Alejandro Armas

@AAAD25

Si usted es de esos venezolanos que, frustrado o simplemente aburrido por la inercia en la que ha caído el juego político criollo, se ha sumergido en el juego de otras latitudes, probablemente ya se habrá familiarizado con la expresión “guerras culturales”. En caso contrario, permítame aclararle que la misma alude al cúmulo de disputas sociales no materiales que caracteriza a una parte considerable de la diatriba política en los países desarrollados. Querellas como los roles de géneros o la influencia de la moral judeocristiana en la sociedad.

Se habla de “guerras” porque las posiciones asumidas a cada lado de los desacuerdos son cada vez más irreconciliables, y cada parte trata a la otra con creciente hostilidad. En otras palabras, son un factor importante de la polarización en países como Estados Unidos o España. La división es lo opuesto a la comunidad. Por eso, cuando una sociedad está severamente polarizada, ello suele ser síntoma de que el sentido común brilla por su ausencia. En cambio, abundan el absurdo y la insensatez.

La semana pasada leí un artículo maravilloso del historiador Tomás Straka, en el cual hizo alusión a lo que denominó “guerras históricas”. Estas no son otra cosa que la penetración de las hoy tristemente inefables guerras culturales en el terreno de la historia. La invasión de la doxa en el campo de la epistemehistórica. Me la paso advirtiendo sobre la peligrosa pretensión nietzscheana de relativizar todo, de negar la realidad objetiva. Eso está pasando con el estudio de la historia, a menudo con motivaciones políticas de las peores, ligadas con las guerras culturales, pero también con el resentimiento, el revanchismo y la intolerancia autoritaria.

La herramienta aquí es un revisionismo que no desafía interpretaciones tradicionales de los hechos pasados (cosa sana para la pluralidad de ideas), sino que niega los hechos y pretende suplantarlos con ficciones. Hay revisionismo para todos los gustos. Está el del chavismo y el de otras especies de la ultraizquierda tumbaestatuas, con sus juicios anacrónicos y abuso tosco de la noción de “genocidio”, como vemos cada 12 de octubre.

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Pero también está la derecha reaccionaria y nostálgica de la monarquía y las castas, con sus panegíricos ridículos de la conquista, su visión romántica del colonialismo español y condena desproporcionada de la independencia. Y así, vemos una fauna variopinta que incluye a comunistas trasnochados que glorifican las guerrillas de los 60, así como a neogomecistas y neoperezjimenistas psicopáticamente fascinados por La Rotunda y Guasina. Sé que el adverbio “psicopáticamente” suena duro, pero no se me ocurre otra palabra para describir a sujetos que son conscientes de los horrores de las cárceles de Gómez y Pérez Jiménez, ¡y lo reivindican! Así es la mediocridad intelectual, incapaz hasta de los juicios éticos más sencillos, lo cual se traduce en la banalidad del mal que Arendt diagnosticó en Eichmann.

Hoy me voy a detener en el fenómeno de los nuevos admiradores de Pérez Jiménez, un grupo cuyas filas me atrevería a decir que no son lo suficientemente grandes como para constituir una amenaza para una hipotética Venezuela poschavista y democrática… Aún. Como señalé en una emisión previa de esta columna, tampoco me parece prudente asumir que nunca podrán aumentar su membresía.

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Por ello, es pertinente desmentir el revisionismo de estos señores, en aras de mantenerlos relegados a los márgenes del debate político. ¿Que la prioridad en este momento debe ser la restauración de la democracia suplantada por el chavismo? No me digan.

Además, considerando que, insisto, el juego político se halla lamentablemente inerte, ¿por qué no?

No debe sorprendernos que el neoperezjimenismo (llamémoslo así por falta de un mejor término) concentre sus esfuerzos revisionistas en denigrar del período democrático. Tal como hace el chavismo, ¿saben? Y es que el neoperezjimenismo y el chavismo tienen mucho en común, incluyendo un desprecio total por la democracia (espero que no se hayan olvidado de aquella entrevista que Chávez tuvo con Pérez Jiménez en la mansión de La Moraleja, el acaudalado vecindario madrileño donde el dictador pasó su último exilio). Pero dejemos esa comparación para otro artículo.

En esencia, el revisionismo neoperezjimenista actúa de dos maneras.

 La primera consiste en magnificar el legado de la dictadura militar para hacerlo parecer más grande que el de los gobiernos democráticos.

Como sabemos, dicho legado es única o principalmente material. Obras de infraestructura. Todos hemos escuchado la cantinela: “Ay, es que al menos ese hombre construía cosas”. Si no fuera por el carácter inherentemente pretoriano de la admiración por Pérez Jiménez, al señor bien pudieran cambiarle el quepis por un casco de obrero en todas sus evocaciones. Ahora bien, nadie puede desconocer las obras que en efecto fueron realizadas en esos años, incluyendo la autopista Caracas-La Guaira, los primeros tramos de las autopistas Francisco Fajardo y Regional del Centro, las torres del Centro Simón Bolívar en El Silencio, el Teleférico de Caracas, la Ciudad Universitaria de Caracas y los bloques 2 de Diciembre (hoy 23 de Enero).

Pero precisamente por eso me resulta tan mezquino que se desconozca las obras hechas total o parcialmente en democracia, entre las cuales están los puentes Rafael Urdaneta, Angostura, Simón Bolívar y José Antonio Páez; el Teleférico de Mérida, los tramos restantes de las autopistas Francisco Fajardo y Regional del Centro, las autopistas Prados del Este y Centroocidental, las avenidas Boyacá y Libertador de Caracas, los distribuidores La Araña, El Pulpo y El Ciempiés; los embalses de Guri y Macagua, la urbanización Caricuao, el Metro de Caracas, el complejo arquitectónico de Parque Central y el Teatro Teresa Carreño.

Una ficción particularmente burda del revisionismo neoperezjimenista es atribuir a la democracia la formación de barriadas informales en los cerros de Caracas y otras ciudades, insinuando así que durante el gobierno de Pérez Jiménez no se veía tal cosa. Si bien la democracia experimentó un déficit de vivienda notable, que el chavismo heredó y explotó demagógicamente, este problema no comenzó con ella. Comenzó con el petróleo, con los millones de campesinos que se desplazaron a las urbes industriales y comerciales buscando una vida mejor. Por lo tanto, los barrios fueron un problema antes, durante y después de la dictadura militar. En De la cuadrícula al Aleph: Perfil histórico y social de Caracas, Francisco Ferrándiz refiere que, según estimaciones de la época, para 1950 había 40.000 ranchos en Caracas. Obviamente esos ranchos no desaparecieron entonces para reaparecer ocho años más tarde, como consta en Caín adolescente y otras películas venezolanas de la década.

Por otro lado, el progreso educativo durante los 40 años de democracia fue significativo. Cerca de la mitad de la población nacional era analfabeta cuando volvió la democracia, y menos de 10 % lo era cuatro décadas después, gracias a iniciativas como Acude. Fue en democracia que se masificó la matrícula universitaria femenina. Para 1958, solo había cuatro universidades públicas en Venezuela (UCV, ULA, LUZ y UC), ninguna creada por Pérez Jiménez. Esa cifra se disparó durante los gobiernos democráticos, con la fundación de la USB, la UCLA, la Unerg y la Unellez, entre otras.

 La segunda manifestación de revisionismo neoperezjimenista pretende desdibujar las distinciones que separan a la dictadura del período democrático.

En otras palabras, tratan de mostrar a la democracia venezolana como un régimen tan autoritario como el de su ídolo, en aras de exponer a los demócratas como manipuladores hipócritas. Ello es bastante irónico, dado su afán por demostrar que la democracia es una estafa hasta en sus cimientos teóricos. ¿Se puede destapar dicha estafa examinando algo que no es realmente democrático? En fin, no esperen coherencia de estos atolondrados.

