Correo del Caroní, autor en Runrun

Correo del Caroni

Cicpc allanó casa y sometió a tratos crueles a familia en San Félix
Le robaron su carro y lo torturaron frente a sus familiares 

El ciudadano Alexander Marcano, habitante del sector Altamira de San Félix, estado Bolívar, fue víctima de allanamiento ilegal, amenazas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el viernes 17 de septiembre de 2021. Fuentes afirmaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) querían obligarlo, bajo tortura, a atribuirse hechos delictivos de los que era inocente.

A las 2:00 de la tarde de ese día, seis funcionarios adscritos a la Brigada contra robo del Cicpc ingresaron sin orden de allanamiento ni de aprehensión a la vivienda de Marcano, revisaron todas sus pertenencias y amenazaron de muerte con un arma de fuego a su tío, un señor de la tercera edad. En el hecho también estaban presentes la esposa de la víctima y su hija de 8 meses.

Los funcionarios (de los cuales cuatro no tenían uniforme ni identificación) no encontraron ningún elemento de interés criminalístico, por lo que decidieron la detención arbitraria de Marcano, el cual fue trasladado a la sede del Cicpc en San Félix.

Además, Marcano fue despojado de su vehículo porque presuntamente aparece en un video de seguridad de la cuadra, donde recientemente hubo un hecho de robo. Fuentes aseguran a Codehciu que el vehículo solo transitaba por su ruta habitual para llegar a su hogar.

Luego de cuatro horas de torturas, tratos crueles y degradantes en la sede del Cicpc, los funcionarios decidieron liberarlo y lo citaron para el día siguiente. Pero para la entrega del vehículo, que fue despojado por los mismos cuerpos del Estado en la vivienda de la víctima, le pidieron a Marcano 2 mil dólares.

Marcano fue esposado con las manos en la espalda desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde de ese viernes 17 de septiembre. En el trayecto hasta la sede del Cicpc fue golpeado en la cabeza, cuello y estómago. Fuentes narraron a Codehciu que cada vez que la víctima expresaba que era inocente la obligaban a atribuirse el delito de robo con el uso de la fuerza física y la intimidación.

Marcano acudió al día siguiente al Ministerio Público para denunciar esta violación de derechos humanos y la oficina de atención a la víctima lo remitió al Servicio de Investigación Penal del cuerpo de la Policía del Estado Bolívar (Sipep). Formuló la denuncia y logró hacerse el examen médico correspondiente.

La denuncia fue remitida a la fiscalía. Marcano hasta la fecha aún continúa sin su vehículo y sigue atemorizado por las torturas y tratos crueles de los cuales fue víctima.

Codehciu exige al Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos que lleve a la determinación de los responsables de esta violación de derechos humanos, y que el Estado asegure la no repetición y la devolución del vehículo de la víctima.

OVV registró 72 muertes violentas en Bolívar durante primer semestre de 2021
El Observatorio Venezolano de Violencia identificó a Caroní, Angostura del Orinoco y El Callao como los municipios con más casos entre enero y junio

En comparación con años anteriores, hay una disminución en los casos de homicidios contabilizados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar. Sin embargo, esto se debe más a las condiciones del contexto pandemia y las restricciones que se aplican en la entidad, que al hecho de que realmente no ocurra este delito, advirtió María Virginia Alarcón, coordinadora del OVV Bolívar.

Durante el primer semestre de 2021 hubo al menos 279 casos de violencia en el estado Bolívar, de acuerdo con el monitoreo en diferentes medios de comunicación de la región. Estos refieren a alguna forma de violencia, derivada de la ocurrencia de un hecho punible que contraviene o viola los límites de la legislación venezolana penal, o de hechos en los que muere una persona a manos de algún órgano de seguridad del Estado.

El análisis ubicó a Caroní, Angostura del Orinoco y El Callao como los más violentos en este período. En Caroní hubo 146 casos, que representan el 52% del total. De esos, 36.3% se identificaron como agresiones graves o leves, el 20.5% son robos, 18.5% homicidios intencionales, 7.5% violaciones y 8.9% intervenciones policiales.

En Angostura del Orinoco fueron 55 los casos contabilizados. 43.6% de ellos son agresiones, 18.2% robos, 12.9% homicidios intencionales, 9.1% violaciones (cinco casos) y el 12.7% corresponde a intervención policial. En El Callao fueron 20 los casos, de los cuales el 33% se trató de agresiones, el 20% fueron homicidios intencionales y el 10% robos.

