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Equipo de Investigación RR

Especial | Covid-19 en Venezuela: el subregistro del colapso pandémico
Runrun.es cuenta en este especial cómo el subregistro de muertes en Venezuela por Covid-19 quedó sepultado, mientras que el desplome del país se palpaba desde los hospitales hasta los cementerios. Las escenas revisitadas configuran la emergencia sanitaria de una nación con unas estadísticas oficiales de fallecimientos y contagios que nunca correspondieron con la realidad

Volver a los titulares de la prensa nacional e internacional sobre Venezuela entre marzo y abril de 2021, es repasar la tragedia. Centros de salud rebasados, aumento de muertes del personal sanitario, largas filas de personas para comprar oxígeno medicinal y para cremar cadáveres, se emparejaban con los reportes que por redes sociales y por Whatsapp hacían los usuarios para contar cuántos de sus familiares estaban infectados o habían fallecido por el virus que ocasionó la pandemia.

Los números también hablan sobre ese período. Según datos oficiales, en abril de 2021 se registró el mayor número de muertes por covid-19 en Venezuela: 534. Pero la OMS apunta que hubo 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro. Ese, sin embargo, no fue el mes con el más alto subregistro de fallecimientos por el virus en el país. En agosto de 2020, durante la primera ola mortal, las cifras reales de decesos fueron casi ocho veces mayor que las declaradas en los reportes del gobierno.

La OMS no fue la única institución que habló del subregistro de muertes en Venezuela durante la pandemia. Ya en marzo de 2022, una investigación del académico Dmitry Kobak, de la Universidad de Tubingen en Alemania, situó al país entre una veintena de naciones con inconsistencias en sus datos de muertes sobre la enfermedad. 

A través de la revisión de las estadísticas de la OMS, en este especial se expone cómo, mes a mes, el subregistro de muertes en Venezuela quedó sepultado, mientras que en hospitales, clínicas privadas, registros civiles, cementerios y crematorios se palpaba la realidad de un país que colapsaba en medio del confinamiento. 

 

 

Para esta investigación se visitaron las sedes de los registros civiles de los cinco municipios de la zona metropolitana de Caracas. A pesar de que en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Registro Civil de Venezuela está consagrado el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceder a los archivos, en cada una de estas oficinas públicas, a excepción de Chacao, fue negado el permiso de revisarlos sin razón alguna.

El acceso a los libros de actas de defunción de los años 2019, 2020 y 2021 de Chacao, permitió constatar que los fallecimientos por enfermedades respiratorias, no reportados como covid-19, fueron mayores durante la pandemia. En 2019, 16% de las muertes registradas en Chacao fueron causadas por enfermedades respiratorias. En 2021, ese porcentaje se elevó a 22%. 

Otro dato que llama la atención es la poca cantidad de actas de defunción que durante 2020 reflejaron al Covid-19 como causa de muerte. En agosto de ese año, cuando se registró el primer pico de la pandemia en Venezuela, solo nueve de los 20 fallecimientos por enfermedades respiratorias fueron consecuencia del virus. A través de testimonios obtenidos en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (la principal morgue de Caracas) se conoció que varias de las actas de las personas que murieron por la enfermedad generada por el nuevo coronavirus, y a las que se le habían practicado exámenes que lo confirmaban, no señalaban a este en el recuadro de la causa de muerte.

 

 

Tres fuentes médicas consultadas coincidieron en que esa negación podría estar vinculada a la necesidad de agilizar los trámites funerarios por parte de las familias, quienes podían pasar varios días para cremar a los suyos cuando morían por el virus, debido al colapso de cementerios y crematorios. Sin embargo, con esa falta se ignoraron las directrices que la OMS dictó en medio de la pandemia sobre el llenado de los certificados de defunción.

Esta investigación fue realizada en alianza con Data Crítica y gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Conoce más de este especial haciendo clic en la imagen:

ESPECIAL ︳Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión  de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados conforman la estampa del megaproyecto de minería, promovido desde 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro, tras la pandemia del COVID-19.  Presentamos una nueva investigación sobre la explotación de oro en Venezuela de Runrunes y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela 

 

La pandemia del COVID-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar. 

En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y el Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. 

De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido  vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75%  se desconoce el proceso de contratación pública,  apenas seis  aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo. 

El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes,  que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente. Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento. La tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero. 

La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras. La proliferación de barriadas a lo largo de la carretera y en algunos históricos pueblos mineros como El Dorado se constató durante el recorrido por Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88 así como los linderos de la Gran Sabana (que alberga el Parque Nacional Canaima). La aparición de viviendas con techos de zinc y paredes de tablas de madera y bolsas de plástico, son evidencia de la explosión demográfica en el Arco Minero y crecimiento de la pobreza con el consecuente colapso de los servicios públicos ya precarios. También son muestra de que el megaproyecto de minería no llegó acompañado de políticas sociales para beneficiar a las comunidades de los pueblos mineros ni articular medidas con los gobiernos locales.  

La deforestación a la vista de los transeúntes de la Troncal 10  y la contaminación con mercurio y desechos tóxicos de los ríos Cuyuní y Yuruary que bordean los principales pueblos mineros desdice las políticas ambientales que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio de Ecosocialismo aseguran cumplir  desde la creación del Arco Minero del Orinoco. En 2020 se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. 

Lea el especial completo Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco de Runrun.es y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela clickeando la imagen. 

Vigila la Pandemia: Empresarios se beneficiaron con contratos millonarios de ventiladores en América Latina
Contrataciones de empresas investigadas por corrupción, compañías recién formadas que hicieron negocios con el Estado, proveedores que cobraron millonarias sumas por la venta de ventiladores y no entregaron los equipos prometidos, compra de equipos con sobreprecios y la inacción del gobierno son algunos de los problemas identificados en Perú, México, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde que se inició la pandemia del Covid-19
Esta nueva entrega de la alianza de periodismo investigativo ‘Vigila la pandemia’ presenta nuevos indicios sobre actos de corrupción en el uso de los recursos públicos a más de dos años de iniciarse la lucha contra el coronavirus

 

Por: Vigila la Pandemia

 

Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en América Latina ha sido un escenario de luto para las familias, ha beneficiado a empresarios y funcionarios públicos. A dos años y medio del inicio de la emergencia sanitaria, la alianza de periodismo de investigación Vigila la Pandemia sigue encontrando nuevos indicios de corrupción y malos manejos en compras estatales realizadas de forma apresurada, con presupuestos excepcionales, aprovechadas por especuladores y marcadas por irregularidades. La inoperancia de los buróocraátas es también un factor común en la región.

