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Control Ciudadano: Última reforma a la ley de la FAN expande la militarización del Estado
La enmienda de la ley en 2020 eliminó el principio legal de la “verdad” para los militares 

La aplicación de la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb) avanza al margen de la Constitución y expande la militarización del Estado, expone la organización Control Ciudadano, que hace seguimiento de la actuación de la institución castrense en Venezuela.

La directora de esta ONG, Rocío San Miguel, considera que “está pendiente en Venezuela una discusión sobre el alcance inconstitucional de esta última reforma a la ley, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2020 y que denominó: Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un instrumento jurídico que está promoviendo aún más la expansión de la militarización del Estado y del régimen militar sobre los ciudadanos y que como dato curioso elimina el principio legal del deber de la ‘verdad’ para los militares”.

También destaca como un aspecto alarmante de esta enmienda la creación del Sistema Defensivo Territorial, por el que se están incorporando a la organización de la FANB, los comités políticos-patriótico ideológico, de orden interno y militar de las comunas, asignándose a la Milicia Nacional Bolivariana la función inconstitucional de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo en todos los niveles del Sistema Defensivo Territorial.

“Se trata de una ley que establece una narrativa ideológica para las funciones de la FANB, que pasa a ser formalmente a partir del 2020: ‘antimperialista y antioligárquica’, fortaleciendo el sistema de inteligencia y contrainteligencia en los componentes e integrando a la Milicia Nacional Bolivariana a estas funciones”, agrega.

La ONG publicó una infografía que sistematiza y resume 10 aspectos relevantes contenidos en la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2020, con el fin de transparentar los asuntos vinculados a la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. 

Creación de destacamentos militares no ha disminuido tráfico de bienes y personas en estados fronterizos
Entre 2019 y 2020 destacan la creación de destacamentos militares en estados fronterizos con altos índices de criminalidad, un centro de activos digitales y una zona de defensa integral especial

Entre 2019 y 2020 se registraron al menos 37 creaciones, activaciones, adscripciones, trasferencias, etc., de unidades, comandos, empresas, direcciones, servicios, centros logísticos y de instrucción, entre otras dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así lo revela el estudio Venezuela: Creación, activación, desactivación, transformación y reasignación, de unidades, organismos, empresas y dependencias militares (2019-2020), realizado por Control Ciudadano.

Las dependencias que registraron mayor número de cambios fueron la Guardia Nacional (12), el Ejército (9), el Ministerio de la Defensa (8) y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) (5).

En relación con los cambios en el Ministerio de la Defensa el estudio reveló que: “Lo más significativo fue la activación, en diciembre de 2020, del Consejo Militar Científico y Tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el propósito de impulsar el desarrollo y producción local, de sistemas de armas”. Para cumplir con su objetivo, este ente contará con la asesoría de China, Cuba, Irán y Rusia, entre otros “aliados estratégicos”, según las declaraciones de voceros oficiales.

En el Ejército, destaca la creación de un Centro de Producción de Activos Digitales, inaugurado en noviembre de 2020, que trabaja en el área de las criptomonedas. Y de batallones comunicacionales, creados y activados en julio de 2020, que tendrían como objetivo combatir “la guerra mediática promovida por el imperialismo norteamericano”, de acuerdo con información oficial.

En el caso del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), resalta la creación de la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Espe­cial en el estado Táchira, adscrita a la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes (REDI Los Andes), con el objetivo de controlar y vigilar los municipios de esa región, y los pasos irregulares o trochas que comunican con la vecina Colombia, para “evitar el ingreso de ciudadanos venezo­lanos por esas vías y frenar la propagación del COVID-19”.

Por su parte, la Guardia Nacional activó diez nuevos destacamentos, de los cuales siete se desplegaron en los estados fronterizos Bolívar, Táchira y Zulia, en los que se registran altos índices de criminalidad (contrabando, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, etc.). Sin embargo, para Control Ciudadano, llama la atención cómo persiste el tráfico ilegal de personas y bienes en estos espacios fronterizos del país.

Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano: “Es relevante, sin embargo, cómo los componentes de la Armada y de la Aviación no registraron creación de unidades operativas en el periodo estudiado, a pesar de los desafíos jurisdiccionales que enfrenta la República, en sus espacios marítimos y aéreos”.

El estudio se presenta como una contribución para el análisis y comprensión de los cambios que ha experimentado la Fuerza Armada Nacional en los últimos años, entre los que destaca el desarrollo y consolidación de empresas, vinculadas con los distintos componentes de la institución.