Para ilustrar su disparatado ejercicio de equiparación, los neoperezjimenistas señalan las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos democráticos en el combate a las guerrillas comunistas. Si se le recuerda a la gente el asesinato de Víctor Soto Rojas, el de Leonardo Ruiz Pineda deja de verse tan perverso, piensan ellos. Si bien ambos casos son inexcusables, igualarlos, omitiendo su contexto, es una barbaridad muy descarada. Hay tantas diferencias que no sé por dónde empezar. En un conflicto armado, como el que Venezuela vivió en los 60, es inevitable que ambos bandos cometan excesos.

En segundo lugar, no es lo mismo en términos morales rebelarse contra un gobierno electo y ampliamente legitimado por la ciudadanía en pleno, que hacerlo contra uno de origen golpista y que no permite al pueblo expresarse en las urnas. Por último, en democracia había una sociedad civil y unos medios de comunicación que denunciaban activamente los excesos en la supresión de la izquierda armada. No en balde hubo castigos severos para los responsables de algunos crímenes (no todos, por desgracia). Todo esto era impensable en dictadura. Nadie iba a sancionar a los esbirros y matones de Pedro Estrada.

Otro argumento revisionista para negar el carácter democrático de la mal llamada “cuarta república”: la interferencia en las candidaturas del exiliado Pérez Jiménez. Ocurrió con su nominación al Senado en 1968, y a la presidencia en 1973. Los argumentos jurídicos empleados en ambas instancias (Pérez Jiménez estaba inhabilitado debido a su sentencia penal por crímenes de peculado y malversación) ciertamente lucen en retrospectiva como una aplicación politizada y personal de la ley, incompatible con el Estado de derecho propio de una democracia moderna y republicana. Sin embargo, el truco aquí es exigir pulcritud absoluta a algo que en el mejor de los casos puede tener muy pocas manchas. No hay democracia perfecta e inmaculada. Estados Unidos carga con la vergüenza del macartismo y la supresión del voto negro. La España postfranquista, con los infames GAL. Cuán democrático es un Estado es algo que se determina observando una suerte continuum, no con categorías maniqueas.

Para muestra, las demás candidaturas de Cruzada Cívica Nacionalista, partido de Pérez Jiménez durante la democracia, no fueron obstaculizadas. CCN tuvo nominados presidenciales en 1978, 1988 y 1993. Ninguno obtuvo más de 0,1 % del sufragio.

Tristemente, me atrevería a decir que no veremos el fin de las guerras históricas pronto. Ni en Venezuela ni fuera de ella. En nuestro país, algunos de sus “generales” han estado gobernando desde 1998. Han tratado de reescribir la historia nacional a su antojo, lo cual ha sido objeto de críticas numerosas desde este modesto espacio. Hoy toca desmentir a otros revisionistas. Si quieren guerra, guerra tendrán. No para promover una narrativa alternativa pero igualmente falaz y mentirosa, sino para, siguiendo a Popper, repudiar a los intolerantes que quieren justificar su intolerancia retorciendo el pasado. Y para defender un mínimo de verdad objetiva, ajena al relativismo. Que esa verdad sea también el arma para su propia defensa. Veritas liberabit vos, escribió el evangelista. La verdad es nuestro muro de contención contra los autoritarios de todo cuño.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

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Hemos entrado al último cuarto de este annus horribilis que en Venezuela no es tal por partida doble, sino triple, pues nuestro país, aparte de tener que lidiar con la pandemia de covid-19 como todo el mundo, sigue atravesando una tragedia humanitaria y el extravío en un laberinto autoritario. Nadie tiene el hilo de Ariadne. Ninguna facción opositora presenta una estrategia convincente. María Corina Machado con su entrega a un rescate internacional harto improbable. Henrique Capriles con su invisible “lucha por condiciones electorales”. Y ahora, Juan Guaidó y aliados con una consulta ciudadana en el mejor de los casos inocua pero redundante, como fue argumentado en la última emisión de esta columna.

Mientras que en los últimos dos años la disidencia organizada ha cosechado éxitos importantes en materia de apoyo internacional, el frente interno es otra historia, muy diferente. No me voy a hacer el desentendido con el hecho de que es difícil tener un plan de movilización ciudadana con una población que ya ha pasado por marchas, paros y “trancazos” sin obtener lo buscado; que se ha expuesto heroicamente a una represión salvaje y aberrante, y que en su mayoría dedica el grueso de sus esfuerzos físicos y psicológicos a conseguir cómo llenarse el estómago.

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Añadan a eso el coronavirus como agente bloqueador de cualquier posibilidad de concentración masiva de personas, rasgo típico de la mayoría de las protestas políticas. Pero, por complicada que sea, esa es la responsabilidad de todo aquel que pretenda liderarnos.

Esta situación no puede continuar. Es necesario que haya alguna forma de presión interna. Esperarlo todo de afuera no tiene caso. Por eso me preocupan ciertas interpretaciones que algunos venezolanos han hecho de la Responsabilidad para Proteger (R2P por sus siglas en inglés) invocada por Guaidó la semana pasada durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Quien haya estado pendiente de la política venezolana en los últimos años sabrá que la R2P es algo que ha sonado en mentideros de la oposición, siempre con la suposición de que justificaría una intervención directa en Venezuela. Sin embargo, la R2P contempla medidas diplomáticas y económicas para evitar crímenes de lesa humanidad. La fuerza también, pero como último recurso. Es decir, invocar la R2P no es un llamado a usar la fuerza de inmediato, como algunos dicen. Y ahora que, por primera vez, un funcionario, investido con lo poco queda de institucionalidad republicana en el país, menciona la R2P ni más ni menos que en la ONU, aquellas interpretaciones vuelven a aparecer sobre el tapete.

Perdonen la cacofonía, pero es irresponsable retorcer así la idea de Responsabilidad para Proteger. Genera expectativas entre los ciudadanos muy difíciles de cumplir. Cuando no se concreten, puedo imaginar a los que manipularon el concepto culpando a Guaidó y su entorno por algo que estos nunca prometieron.

El Consejo de Seguridad de la ONU es la única instancia que autoriza el uso de la fuerza en nombre de la R2P. Si tal cosa fuera discutida para el caso venezolano, Rusia y China, en tanto miembros permanentes del consejo, lo vetarían. Me apuro a atajar a quienes señalan que eso no importa porque, desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, en la que los entes multilaterales son irrelevantes, la R2P justificaría moralmente un acto de fuerza por parte de un Estado capaz de llevarlo a cabo, al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.

Como ejemplo de esta tesis pudiera referirse el bombardeo de Serbia por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1999, para poner fin a la limpieza étnica en Kosovo. Bueno, en términos estrictos de Derecho internacional, eso no sería Responsabilidad para Proteger, simple y llanamente porque la R2P apenas estaba siendo concebida entonces. El contexto era el de una comunidad internacional avergonzada por su pasividad ante los genocidios en Ruanda y Srebrenica. Los Estados ya no podían seguir esgrimiendo la soberanía westfaliana mientras delitos de lesa humanidad eran cometidos en sus territorios. Así lo indicó Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, en un artículo en la revista The Economist de septiembre de 1999 (dos o tres meses tras el fin del bombardeo en los Balcanes). No fue sino hasta 2005 que la Responsabilidad para Proteger fue adoptada por la unanimidad de la Asamblea General de la ONU.