Para la nueva serie periodística Contratos Investigados, que forma parte del mismo proyecto transfronterizo, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción (México), GK y Periodismo de Investigación (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Runrunes y El Pitazo (Venezuela) y Convoca.pe (Perú) revelan entre sus últimos hallazgos el detalle de compras sobrevaluadas de equipos médicos, nuevos negocios con compañías ya investigadas, graves incumplimientos contractuales, nexos con actores políticos y una gran ineficiencia para administrar los recursos públicos destinados a atender a los enfermos del coronavirus.

En la primera entrega serie de reportajes de esta alianza, «Vacunas y contratos secretos», periodistas de siete países reportaron sobre la negativa de los gobiernos a dar acceso a la información sobre los contratos millonarios de las vacunas adquiridas para enfrentar el coronavirus. En una segunda parte, «Covid-19: Negocios bajo sospecha», se identificaron más de 1,300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia, y además el estado de las indagaciones en distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad en dichos países y también en Venezuela. 

En esta tercera serie investigativa, profundizamos en nuestros hallazgos revisando los expedientes de las compras millonarias de ventiladores en Perú, México, Venezuela y Colombia, y la adquisición de otros equipos en Ecuador.

Perú: Negocios con investigados por corrupción

La investigación de Convoca.pe ha revelado los pocos filtros que tiene el Ministerio de Salud (Minsa) peruano para escoger a sus proveedores de ventiladores mecánicos, implementos fundamentales para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento, ha pagado por estos artefactos más de 29 millones de dólares a cuatro compañías cuyos representantes legales enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción durante la pandemia del Covid-19, precisamente por sus ventas de equipamiento médico a otras instituciones estatales.

Del monto pagado por el ministerio, más de 16 millones de dólares fueron contratados cuando tres de estas empresas ya tenían expedientes abiertos en la Fiscalía.

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La compañía con mejor suerte fue Cardiopulmonary Care SAC, que vendió al Minsa 435 ventiladores por más de 19 millones de dólares en seis contrataciones directas. Su representante, Marco Montalvo Moreno, es investigado por su presunta participación en el delito de colusión junto al ex gobernador regional de Áncash, Juan Morillo, diez exfuncionarios, seis proveedores y otras personas. Las autoridades indagan si se benefició de una concertación para sobrevalorar en más de 1,9 millones de dólares la compra de monitores de funciones vitales y otros equipos médicos..

Otra compañía involucrada es Spectrum Ingenieros SAC que, a pesar de que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para su representante Franklin Valle, en diciembre de 2021, el Ministerio de Salud firmó contratos con esta en marzo y abril de 2022, por un total de 3,2 millones de dólares. En tanto, Nova Medical SAC también tuvo a su representante Carmen Valdiviezo con una investigación, aunque la Fiscalía pidió que esta fuera archivada, en diciembre último. Tanto el representante de Spectrum Ingenieros como la de Nova Medical también fueron investigados por sus negocios en Áncash.

Más allá del Minsa, las adquisiciones de estos costosos implementos han presentado riesgos y problemas de manera generalizada. De acuerdo con datos de la Procuraduría Anticorrupción, desde el inicio de la pandemia, se han iniciado 35 investigaciones en 16 de las 25 regiones del Perú.

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México: Riesgo mínimo, ganancia máxima

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela, como parte de esta serie investigativa, el caso de la compañía Gestión de Riesgos de Desastres SA, creada apenas 15 meses antes de firmar un voluminoso contrato de 52,6 millones de dólares con la Secretaría de Defensa, para proveerle 1.330 ventiladores mecánicos. Su principal accionista fue el exsenador José María Tapia Franco, antiguo director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con acceso a los documentos de la importación, el reportaje demuestra que la precoz empresa hizo un negocio redondo. El monto fijado en el contrato público fue más del doble (35 mil dólares por ventilador) de lo que la compañía de Tapia pagó por los equipos a un fabricante chino e, incluso, recibió un adelanto del 50%, algo que redujo al mínimo su riesgo.

A pesar de eso, la compañía incumplió los plazos de entrega y fue penalizada con más de 3 millones de dólares. Las auditorías efectuadas sobre el contrato, que fue adjudicado de manera directa sin concurso, llevaron a que las autoridades indagaran sobre las transferencias de la empresa. Los indicios encontrados motivaron que se iniciara una pesquisa por lavado de activos que sigue vigente.

Pero esta no fue la única empresa que aprovechó la emergencia para vender ventiladores chinos con sobreprecio. La compañía Multicorporación Brexot lo hizo con el Instituto de Seguridad y Seguro Sociales (ISSSET) por un precio unitario de 100 mil dólares, más de cinco veces su valor de aduanas. Los artefactos presentaron fallas y se ha atribuido la muerte de al menos un paciente a su mal funcionamiento. En diligencias de fiscalización, la compañía no fue encontrada en su domicilio fiscal y se ha descubierto que es parte de un grupo de empresas de fachada.

Colombia: La empresa que se hizo humo

Entre las numerosas contrataciones que hizo al inicio de la pandemia la gobernación del Valle del Cauca, en el oeste colombiano, la que más llamó la atención fue, de hecho, la más cara de ellas: 300 ventiladores mecánicos por 6,7 millones de dólares. Consejo de Redacción indagó sobre los pormenores de este negocio, que llegó a significar el 23% de la inversión del departamento. Los reporteros de esta organización descubrieron que la compañía adjudicada, Turnkey Logistics Consultants, a pesar de que prometió una «entrega inmediata» apenas proveyó 49 de los equipos pactados.

Luego del incumplimiento, la compañía no solo no dio la cara sino que desapareció por completo, dejando sus archivos y pertenencias en la sala de coworking que alquilaba al norte de Bogotá. Hoy están incautados. Sus teléfonos, su página web, sus correos electrónicos, todos fueron dados de baja. La compañía no registraba ninguna experiencia previa en contrataciones públicas antes de hacer negocios con las autoridades del Valle del Cauca. 

En total, en toda Colombia, se adquirieron 5.411 ventiladores. Sin embargo, la opacidad ha sido una circunstancia constante durante la crisis sanitaria, período en el que se ha venido utilizando el dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias para la compra de equipos médicos. Hasta la fecha, se han gastado 44 millones de millones de pesos colombianos. La última rendición de cuentas data de julio de 2022, pero no se explica el detalle de cómo y en qué se gastaron estos fondos.

