.

 Igual de alarmante fue haber encontrado indicios de que, al menos en 1.366 casos (o 55% del total) las víctimas o sus comunidades habían interpuesto denuncias ante las autoridades, tanto instituciones estatales hasta instancias internacionales. Eso sucedió de manera marcada en casos de acoso judicial, amenazas y asesinato.

 

 

Encontramos que ni siquiera llevar un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos organismos encargados de velar por los derechos humanos en América Latina, traduce en todos los casos en medidas efectivas de protección.

Trágicamente, a pesar de que la sabiduría popular dice que soldado advertido no debería morir en guerra, la violencia continuó o inclusive arreció contra líderes y comunidades en cinco países –Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela– cuyos Estados no hicieron lo suficiente por proteger a esos ciudadanos pese a contar con medidas cautelares o haber sido alertados del riesgo que corrían a nivel internacional.

 

 

Esa situación es particularmente aguda en Honduras, México y Brasil, donde hay información que sugiere que –en muchos casos de asesinatos y de ataques físicos- sí existían alertas de que algo podría suceder.

Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, observamos un número incremental de casos entre 2017 y 2018 (que creemos se extiende hasta 2019, cuyos datos aún no tenemos completos en todos los países). En general, los datos del año más reciente –en este caso de 2020- son fragmentarios porque al cierre de nuestra base de datos muchas de las fuentes consultadas no habían cerrado sus investigaciones.

 

Aunque aún no tenemos una foto del problema durante el año que lleva la pandemia, los asesinatos de decenas de líderes mostraron que ni la crisis de salud pública y económica lograron frenar la violencia.

 Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua y los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades. Están siendo amenazados y asesinados en números francamente aterradores.

Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.

 

 

ESPECIAL⎜Covid-19: Siete gobiernos de Latinoamérica rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de US$3.747 millones

Las autoridades de Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina se niegan a dar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Los pedidos surgen de una iniciativa entre medios que conforman la alianza ‘Vigila la pandemia’ y diferentes ONG del continente para que la ciudadanía conozca las exigencias e imposiciones de los proveedores internacionales para proporcionar sus vacunas contra el coronavirus

 

Por Alianza Vigila la Pandemia

 

A pesar de que se destinarán al menos 3.747 millones de dólares en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen las vacunas y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos Vigila la pandemia’, que coordina Convoca.pe.

Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, que son un insumo central para avanzar en la batalla contra el nuevo coronavirus e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará 1.660 millones de dólares para la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos 497 millones de dólares y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de 478 millones 254 mil dólares. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de 458 millones de dólares.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: 408 millones de dólares. Luego, Venezuela, con más de 230 millones 309 mil dólares, según los datos analizados por ‘Vigila la Pandemia’. Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial.

México: Cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de 1.660 millones de dólares en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, en relación a un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.

Uno de los cargamentos de vacunas contra el coronavirus que llegó a suelo mexicano. Foto: Gobierno de México

Desde entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.

Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2.3 millones de contagios.

 

Velo chavista

En Venezuela, para el gobierno de Nicolás Maduro la falta de transparencia es una postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en este país es en base a discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del Gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de 200 millones de dólares. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado.

En el gobierno de Maduro se difunde información sobre la pandemia con notorias omisiones e incluso versiones oficiales contradictorias. Foto: Prensa Presidencial

 

De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. De esa manera, se busca proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

 

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty y trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según la versión oficial del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: 30 millones 309 mil 40 dólares para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

 Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos 408.8 millones de dólares, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por 237.6 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque ésta actúa como intermediaria con distintos productores de vacunas. Se le abonará 106 millones de dólares por dosis destinadas a 6.6 millones de personas. Sigue en la lista, el contrato por 39.2 millones de dólares por 14 millones de dosis con AstraZeneca, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El primer lote de vacunas contra el Covid-19 que llegó al Perú fue del laboratorio chino Sinopharm. Foto: Difusión

El acuerdo con Sinopharm es por 26 millones de dólares a cambio de un lote de 1 millón de dosis, es decir 26 dólares la dosis.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza ‘Vigila la pandemia’ envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. Los contratos suelen incluir garantías extra al valor de las vacunas.

Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID-19”, indicó la entidad citando la norma vigente.

 

 

El 15 de enero pasado, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, el cual señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal oficial del Ministerio de Salud. Se trata de «información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19».

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero último, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

 

Negativa en Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado 497 millones de dólares en total para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

En Colombia se ha proyectado que inmunizar a cada ciudadano de este país costará 21 dólares. Foto: Difusión

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66.5 millones de dosis de la vacuna anticovid-19. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país (porcentaje que equivale a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares. Según las previsiones de compras divulgadas por el propio Ejecutivo, el objetivo va más allá de lo que el gobierno colombiano ha comprado: la meta es vacunar a 27.7 millones de personas (para alcanzar la inmunidad del rebaño). A 21 dólares cada persona (dos dosis por habitante), se requeriría de unos 582 millones de dólares.

 

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de 108 millones de dólares del erario público para la vacunación de sus ciudadanos, así como la obtención para ese fin de alrededor de 350 millones de dólares de parte de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca destinar unos 458 millones de dólares, según surge de los datos oficiales. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

Presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas Ochoa. Foto: Difusión

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado.

 

Argentina: información a medias

En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por al menos 478 millones de dólares para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores y la difusión de las condiciones de estos acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en suelo argentino.

Esa fue la respuesta de la entidad estatal ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto ‘Vigila la pandemia’.

Ante nuestra solicitud de información, del 14 de abril, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, los pagos por adelantado y dejan en evidencia la falta de sanciones ante posibles incumplimiento por parte de las farmacéuticas, según permitieron reconstruir fuentes con acceso al contenido de los contratos.

El laboratorio ruso entregó el 17,5% de las dosis contratadas por el gobierno de Alberto Fernández. Foto: Difusión

En el país se sancionó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas COVID.19. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

Además, como en México, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.

“El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.

El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como se adelantó en la publicación del domingo último.

 

El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de parte de AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), es decir un promedio de 10.62 dólares la dosis por habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo entregaron el 16,4% de las vacunas comprometidas (9.683.143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril. Si este jueves se completa el envío de Sinopharm, entonces las entregas llegarían al 16,7% de lo contratado.

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones.

 

 Caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero último habla de una inversión total de 76 millones de dólares en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Como vemos, este panorama nos habla de la pandemia del secretismo en América Latina a pesar que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL ⎜El Acuerdo de Escazú: oportunidad de América Latina para salvar el planeta
El 22 de abril, Día de La Tierra, entra en vigor el tratado más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina. Aunque solo once lo han ratificado, muchos esperan que sea un instrumento esencial para evitar los asesinatos de líderes ambientales y permitir que, contrario a lo que ha sucedido en las últimas dos décadas, se proteja el medioambiente
Como parte del proyecto Tierra de Resistentes, periodistas de 10 países de América Latina se unen para  realizar el reportaje colaborativo y transnacional  ¿Quién le teme a Escazú?,  coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia con la financiación de Ambiente & Sociedad.  Runrun.es revisa la posición de Venezuela en este pacto regional para salvar al planeta 

Sergio Silva Numa

Cuenta Andrea Wulf que cuando el célebre Alexander von Humboldt estaba explorando los territorios de Latinoamérica se llevó una amarga sorpresa. Mientras recorría ese nuevo mundo observando minuciosamente la geografía, las plantas y los animales, se dio cuenta de que algo no marchaba bien. La explotación de recursos naturales, a manos del poder colonial, anotó después, había causado un verdadero caos. Los misioneros trataban a los locales de forma brutal, la búsqueda de materias primas estaba acabando con el medioambiente y las desigualdades sociales se multiplicaban. Sudamérica, apuntó en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, estaba siendo destruida a manos de sus conquistadores. 

Cuando en 2015 Wulf, británica, historiadora, publicó La invención de la naturaleza, el libro en el que condensó la vida de Humboldt, los países de América Latina aún buscaban la fórmula para resolver el mismo problema que tenían cuando vino el célebre naturalista en el siglo XIX. La explotación de materias primas, base de sus economías, continuaba siendo el origen de cientos de conflictos sociales. Pese a las promesas, ningún gobierno se había resistido al “boom”, ese anglicismo que usamos para describir los altos precios del petróleo, el oro, el carbón, el cobre o el níquel.