Ok, pero ya habíamos acordado que el análisis debía omitir las formalidades de los organismos multilaterales y del Derecho internacional codificado, para quedarnos únicamente con los principios morales subyacentes y la capacidad de usar la fuerza (disculpen si esto ya suena como una discusión conmigo mismo, pobre imitación de diálogo platónico sin un interlocutor). En tal sentido, ¿no es mejor atender a las palabras de Bill Clinton, antes que las de Kofi Annan? Después de todo, fue el entonces presidente de Estados Unidos el hombre de la acción, y su discurso para justificar el bombardeo de Serbia, enfocado en los Derechos Humanos violados sistemáticamente por las fuerzas de Slobodan Milosevic, reflejaba la R2P aunque no se la llamara así.

Todo esto es cierto, pero hay dos diferencias fundamentales entre aquel momento y la actualidad. El Estado capaz de ejecutar el acto de fuerza es el mismo, pero en 1999 estaba gobernado por alguien muy distinto.

El de 1999 fue el segundo bombardeo de la OTAN en los Balcanes bajo su égida. Hubo otro en 1995, en el contexto de la Guerra de Bosnia. Aparte, el gobierno de Clinton ordenó bombardear Sudán en 1998 y, cuatro años antes, hizo un despliegue militar en el Caribe como ultimátum para forzar la salida del dictador haitiano Raoul Cédras. Trump, en cambio, detesta que EE. UU. haga de policía global, insiste en que pondrá fin a las intervenciones militares de su país y se reserva la fuerza castrense para amenazas graves (como el general iraní liquidado a principios de este año).

Relacionada con la primera, la segunda diferencia es la del contexto en la que se desenvuelve Estados Unidos. Se acabó el apogeo de la Pax Americana y a Washington le han salido rivales geopolíticos de peso. A saber, Rusia y China. A finales del siglo pasado, ambas objetaron el bombardeo de la OTAN, pero eran demasiado débiles como para impedirlo. La Rusia de Boris Yeltsin atravesaba una crisis económica terrible y titubeaba entre la integración a la comunidad internacional democrática y su desarrollo como potencia reacia al orden democrático y liberal post Guerra Fría. China, bajo la conducción del no muy memorable Jiang Zemin, estaba en la senda del crecimiento, pero bien lejos de su fortaleza actual.

Hoy Vladimir Putin y Xi Jinping desafían a Estados Unidos y sus aliados no solo con palabras, sino con acciones, y están mucho menos dispuestos a quedarse de brazos cruzados si sus rivales no toman en cuenta sus intereses globales. Intereses que en la Venezuela actual son mucho mayores que en los Balcanes finiseculares.

En todo caso cabría esperar (y ni eso es seguro), que más democracias aumenten la presión indirecta. Sobre todo considerando la reciente publicación del informe de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU, con sus espeluznantes conclusiones. Esa presión externa indirecta tendría que ir acompañada de la presión interna para alcanzar una transición negociada. Así que es indispensable que la dirigencia opositora piense en un plan que reactive a la ciudadanía. Por desgracia, nada de eso hay en el horizonte. Solo las paredes del laberinto diseñado por un Dédalo rojo.

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Sigue pasando el tiempo sin que los venezolanos tengamos ni el menor destello de claridad sobre nuestro porvenir. La sensación de deriva es inmensa, con una escasez severa de gasolina, una epidemia de covid-19 que el régimen chavista dice estar controlando (los expertos de la sociedad civil que gozan de credibilidad infinitamente mayor insisten en lo contrario) y una dirigencia opositora que perdió el rumbo estratégico en la ruta hacia el cambio político.

A principios de mes, varias organizaciones políticas y de la sociedad civil suscribieron un “Pacto Unitario”. Lo positivo de este acuerdo es que confirmó que ningún partido se sumó a la disparatada iniciativa de Henrique Capriles de enganchar la lucha por elecciones justas al proceso convocado por el régimen chavista para diciembre.

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Sin embargo, más allá de eso, el documento es una reafirmación de objetivos que ya conocemos; y no ofrece mayores luces sobre la estrategia para alcanzarlos. Me gustaría pensar que Juan Guaidó y sus aliados están cocinando un nuevo plan para despertar el apetito de movilización de las masas (atendiendo a la necesidad de mantener la distancia física entre comensales para combatir el coronavirus, claro está). Pero mi olfato no detecta ese platillo. Desde el anuncio del pacto, solo hemos visto un evento de apoyo al personal de salud, bienintencionado y digno, pero escueto para los fines de la oposición.

Si el grueso del Pacto Unitario a estas alturas suena anodino, el séptimo punto de su apelación a los ciudadanos es más bien desconcertante: “una consulta popular que permita a todos los venezolanos expresar la voz del pueblo y manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia nuestra libertad, recuperar la democracia y promover el bienestar”. Omitamos el ornato grandilocuente y pongamos el foco en lo medular.

A saber, la dirigencia opositora quiere consultar a la ciudadanía. Desde luego, a uno le surge la pregunta “¿Consultar qué?”. ¿Consultar cuál debe ser la estrategia, acaso? ¡Pero si eso es precisamente lo que la ciudadanía delega a sus líderes! Una dirigencia política eficaz traza una estrategia y es capaz de legitimarla ante las masas mediante una labor acertada de comunicación. Si le va bien, no tiene que consultar a nadie.

Lo que lo va a cambiar es una estrategia que entusiasme, por innovadora y a la vez realista (el presunto motivo de la consulta). Irónicamente, una vez que el liderazgo cuenta con esa estrategia y puede motivar la participación en la consulta, esta última se vuelve irrelevante. Porque el plan de la dirigencia entonces ya tiene la legitimidad que buscaba. Debería por ello emplearla para canalizar el apoyo hacia la movilización ciudadana.

Así que no. No creo que los promotores de este referéndum tengan en mente legitimar una nueva estrategia, aunque ese termine siendo el enunciado. Lo que quieren es legitimarse a sí mismos. Demostrar que aún son capaces de desplegar el respaldo de la mayoría de los venezolanos.

Decía mi profesora de filosofía política, Nadia Urbinati, que aquellos regímenes en los que el líder tiene una tendencia excesiva a consultar a la ciudadanía revelan un orden político en el que el líder se ve en la constante necesidad de relegitimarse. Pero, otra ironía, esto no supone mayores influencia y participación del pueblo, que queda reducido al papel de un espectador pasivo, hipnotizado por el líder, ante el cual asiente mientras le permite concentrar más y más poder. Por eso, no se trata de esa “democracia radical” idealizada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, sino de lo que Urbinati llama “democracia desfigurada”, siempre en riesgo de convertirse en un autoritarismo bonapartista.

A ver. Obviamente esta categoría no aplica a Guaidó por el simple hecho de que él no tiene el poder del Estado en sus manos y ni siquiera es un caudillo de oposición (su liderazgo obedece a circunstancias y a pactos entre elites partidistas, más que a su propia destreza política). Pero la dirigencia de la que él es parte sí tiene una tendencia llamativa a hacer plebiscitos. El que ahora plantean no es el primero. Ya lo vimos con la consulta del 16 de julio de 2017.

En aquel momento, la accidentada Mesa de la Unidad Democrática estaba pasando por una nueva crisis, luego de cobrar vigor con el estallido de protestas casi cuatro meses antes. Pasó el tiempo con la gente en la calle y el chavismo no cedió. Por el contrario, redobló su apuesta autoritaria con la formación de la “Asamblea Nacional Constituyente”. Aparecieron señales de agotamiento ciudadano y frustración por la falta de resultados. Así que la MUD hizo un último esfuerzo para conservar su base política.

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Eso fue la consulta de julio. Las tres primeras preguntas del plebiscito fueron meramente declarativas. Una para rechazar la “ANC” y otra para exigir a los militares que dejen de tolerar el incumplimiento de la Constitución. La última pregunta, en cambio, si contenía la promesa de acciones concretas que en su momento parecieron parte de una estrategia: el nombramiento de nuevas autoridades para los poderes públicos nacionales.