Ecuador: Conexiones de alto vuelo

El empresario ecuatoriano Daniel Salcedo Bonilla trató de mantener un perfil bajo mientras una compañía relacionada con él, Silverti SA, firmaba un jugoso contrato de 594 mil dólares con el Hospital Los Ceibos, al norte de Guayaquil, para proveerle fundas de cadáveres con un sobreprecio de 300%. Cuando la Fiscalía lo empezó a investigar, su nombre salió a la luz pública, pues lo siguiente que se supo de él es que había tomado un vuelo en una avioneta, portando una identificación falsa, con rumbo a Perú, donde se accidentó.

Desde entonces, Salcedo no ha dejado de acumular nuevas investigaciones y levantar sospechas, como ha relatado GK y Periodismo de Investigación en su reportaje para esta entrega, luego de acceder a los expedientes judiciales que lo involucran. Una circunstancia que ha despertado el interés de la Fiscalía es la de sus conexiones políticas con la familia del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, específicamente con sus hijos. Estas relaciones han impulsado a que las autoridades inicien un caso por presunta delincuencia organizada, que incluye a Salcedo, a Abdalá Bucaram (hijo) y a Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que tenía a su cargo el Hospital Los Ceibos.

Hoy, desde la prisión, Salcedo espera que se resuelvan los cinco casos judiciales que aún tiene pendiente con la justicia ecuatoriana. Los delitos que se le han imputado son peculado, lavado de activos, fraude procesal, delincuencia organizada e ingreso de objetos no autorizados a la cárcel. Además, la Fiscalía ha advertido que los ingresos a sus cuentas bancarias entre 2018 y 2020 exceden en un millón de dólares a los ingresos que ha reportado formalmente. Se le ha relacionado con un amplio esquema de presunto lavado, que incluye también a las compañías Foracril, Importadora y Exportadora Dapasma y Bioim, que le habrían pagado a sus empresas HDC Producciones y Salnoedan Productions más de 1,9 millones de dólares por servicios que nunca prestaron.

Venezuela: El poder privado se hace cargo

La reportería de Runrunes y de El Pitazo ha conseguido determinar que si bien la importación de ventiladores mecánicos para atender a enfermos de Covid-19 en UCI se incrementó en 25% durante la pandemia, en Venezuela, estos fueron adquiridos por clínicas privadas. El gobierno venezolano no entrega información sobre la disponibilidad de estos equipos en manos de los hospitales públicos.

Mientras que las necesidades de la población eran de, al menos, 2 mil de estos aparatos, la única data disponible indica que se han recibido, a crédito, en el primer año de pandemia, 80 artefactos de China y de Turquía y otros cinco donados por el Vaticano. Ambos medios han recopilado información de los últimos dos años, proveniente de las publicaciones de la empresa estatal VenSalud, que indica que el gobierno de Venezuela reportó la reparación de, al menos, 106 ventiladores mecánicos. La mayoría de estos se encuentran en los estados Aragua (23) y Mérida (18), y 26 de estos son de la marca china Aconmed VG70.

La falta de equipamiento y de camas UCI ha generado que el Covid-19 golpee de manera muy agresiva a Venezuela. El caso del estado Zulia es el más complejo, pues el Hospital Universitario de Maracaibo, el principal centro médico, solo tenía ocho de estas camas con equipos especializados.

Interpol busca a venezolano prófugo por crimen de fiscal paraguayo en Colombia
Dos venezolanos participaron en el crimen del fiscal paraguayo en Colombia: uno le disparó y el otro transportó en moto acuática al autor material
Interpol busca a Gabriel Luis Salinas Mendoza quien, sospechan, puede estar en Venezuela
Un experto colombiano no descartó que el Tren de Aragua esté vinculado con el crimen

 

Dos venezolanos participaron en el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci. A uno de ellos lo busca activamente Interpol y se sospecha que está en Venezuela.

El suceso ocurrió el pasado 10 de mayo en la playa de un hotel en la península de Barú, una isla que se ubica a 45 minutos en lancha desde Cartagena de Indias.

Uno de los venezolanos implicados en el caso fue Wendel Scott Carrillo, a quien señalan de ser el autor material del crimen.

A este sujeto lo detuvieron en un operativo en Medellín el pasado 3 de junio junto a cuatro personas de nacionalidad colombiana: Francisco Galeano, Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño. 

Los delitos que les imputaron fueron homicidio agravado y fabricación, así como tráfico y porte de armas de fuego.

Alerta azul de Interpol contra venezolano prófugo

Por otra parte, las autoridades colombianas e Interpol buscan activamente al otro venezolano, de nombre Gabriel Luis Salinas Mendoza, alias «Mendoza»

Este hombre condujo la moto acuática en la que se transportaba el otro venezolano que se bajó de la unidad y disparó contra el fiscal.

El sujeto logró burlar a la policía en la redada en Medellín en la que detuvieron a sus cómplices y escapó.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, comentó en rueda de prensa que es posible que alias «Mendoza» esté en Venezuela.

Además, sostuvo que el implicado es integrante de una organización criminal dedicada al sicariato «al servicio de estructuras criminales trasnacionales»

«Hemos publicado, y así lo comunicamos a Interpol, la circular azul para la ubicación de otro sujeto. Hay información de que ha salido del país como la mayoría desafortunadamente del narcotráfico y el terrorismo que están buscando a Venezuela como refugio», declaró Vargas.

A su vez, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Mario Doldán, reveló que pidió colaboración a las autoridades peruanas para dar con el paradero de Salinas Mendoza.

“Entablamos conversaciones con autoridades peruanas, que son nuestro enlace con Venezuela,  para que también nos colaboren en la búsqueda y localización de ese sujeto, por si pudo haberse ido a Venezuela”, declaró a una emisora local.

Así siguieron y mataron al fiscal paraguayo en Colombia

Medios colombianos informaron que el grupo delictivo comenzó a seguir a Marcelo Pecci desde el 5 de mayo, cuando recorría junto a su esposa, Claudia Aguilera, la ciudad de Cartagena de Indias por su viaje de luna de miel.  

Un día después, los dos venezolanos involucrados en el caso y un colombiano alquilaron un apartamento cercano a la zona para vigilar y planear la operación.