El informe del OVV Bolívar señala que del total, los diferentes tipos de agresiones (violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, consecuencias de robos, entre otros) ocuparon el 39.6% de la estadística basada en reportes de prensa. Le sigue el homicidio intencional con 22%, 19.6% robos, 7.2% violación y 4% agresiones sexuales.

En el período de estudio hubo 72 muertes violentas, de ellos 79.2% fueron hombres. La mayoría de las víctimas (58.5%) tenían edades comprendidas en 18 y 40 años. Un 30% de los victimarios fueron familiares o conocidos, 25.6% fue resultado de delincuencia común, 2% a manos de grupos armados y 38.5% ocupan la categoría “otros”.

Sobre los femicidios, en los seis primeros meses de 2021 registraron nueve casos y 12 víctimas. El 60% de ellas con edades entre 18 y 40 años, 30% mayores de 40 años y un solo caso (10%) de 16 años. El 57% ocurrieron en el hogar de la víctima. Los victimarios fueron en 80% familiares o conocidos.

Cambio de patrones

Eumelis Moya, investigadora del OVV, explicó los cambios en los patrones de violencia a consecuencia del contexto pandemia y el confinamiento en la entidad.

Las condiciones de cuarentena aumentaron las denuncias de hurtos a instalaciones educativas públicas y privadas, en estado de abandono o inutilizadas. Entre ellas está el caso de la Universidad de Oriente en San Félix.

Otro patrón que identificaron tiene que ver con la violencia basada en género y contra los niños, niñas y adolescentes. Para el OVV, se trata de un patrón que cada día cobra más fuerza, y cuyos principales victimarios son parientes o conocidos de la familia.

El informe destaca que desde marzo de 2020 se han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad asociados a la deserción escolar, situación de calle, el cuidado de terceros, la movilidad irregular hacia otros estados o municipios buscando mejor calidad de vida, intercambio de sexo por alimentos, explotación sexual comercial y trabajo forzado.

Sobre la esclavitud moderna, explotación laboral y sexual, Moya explicó que estos casos llegan a pasar desapercibidos porque “las personas no logran dimensionar que están siendo víctimas de este flagelo, no lo denuncian como tal y sigue sucediendo constantemente”.

La violencia ha ido en aumento en Bolívar. De 2016, cuando el estado ocupaba el sexto lugar entre los más violentos del país, en 2020 subió al segundo lugar con una tasa de 62 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Mayor uso de divisas para operaciones diarias dispara los robos y otros delitos
67,1% de las transacciones comerciales en las principales ciudades del país se hacen en una moneda distinta al bolívar

Hace pocas semanas, en un autobús que cubre la ruta Las Adjuntas-Zona Rental de Plaza Venezuela, cinco hombres y una mujer robaron a todos los pasajeros. “Sacaron un saco y mandaron a meter todas las pertenencias de las personas en él y se bajaron en la autopista, a la altura de San Agustín”, cuenta un usuario de esta línea de transporte que prefiere no ser identificado.

La narración de este caraqueño se ha vuelto cada vez más común: robaron en el autobús, en el metro, le quitaron la cartera y salieron corriendo. Pese a que no hay cifras oficiales de ningún delito desde el año 2004, pues ni el Ministerio de Interior ni las policías publican sus registros, se ha comenzado a observar un aumento de los robos en el transporte público, en las vías, a comerciantes y hasta a buhoneros. Y no solo en Caracas sino en todo el país.

De acuerdo con el informe de 2020 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), “la epidemia de la violencia resultó 11 veces más letal que la del coronavirus”.

El informe tiene datos muy llamativos. Por ejemplo, encontró que con la pandemia y la cuarentena se redujeron las actividades criminales de las pequeñas bandas y se incrementó el actuar de las bandas de crimen organizado. Sin embargo, se observa un descenso de 37% en los homicidios, lo que demuestra la reducción de oportunidades para el crimen violento.

Roberto Briceño-León, director del Observatorio, explica que este cambio en la situación delictiva “se debe al proceso de dolarización del país”. Recuerda que hasta hace poco la ausencia de efectivo y el empobrecimiento generalizado había traído una reducción de las oportunidades de crimen y delito; pero el manejo de divisas (así sea en pocas cantidades) “se convierte en un atractivo para los ladrones porque saben que la gente, los comerciantes y buhoneros tienen dólares en los bolsillos”.