Lo primero (y último) que se hizo en tal sentido, luego de que el caudal de votos a favor indicara un espaldarazo a los responsables, fue nombrar jueces para las vacantes del Tribunal Supremo de Justicia que el chavismo había llenado de forma irregular. Como sabemos, esto fue un desastre. No se tomaron medidas para garantizar siquiera la seguridad de los magistrados elegidos, ante la reacción cantada de desconocimiento y castigo por parte del régimen. Los jurisperitos “honrados” terminaron en el exilio o en la cárcel, incapacitados de facto para ejercer sus funciones (por más que los desterrados, alentados por factores de la oposición que siempre sobreestiman su poder, se constituyeran como un tribunal aparte del de Caracas, rápidamente reducido a la irrelevancia por no contar con ningún medio para hacer valer sus sentencias).

Así que aquello que en el paroxismo de 2017 pareció una jugada estratégica digna de un Capablaca de la política, y aprobada por las masas, hoy luce como un torpe impulso demagógico para evitar que el apoyo a la dirigencia colapsara por no haber podido frenar al chavismo. Igualmente, el apoyo colapsó y no se recuperó del todo hasta enero de 2019.

Si el plebiscito no va a acompañado de una estrategia convincente, auguro que la participación será exigua, lo que profundizará la crisis del liderazgo. Si va acompañado de un espejismo de estrategia, pasará lo mismo que en 2017. Por eso, repito, espero que haya una preparación estratégica que no estamos viendo, y que la consulta, aunque innecesaria, sea solo el retrato numérico del entusiasmo generado por la estrategia. A falta de otros líderes, no nos conviene que los que tenemos sigan estancados, trátese de María Corina Machado, Henrique Capriles o Juan Guaidó.

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Tengo una amiga en Caracas que solía ser una contertulia frecuente en temas políticos. En nuestros días de estudiantes, solíamos reunirnos en la feria de la UCAB para leer noticias y artículos de opinión, vinculados con dichos asuntos, en las páginas de El Nacional, para luego intercambiar impresiones.

La última vez que hablé con ella, hace unos días, me sorprendió con esta sentencia: “Cero política es mi política”. No quiere discutirlo. Aunque al principio quedé estupefacto, y a pesar de mi desencanto hacia quienes dicen no interesarse en política en lo más mínimo, pronto me di cuenta de que no podía culparla.

No cuando la causa democrática venezolana acumula meses de estancamiento. No cuando estamos volviendo en muchos aspectos a 2018, el peor año para la oposición venezolana, cuando tres bloques se hacían la guerra entre ellos, compitiendo por el favor de los ciudadanos, mientras el chavismo seguía aferrado al poder.

Hoy está pasando algo muy parecido. Se acabó el consenso que giraba en torno a Juan Guaidó y la disidencia ha quedado trisecada debido a diferencias estratégicas irreconciliables. Ninguno de los tres sectores resultantes corresponde a la oposición prêt-à-porter (Henri Falcón y compañía), la cual, por razones que ya he expuesto, no considero oposición real.

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Un bloque está, al menos nominalmente, encabezado por Guaidó. Un segundo bloque gira en torno a la figura de María Corina Machado. Por último, hay un sector emergente cuyo rostro más visible es Henrique Capriles Radonski. Tanto Machado como Capriles, partiendo de críticas razonables a Guaidó como la falta de resultados, han hecho propuestas alternativas, que sin embargo no lucen más viables.

La líder de Vente Venezuela se inclina por una intervención directa en territorio venezolano de fuerzas internacionales, que ningún gobierno se muestra dispuesto a llevar a cabo. El exgobernador de Miranda, en cambio, le está apostando a la lucha electoral y se ha comprometido a buscar condiciones comiciales decentes de cara al proceso convocado por el chavismo para diciembre, en el cual Capriles instó a participar como primera prueba. Es en este planteamiento que me voy a detener para explicar por qué a mi juicio no es factible.

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Capriles, en una exposición de los motivos de su decisión, señaló que hay abundantes ejemplos de transiciones democráticas desencadenadas por eventos electorales. Específicamente se refirió a la Polonia comunista como un modelo que los venezolanos deberían seguir. Pero tal invocación de Clío más bien nos trajo a un farsante haciéndose pasar por la musa de la historia.

Es decir, tal como lo presentó Capriles, el caso polaco no se puede comparar con lo que él tiene en mente para las próximas semanas. Asumiendo que ello se debe a ignorancia, y no a un intento deliberado de manipular el pasado, es decepcionante que quien aspira a sacar a un país del autoritarismo no esté familiarizado con los detalles de un ejemplo tan emblemático. Más aun teniendo en cuenta que hablamos de un hombre con raíces familiares polacas.

Para empezar, a finales de los años ochenta, la Unión Soviética, garante del orden autoritario en Europa Oriental mediante su hegemonía militar, estaba bajo la conducción de un líder reformista, mucho más tolerante hacia la crítica y abierto a la soberanía de los satélites moscovitas que sus predecesores. Es decir, Mijaíl Gorbachov no estaba dispuesto a mandar tanques a socorrer a sus camaradas polacos, alemanes, búlgaros, etc., en caso de un alzamiento de las masas oprimidas, como sí ocurrió en Budapest en 1956 y en Praga en 1968. Ah, y de paso la URSS se estaba cayendo a pedazos. En Venezuela, la garante del statu quo es la propia elite política y militar chavista, hoy perjudicada por sanciones internacionales, pero no desplomándose, y ciertamente bien lejos del reformismo de Gorbachov. Como indiqué en una edición previa de esta columna, en Venezuela no hay glasnost.

Ahora bien, el debilitamiento del aparato represor comunista en Europa del Este nos lleva un elemento diferenciador incluso más determinante: la movilización masiva. En abril de 1988 estalló una serie de huelgas y manifestaciones masivas en las calles de Polonia, de la mano del movimiento opositor clandestino Solidaridad y su líder, el legendario Lech Walesa. Las protestas se extendieron a lo largo del verano y llegaron a aterrar a la dictadura comunista.

Como resultado, el gobierno se vio obligado a reconocer a Solidaridad como actor político legítimo y a entablar negociaciones de reforma política. En abril de 1989, régimen y oposición suscribieron los llamados Acuerdos de la Mesa Redonda. Dos meses más tarde, como parte del pacto, Polonia celebró elecciones parlamentarias no completamente democráticas, pero que fueron una victoria aplastante de Solidaridad.

De la legislatura emergió un gobierno con uno de los dirigentes de Solidaridad, Tadeusz Mazowiecki, como primer ministro. Arrancó así una transición pacífica a la democracia, en la que, uno por uno, desaparecieron los engranajes del aparato autoritario. Si bien el último líder comunista, el general Wojcech Jaruzelski, quedó como Presidente de Polonia, su poder se esfumó, y tras las elecciones presidenciales de 1990, Lech Walesa lo sucedió.

Vean la cronología y podrán apreciar que hubo un año entre el estallido de protestas y la firma de acuerdos que desembocaron en la transición. Realmente, las manifestaciones duraron hasta septiembre de 1988. Pero aun así hablamos de cinco meses de calle, más otros cinco meses de preparación para el diálogo, dos de negociaciones y otros dos de preparación para las elecciones. Capriles pretende compactar todo eso en apenas tres meses. Plantea el desafío, extremadamente cuesta arriba, de transformar a una ciudadanía frustrada y aterrada en una fuerza movilizada tan imponente que sacuda al régimen chavista y lo obligue revertir buena parte de los vicios del sistema electoral que controla. Toda esa odisea, repito, en solo tres meses. ¡Y se dio el lujo de decir en su exposición de motivos que “ya habrá tiempo para detalles”!