Entretanto, otra mujer y otro hombre implicados se registraron en el mismo hotel en el que estaban el fiscal y su esposa.

El supuesto encargado de la operación, identificado como Francisco Luis Correa Galeano se habría alojado en un lujoso hotel en Cartagena cerca de sus cómplices, y recibió información allí de sus pasos.

El 10 de mayo, los dos venezolanos se dirigieron al sector de Playa Blanca y alquilaron la moto acuática que se usó para cometer el crimen.

Cerca de las 9: 30 a.m. del 10 de mayo,  uno de los venezolanos (Scot Carrillo) se acercó al lugar donde el fiscal Pecci tomaba el sol, se bajó de la moto y le disparó en tres ocasiones.

Seguidamente, subió a la moto que manejaba el otro venezolano y huyeron del lugar.

Los implicados, según las primeras investigaciones, pertenecen a una red delincuencial de Antioquia y habrían cobrado 120.000 dólares por cometer el asesinato.

Las organizaciones criminales señaladas en el caso

 En la investigación del crimen de Marcelo Pecci buscan corroborar si los involucrados tienen nexos directos con el “Clan del Golfo”, grupo con el que investigadores señalan, el Tren de Aragua también está vinculado. 

A su vez, un experto colombiano no descartó la participación del Tren de Aragua en el asesinato del funcionario paraguayo. 

Enrique Pertuz, coordinador de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, declaró a Caracol Noticias que esta megabanda venezolana es un grupo “muy violento” que se disputa el control de todas las economías ilícitas en la zona de frontera y que tendría nexos con el Clan del Golfo.

“Son estructuras bien armadas, con jerarquía, mando y responsables de un sinnúmero de personas desaparecidas en esta zona de frontera. Practican los secuestros exprés y (por) él no pago en 72 horas o una semana, los secuestrados son asesinados», indicó el experto.

 

En  los últimos años, el Tren de Aragua se ha expandido hacia la zona fronteriza de Colombia y otros países como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, 

Por otra parte, uno de los cinco capturados por el asesinato del fiscal Pecci habría informado sobre la participación del PCC o Primer Comando Capital en el crimen. 

Esta organización delictiva surgió en la cárcel de San Pablo, Brasil, y sus negocios principales son el narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

Caracol Noticias entrevistó a Jorge Mantilla, director de la Fundación Ideas para la Paz, quien precisó que este grupo delincuencial también se ha convertido en una especie de “gestor” de los mercados ilegales en países como Argentina y Paraguay. 

Mantilla señala que, aunque el PCC no tiene células en Colombia, sí establece alianzas con bandas de ese país para llevar a cabo operaciones ilegales. 

No obstante, el fiscal paraguayo Manuel Doldán aseguró que esta versión no surgió de fuentes oficiales.

 

 

ESPECIAL ⎸Triple riesgo: ser mujer, indígena y defensora ambiental en América Latina
Quince defensoras latinoamericanas de ambiente y territorio fueron asesinadas en el 2020, siete de ellas eran indígenas, de acuerdo con el informe anual de  Global Witness.
 Detrás de esos asesinatos hay una escalada de violencia física, psicológica y sexual que viven las lideresas indígenas, quienes son estigmatizadas, criminalizadas y acosadas por su labor en la defensa de ríos, el territorio y la vida misma.
En América Latina, las defensoras indígenas han formado redes de apoyo donde promueven el autocuidado como una “práctica política”.
Este especial es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun.es en Venezuela 

 

Por Vanessa Romo Espinoza y Gloria Alvitres

 

Las mujeres Wayuú en Colombia son una fuerza colectiva. Han conocido el miedo y las amenazas de quienes las vigilan día y noche por estar en contra de la minería que contamina sus ríos y sus tierras en la región de La Guajira. Ellas decidieron unirse y organizarse. Juntas se cuidan, defienden su territorio y los recursos naturales que dan vida e identidad a sus pueblos indígenas. También han asumido el rol de mantener la memoria de sus familiares asesinados. 

“Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, una de las lideresas que integra esta lucha. En América Latina, ser mujer, ser indígena y ser defensora ambiental significa una triple amenaza que deben enfrentar para sobrevivir. 

“El grueso de los asesinatos a defensores (ambientales y de territorio) se dan en Latinoamérica, muy por encima de otras regiones del mundo”, comenta Laura Furones, especialista de Global Witness, organización ambiental que desde el 2012 realiza un informe anual sobre el tema y que para 2020 documentó el asesinato de 145 defensores ambientales en la región —60% de todos los registrados a nivel mundial—, de los cuales quince eran mujeres y, de ellas, siete eran indígenas. Esta última cifra es preocupante si se toma en cuenta que los pueblos indígenas representan un 5% de la población mundial. 

Mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Amazon Frontlines.

“Pero el asesinato es el caso más extremo. Hay una violencia con rasgos muy claros hacia la mujer”, agrega Furones. Ellas, a diferencia de sus compañeros, deben enfrentar daños físicos, psicológicos y sexuales, acoso y persecución por defender sus medios de vida de traficantes de tierra, de taladores, mineros ilegales, narcotraficantes y de los grupos criminales que buscan imponerse en sus territorios.

Información recopiladas por el proyecto periodístico Tierra de Resistentes, que registra los actos de violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio en América Latina, aporta más información a la reunida por Global Witness. Entre 2010 y 2020 —de acuerdo con la base de datos construida y que cubre 12 países de la región— se registraron más de 340 ataques en contra de mujeres indígenas defensoras. La gama de las violencias es amplia e incluye el acoso judicial, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, el desplazamiento y la violencia sexual.

Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun.es en Venezuela decidimos investigar cómo afecta esta violencia a las mujeres indígenas que defienden el ambiente y su territorio, qué luchas están liderando y qué estrategias de defensa colectiva han puesto en práctica para hacerle frente a las amenaza en Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

 

Mujeres, cuidadoras de la vida 

 

Una defensora ambiental es una mujer quien ha emprendido una lucha individual o colectiva a favor de los derechos humanos, específicamente los que están vinculados a la tierra, el territorio y el ambiente, según refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   Para la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas defensoras también difunden información, denuncian y promueven la organización comunitaria. “Pero para las mujeres indígenas es mucho más difícil ser líder, pues aún sufren una falta de reconocimiento de sus capacidades”, dice Alejandra Yépez, de la organización Amazon Watch Ecuador. Esto sucede pese a que las mujeres, históricamente, han estado a cargo de labores esenciales dentro de las comunidades indígenas.