En este sentido, Briceño-León explica que cuando las autoridades se congratulaban porque habían logrado una reducción de los robos y delitos en general, la interpretación estaba errada porque lo que realmente sucedía era que “había menos robos porque no había qué robar debido a la falta de efectivo y la mayoría de los pagos se hacían con transferencias electrónicas”.

En una entrevista con TalCual, el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, dijo que el proceso de dolarización que vive el país es muy difícil de revertir. De acuerdo con los datos de esta consultora, de marzo de este año, 67,1% de las transacciones comerciales en las principales ciudades del país se hacen en una moneda distinta al bolívar, principalmente en dólares.

Oliveros indicó que el circulante de efectivo en divisas es cinco veces más que toda la liquidez en bolívares y ya prácticamente la mitad de los depósitos de la banca privada están en moneda extranjera -en las llamadas cuentas custodia o cuentas Convenio N° 1-, lo cual muestra cómo la dolarización transaccional está pasando a tener elementos de ser una dolarización financiera.

Robo: el delito más común

“El delito original mayor es el robo y tiene esa función depredadora económica que ejerce la delincuencia”, indica Briceño-León; al tiempo que recuerda que esta acción puede conllevar forzamiento, amenazas, lesiones, heridos e incluso la muerte.

El área metropolitana de Caracas, conformada por los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, fue una de las conurbaciones más violentas del país durante el año pasado, con una tasa de 52,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Informe Anual de Regiones del Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital.

El robo fue el principal móvil: 37% de los sucesos violentos ocurridos en Caracas en 2020. La mayoría fueron cometidos por delincuentes, mientras que la resistencia a la autoridad fue el móvil de 19% de los hechos de violencia.

Briceño-León detalla que tanto en Caracas como en las zonas aledañas hay presencia de grupos delictivos que también generan molestias en zonas centrales. Insiste que el incremento en el uso del dólar y de otras divisas en la capital han llevado a que aumenten los robos, pero revela que es una situación que ya se vivía en zonas fronterizas por el uso de pesos (en la frontera con Colombia) y de reales (en la frontera con Brasil) porque hay mayores oportunidades para el crimen.

De la misma manera, el sociólogo dice que el delito del robo también se ha vuelto muy común en el estado Bolívar por la utilización del oro como moneda para las transacciones económicas.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia de Lara, Carlos Meléndez Pereira, dice que en esta entidad los delitos no disminuyeron sino que se transformaron. Asegura que en los últimos meses la violencia se trasladó a zonas agrícolas, pues el campo proporciona un nuevo “medio de subsistencia” a los delincuentes.

Meléndez Pereira explica que el robo, el secuestro y la extorsión disminuyeron, igual que el homicidio con intención de robo. En su opinión, “los robos de vehículos y viviendas de lujo, los secuestros exprés y las extorsiones ocurren en menor medida por la falta de combustible y por la reducción de la oferta, no por mayor seguridad en las calles”.

Desde hace varios años el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece datos sobre los niveles de delincuencia y violencia en el país. Sin embargo, Néstor Reverol, exministro de Interior, Justicia y Paz, antes de ser sustituido por Carmen Meléndez, dijo que el descenso en los homicidios en el país se debía a “la aplicación de una política integral (por parte de las autoridades) para resguardar a los ciudadanos”; afirmación que desestima Briceño León, quien sostiene que la reducción de los robos y otros delitos no se debe a la actuación de las policías sino a que en el país no había qué robar.

En la actualidad, la ciudad de Caracas se mantiene entre las diez ciudades más violentas no solo de Venezuela sino también de América Latina; de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia.

¿Qué hacer ante el aumento de robos?

Ante el incremento de la delincuencia en el país, es muy poco lo que los ciudadanos puedan hacer. El director del Observatorio Venezolano de Violencia comenta que “simplemente cuidarse”, pues de todas formas las personas deben salir a trabajar, a buscar dinero y si van en transporte público “no tienen manera de evitarlo”.

El experto agrega que lo primero que se debe hacer es rescatar el Estado de derecho, el sentido de la norma y del castigo; pero sostiene que nada de eso ocurre en el país porque existe una “combinación entre abandono e injuria y la intencionalidad política de destrucción policial que ha tenido el gobierno nacional”.