Para la elaboración de este informe se consultaron diversas fuentes documentales como la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prensa local, informaciones de carácter público suministradas por voceros y otras publicaciones oficiales vinculadas con la Fuerza Armada Nacional. Aunque no está disponible toda la información sobre los cambios registrados en las dependencias militares en los últimos años, la información recopilada y sistematizada constituye un aporte importante, para conocer y comprender los principales cambios registrados en las dependencias militares durante el lapso estudiado.

Con este informe Control Ciudadano para la Seguridad da continuidad a una investigación anterior, Venezuela: creación, activación, transformación y asignación de unidades y dependencias militares 2013 – 2018, que también puede ser consultada en la página web de la organización. 

OVV alerta sobre incremento de casos de violencia infantil durante la pandemia
La ONG advierte sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan los hechos generadores de situaciones violentas en las familias

El período que inició con la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020, registra una tendencia en aumento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, concluye el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), capítulo Bolívar.

El OVV no solo hace referencia a muertes violentas, sino a la vulneración de derechos alimentarios, sociales y de salud, que constituyen un tipo de violencia. Esta tendencia, donde las víctimas directas son los niños y jóvenes se inició hace al menos tres años.

“Las primeras situaciones en reportarse aludían al deterioro de la calidad alimenticia de esta población. El resultado ha sido más de 30 muertes por desnutrición infantil al año; y estos son solo los casos reportados oficialmente. Luego, asociado a la migración de personas hacia las zonas mineras en busca de mejoras económicas; niñas y adolescentes se vieron afectados al ser dejados atrás, muchos quedaron al cuidado de familiares, amigos, o simplemente fueron dejados solos. Esto trajo consigo, entre otras tantas situaciones, que no pudiesen ser incluidos en el sistema escolar por falta de documentación respectiva o que simplemente no quisieran participar porque consideran más rentable, trabajar que estudiar”, explica la organización en su informe.

Quedarse en casa por la pandemia no significó una disminución de casos de abusos en contra de niños, niñas y adolescentes. Por lo contrario, el informe del OVV Bolívar da cuenta de un aumento del abuso sexual, actos lascivos y tratos crueles contra menores de edad, y en la mayoría de los casos los victimarios fueron los padres de estos, familiares o su representante legal.

De acuerdo con el monitoreo del OVV Bolívar, desde que comenzó el confinamiento en marzo del año pasado, se registraron un total de 51 casos de violencia contra niños y jóvenes, en edades comprendidas entre los 0 y 19 años. Sin embargo, la población mayormente afectada son los comprendidos entre los 5 y 14 años, con un total de 28 víctimas.

Comercialización de personas

Asimismo, el monitoreo de prensa del observatorio permitió contabilizar los casos de operativos de cuerpos de seguridad del Estado entre mayo y junio de 2020, donde “lograron impedir el traslado de personas que serían comercializadas. De las 207 personas rescatadas, al menos 53 eran niños y adolescentes”.

La oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, adelanta estudios que describen la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de prácticas asociadas a formas de esclavitud moderna.

“Resulta importante comprender que los sistemas de violencia en Bolívar han mutado de conflictos de dominación y control de espacios a conflictos de supervivencia, produciéndose robos, hurtos, linchamientos, ajuste de cuentas, lesiones, entre otros, que vienen motivados por la obtención de bienes y productos tangibles y canjeables que podrán ser vendidos o intercambiados para poder subsistir, porque hay dificultad para la adquisición de productos de primera necesidad”, agregó el informe.

El OVV Bolívar instó a las autoridades y a la colectividad a tomar medidas que permitan disminuir los hechos generadores de situaciones de violencia, especialmente en las familias.

Segundo estado más violento

El informe también precisó que Bolívar cerró 2020 con una tasa de 62 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Esto lo ubica como el segundo estado más violento de Venezuela, después de Miranda y seguido por Sucre, Aragua y Distrito Capital.

En 2020 también se contabilizaron 673 víctimas de violencia interpersonal, 69,5% fue por homicidio, 15,5% por lesiones, 8,2% víctimas de violaciones, y el resto está dividido entre robo con lesión, extorsión y robo. 81,4% de las víctimas correspondieron a la población masculina.

El victimario fue desconocido en 55,6% de los casos. El OVV también registró una disminución de casos con respecto a 2019, asociada a una mayor presencia policial en las calles, con motivo de los distintos operativos de seguridad desplegados en el estado, así como casos detectados en flagrancia.