“Ellas son las que tienen el rol de transmitir la cultura, la lengua, son las que se encargan de la salud y del cuidado. No poder acceder a sus territorios sanos interrumpe esas labores”, agrega Francisca Stuardo, de Global Witness. 

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá que denuncia el despojo de tierras por parte de empresas de generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, tiene claro este papel diferenciado de la mujer con respecto al territorio. “Somos cuidadoras de la vida”, señala. “No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidar a nuestra madre”.

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá, denuncia desde hace más de una década cómo las empresas de generación de energía eólica han impuesto sus proyectos en Oaxaca, México. Foto: Francisco Ramos

Alejandra Yépez, de Amazon Watch Ecuador, señala que son estos espacios de vida —el agua, los ríos, el bosque, la tierra— en los que se concentran las luchas de las mujeres indígenas. “La noción de tierra y territorio que tienen las mujeres indígenas no está disociado de su cuerpo. Para ellas es una extensión de este”, agrega Stuardo, de Global Witness. 

Bajo esta premisa, ejercer la violencia sobre el ambiente y el territorio es ejercerla también sobre las mujeres. “Por eso —remarca Stuardo— los ejercicios de defensa están protagonizados por mujeres, aunque no sean siempre visibles”.  

 

Las violencias contra las defensoras

Sofía Vargas, oficial del proyecto de Oxfam en Perú, comenta que justamente la lucha de las mujeres suele ser menos visible porque históricamente se les ha impedido el acceso a espacios donde se toman las decisiones políticas y de manejo de territorio. 

Para lograr tener protagonismo dentro de su comunidad o en su región han tenido que trabajar durante, al menos, diez años en temas comunitarios, muchas veces relacionados con salud materno infantil o soberanía alimentaria, comenta Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama. Para que una mujer se ponga al frente de la comunidad, dice, primero ha tenido que romper varias barreras personales. 

“El punto de partida es diferente para una mujer indígena, en comparación con un hombre indígena”, dice Mariel Cabero, especialista en justicia ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL). Ellas, señala Cabero, primero deben enfrentarse a los estereotipos impuestos por ser mujer.

Las violencias dirigidas a las mujeres defensoras indígenas también tienen sus matices particulares, si se les compara con los ataques que sufren los defensores indígenas hombres: “Hemos visto que los hombres son criminalizados y hasta los asesinan, pero las mujeres, muchas veces, son violadas y de esto no se habla. Se vive con esto, se carga con ese dolor”, comenta Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap). 

“La violencia sexual es una forma de agresión hacia las mujeres, de mostrar poder, de humillar. Se convierte en una forma de castigo por la labor de defensoras que desempeñan. Se les hace campañas de desprestigio que se refuerzan en estereotipos para poder descalificarlas”, señala Vargas de Oxfam. 

Laura Furones, de Global Witness, añade que aunque las mujeres defensoras son asesinadas en una tasa de 10% a nivel mundial, detrás de esta cifra se esconden otro tipo de agresiones. Francisca Stuardo, también de Global Witness, comenta que esta violencia no solo pasa por el ataque físico y sexual, sino también por los espacios que tienen para realizar estas denuncias. 

Ana María Fernández, del pueblo yukpa en Venezuela, ha perdido cinco de sus diez hermanos. Ellos luchaban por la recuperación de su territorio. Foto: Observatorio de Ecología Política de Venezuela

En el caso de Ana María Fernández, de la comunidad yukpa de Venezuela, sicarios le mataron a cinco de sus diez hermanos. Ella asegura que los asesinaron por encargo de terratenientes, militares y guerrilla colombiana que operan en el estado de Zulia y cuyo objetivo es apoderarse de las tierras indígenas. Aun así, ella se hizo luchadora social y ha seguido denunciando los abusos, por lo que ha sufrido discriminación, despojo y múltiples amenazas que han caído sobre las mujeres que más ama. Los que la acosan, han amenazado de violación a su hermana y han quemado la casa de su madre. 

Sobre la estigmatización, Bellanira López Sánchez, especialista de Protección Integral a Defensoras del Consorcio Oaxaca, organización no gubernamental en México, comenta que esta es una práctica común dentro y fuera de las comunidades indígenas: “Las mujeres que se ponen al frente en una lucha de resistencia tienden a ser señaladas, porque deberían estar haciendo otras labores como cuidar la casa o los hijos y por este trabajo de defensa estarían dejando esas labores”. 

Además, al tener un rol de cuidado dentro de las comunidades, son ellas a las que más les afecta en su cotidianidad el dedicar buena parte de su tiempo a la defensa del ambiente y el territorio. 

 

En Perú, como en otros países de América Latina, las mujeres indígenas tienen un papel activo en la defensa de su territorio. Foto: Cortesía Rainforest.

“Lo más difícil es dejar a mis hijos (durante los viajes a las comunidades). Y lo más triste es que la mayoría de las veces no hay cobertura (telefónica y de internet)”, confiesa Betty Rubio Padilla, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), perteneciente a la provincia de Maynas, en la región Loreto. Las defensoras sienten que están dejando de lado responsabilidades en el hogar y con sus familias. 

A Josefina Tunki, la primera dirigente en presidir el Pueblo Shuar Arutam, y referente de varias mujeres indígenas en Ecuador, la han insultado y difamado por ser mujer e indígena. Tunki reflexiona que, si bien ha recibido el apoyo de muchos hombres de las comunidades Shuar, el machismo ha hecho que muchas veces la traten distinto: “Se refieren a mí en términos no muy decentes”, cuenta.  

Pese a la gravedad de los ataques, no existen muchos datos en América Latina sobre las amenazas específicas en contra de las mujeres defensoras indígenas, señala Cabero de IUCN NL. “Estamos trabajando en monitorear y visibilizar estos peligros”, agrega.

Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam en una de las orillas del Río Santiago. Foto: Ana Cristina Alvarado

Algunas organizaciones, como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, han resaltado que la criminalización —abrir procesos judiciales en su contra— es una de las violencias a las que recurren cada vez más los actores que buscan frenar las luchas de las defensoras indígenas.

En uno de sus informes, la Iniciativa Mesoamericana resalta que “estos procesos usualmente no prosperan, lo que da cuenta de un patrón en donde las mujeres son criminalizadas por delitos que no se pueden confirmar, lo que podría develar un indebido uso judicial contra las mujeres”.