El tiempo, el tiempo. He ahí el gran problema de Capriles. Tiene a Cronos en contra.

Las calles ya tendrían que estar repletas. ¿Es creíble que en 90 días lo logre? Consideremos que de paso estamos en medio de una epidemia de covid-19, lo cual limita severamente la posibilidad de convocar el tipo de manifestaciones masivas que aterraron a los sátrapas de Varsovia. Capriles sabe todo esto. Por eso la agencia Bloomberg reportó que sus conversaciones con el chavismo se estancaron en torno a su petición de posponer el voto, a lo que el régimen se opone.

Sé muy bien que la movilización interna es importante para alcanzar el cambio político. Pero no creo conveniente casar esa movilización con un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, con el chavismo todavía manejando los hilos del sistema y sin disposición visible de ceder el poder. Más bien la sociedad debería insistir en la exigencia de una transformación política real, que incluya elecciones justas. No tienen que ser perfectas. Eso sí que lo demostró Polonia. Pero sí deben tener condiciones mucho mejores que las que hay en Venezuela hoy.

Todo esto, a propósito, calza con el objetivo estratégico de Guaidó y su equipo. Así que convendría ver a los dirigentes opositores estudiando con urgencia cómo corregir las falencias que Machado y Capriles reprochan con acierto, en vez de perseguir quimeras políticas, cual Belerofonte de opereta cabalgando un imaginario Pegaso que en realidad ni a Rocinante llega.

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Es muy frustrante ver lo que sucede en la oposición venezolana. Pero decidí hacer como los estoicos y no amargarme por estas crueles maquinaciones del logos, ajenas a mi control. Tampoco me siento bien imitando a mi querida amiga y enajenándome de toda la política venezolana. Lo que toca en insistir en lo que uno cree correcto. Tal vez no sea interesante, pero es lo único que da paz a mi conciencia. Los invito a hacer otro tanto.

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“Henri Falcón no hizo nada luego de que Lucena, como operadora electoral del chavismo, proclamara a Maduro ganador por última vez. Falcón no siguió el ejemplo que Minsk dio”. Foto Derek Sewell en Pixabay / Comp. Runrunes.

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Es un patrón. Cada vez que el cabecilla de un régimen autoritario cae, cientos o quizá miles de venezolanos se preguntan “¿Por qué ellos y nosotros no?”. Reacción comprensible. Cuando se desea mucho algo que es difícil de conseguir, y se ve que súbitamente otro lo consiguió, naturalmente quien sigue con las manos vacías se pregunta qué hizo el beneficiado para lograrlo.

Lo que a menudo sigue a esta pregunta, en cambio, no suele ser tan razonable. Hablo de los intentos de responder la pregunta con explicaciones aventuradas que no solamente establecen comparaciones inapropiadas entre Venezuela y la nación donde acaba de ocurrir una sacudida política, sino que además, tal vez por la emoción del momento, dan por concluido un proceso foráneo que apenas empieza. Pasó con Sudán y con Zimbabue. Recuerdo a conciudadanos saludando a quienes depusieron a Robert Mugabe como “guerreros de la libertad”, ignorando evidentemente que se trataba de miembros de la misma elite autoritaria que Mugabe encabezó.

Ojalá lo logren. Me alegraría mucho ver al déspota Aleksandr Lukashenko tras las rejas o, en su defecto, desterrado. Pero el dictador se mantiene desafiante y la que ha pasado al exilio es Sviatlana Tsikhanouskaya, su contrincante en unos comicios presidenciales cuyo carácter fraudulento encendió las manifestaciones. Es imposible saber cuál será el desenlace del tumulto en el país de los “rusos blancos”.

A diferencia de los casos africanos referidos, fue un evento electoral el catalizador de las protestas. Ello ha llevado a los seguidores de la oposición prêt-à-porter del régimen (i.e. Falcón, Zambrano et. al.) a valerse de lo que sucede en Bielorrusia para reforzar su mantra: “siempre hay que votar, sin importar las condiciones”. Así pretenden justificar su participación en… Bueno, llamémoslo el proceso programado para diciembre, y cualquiera por venir con miras a simular democracia bajo la égida chavista. Estos sujetos sostienen que una elección, aunque viciada irremediablemente, puede ser el carburante que precipite un cambio de gobierno si la población enardecida por el fraude toma las calles y alza la voz. Adivinen. ¡Esto es totalmente cierto, en teoría! Pero además, dicen aquellos señores, los bielorrusos lo están demostrando de manera práctica y empírica, así que los venezolanos deben imitarlos. “¡Seguid el ejemplo que Minsk dio!”

No obstante, esta argumentación tiene varias fallas. Para empezar, he de repetir que no se sabe si las protestas en las riberas del Svislach cumplirán con su propósito. Pero asumamos por un momento que tenemos las facultades de la pitonisa délfica y, gracias a ellas, la certeza de que Lukashenko está perdido. En ese caso, lo correcto sería un riguroso ejercicio de política comparativa que establezca qué tienen en común, y qué no, las experiencias autoritarias venezolana y bielorrusa. No basta con asumir que si ellos llegaron a su meta por una ruta, nosotros podremos hacerlo exactamente igual. Ojalá el trazado de estrategias políticas fuera tan sencillo y universalmente aplicable.

Por último, y hablando de estrategias, si en Bielorrusia unos comicios grotescamente injustos precipitan una transición democrática, es porque la dirigencia opositora de ese país tenía un plan para lograr tal cosa. ¿Acaso la oposición prêt-à-porter criolla tiene su estrategia para hacer otro tanto? Nada lo indica. El precedente de las presidenciales de 2018 en tal sentido es muy, muy negativo. Henri Falcón no hizo prácticamente nada luego de que Tibisay Lucena proclamara a Nicolás Maduro ganador por última vez en su larga trayectoria como operadora electoral del chavismo. En otras palabras, Falcón no siguió el ejemplo que Minsk dio.

Dicho lo que hay que decir sobre el papel gris de la oposición prêt-à-porter, esta columna llegaría por hoy a su final de no ser por otra comparación, no menos infeliz, entre la nación eslava y la caribeña. Me refiero a esos venezolanos que ven la intensidad de las protestas en Bielorrusia y dicen cosas como “Es que esos sí tienen bolas. No son como este pueblo cobarde”. ¿Perdón? No seré yo quien ponga en duda el coraje de quienes se enfrentan a un engendro autoritario, vástago de la URSS por cuyas venas fluyen varias de las inmundicias tóxicas del vientre que lo parió.

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Pero al momento de escribir estas líneas, los bielorrusos acumulan solo dos semanas en la calle. No hablemos de 2002, 2004, 2007 ni 2014. Limitémonos a 2017.

Si en Bielorrusia se produce un quiebre de la elite gobernante a raíz de estas manifestaciones, no será debido a un temple del que los venezolanos carezcamos, sino a un nivel de putrefacción moral inferior entre quienes oprimen a la nación europea.

Los venezolanos no hemos podido recuperar nuestra democracia y tenemos que insistir. Pero intentos hemos hecho, que nos han llevado hasta los límites del deber cívico. Honremos el recuerdo del esfuerzo pasado. De eso saldrá el ánimo para el esfuerzo futuro.

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Juan Vicente Gómez en 1928. Foto restaurada por Wilfredor en Wikimedia Commons, dominio público.

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Cada 23 de enero inundan las redes sociales, como almas en pena. Son los admiradores de Marcos Pérez Jiménez, afligidos por el recuerdo de lo que, según ellos, fue el punto de partida de la decadencia venezolana. De un cáncer cuya primera etapa fue la hegemonía de AD y Copei, y la metástasis, el chavismo. Recuerdo que en algún momento del año pasado, atónito por semejante nivel de ignorancia reaccionaria, hice un comentario sarcástico en Twitter desdeñando a estos neoperezjimenistas como un puñado de “progres” e instando a celebrar al verdadero redentor de Venezuela: Juan Vicente Gómez.