En este sentido, Roberto Briceño-León lamenta que haya una disminución notable de los cuerpos de policía, que aumenten las renuncias -formales e informales- de funcionarios, que no estén equipados como deberían, que las patrullas no tengan gasolina o que les falten las baterías; en fin, condena que “la capacidad de actuación de la policía sea muy baja” para combatir la delincuencia.

Cinco mujeres fueron asesinadas en Bolívar en marzo

Cinco femicidios y un secuestro fue el saldo que dejó la violencia de género en marzo de 2021, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en el que se reivindica el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Los datos corresponden al monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Además de los asesinatos, la organización reportó 33 mujeres víctimas de violencia de género en los primeros dos meses del año. En su mayoría, casos de presunta trata de personas, violencia física y sexual y acceso carnal violento.

Entre el 14 y 15 de marzo hubo tres femicidios en los municipios Caroní, Angostura y Sifontes. La noche del 14 de marzo, el cuerpo de Milanyela Carvajal, de 22 años, fue hallado por sus padres envuelto en una sábana blanca y encerrado con candados en una barraca de madera que cuidaba su presunto asesino y expareja, Gregori Tovar Estanga. El crimen ocurrió en un campamento minero de Los Algarrobos, en el municipio Sifontes.

Por el hecho nadie ha sido aprehendido: el femicida se dio a la fuga y ninguna autoridad competente lo busca. Los familiares de Carvajal denunciaron negligencia en la investigación del caso de su hija y hasta hoy exigen justicia. Carvajal era madre de un niño de cinco años y por tres años se dedicó a la venta de ropa en la zona minera.

El 15 de marzo, la abuela de Alyamil Torres, de 24 años, encontró su cuerpo sin vida tendido boca abajo en el baño de su casa en Ciudad Piar, municipio Angostura. La víctima, que era comerciante reconocida en el sector, estaba desnuda, amarrada y tenía otros signos de maltrato.

La tarde de ese mismo día, la Policía municipal de Caroní reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en uno de los baños abandonados del Parque Cachamay. Aunque han transcurrido poco más de 15 días, la víctima permanece sin identificar de manera oficial, las autoridades solo han dicho públicamente que se trataba de una mujer entre los 18 y 25 años.Por el homicidio fueron aprehendidos tres jóvenes. Uno de ellos, el autor principal del delito, primo de la víctima. De acuerdo con el parte oficial del Cicpc, su primo la mató porque Alyamil descubrió que en reiteradas ocasiones el muchacho entró a su vivienda para robar sus pertenencias.

A Layneth Sucre, de 23 años, la mataron su pareja, David Alfredo Carmona Jiménez, de 27 años, y su suegro Tito Livio Jiménez, de 59 años. Después de dos meses desaparecida, el 24 de marzo funcionarios policiales hallaron el cuerpo de la joven tirado en un aljibe del sector Marhuanta, en Ciudad Bolívar. Cuatro días después, Carmona y Jiménez fueron apresados.

Detenidos por trata de personas

Codehciu también contabilizó 33 casos de violencia contra la mujer durante enero y febrero, entre ellos, secuestro y trata de personas con fines de explotación sexual. En comparación con 2019, hasta ahora la violencia de género aumentó 3% solo en Bolívar.

El 21 de marzo, funcionarios del Cicpc rescataron a Dairelis Díaz, de 17 años, en el sector La Paloma de Tucupita, Delta Amacuro, donde estuvo secuestrada por tres días. De Delta Amacuro sería enviada a Trinidad y Tobago.

El 19 de marzo, sus familiares reportaron la desaparición de Díaz en el sector Vista al Sol de San Félix, luego de que saliera de su casa sin motivos, y su hermana descubriera que no solo sostenía comunicación continua vía Facebook con un hombre que le ofreció a ambas migrar hacia Trinidad y Tobago, sino que ese día coordinaron el viaje, y el sujeto pasaría buscando a la joven en un vehículo color vinotinto.

Los vecinos aseguraron que vieron a Díaz ser forzada a subir a un vehículo del mismo color. Mismo vehículo que luego el Cicpc incautó en Delta Amacuro, cuando fue rescatada. Por el delito fueron detenidos Modesto Jesús Subero Villarroel, aliasel Pollero y María Raquel Villarroel Rojas, a quienes el cuerpo policial señaló como miembros de una banda de trata de personas liderada por alias el Santiago.

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública que puede prevenirse optimizando los mecanismos de acceso a la denuncia, a la justicia y a la educación sobre el tema.