 

Cuando la protección nace desde adentro

“Luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, cuerpos policiales y guardia nacional, gobierno local y el mismo Estado que no permiten la demarcación de nuestras tierras», advierte Ana María Fernández, lideresa yukpa. 

“Son lideresas que luchan por sus tierras porque en esos espacios es donde está el alimento para su familia, el agua, sus lugares sagrados, su cultura”, dice Linda Bustillos, profesora de la Universidad de Los Andes (ULA).

¿Cómo se defienden las mujeres indígenas ante la desprotección de las autoridades estatales? Tejer redes y el autocuidado son herramientas que han sumado a la defensa del ambiente y territorio las mujeres cuyas historias son narradas en este especial.

Es el caso de Ana María Fernández, Carmen Fernández y Lucía Romero, tres defensoras indígenas que lideran la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tüonde, creada para defender a su pueblo de la escalada de violencia en esa región de Venezuela.

 

Betty Rubio (al frente de la primera balsa) es presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua).

Para instituciones como Onamiap, la autoprotección se convierte en una solución frente a las débiles acciones que los Estados realizan para proteger a las defensoras ambientales amenazadas, mecanismos que la mayoría de las veces no tienen un enfoque ni intercultural ni de género. 

“En algunos países se nos obliga a migrar a las ciudades como salida de la contaminación o de las múltiples violencias que vivimos en nuestras comunidades. Pero las mujeres lo pasamos mal en las ciudades. No es como en tu comunidad donde produces tu comida o hablas en tu lengua materna”, dice Melania Canales, de Onamiap. 

Bellanira López, de Consorcio Oaxaca, comenta que si existiera una perspectiva diferenciada para la protección de mujeres indígenas defensoras, se evaluarían casos donde no es necesario que salgan de su comunidad. “Es necesario revisar cuál es la causa del riesgo y tomar acciones a partir de este análisis”, añade. 

La necesidad de un enfoque distinto de protección se evidenció con más fuerza durante la pandemia del COVID-19, señala Laura Furones, de Global Witness. “Los mecanismos de defensa que ya eran frágiles han dejado de funcionar y esto aumenta el círculo de impunidad”, precisa. 

La ausencia de justicia y visibilidad de los ataques a las lideresas indígenas fue identificado por organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuú en Colombia. Es por ello que han recorrido La Guajira, de norte a sur, con una escuela itinerante que ha formado a más de mil mujeres en derechos humanos e incidencia política. 

 

Integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuú, en Colombia. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

 

En Ecuador, el colectivo Mujeres Amazónicas —conformado por representantes de siete nacionalidades indígenas—, además de defender el territorio amazónico y los derechos humanos, se ha convertido en un soporte de sanación espiritual y físico entre mujeres durante la pandemia. 

A nivel regional existe el Tribunal de Mujeres Amazónicas, iniciativa entre organizaciones indígenas y organizaciones privadas que busca mostrar las agresiones que viven las mujeres indígenas en América Latina. Y también está la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

“Ninguna es mártir y nuestros cuerpos no se ofrendan”, dice Bellanira López e insiste: “Si queremos defender nuestros derechos también tenemos que gozar de ellos. Hay que ver el autocuidado como una práctica política, porque nuestro primer territorio es nuestro cuerpo”.

Pero mientras las mujeres defensoras ponen sus cuerpos en juego, ¿cómo están respondiendo los países donde ellas viven?

 

Un llamado de emergencia a América Latina

Las especialistas consultadas por Mongabay Latam coinciden en que en América Latina aún falta mucho para lograr garantizar los derechos de las mujeres indígenas que defienden el territorio. “Escuchamos palabras grandilocuentes de los Estados cuando se refieren a programas de protección de las y los defensores, pero a la vez se recortan presupuestos para estas iniciativas, como sucede en México”, dice Laura Furones, de Global Witness. 

Tampoco, agrega Furones, existe una coherencia entre los proyectos económicos que se aprueban en los países y que representan una amenaza contra los territorios donde habitan los pueblos indígenas. “Esto se hace sin un mínimo de consulta a las comunidades”, resalta. Lo mismo destaca Mariel Cabero, de IUCN NL: “La consulta previa informada a los pueblos indígenas es un requisito, pero se suele hacer rápidamente y no se ofrecen procesos adecuados para que las comunidades conozcan bien lo que se realizará en sus territorios”.

 

La minería y la tala ilegal son solo algunas de las actividades que están perturbando los territorios de las comunidades indígenas. Foto: Cortesía pueblo Shuar Arutam

Para la especialista de IUCN NL, acuerdos como el de Escazú son fundamentales como guía para la defensa de los pueblos indígenas. En América Latina, entre los países que aún no han ratificado están Perú, Colombia y Venezuela. En el caso de Perú, Melania Canales, de Onamiap, señala que el nuevo gobierno, que asumió en julio de este año, debería plantear nuevamente al Congreso esta ratificación. 

El caso más extremo de desprotección lo vive Venezuela. Lexys Rendón, especialista en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, señala que existe “un retroceso importante en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales” en el país. “Hay un criterio generalizado para las personas que levantan la voz contra las políticas estatales de tildarlos como enemigos. Cuando hay mujeres que hablan en contra de proyectos extractivos son acusadas de traidoras a la patria”, dice Rendón. Para la activista venezolana, esta indiferencia a las demandas de los pueblos indígenas ha causado que solo un 17% de las comunidades tengan territorios delimitados, lo que los deja en una mayor vulneración.

Global Witness ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, la ONU y la Unión Europea de modo que se garantice la protección de defensores ambientales: “Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática”. Señala que se necesitan acciones urgentes a nivel internacional, regional y nacional para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, sin criminalizar a los activistas, sino proteger su integridad. 

“Muchas de nuestras compañeras en América Latina han sido asesinadas, incluso cuando tenían medidas cautelares que las protegían, como Berta Cáceres (defensora indígena de Honduras)”, agrega Melania Canales de Onamiap. 

 

Mural de Berta Cáceres en el centro de Tegucigalpa. La defensora Lenca fue asesinada en 2016. Foto: Sandra Cuffe.

Canales, quien recorre el Perú recogiendo las denuncias de otras mujeres indígenas, comenta que el primer obstáculo lo enfrentan cuando buscan presentar una denuncia: en muchas regiones, las instancias judiciales se encuentran a un día de distancia. 