No obstante, el informe señaló que “aun cuando en 2020 existió la cuarentena obligatoria y los periodos de radicalización a causa de las medidas gubernamentales decretadas para frenar los casos de la COVID-19 en el país, 97,7% de los casos registrados ocurrieron en las calles, durante los días de la semana y en horas del día”.

Los municipios El Callao, Sifontes y Roscio mantienen su posición como los más violentos, con la particularidad de que forman parte de la zona minera del sur de Bolívar.

Se deteriora salud de pemones detenidos en cárcel de El Rodeo II
No se les ha aplicado una prueba para descartar tuberculosis

Abogados de los 12 pemones, aún detenidos en El Rodeo II tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla del municipio Gran Sabana a finales de 2019, denunciaron que al menos cuatro indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco a comienzos de año.

La abogada de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial, pese a la orden del juez en noviembre de 2020, para el traslado de los 13 pemones a un hospital.

Por otro lado, Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y coordinador de Pueblos Indígenas, declaró que a los pemones se les hizo una prueba de despistaje de COVID-19 la semana pasada, en la que dieron negativo, pero no se le ha realizado prueba de tuberculosis, enfermedad de la que murió Franco.

Además de esto reafirmó que continúan sin la revisión médica en un centro de salud como lo ordenó el juez el 27 de noviembre en la audiencia preliminar. Ortiz expresó que la semana entrante van a solicitar que se ejecute la orden de traslado para la revisión médica de los 12 pemones restantes, así como nuevamente solicitar cambio del sitio de reclusión.

Sin investigación

La abogada señaló que la Fiscalía hasta los momentos no ha empezado una investigación sobre el caso de Franco. Migliorini aseguró que están realizando denuncias y acciones legales para que representantes del Ministerio Público ejerzan acciones penales contra los posibles responsables de la muerte del indígena y se pueda resguardar la salud física y mental de los que siguen privados de libertad.

“Una vez revelada la autopsia se demuestra la responsabilidad del Estado, es por ello que el caso se va a llevar como una petición ante las relatorías de detención arbitraria de la ONU, la relatoría de Pueblos Indígenas, así como ante la CPI”, expresó Ortiz.

Salvador, detenido el 29 de diciembre de 2019, murió el 3 de enero debido a una tuberculosis y un cuadro de desnutrición. En este período nunca recibió atención médica ni se les brindaron garantías de alimentación o agua potable. Pese a la muerte de Franco, nada ha cambiado.

Similares condiciones de reclusión

“Todo sigue estando igual (…) en ese estado tan inhumano en el que se encuentran, ahí no hay agua, no tienen baño, no les dan el alimento adecuado, de verdad que están pasando trabajo”, relató Migliorini.

Los cuatro indígenas están decaídos, con tos y pérdida del apetito sin que les permitan acceder a medicamentos con facilidad, denunció la abogada. La defensa subrayó que los 12 pemones tienen temor de contagiarse de tuberculosis y sufrir lo mismo que Franco.

Migliorini dijo que desde el penal han puesto múltiples trabas para no realizar el traslado de los pemones, entre esas la falta de transporte, gasolina y hasta cauchos. “Antes del fallecimiento de Salvador los familiares trataron de colaborarle a ellos en lo que necesitaban… necesitaban carro, le consiguieron”, relató.

Incluso los parientes de Salvador hicieron gestiones para conseguir gasolina y trasladar al indígena, sin embargo, la última excusa antes de fallecer fue que no tenían autorización de la ministra de centros penitenciarios para llevarlo hasta un centro asistencial. “Un centro penitenciario al ver el estado de salud de uno de los privados no necesita ni autorización de un tribunal”, denunció Migliorini.

Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 12 pemones aún presos y que se ha mantenido en Caracas entregándole alimentos a los apresados, manifestó: “Tenemos miedo de que se contagien de tuberculosis”.

A su vez subrayó que seguirán reclamando por justicia y que “no quede impune la muerte de Salvador”.

Advierten sobre actos delictivos a universidades públicas en inicio del 2021
Aula Abierta señala que durante la cuarentena de 2020 contabilizaron por lo menos 175 actos delictivos en 12 universidades de Venezuela

Tan solo en la primera semana de 2021, la ONG Aula Abierta contabilizó ocho actos vandálicos en contra universidades públicas del país, incluyendo el incendio que en el edificio de Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente (UDO), en Ciudad Bolívar.