Codehciu solicita a las autoridades competentes investigaciones bajo los estándares de la debida diligencia, buenas prácticas y oportuna respuesta a los familiares de toda víctima o sobreviviente de violencia de género.

Control Ciudadano: Última reforma a la ley de la FAN expande la militarización del Estado
La enmienda de la ley en 2020 eliminó el principio legal de la “verdad” para los militares 

La aplicación de la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb) avanza al margen de la Constitución y expande la militarización del Estado, expone la organización Control Ciudadano, que hace seguimiento de la actuación de la institución castrense en Venezuela.

La directora de esta ONG, Rocío San Miguel, considera que “está pendiente en Venezuela una discusión sobre el alcance inconstitucional de esta última reforma a la ley, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2020 y que denominó: Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un instrumento jurídico que está promoviendo aún más la expansión de la militarización del Estado y del régimen militar sobre los ciudadanos y que como dato curioso elimina el principio legal del deber de la ‘verdad’ para los militares”.

También destaca como un aspecto alarmante de esta enmienda la creación del Sistema Defensivo Territorial, por el que se están incorporando a la organización de la FANB, los comités políticos-patriótico ideológico, de orden interno y militar de las comunas, asignándose a la Milicia Nacional Bolivariana la función inconstitucional de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo en todos los niveles del Sistema Defensivo Territorial.

“Se trata de una ley que establece una narrativa ideológica para las funciones de la FANB, que pasa a ser formalmente a partir del 2020: ‘antimperialista y antioligárquica’, fortaleciendo el sistema de inteligencia y contrainteligencia en los componentes e integrando a la Milicia Nacional Bolivariana a estas funciones”, agrega.

La ONG publicó una infografía que sistematiza y resume 10 aspectos relevantes contenidos en la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2020, con el fin de transparentar los asuntos vinculados a la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. 

Creación de destacamentos militares no ha disminuido tráfico de bienes y personas en estados fronterizos
Entre 2019 y 2020 destacan la creación de destacamentos militares en estados fronterizos con altos índices de criminalidad, un centro de activos digitales y una zona de defensa integral especial

Entre 2019 y 2020 se registraron al menos 37 creaciones, activaciones, adscripciones, trasferencias, etc., de unidades, comandos, empresas, direcciones, servicios, centros logísticos y de instrucción, entre otras dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así lo revela el estudio Venezuela: Creación, activación, desactivación, transformación y reasignación, de unidades, organismos, empresas y dependencias militares (2019-2020), realizado por Control Ciudadano.

Las dependencias que registraron mayor número de cambios fueron la Guardia Nacional (12), el Ejército (9), el Ministerio de la Defensa (8) y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) (5).

En relación con los cambios en el Ministerio de la Defensa el estudio reveló que: “Lo más significativo fue la activación, en diciembre de 2020, del Consejo Militar Científico y Tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el propósito de impulsar el desarrollo y producción local, de sistemas de armas”. Para cumplir con su objetivo, este ente contará con la asesoría de China, Cuba, Irán y Rusia, entre otros “aliados estratégicos”, según las declaraciones de voceros oficiales.

En el Ejército, destaca la creación de un Centro de Producción de Activos Digitales, inaugurado en noviembre de 2020, que trabaja en el área de las criptomonedas. Y de batallones comunicacionales, creados y activados en julio de 2020, que tendrían como objetivo combatir “la guerra mediática promovida por el imperialismo norteamericano”, de acuerdo con información oficial.

En el caso del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), resalta la creación de la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Espe­cial en el estado Táchira, adscrita a la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes (REDI Los Andes), con el objetivo de controlar y vigilar los municipios de esa región, y los pasos irregulares o trochas que comunican con la vecina Colombia, para “evitar el ingreso de ciudadanos venezo­lanos por esas vías y frenar la propagación del COVID-19”.

Por su parte, la Guardia Nacional activó diez nuevos destacamentos, de los cuales siete se desplegaron en los estados fronterizos Bolívar, Táchira y Zulia, en los que se registran altos índices de criminalidad (contrabando, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, etc.). Sin embargo, para Control Ciudadano, llama la atención cómo persiste el tráfico ilegal de personas y bienes en estos espacios fronterizos del país.

Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano: “Es relevante, sin embargo, cómo los componentes de la Armada y de la Aviación no registraron creación de unidades operativas en el periodo estudiado, a pesar de los desafíos jurisdiccionales que enfrenta la República, en sus espacios marítimos y aéreos”.