“La violencia está institucionalizada y naturalizada”, dice la dirigente. Esto es algo que desde las comunidades, tejiendo redes, cuidando y defendiendo aquello que da vida, identidad y futuro a sus pueblos, las mujeres indígenas buscan cambiar. Y por eso alzan la voz en colectivo y cada vez lo hacen más fuerte.

ESPECIAL︱Mujeres de Jaspe: Seis lideresas del Pueblo Indígena Pemón cuentan su historia de coraje y resistencia

Texto y fotos: Morelia Morillo 

 

La realidad del Pueblo Indígena Pemón que habita en el extremo sureste venezolano,  no se aleja de la profunda crisis que atraviesa el país. Como nunca antes, los Pemón experimentan y resisten en carne propia el avance del extractivismo en la región, la fiebre del oro que revuelve todo. También son víctimas de la delincuencia, que como nunca antes había causado estragos en sus tierras ancestrales  y de la inédita  militarización del territorio justificada oficialmente por el supuesto control de la violencia. 

Para liderar a su gente en estos tiempos turbulentos, cada vez más comunidades indígenas Pemón escogen a mujeres como sus capitanas, como sus máximas lideresas, voceras de los asentamientos conformados por varias familias casi siempre emparentadas. Entre 2002 y 2005, otro momento cumbre del liderazgo pemón femenino, había cuatro mujeres al frente entre los seis sectores que conforman la Gran Sabana. Actualmente, son nueve sólo en el sector 6 – Akurimö, según Jorge Gómez, el líder de más larga trayectoria dentro del territorio pemón.

Probablemente estas mujeres son elegidas porque son  más organizadas, más gregarias, más aguerridas, más creativas, más honestas o porque simplemente representan un cambio frente al liderazgo tradicionalmente desempeñado por hombres también cuestionado en estos tiempos.

El especial Mujeres de Jaspe:  Seis lideresas del Pueblo Indígena Pemón registra las historias de coraje, orgullo y resistencia de un grupo de mujeres que han asumido el liderazgo en sus comunidades asentadas en la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, motivadas por la protección de su territorio, su cultura y su gente.

Para leer el especial Mujeres de Jaspe puedes hacer click en la imagen: 

 

ESPECIAL | Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de COVID-19, según una investigación de Runrunes y El Pitazo, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’*. Especialistas consultados sostienen que se trata de una «pantalla» y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. La llamada ‘justicia mediática’, detenidos sin paradero y sin procesos que garanticen una adecuada defensa marcan la irregular gestión gubernamental contra la pandemia en Venezuela.

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Vera

 

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el COVID-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Saab afirmó que Amell y Aguiar mantenían vínculos con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. “El director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte”, dijo el fiscal. Por este caso fueron detenidas cuatro personas más. 

Runrunes y El Pitazo registraron 40 detenciones en Venezuela, entre mayo de 2020 y abril de 2021, de individuos señalados por cuerpos policiales y funcionarios del Gobierno, acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de COVID-19 y presunta falsificación de resultados. 

La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. 

Septiembre de 2020 fue el mes en que se detuvo a Amell y el que aparece con más detenciones durante la pandemia. Solo por el caso del médico colombiano las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos al director del Hospital y a Juan Yánez, presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Ambos fueron destituidos de sus cargos y excarcelados el 30 de diciembre, tras 113 días privados de su libertad. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, agosto y septiembre fueron los meses donde más contagios y fallecidos se reportaron durante el primer año de la pandemia en el país. Sólo en agosto se registraron 28.154 casos, el 62% de los 46.728 que había hasta esa fecha, como publicó Runrunes.

El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal —una ONG venezolana que defiende presos políticos—, explicó que el Gobierno está convirtiendo investigaciones en instrumentos para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de propiciar la administración de justicia. 

“Lo que está pasando es que el Estado no está garantizando el derecho a la salud y en ese contexto es normal que la gente busque resolver su problema de una manera informal. El problema de fondo, que es la carencia de medicamentos e insumos, no se resuelve metiendo presas a 30 o 40 personas”, afirmó Himiob.

 

Justificación de una gestión ineficaz 

Rafael Alejandro Portales Navarro (31) y Zulay del Carmen García Serrano (33) son médicos cirujanos, especialistas en traumatología, que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2020 por funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía de Aragua. 

Al momento de la detención, ambos trabajaban en el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. La versión policial indicó que, después de un trabajo de investigación, los médicos fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban vender 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19, a razón de 30 dólares cada una. 

En la detención se incautaron 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19. Foto: Policía de Carrizal

 

La identidad de los médicos se dio a conocer de inmediato y se distribuyeron fotografías en las que se veían los rostros de los detenidos, aunque en la práctica policial venezolana la mayoría de estas tomas fotográficas suele realizarse de espalda a la cámara. Además, se difundieron fotos de sus respectivos carnets de trabajo donde se podían ver sus rostros y otros datos personales. 

Al día siguiente de la detención, en las redes sociales circuló la imagen de una boleta de libertad (N.139-20), firmada por Nitzaida Vivas Martínez, juez del estado Aragua, donde se solicitaba la libertad plena y sin restricciones para García Serrano. “En la revisión exhaustiva de las actuaciones, se evidencia que no hay delito que se pueda imputar”.

De acuerdo a los registros públicos y notas de medios analizados, en 11 meses han detenido a seis médicos y 16 de los hechos registrados por esta investigación son por ventas de pruebas para detectar el COVID-19. 

Himiob explica que la Ley de Medicamentos y la Ley del Ejercicio de la Farmacia establecen que sólo las farmacias y su personal calificado están facultados para la venta o comercialización de medicamentos. 

“No es que las personas que han sido detenidas por vender medicamentos o insumos médicos no estén cometiendo ninguna infracción, pues ciertamente se está violentando una disposición legal. El problema está en criminalizar esas ventas no por su propia ilegalidad sino porque el Gobierno quiere mantener la hegemonía y el control absoluto sobre la pandemia, y no facilita el acceso de los pacientes a esos medicamentos por los canales regulares”, argumentó Himiob. 