La ONG precisó que de estos ocho actos delincuenciales, tres fueron en sedes de la UDO, tres en la Universidad de Los Andes (ULA), tres en la Universidad del Zulia (LUZ) y uno en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Al menos 12 universidades públicas del país han sufrido constantes hurtos y destrozos a sus sedes desde marzo del año pasado cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Desde entonces se registraron al menos 175 actos vandálicos contra estas casas de estudios, de acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Universitarios.

Las universidades más afectadas durante la cuarentena en 2020 fueron la Universidad del Zulia (50), Universidad de Oriente (35), Universidad Central de Venezuela (33) y Universidad de Los Andes (30).

“Estos actos comprometen seriamente el desarrollo de actividades docentes y de investigación académica. Además representan una violación a la autonomía universitaria y la libertad académica”, denunció la ONG a través de su cuenta en Twitter @AulaAbiertaVE.

En Bolívar, el Observatorio de Derechos Universitarios registró también dos hurtos o intentos de robos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).

Incendio en la UDO

La noche del 4 de enero se registró un incendio donde funcionaba Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UDO en Ciudad Bolívar. La decana María Coromoto Casado y bomberos municipales descartaron que se tratase de un incendio espontáneo, y afirmaron que fue provocado.

En el lugar, desde hace meses estaban sin cableado de alta tensión, a consecuencia de un hurto anterior, era de noche y no había ningún tipo de material inflamable.

Espacios de esa escuela y la de Ciencias de la Salud han sido las más violentadas, desde el hurto y destrozo de techos, ventanales, puertas, material de laboratorio y desmantelamiento del comedor.

La decana ha resguardado parte del mobiliario, y desde el año pasado cuando sucedió el incendio en la biblioteca de la UDO en Sucre, movimientos estudiantiles realizaron una jornada de resguardo de libros de la biblioteca en la sede de Ciudad Bolívar.

Después del incendio en Fundageominas, los movimientos ProUdistas, Adelante UDO y Más Udista intensificaron las jornadas de recuperación y resguardo de los espacios y bienes de la universidad.

“Acá están los estudiantes, acá está la luz que se interpondrá ante estas tinieblas que hoy pretenden consumir las casas de estudios, acabar con la pluralidad, el libre saber y la democracia. Seguimos defendiendo nuestras universidades desde cualquier espacio. Y a los que hoy pretenden acabar con nuestras instituciones, les digo que no lo van a lograr y que para nosotros rendirse jamás será una opción”, manifestó Hernán Adonis Bethelmy, dirigente estudiantil de ProUdistas.

La dirigencia estudiantil instó a los estudiantes a mantenerse en lucha constante por el rescate de esta casa de estudios y a no abandonar los espacios académicos.

“Nuestro país hoy pasa por una de las más grandes crisis política, económica y social en toda su historia. Y la manera de evitar que esto continúe es formándose en cada salón, en cada laboratorio de nuestras instituciones educativas”, agregó.

Alan Tafur, dirigente de Adelante UDO, manifestó: “Nuestro compromiso de mantener la academia no será mermado así nos golpeen, humillen, pretendan quemar nuestras instalaciones y aunque la situación se torne cuesta arriba, acá está una dirigencia comprometida con la lucha de una mejor universidad, de una excelencia académica. Hoy activamos planes de contingencia, hoy quizás no estaremos funcionando de una manera normal, pero mientras sigamos generando nuevamente las condiciones y sigamos comprometido lo vamos a lograr”.

 
 
El sistema de justicia en Venezuela trabajó menos de 10% durante 2020
La pandemia terminó por colapsar el sistema judicial en Venezuela, cuyos mecanismos digitales no contemplaron evitar los retardos procesales. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones, durante 2020 fallecieron al menos 10 internos de la cárcel de El Dorado

La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales en Venezuela. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, el abogado Luis Manuel Guevara, destacó que todo el sistema de justicia, tanto en casos civiles como penales, se vio afectado.

Para el 2 de julio, el TSJ implementó el sistema a distancia a través de su plataforma digital y empezó con Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua en el plan piloto hasta octubre cuando lo extendió a todo el país.

“En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez”.

Agregó que “el TSJ emitió ocho resoluciones donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional”.

La ONG Acceso a la Justicia denunció a finales de octubre que “pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal”.