El estudio se presenta como una contribución para el análisis y comprensión de los cambios que ha experimentado la Fuerza Armada Nacional en los últimos años, entre los que destaca el desarrollo y consolidación de empresas, vinculadas con los distintos componentes de la institución.

Para la elaboración de este informe se consultaron diversas fuentes documentales como la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prensa local, informaciones de carácter público suministradas por voceros y otras publicaciones oficiales vinculadas con la Fuerza Armada Nacional. Aunque no está disponible toda la información sobre los cambios registrados en las dependencias militares en los últimos años, la información recopilada y sistematizada constituye un aporte importante, para conocer y comprender los principales cambios registrados en las dependencias militares durante el lapso estudiado.

Con este informe Control Ciudadano para la Seguridad da continuidad a una investigación anterior, Venezuela: creación, activación, transformación y asignación de unidades y dependencias militares 2013 – 2018, que también puede ser consultada en la página web de la organización. 

OVV alerta sobre incremento de casos de violencia infantil durante la pandemia
La ONG advierte sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan los hechos generadores de situaciones violentas en las familias

El período que inició con la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020, registra una tendencia en aumento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, concluye el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), capítulo Bolívar.

El OVV no solo hace referencia a muertes violentas, sino a la vulneración de derechos alimentarios, sociales y de salud, que constituyen un tipo de violencia. Esta tendencia, donde las víctimas directas son los niños y jóvenes se inició hace al menos tres años.

“Las primeras situaciones en reportarse aludían al deterioro de la calidad alimenticia de esta población. El resultado ha sido más de 30 muertes por desnutrición infantil al año; y estos son solo los casos reportados oficialmente. Luego, asociado a la migración de personas hacia las zonas mineras en busca de mejoras económicas; niñas y adolescentes se vieron afectados al ser dejados atrás, muchos quedaron al cuidado de familiares, amigos, o simplemente fueron dejados solos. Esto trajo consigo, entre otras tantas situaciones, que no pudiesen ser incluidos en el sistema escolar por falta de documentación respectiva o que simplemente no quisieran participar porque consideran más rentable, trabajar que estudiar”, explica la organización en su informe.

Quedarse en casa por la pandemia no significó una disminución de casos de abusos en contra de niños, niñas y adolescentes. Por lo contrario, el informe del OVV Bolívar da cuenta de un aumento del abuso sexual, actos lascivos y tratos crueles contra menores de edad, y en la mayoría de los casos los victimarios fueron los padres de estos, familiares o su representante legal.

De acuerdo con el monitoreo del OVV Bolívar, desde que comenzó el confinamiento en marzo del año pasado, se registraron un total de 51 casos de violencia contra niños y jóvenes, en edades comprendidas entre los 0 y 19 años. Sin embargo, la población mayormente afectada son los comprendidos entre los 5 y 14 años, con un total de 28 víctimas.

Comercialización de personas

Asimismo, el monitoreo de prensa del observatorio permitió contabilizar los casos de operativos de cuerpos de seguridad del Estado entre mayo y junio de 2020, donde “lograron impedir el traslado de personas que serían comercializadas. De las 207 personas rescatadas, al menos 53 eran niños y adolescentes”.

La oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, adelanta estudios que describen la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de prácticas asociadas a formas de esclavitud moderna.

“Resulta importante comprender que los sistemas de violencia en Bolívar han mutado de conflictos de dominación y control de espacios a conflictos de supervivencia, produciéndose robos, hurtos, linchamientos, ajuste de cuentas, lesiones, entre otros, que vienen motivados por la obtención de bienes y productos tangibles y canjeables que podrán ser vendidos o intercambiados para poder subsistir, porque hay dificultad para la adquisición de productos de primera necesidad”, agregó el informe.

El OVV Bolívar instó a las autoridades y a la colectividad a tomar medidas que permitan disminuir los hechos generadores de situaciones de violencia, especialmente en las familias.

Segundo estado más violento

El informe también precisó que Bolívar cerró 2020 con una tasa de 62 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Esto lo ubica como el segundo estado más violento de Venezuela, después de Miranda y seguido por Sucre, Aragua y Distrito Capital.