Al igual que sus hermanos neoperezjimenistas, a estos neogomecistas los distingue una aversión muy visceral a la democracia y los DD. HH., así como una intolerancia extrema a todo lo que sea de “izquierda” (y por “izquierda” entienden todo lo que no se cuadre con su conservadurismo rancio y patriotero). Están convencidos de que solo un mandatario autoritario, a quien no le tiemble el pulso para torturar y asesinar, será capaz de impedir que se apodere de Venezuela una izquierda destructora, bien sea moderada (adeca) o extrema (chavista).

Además, para justificar sus ansias filotiránicas, tienden a exaltar de manera exagerada (y no pocas veces mentirosa) los logros de Gómez y Pérez Jiménez. Con este último se enfocan en el cliché de las obras de infraestructura. En cuanto al Benemérito, el legado que nos presentan es algo más intangible y, por lo tanto, más difícil de evaluar. Vale la pena, no obstante, hacer el esfuerzo, de cara al surgimiento perturbador de una corriente de opinión que lo reivindica.

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Quiero comenzar aclarando que, a diferencia de Pérez Jiménez y el mito palurdo creado en torno suyo, Gómez sí dejó una Venezuela considerablemente mejor que la que tomó. Fue de esos personajes que marcaron un antes y un después en la historia nacional. Después de todo, no es poca cosa poner fin a las guerras civiles que durante el siglo XIX frustraron cualquier estabilidad política y desarrollo económico para el largo plazo. Tampoco lo es construir un Estado moderno y pagar una deuda externa que al país por poco le costó antes su soberanía territorial.

Todo bien hasta ahora, pero… Aunque no me lo crean, mi objeción no se afincará en la brutalidad de Nereo Pacheco ni en las condiciones inhumanas de las mazmorras de La Rotunda y el Castillo San Felipe. Estos horrores fueron inexcusables, incluso para estándares de aquellos tiempos, pero la putrefacción moral de los neogomecistas sí les permite justificarlos y hasta aplaudirlos. Y como además son conocidos por todo aquel con un mínimo conocimiento de la historia venezolana, prefiero poner la lupa en otro lugar.

Fue simplemente uno de tantos caudillos que vieron en el poder político una oportunidad de oro para el beneficio personal de ellos y sus allegados. Como Monagas, Zamora, Crespo y, por supuesto, su compadre Castro. Pero Gómez fue más astuto que sus predecesores y se dio cuenta de que la estabilidad de ese poder político y los privilegios asociados pasaban por una transformación verdadera en el ordenamiento de la nación, encarnado sobre todo en unas Fuerzas Armadas profesionales y relaciones positivas con las potencias del mundo (especialmente con Estados Unidos).

Así que la estructura que construyó Juan Vicente Gómez no era una casa del pueblo. Era su casa. En otras palabras, no era una república con autoridades despersonalizadas e imperio de la ley, sino un Estado monárquico, faraónico, donde la única ley era la voluntad privada del dueño. Basta con recordar que en 27 años de dictadura gomecista, Venezuela no tuvo una, ni dos, sino seis constituciones. Hay quienes sostienen que en realidad fue la misma ley suprema, reformada varias veces. Pero esta es una distinción baladí, ya que, como sea, los cambios obedecían a los caprichos y necesidades de Gómez. Por supuesto, el déspota se valió de este poder absoluto para enriquecerse, junto con su entorno cercano.

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Este fue, a mi juicio, el mayor pecado del gomecismo. Señalarlo no es anacrónico. Soy el primero en desestimar la condena a figuras históricas por quienes los examinan con un lente moral contemporáneo (caso del grueso de los atacantes de estatuas). Pero eso no quiere decir que todo juicio de esa naturaleza sea anacrónico. Hay que empaparse de historia de las ideas para entender la mentalidad de las personas en tiempos del evaluado.

Si hacemos el examen con los principios del siglo XX descubriremos que las autocracias como la de Gómez ya eran cosa caduca. Las tesis republicanas circulaban desde el Siglo de las Luces y habían ganado bastante terreno. Esto era así no solo en el Occidente desarrollado. Hasta en Latinoamérica ya habían echado raíces. Prueba de ello es el hecho de que, para finales del siglo XIX, todos los Estados latinoamericanos se identificaban como repúblicas (otra cosa es que en la mayoría de ellos las elites políticas no practicaran lo que pregonaban).

No es cierto que un pasado lleno de guerras civiles obligara a imponer una dictadura férrea como garantía de paz y desarrollo, como sugiere el harto desmentido “cesarismo democrático”. Argentina lo demostró. Al igual que Venezuela, la vecina austral estuvo sumida en querellas intestinas entre caudillos luego de lograr la independencia. El último de esos caudillos fue Bartolomé Mitre. Pero tras consolidar su poder en el campo de batalla en 1861, Mitre no se volvió un Gómez rioplatense. De hecho, no suprimió la Constitución vigente, que había sido redactada ni más ni menos que bajo la protección de su rival, Justo José de Urquiza. Mitre fue presidente por seis años, como lo establecía la Carta Magna, y no volvió a gobernar más nunca, a pesar de que cuando dejó el poder le quedaban 38 años de vida por delante.

Ciertamente no una república democrática (el sufragio universal masculino no fue una realidad sino hasta 1916, mientras que el voto femenino no vio luz hasta 1947), pero república al fin. Hubo posteriormente otras guerras civiles menores, pero nada que interrumpiera el orden constitucional (así como Gómez tuvo que lidiar con revueltas que no lograron derrocarlo). Vuelvo a mencionar la fecha del triunfo de Mitre: 1861. Noten que todo esto ocurrió medio siglo antes de que Gómez comenzara su dictadura. ¿Es entonces anacrónico condenar su falta de visión republicana?

La Venezuela pacificada, por el contrario, tuvo que esperar a que Gómez muriera para dejar de ser un coto privado. Le tocó a Eleazar López Contreras despersonalizar el poder, convirtiéndonos así en una república moderna, preludio para la democracia por venir y que marcó la cumbre de nuestro desarrollo cívico y prosperidad socioeconómica. Tal faena debió requerir mucha gallardía del “Flaquito”,  teniendo en cuenta las intenciones conservadoras de Eustoquio Gómez y otros matones, deseosos de establecer una dinastía. Antes de ser consciente de esta realidad, veía en López Contreras a uno de los mandatarios venezolanos menos memorables. Ahora creo que fue uno de nuestros mejores presidentes.

Podrá parecer tonto preocuparse por un grupo de venezolanos reivindicando a nuestros dictadores más crueles y señalándolos como modelos que deberíamos seguir hoy, en nombre de ideas de extrema derecha, cuando estamos obligados a lidiar con un régimen autoritario de extrema izquierda.

Yo al menos me opondré rotundamente a un imitador de Gómez o de Pérez Jiménez. Así que preguntémonos: ¿qué peso tienen estas corrientes residuales de pensamiento en la opinión pública? Me aventuro a decir que poco, pero quizá no tan poco como me gustaría.

Recientemente tuve la oportunidad de leer la tesis de grado de Daniela Torres para optar a la licenciatura en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana (2020), a propósito del surgimiento de tendencias de la nueva extrema derecha en Venezuela, a las que la autora se refiere como “derecha no tradicional”. Entre los rasgos que definen a esta ideología, menciona la aversión al pluralismo (p. 15). Ello explica la admiración por dictadores que suprimen la competencia democrática entre ideologías opuestas.