Ausentismo laboral

Guevara se refirió también al colapso del sistema judicial por falta de personal. “Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida”.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, muchos empleados no se reintegraron a sus labores, principalmente por los míseros salarios que devengan, ya que ni siquiera les permite cubrir los gastos del pasaje diario. Los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares, aproximadamente.

Para 2021 se prevé que el gobierno implemente nuevamente cuarentena radical. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 de enero, pero dependerá de las medidas que tome el Ejecutivo nacional con respecto a la pandemia.

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Impresión de bolívares sin respaldo dispara el dólar en vísperas de diciembre
El significativo incremento de la moneda estadounidense devino luego de un supuesto aumento salarial de 400.000 bolívares a 1.200.000 bolívares

En los últimos 23 días el tipo de cambio del dólar ha aumentado más de 400 mil bolívares. Para comienzos de noviembre se necesitaban 520 mil bolívares para comprar un dólar. Luego de tres semanas un venezolano necesita 967 mil para comprar la misma cantidad, un incremento de 87% con respecto a principios de mes.

Comerciantes y pensionados son los más afectados de todo este aumento que devino luego de un supuesto aumento salarial de 400.000 bolívares a 1.200.000 bolívares, que alcanzan -si acaso- para medio cartón de huevos. Pese a que trabajadores del sector público y pensionados han recibido dicho monto, ninguna autoridad del Gobierno nacional ha oficializado el incremento que intenta fallidamente paliar la hiperinflación que comenzó a finales de 2017.

El economista y director del Capital Market Finance Jesús Casique explicó que el aumento en el tipo de cambio se debe al incremento de la base monetaria, es decir, la impresión de bolívares sin respaldo y dado el aumento de la liquidez monetaria que representa el dinero disponible que tienen los ciudadanos para su uso.

Sumado a esto, señaló que el último trimestre del año son meses estacionales donde suben los precios y las personas jurídicas o naturales buscan coberturas. Es decir, donde las personas buscan reducir riesgos económicos en monedas más seguras como el euro o el dólar.

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Asamblea Nacional contabiliza 162 militares presos por motivos políticos
La mayoría son de la Guardia Nacional y el Ejército

La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputada Adriana Pichardo, presentó el informe sobre los presos políticos militares en Venezuela.

El observatorio contabiliza a la fecha 162 presos políticos militares, de los cuales 67 son de la Guardia Nacional (41,36%), 66 del Ejército (40.74%), 18 de la Aviación Militar (11.11%), 7 de la Armada (4.32%) y otros 4 (2.47%) sin identificar.

Solo en 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias de militares. “Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6% a coroneles, el 8,64% a capitanes, 6,79% generales, el 4,94% son mayores, 1,23% tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62%”, especificó Pichardo.

Distrito Capital, Monagas y Aragua ocupan los primeros tres lugares de estados donde se registraron el mayor número de aprehensiones, con 91, 17 y 15 casos, respectivamente. En Bolívar contabilizan cinco arrestos a militares por razones políticas que equivalen a 3,09% del total.

“Estas no solo son cifras, son las familias, son víctimas con derechos humanos. Detrás de estas 162 personas hay torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, manifestó la legisladora.

En cuanto a los sitios de reclusión, el 51.85% se encuentran en la cárcel de Ramo Verde, 25.31% en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta-Caracas, y 9.88% en La Pica. El resto se ubica en Fuerte Tiuna, Helicoide, hospital militar, cárcel 26 de Julio, cárcel de Santa Ana, Dgcim Táchira, arresto domiciliario, y tres casos sin especificar.

Pichardo destacó que el Observatorio de DD HH de la AN fue creado el 17 de julio 2020 con el fin de “documentar y visibilizar las violaciones de los DD HH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales”.

Acotó que para la próxima semana prevén presentar un informe sobre los encarcelamientos por razones políticas a civiles.

El informe de la misión

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, y destacó que a diferencia del documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -que se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables-, este especifica la responsabilidad de las violaciones de DD HH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DD HH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DD HH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, destacó.

Recordó que en el informe expresa el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados a través del Tribunal Supremo de Justicia, y no de la Asamblea Nacional como constitucionalmente corresponde.

Se refirió también a los señalamientos en contra del Sebin y Dgcim, como dos de los órganos principales de represión en el país. Señaló el caso de Roberto Marrero como un ejemplo de fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.

“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, agregó.

El informe de la misión contienen más de 400 páginas con las que sustenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sus responsables, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a actuar oportunamente para hacer justicia a las víctimas.