En 2020 también se contabilizaron 673 víctimas de violencia interpersonal, 69,5% fue por homicidio, 15,5% por lesiones, 8,2% víctimas de violaciones, y el resto está dividido entre robo con lesión, extorsión y robo. 81,4% de las víctimas correspondieron a la población masculina.

El victimario fue desconocido en 55,6% de los casos. El OVV también registró una disminución de casos con respecto a 2019, asociada a una mayor presencia policial en las calles, con motivo de los distintos operativos de seguridad desplegados en el estado, así como casos detectados en flagrancia.

No obstante, el informe señaló que “aun cuando en 2020 existió la cuarentena obligatoria y los periodos de radicalización a causa de las medidas gubernamentales decretadas para frenar los casos de la COVID-19 en el país, 97,7% de los casos registrados ocurrieron en las calles, durante los días de la semana y en horas del día”.

Los municipios El Callao, Sifontes y Roscio mantienen su posición como los más violentos, con la particularidad de que forman parte de la zona minera del sur de Bolívar.

Se deteriora salud de pemones detenidos en cárcel de El Rodeo II
No se les ha aplicado una prueba para descartar tuberculosis

Abogados de los 12 pemones, aún detenidos en El Rodeo II tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla del municipio Gran Sabana a finales de 2019, denunciaron que al menos cuatro indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco a comienzos de año.

La abogada de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial, pese a la orden del juez en noviembre de 2020, para el traslado de los 13 pemones a un hospital.

Por otro lado, Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y coordinador de Pueblos Indígenas, declaró que a los pemones se les hizo una prueba de despistaje de COVID-19 la semana pasada, en la que dieron negativo, pero no se le ha realizado prueba de tuberculosis, enfermedad de la que murió Franco.

Además de esto reafirmó que continúan sin la revisión médica en un centro de salud como lo ordenó el juez el 27 de noviembre en la audiencia preliminar. Ortiz expresó que la semana entrante van a solicitar que se ejecute la orden de traslado para la revisión médica de los 12 pemones restantes, así como nuevamente solicitar cambio del sitio de reclusión.

Sin investigación

La abogada señaló que la Fiscalía hasta los momentos no ha empezado una investigación sobre el caso de Franco. Migliorini aseguró que están realizando denuncias y acciones legales para que representantes del Ministerio Público ejerzan acciones penales contra los posibles responsables de la muerte del indígena y se pueda resguardar la salud física y mental de los que siguen privados de libertad.

“Una vez revelada la autopsia se demuestra la responsabilidad del Estado, es por ello que el caso se va a llevar como una petición ante las relatorías de detención arbitraria de la ONU, la relatoría de Pueblos Indígenas, así como ante la CPI”, expresó Ortiz.

Salvador, detenido el 29 de diciembre de 2019, murió el 3 de enero debido a una tuberculosis y un cuadro de desnutrición. En este período nunca recibió atención médica ni se les brindaron garantías de alimentación o agua potable. Pese a la muerte de Franco, nada ha cambiado.

Similares condiciones de reclusión

“Todo sigue estando igual (…) en ese estado tan inhumano en el que se encuentran, ahí no hay agua, no tienen baño, no les dan el alimento adecuado, de verdad que están pasando trabajo”, relató Migliorini.

Los cuatro indígenas están decaídos, con tos y pérdida del apetito sin que les permitan acceder a medicamentos con facilidad, denunció la abogada. La defensa subrayó que los 12 pemones tienen temor de contagiarse de tuberculosis y sufrir lo mismo que Franco.

Migliorini dijo que desde el penal han puesto múltiples trabas para no realizar el traslado de los pemones, entre esas la falta de transporte, gasolina y hasta cauchos. “Antes del fallecimiento de Salvador los familiares trataron de colaborarle a ellos en lo que necesitaban… necesitaban carro, le consiguieron”, relató.

Incluso los parientes de Salvador hicieron gestiones para conseguir gasolina y trasladar al indígena, sin embargo, la última excusa antes de fallecer fue que no tenían autorización de la ministra de centros penitenciarios para llevarlo hasta un centro asistencial. “Un centro penitenciario al ver el estado de salud de uno de los privados no necesita ni autorización de un tribunal”, denunció Migliorini.

Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 12 pemones aún presos y que se ha mantenido en Caracas entregándole alimentos a los apresados, manifestó: “Tenemos miedo de que se contagien de tuberculosis”.

A su vez subrayó que seguirán reclamando por justicia y que “no quede impune la muerte de Salvador”.