“Porque si algo compartimos los países latinoamericanos es la riqueza de recursos naturales y la conflictividad, la exclusión y las desigualdades que ha generado su explotación”, dice Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador. 

“Aunque somos países muy diferentes compartimos una larga lista de conflictos ambientales. Miras a Perú, a Colombia, a Chile o a México y en todos hay una gran conflictividad. Ésa es nuestra realidad compartida”, complementa Aida Gamboa. “Por eso, en parte, el 22 de abril será un día histórico”.

Gamboa es politóloga y parte del equipo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), una organización civil que lucha por la protección de la Amazonía peruana. A lo que se refiere es a que hoy, después de 9 años de conversaciones, entra en vigor un acuerdo que se ha ido popularizando en la región, el Acuerdo de Escazú, cuyo verdadero nombre es imposible de memorizar:  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“Estamos muy optimistas”, cuenta Érika Castro, abogada y PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde Colombia, donde es investigadora de la Universidad de Medellín, tiene una buena manera de resumir lo que significa este día: “Tal vez es el inicio para superar esta crisis ambiental. No podemos actuar como lo veníamos haciendo”.

Pero para entender la complejidad que esconde este acuerdo y no perderse por las confusas ramas del Derecho, hay que echar un vistazo al pasado y entender por qué América Latina lo necesitaba con urgencia luego de hacer boom.

Boom

Joan Martínez Alier es un tipo que no necesita presentación. Catalán y doctor en Economía, ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, Yale y California. Su libro La ecología de la economía es un clásico que ha sido traducido a varios idiomas y con frecuencia es invitado a dar charlas en los congresos de ciencias sociales. Aunque no vive en América Latina, puede hablar con soltura de cualquier conflicto ambiental en Bolivia, Ecuador o Brasil.

Cuando estuvo en Bogotá hace un par de años, conversamos por más de una hora sobre las dificultades de la región. Le parecía asombroso que los Gobiernos de izquierda que empezaron a surgir en la primera década de este siglo no hubiesen prestado más atención a la protección ambiental. “Impermeables” era el adjetivo con el que describía tanto a Evo Morales y Juan Manuel Santos como a Rafael Correa y Cristina Fernández. No se explicaba por qué no reconocían como suyos a los “héroes de la justicia ambiental”.

Martínez Alier empezó a cobrar popularidad fuera de los pasillos de la academia cuando en 2014 lanzó el Atlas de Justicia Ambiental. Con el apoyo de organizaciones internacionales y una larga lista de universidades y ONG, había decidido organizar en una sola plataforma los conflictos sociales relacionados con el ambiente. Hoy, siete años después, el mapa muestra 3385 casos en todo el planeta. Es difícil saber con precisión cuántos hay en Latinoamérica, pero la siguiente imagen resume mejor la compleja situación. La mayoría de problemas parecen provenir de la actividad minera, la extracción de combustibles fósiles y la gestión del agua.

Como lo muestra el Atlas de la Justicia Ambiental, Brasil es el país de la región con más conflictos (173). Le siguen México, con 149, y Colombia, con 129. Después están Perú (97), Ecuador (65) y Bolivia (42). “Todo este asunto tiene que ver con la riqueza que tiene cada país”, advertía Martinez Alier.

Junto a Mariana Walter, lo explicaba mejor en un libro (Environmental Governance in Latin America) meses después. Desde 1970, escribían que la explotación de materias primas en América Latina se había intensificado. Mientras ese año se extrajeron 2400 millones de toneladas, en 2013 esa cifra fue de 8300 millones de toneladas. La extracción de minerales metálicos, después de la producción de biomasa, era la actividad que más había crecido. Para 2012, cuando los precios estaban en su mejor época, los países de la región cubrían el 45 % de la demanda mundial de cobre, 50 % de la de plata, 21 % de la de zinc y 20 % de la de oro. “Extractivista” era la mejor palabra para definir este pedazo de continente.