Esta investigación se enfoca en el movimiento venezolano ultraconservador Rumbo Libertad. Torres señala que la recepción de su activismo en redes sociales pudiera sugerir que “las ideas publicadas con una ideología de derecha no tradicional generan en las personas interés de conocer más sobre su contenido” (p. 57). Rumbo Libertad tiene por ejemplo muchos más seguidores en Twitter (88.337 al momento de escribir estas líneas) que partidos que han conseguido cargos de elección popular en años recientes, como La Causa R (17.885) o Avanzada Progresista (16.437).

Sin embargo, a todos los podemos considerar parte del ecosistema de “derecha no tradicional” descrito por Torres. De hecho, me consta que al menos uno de los activistas más prominentes de Rumbo Libertad ha usado su cuenta personal de Twitter para difundir mensajes que reivindican a Gómez y Pérez Jiménez.

Creo por todo lo anterior que este no es un problema que debamos pasar por alto. Es necesario exponer los desatinos autoritarios de estos grupos, cosa que solo se puede hacer efectivamente con argumentos veraces. Ello incluye desarmar sus cultos a dictadores. Si denunciamos a los aduladores de Castro y Pol Pot, no veo por qué los que hacen otro tanto con Gómez y Pérez Jiménez merezcan un trato más indulgente. No se los demos.

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Amigos, ¡hablemos de elecciones! No, no de lo que el “nuevo” Consejo Nacional Electoral convocó para el 6 de diciembre, llámenlo como lo quieran llamar. Me refiero a comicios auténticos, propios de una república democrática donde el gobierno no escoge a sus adversarios ni el sufragio es vigilado mediante un carnet. Conversemos, pues, sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Como van las cosas, los venezolanos acaso se interesen más por ese proceso que por lo que sea que salga de la simulación de democracia pactada por el régimen chavista y su oposición prêt-à-porter.

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No solo porque a fin de cuentas los norteamericanos volverán a su cita cuatrienal para seleccionar al líder de la nación más poderosa del orbe y responsable de decisiones de impacto global, sino porque también elegirán quién encabezará el más influyente e importante aliado de la causa democrática criolla.

Así que, ¿cómo marcha todo en el “imperio” de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, pareciera que la epidemia de coronavirus, así como las protestas contra la brutalidad policial y el racismo a raíz del asesinato del ciudadano George Floyd, han hecho que los comicios pasen a un segundo o tercer plano. Pero inevitablemente todo se conecta. Ello es lo que explica por qué la posición de Donald Trump en los sondeos de intención de voto atraviesa su peor momento desde que arrancó la contienda. La mayoría pone al mandatario más o menos diez puntos porcentuales por debajo de su contrincante demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, a nivel nacional, y en aprietos en varios de los estados que muy probablemente decidirán la elección.

La forma en que Estados Unidos ha manejado la epidemia ha sido incuestionablemente deficiente, lo cual es atribuido por muchos al hecho de que la Casa Blanca subestimó el flagelo, en primer lugar, y a alentara lo que expertos en sanidad pública consideran que fue un retiro apresurado de las medidas de cuarentena. Como resultado, mientras que en Europa las cifras de contagio han ido cayendo poco a poco, en EE. UU. se mantienen en niveles récord. Van más de 2,5 millones de casos confirmados y alrededor de 120.000 muertos. Ambas cifras son las más elevadas del mundo. Más estadounidenses han muerto por el virus que en las guerras de Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán e Irak, combinadas.

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Las encuestas indican que la gran mayoría de los estadounidenses desaprueba cómo Trump ha lidiado con el coronavirus. Y lo mismo sucede con las protestas. Es en ellas que me quiero detener, para apreciar dos hipótesis sobre su impacto electoral. De acuerdo con una, arrojada cuando la efervescencia callejera estuvo en su apogeo hace algunas semanas, en realidad las manifestaciones le convendrían a Trump. Para entender esta hipótesis, valga el siguiente preámbulo. El populismo de Trump explota las inquietudes de un gran sector demográfico. A saber, los blancos conservadores. Entre dichas inquietudes resalta la sensación de haber caído en el olvido por una elite política obsesionada con atender las necesidades de otros colectivos. Otra es aquello a lo que Bauman se refiere como la aversión a los “babosos extraños”. Es decir, a las minorías étnica o culturalmente diferentes.

Los blancos conservadores que integran el grueso de la base de Trump, y que habitan sobre todo los suburbios y zonas rurales, pudieron haber quedado conmocionados viendo en sus televisores y celulares los videos de disturbios y saqueos en los que degeneraron varias de las protestas, todo ello en grandes ciudades que, en cambio, están repletas de minorías étnicas. Así que, de acuerdo con la hipótesis aludida, el temor a que un caos asociado con los reclamos de las minorías se apodere del país entero movilizaría decididamente a suficientes blancos conservadores para que Trump repita su éxito de 2016. El propio Trump acarició esta idea y no en balde enfocó su mensaje en los componentes violentos de las protestas, comprometiéndose a hacer lo que fuera con tal restaurar la normalidad. Incluso a tomar medidas desproporcionadamente represivas. Todo esto sintetizado una consigna común en la política estadounidense (sobre todo en la derecha): “ley y orden”.

Tanto los seguidores del presidente como algunos de sus detractores se adhirieron a esta hipótesis, los unos con entusiasmo, los otros con alarma. Para respaldar su argumento, trazaron un paralelismo con la victoria electoral de Richard Nixon en 1968. Ah, la legendaria década de los 60, tal vez la más importante de todo el siglo XX en términos culturales. Comenzó irónicamente con la derrota de Nixon ante John F. Kennedy. Su primera mitad estuvo marcada en Estados Unidos por la cúspide del movimiento por los derechos civiles y la legislación que puso fin al racismo legalmente sancionado. Este fue el período de mayor activismo pacífico de la mano de figuras como Martin Luther King (un ambiente retratado recientemente en Selma, la película de Ava DuVernay).

En cambio, algo que marcó la segunda mitad de la década fue una sucesión de tumultos raciales desatados por razones similares a las del asesinato de Floyd más de medio siglo después. La lista es larga: Los Ángeles en 1965, Detroit en 1967 y un gran número de ciudades en 1968 simultáneamente, como resultado de las balas que ultimaron a King.

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Bien conocida es la apelación de Nixon en la campaña de este último año, igualmente con el mensaje de ley y orden, a la “mayoría silenciosa”: un bloque de ciudadanos conservadores ajenos a las protestas contra el racismo y la Guerra de Vietnam, y que, a diferencia de quienes participaban en ellas, no llamaban la atención, precisamente por su pasividad. Pero estaban ahí, latentes y alarmados por la situación de su país.

Varios estudios han concluido que cuando las protestas fueron principalmente pacíficas durante la primera mitad de los 60, ello estuvo correlacionado con un aumento en el apoyo al Partido Demócrata, que hizo suya la bandera de los derechos civiles. Quizá la correlación ayudó a Lyndon Johnson a ser electo en 1964. Por el contrario, la violencia de los disturbios que abundaron en la segunda mitad de la década inclinó la balanza hacia los republicanos. Ergo, Nixon resucitó como un fénix luego de que su carrera política pareciera acabada.

La primera persona que me puso a pensar al respecto fue Jamelle Bouie, un periodista con el que suelo disentir por sus coqueteos con el populismo de izquierda. Pero su artículo de opinión en The New York Times sobre este asunto particular me resultó muy impactante. Bouie sostiene que Trump no puede hacer de Nixon por dos razones. La primera es tan obvia que no sé cómo tantos, yo incluido, la pasamos por alto. A diferencia de Nixon, Trump es el presidente en ejercicio. Si el país arde, le será mucho más difícil convencer a sus seguidores que todo es culpa de otros. Incluso si ellos lo creyeran así, le pueden achacar no cumplir con su promesa de ley y orden. Sería entonces Joe Biden quien pudiera señalar a Trump por incompetencia y, con su larga trayectoria política, presentarse como una alternativa atractiva al jefe de Estado outsider.