El manejo de la pandemia por parte del gobierno venezolano se ha caracterizado por el control absoluto y la opacidad en la información. La primera entrega de la investigación que desarrolla la alianza Vigila la Pandemia, dejó al descubierto cómo el gobierno de Venezuela y el de otros seis países en la región han rechazado desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de dólares

“Cuando desde el poder se trata de consolidar una determinada narrativa, incluso antes de que comience la investigación, dirigida a criminalizar de entrada a una persona sin respetar el debido proceso, su derecho a la defensa y los plazos de la investigación, ya hay algo que huele mal”, sostuvo Himiob. “El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, agregó. 

Lo dicho por Himiob no es una práctica nueva del oficialismo. Ya en 2016, cuando la escasez de alimentos en Venezuela estaba en su punto más crítico, las autoridades encarcelaron a quienes comercializaban productos regulados. La Ley de Precios Justos (2014), destinada a controlar la inflación y el abastecimiento de insumos básicos, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes revendan estos productos y establece también el delito de contrabando de extracción, uno de los imputados a Amell. 

El nuevo coronavirus llegó a Venezuela cuando el sistema sanitario del país ya se encontraba afectado por la crisis hospitalaria. Los médicos atienden a pacientes con COVID-19 en instituciones sin agua y con electricidad intermitente, con escasos insumos médicos y reducidos equipos de bioseguridad. Durante la pandemia, han fallecido 582 trabajadores de la salud por causas asociadas al coronavirus.

 

 

Justicia mediática

Los soldados José David Camperos (19) y José Díaz Blanco (25) fueron detenidos el 1 de septiembre de 2020, junto a otras tres personas, en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. La prensa local reseñó que las autoridades habían recibido “numerosas” denuncias contra los detenidos por la presunta venta de pruebas rápidas para Covid-19. 

De acuerdo con el reporte, al grupo le incautaron 41 cajas de test de descarte rápido para el COVID-19 (1.025 pruebas). El organismo de seguridad presume que los dispositivos habían sido tomados de un centro de salud, pero no ofreció más información. Se informó que todos los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la evolución del caso y no se ha dado información pública sobre el paradero de los detenidos. 

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que el Estado venezolano solo ejerce una ‘justicia mediática’, pues explicó que las autoridades informan sobre presuntos responsables de ciertos delitos, pero no ofrece detalles sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial que se le sigue a los casos. “Es una justicia sólo de titulares, pero no de sentencia firme”.

Sostiene que en la Justicia venezolana ha cobrado fuerza una práctica irregular que sólo alimenta el patrón de impunidad: el Estado acusa o juzga a los más débiles de la cadena. “Se usan a estas personas para crear la matriz de opinión de que el Estado venezolano lucha contra el contrabando de extracción de medicinas o tráfico de vacunas, pero no sanciona realmente a los verdaderos responsables”, afirmó Daniels.

“Decir que no hay medicinas porque una o dos personas tienen en su poder algunos productos no evidencia una red de tráfico, por ejemplo, porque ese entramado implicaría que hay un volumen de personas involucradas en concierto para concretar una acción delictiva. Las detenciones aisladas realmente no indican que se está combatiendo el problema”, añadió Daniels.

El abogado señala que el Gobierno viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al anunciar públicamente la responsabilidad de ciudadanos en presuntos delitos sin haber tenido elementos suficientes para acusarlos. Considera que no perseguir los casos de corrupción se ha convertido en una “política de Estado” y resaltó que la Justicia ha sido ineficaz para resolver los casos. “En el caso de las medicinas, se detiene a la persona y no hay un acto frente a un juez donde se presente el caso; ese caso muere, pero crea la imagen ante los venezolanos de que la justicia es eficiente”.

 

Los grandes emprendedores de la pandemia 

Mientras el gobierno de Maduro detiene a personas por presunto contrabando de extracción y otros delitos, hay casos que despiertan sospechas más contundentes y que las autoridades no han señalado. El 2 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) informó que los viajeros que entraran al país debían realizar la prueba PCR con un laboratorio que dispusieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para ese fin. Ese laboratorio apenas tenía 21 días de haberse constituido

En mayo de 2020 comenzó a observarse, en la base de datos creada para esta investigación, la venta de pruebas COVID-19 por particulares.  En la misma línea de las declaraciones de Maduro, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado declararon a la prensa, en el momento de las detenciones, que la aplicación de estas pruebas era gratuita y debía ser controlada por el Ministerio de Salud. En paralelo a esta situación, surgieron laboratorios privados y ventas de estas pruebas a domicilio promocionados mediante anuncios por la red social Instagram. 

Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la información sobre las compras y contrataciones, así como la lista de materiales y bienes asignados, debe publicarse en formatos de datos abiertos. Sin embargo, en Venezuela las contrataciones, adquisiciones y asignaciones que se han hecho durante la pandemia están marcadas por la opacidad y la discrecionalidad.

En el sector salud, las únicas investigaciones anunciadas por las autoridades venezolanas en los últimos años son casos de corrupción “que no involucran grandes cantidades de dinero público ni la participación de funcionarios de alto nivel con responsabilidad en el manejo de recursos”, afirmó Rojas.

 En el primer decreto de estado de alarma dictado por Maduro, en marzo de 2020, cuando se confirmó la presencia del COVID-19 en Venezuela, se dispuso la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. De los 12 funcionarios que ha elegido el presidente para que sean parte de esta comisión, cinco han sido sancionados por Estados Unidos, como Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Ambos son acusados por la justicia norteamericana de presunto tráfico de drogas. 

En paralelo a la opacidad del oficialismo y al surgimiento de nuevas empresas privadas que comercializan insumos médicos, Amell continúa privado de libertad, sin que trascienda información sobre su caso. Otro acusado por el oficialismo, Luitxon Alejandro Caripe Ochoa, de 26 años, quien fue detenido en julio de 2020 en Caracas por presunta estafa con pruebas rápidas para detectar Covid-19, terminó limpiando su nombre por redes sociales luego de ser liberado y sin información sobre el proceso judicial en su contra. “Bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquí estoy y desmiento la investigación efectuada (…) que nunca se hizo”, aseguró en un publicación de un medio local del estado Vargas.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL  ⎸Se investigan más de 1.300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia

En estos tres países de América Latina, las investigaciones de las autoridades de justicia por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 superan los mil 300 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos

Por Vigila la Pandemia*

 

Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el COVID-19.

En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente. 

Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción. 

En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.

 Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria. 

En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos. 

A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción. 

En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.  

La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

Investigados y delitos

En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas. 

En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.

Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles. 

En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.

En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el COVID-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.

El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Foto: Presidencia de Colombia.

Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).

La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del COVID-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.

Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.  

*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.