“Creemos que esa tendencia estuvo relacionada con el boom de los conflictos en América Latina”, expresaban Walter y Alier en una de sus conclusiones. 

Esta ha sido la extracción de materias primeras entre 19070 y 2010.

Quienes se han dedicado a estudiar ese proceso suelen usar un término para describir una de las más grandes paradojas que genera ese boom de las materias primas: “la maldición de los recursos naturales”. En palabras sencillas, lo que sugiere es que, a pesar de tener abundantes recursos, esos países no siempre logran un buen desarrollo económico. Además, en ocasiones debilitan la economía al volverla dependiente de una sola fuente de ingresos, al tiempo que motivan numerosos conflictos sociales.  

Las consecuencias, como señalaba el Banco Mundial en 2014, se pueden resumir en un par de cifras: el 93 % de la población de América Latina y el 97 % de su actividad económica reside en países que son exportadores netos de ‘commodities’. La noticia no tan mala era que la dependencia había disminuido del 86 % en 1970 al 50 %.

En la otra cara de la moneda, como escribió el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, en la revista Harvard Review of Latin America, el boom de las materias primas que vivió el planeta desde los primeros años de este siglo y 2014, aproximadamente, permitió que América Latina “tuviera el mejor desempeño económico en décadas, ayudando a aumentar su gasto público, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media”.  

Pero, como también apuntaba Monaldi, “los logros macroeconómicos y sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y los efectos negativos”. “Por años se le dio prioridad a los resultados económicos y políticos, mientras lo social y ambiental quedaron relegados”, cuenta ahora la abogada Érika Castro. “Muchos se trataron a espaldas de las comunidades y de la sociedad civil. No tuvieron acceso a nada de información. Fue la negación del otro”.

Fue justo cuando los minerales y el petróleo alcanzaban precios históricos en 2012 (US$120 por barril; US$1,742 por onza de oro) que empezaron unas conversaciones en Río de Janeiro, Brasil, para encontrar una salida a la difícil situación latinoamericana. Mientras se desarrollaba la Conferencia Río+20 de Naciones Unidas, los representantes de los países se pusieron de acuerdo para crear un tratado pionero en protección ambiental y en derechos humanos. 

“En un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, los países de América Latina y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional”, escribió años después Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el prefacio de ese documento que hoy, 22 de abril, entra en vigor y fue bautizado popularmente como el Acuerdo de Escazú.

Vientos de cambio

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, en San José (Costa Rica), hubo un minuto de silencio. Los delegados de 33 países y de varias organizaciones de la sociedad civil decidieron cerrar esa reunión con un homenaje a Berta Cáceres, la activista indígena asesinada en 2016 en Honduras por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». La enorme foto suya también recordaba que los líderes ambientales de América Latina estaban pasando por un mal momento.

Berta Cáceres, líder hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016. Crédito: Goldman Prize.

El año en el que se llevó a cabo ese histórico encuentro, que culminó con la firma del Acuerdo de Escazú, mataron a 164 personas en el mundo por su liderazgo ambiental. Los datos, recopilados por la ONG inglesa Global Witness, indicaban que la mitad de los homicidios había ocurrido en Latinoamérica. Colombia, donde asesinaron a 24 personas, estaba en el segundo lugar del listado mundial, seguido por Brasil. 

Las alarmas y los titulares de prensa no habían servido para nada. En 2019 asesinaron a otros 212 líderes ambientales. Colombia, con 64 crímenes, pasó a ocupar el primer lugar, seguido de Filipinas (43). De hecho, entre los diez primeros países de esa lista, otros seis más eran latinoamericanos: Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Líderes ambientales asesinados en América Latina en 2019 por país.

Cuando le pregunto a Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en Perú, para qué cree que sirve el Acuerdo de Escazú, la primera parte de respuesta que se le viene a la cabeza tiene que ver, justamente, con esa situación: “Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el ambiente”.

En Ucuyali, desde donde habla, mataron a dos líderes a principios de este año. Herasmo García Grau y Yenser Ríos Bonzano murieron baleados por oponerse a actividades ilegales y querer frenar la deforestación. Al primero, según medios locales, también lo secuestraron y torturaron. 

ーPero, ¿cree que esa situación va a cambiar con el Acuerdo de Escazú?