La segunda razón es que el perfil demográfico de Estados Unidos ha cambiado mucho en 50 años. En 1970, 87,5 % de la población norteamericana era blanca. En 2010 (año del último censo), esa proporción fue 72,4 %. Además, la población blanca con opiniones negativas sobre las minorías se ha reducido considerablemente.

La segunda hipótesis es la que en este momento luce más fuerte. Sin embargo, hay que recordar que las encuestas pueden equivocarse. Mucho. Se equivocaron con el propio Trump en 2016. Aparte, faltan cuatro meses para las elecciones y la suerte del presidente pudiera cambiar. Quizá la economía, noqueada por el coronavirus, se levanta más rápido de lo imaginado, por ejemplo. En fin, veremos. Yo al menos estaré más pendiente de ver cómo están los ánimos en Ohio y Wisconsin que de un acto de campaña de candidatos de Avanzada Progresista o del MAS. Y no por desinterés en mi país, sino por ser consciente de que lo que ocurra el 6 de diciembre no alterará de ninguna manera la cruel hegemonía chavista.

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Mausoleo en el Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Foto Herbert Brant en Pixabay.

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Muy a pesar del inmenso cariño que le tengo a la patria de Sábato y Cerati, creo que no es exagerado afirmar que pocos países latinoamericanos han tenido una historia económica tan llena de frustraciones como Argentina. Ni los propios argentinos lo negarían, como se deduce del pesimismo detectado por Martín Caparrós en una crónica reciente sobre la vida en Buenos Aires.

Otrora considerada el granero del mundo y una promesa de desarrollo que rivalizaría con Estados Unidos, Argentina nunca ha vuelto a alcanzar las cumbres de crecimiento relativo (i.e. comparado con el resto del mundo) que ascendió antes de la Gran Depresión de los años 30.  Por supuesto que en casi un siglo le han sobrado oportunidades, pero por diversas razones fueron desperdiciadas.

Una de las más resaltantes es el populismo peronista, que se niega a morir y sigue haciendo estragos con políticas económicas desastrosas (aunque, en honor a la verdad, alternativas como las de Mauricio Macri no lo han hecho mucho mejor).

De su último regreso se está cumpliendo un semestre, con Alberto Fernández como líder, al menos en teoría. Digo “en teoría” porque el grado de influencia de su vicepresidente, la inmensamente más carismática Cristina Fernández, sigue siendo motivo de franca preocupación. El nuevo mandatario ciertamente ha tenido algunos gestos que lo distancian de los niveles arrolladores de populismo del matrimonio Kirchner. Solo haber interactuado cortésmente con el saliente Mauricio Macri durante la transición fue uno que no se puede pasar por alto (recordemos que CFK ni siquiera se dignó a presentarse en el acto de toma de posesión de Macri).

Empero, también hay señales de consternación. La más reciente fue el anuncio de la estatización del Grupo Vicentín, una de las mayores empresas dedicadas a la industria agroalimentaria en Argentina, que es a su vez uno de los mayores sectores económicos del país austral. No se trata, por tanto, de la toma de un quiosco de periódicos. Esta es una las decisiones más relevantes en materia económica tomadas por el gobierno de Fernández, y pudiera ser ilustrativa sobre lo que vendrá más adelante.

Cuando a los venezolanos nos hablan de estatizaciones, rápidamente pensamos en aquel momento infame cuando Hugo Chávez, en pleno despliegue de sus groseros instintos autoritarios, ordenó la expropiación de varios comercios, incluyendo las joyerías del emblemático edificio La Francia, en el centro de Caracas como si estuviera eligiendo dulces en una tienda de caramelos. No hay que abusar de los símiles ni asumir que la ocupación pública de Vicentín se está dando exactamente en las mismas circunstancias y que Fernández ahora es un Chávez rioplatense. Después de todo, Vicentín es un peso pesado en un ramo vital para la economía argentina, cuya quiebra por deudas millonarias podía tener un impacto negativo severo. Pero eso no quiere decir que una estatización era la respuesta adecuada.

El Estado puede manejar varios proyectos alimenticios y administrar distribuidores de alimentos para los más necesitados en caso de que estos se queden por fuera del mercado. Pero no debería reemplazar al sector privado como proveedor de comida en general. Cuando lo intenta, el resultado suele ser desastroso. Los venezolanos lo sabemos muy bien. Está el referido incidente de los “¡Expropiése!”, en el cual el propio acto fue más visible que las consecuencias. Pero hay más casos. Muchos más.

Chávez dio rienda suelta a sus impulsos de estatización a partir de 2007, demostrando así que su compromiso de respetar la propiedad privada, asumido en su primera candidatura, no fue más que una argucia para disimular su cercanía a la extrema izquierda. Sidor, Cantv, la Electricidad de Caracas, Cadafe y un largo etcétera. Hoy, las sucesoras todas esas empresas están en situación calamitosa, devastadas por la rapiña y la ineptitud.

Lácteos Los Andes y la productora de aceite Industrias Diana fueron estatizadas en 2008. Un año después corrió la misma suerte la cafetalera Fama de América. Pues bien, según un informe de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, entre 2009 y 2015 Fama de América pasó de producir 18.600 toneladas de café a apenas 2.500. Igualmente, desde su estatización y hasta 2015, la producción de Diana se desplomó 55,48%. En cuanto a Lácteos Los Andes, Transparencia Venezuela registró que la productividad pasó de 92,8 toneladas por trabajador en 2010 a solo 38,5 toneladas un lustro más tarde. Combínelo todo y sabrá por qué se ha vuelto mucho más difícil para los venezolanos saborear un desayuno de empanadas y café marrón, lo cual es apenas una manifestación del hambre en la que millones de venezolanos cayeron en la segunda mitad de esta década.

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Ah, y espero que no se hayan olvidado de Agroisleña, la legendaria proveedora de insumos agrícolas. En 2010, Chávez también le aplicó el “¡Exprópiese!”. De paso, como parte de su afán por cambiarle el nombre a todo e imponer una neolengua plagada de un nacionalismo excesivo y cursi, la rebautizó como “Agropatria”. En manos privadas, pudo satisfacer casi 80% de la demanda de químicos para el campo, según una nota del portal El Estímulo fechada en 2016. Un año antes, solo satisfizo 22 % de su meta de producción, lo cual contrajo 10 % la zafra criolla. Alrededor de 46.000 de las 207.000 toneladas prometidas.

Y así volvemos a Argentina y al caso Vicentín. Como ya dije, no hay que abusar de la comparación, pero si estuviera conversando con un porteño o un cordobés, lo exhortaría modestamente, junto con sus compatriotas, a mantenerse en guardia. En entrevista para el diario El País de Madrid, el ministro a cargo de la expropiación sentenció que se trata de un caso “excepcional” y que en el gobierno de Fernández “no consideran positivo que el Estado controle muchas empresas”.  Pero, como ya vimos, esos compromisos no siempre son honrados.

Preocupa que, al momento de anunciar la estatización, Fernández invocara como argumento la “soberanía alimentaria”. Precisamente la expresión predilecta del chavismo para designar sus desastrosas políticas alimenticias. El presidente se olió que por esto lo compararían con los amigos caribeños de CFK, por lo que salió al paso en pleno discurso para desestimar tales alegorías. Pero si Fernández no quiere que lo comparen con el chavismo, debería abstenerse de hablar como un chavista… Sobre todo con los gritos de “¡Exprópiese!”.

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