ーLos pueblos indígenas esperamos que sí. Pero sabemos que nuestras comunidades poco o nada le han importado a los Gobiernos de turno. Para ellos somos un grupo de humanos en un segundo nivel de la sociedad. Por eso, así entre en vigor el Acuerdo, tenemos claro que vamos a seguir luchando para que escuchen nuestra vozー responde Diques. 

Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Crédito: Cortesía ORAU.

Su temor lo comparten muchos. Aunque el documento final que fue firmado en Costa Rica es, de alguna manera, revolucionario, falta un largo camino para que empiece a surtir efecto. Daniel Barragán, del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, en Ecuador, prefiere, por ejemplo, pararse del lado de la prudencia. 

Se ha generado una gran expectativa, pero tenemos que ser claros: el 22 de abril no van a cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes de que el Acuerdo plantea un proceso de implementación. Cada país deberá hacer reformas políticas y normativas. La región no parte de cero, pero hay que ver cómo aterrizamos ese documento en los territorios. Los cambios no se darán de la noche a la mañana”, explica.

“A partir de hoy empieza una segunda fase de implementación y entrada en vigor. Es un largo camino. Pero ha sido un proceso que va a tener un gran impacto en el derecho y la democracia ambiental”, dice, por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. 

Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, Madrigal usa una analogía. Imagínese, asegura, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.

Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes como los de Berta Cáceres, Herasmo García Grau o Yenser Ríos Bonzano. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”. 

En otra palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Gumán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”. 

En este punto la gran pregunta es ¿qué sucede si un país, simplemente, no lo quiere cumplir? Como explica Barragán, el acuerdo no plantea sanciones porque no tiene un enfoque punitivo. “Las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales, no se creó una jurisdicción ambiental internacional, entonces no se puede llevar a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”, dice Érika Castro.

Sin embargo, coinciden todos los que fueron entrevistados para este texto, el Acuerdo ayudó a crear algo mucho más importante que un listado de artículos esperanzadores. Como en su construcción participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz pero no voto), eso permitió, cuenta Castro, la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.

“Eso es importante porque viene un trabajo de mediano y largo aliento para la sociedad civil. Nos corresponde hacer seguimiento y garantizar que no se quede en pacto de papel. La idea es que haya una co-creación entre el Estado y la sociedad y un espacio de diálogo permanente. Nosotros tenemos que impulsarlo”, agrega Aida Gamboa, de DAR. 

Daniel Barragán tiene una buena manera de sintetizar esas reflexiones: “Lo que plantea el Acuerdo es cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía”. En palabras un poco más prácticas, eso quiere decir que, en el mundo ideal, los Gobiernos de Jair Bolsonaro, de Alberto Fernández o de Sebastián Piñera, no podrían o no deberían impulsar nuevos proyectos de explotación de recursos naturales sin tener en cuenta la participación de las comunidades. Tampoco podrían ocultar ningún tipo de información. Si no eluden sus responsabilidades, los Gobiernos también deberían, como anotaron Madrigal y Guzmán, adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas contra los defensores del medio ambiente. 

En 2018 el abogado argentino especialista en asuntos ambientales Gastón Médici Colombo publicó un extenso artículo en la revista Catalana de Derecho Ambiental en el que detallaba el proceso detrás del Acuerdo de Escazú. Había, a sus ojos, muchos puntos para destacar. Además de lo que significará este tratado como herramienta de cooperación entre países y como un instrumento para instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había para él algo muy valioso que debía ser subrayado. 

“Difícilmente”, anotaba, “el resultado hubiese sido el mismo sin la magnífica participación del público” que acompañó (como Érika Castro, Aida Gamboa, Daniel Barragán o Mauricio Madrigal) todos los encuentros, “exigiendo estándares y recordando los compromisos asumidos”. “Merecen todo el reconocimiento”, concluía.

Ahora que el Acuerdo de Escazú entra en vigor, ellos solo esperan que todos los países de América Latina lo ratifiquen, pese a las campañas de desinformación, los juegos políticos y los cambios de presidentes. Hasta el momento solo lo han hecho doce: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México. Faltan más de la mitad. 

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