Alejandro Armas

@AAAD25

No pensaba extender más allá de una semana el paréntesis de esta columna dedicado al extranjero, pero debido al estancamiento prolongado de la política local y a la temporada de elecciones vigente en el vecindario, ¿por qué no? De hecho, creo que las circunstancias obligan. La semana pasada remontamos el alto Orinoco hasta el Casiquiare, que conecta con el río Negro, para bajar por ahí hasta la Amazonía brasileña, a propósito del terrible prospecto de una elección presidencial entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva.

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Ahora, siguiendo el recorrido fluvial, iremos a contracorriente por el Amazonas hasta su formación, en la confluencia del Marañón y el Ucayali, en Perú, con un propósito similar, lamentablemente. Al igual que en Brasil, estamos ante una disyuntiva comicial terrible.

El domingo pasado hubo elecciones en tres naciones andinas. Me voy a permitir un comentario positivo antes de abordar el meollo de este artículo. Tanto en Ecuador como en Bolivia, la izquierda populista salió vapuleada. El liberal Guillermo Lasso sorpresivamente triunfó sobre Andrés Arauz, abanderado del correísmo. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS; partido de Evo Morales) perdió todas las gobernaciones departamentales en juego, incluyendo dos en su bastión tradicional del Altiplano.

Llegaron a la primera ronda presidencial con un conjunto de candidatos bastante impopulares. No se podía hablar del más favorecido, sino del menos desfavorecido. Ninguno fue capaz siquiera de atravesar el umbral de 20 % del voto, así que habrá una segunda vuelta. He aquí lo trágico. Al momento de escribir estas líneas, todo indica que quienes se la disputarán serán, por un lado, Keiko Fujimori, heredera del último dictador peruano y líder del partido ultraderechista Fuerza Popular; y, por el otro, Pedro Castillo, un sindicalista afiliado con la organización Perú Libre, de extrema izquierda. Ambos populistas. Ambos muy peligrosos.

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Perú es una paradoja. Aunque le quede un largo camino por recorrer reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, su desempeño económico entre los países latinoamericanos ha sido brillante, con un producto interno bruto que no ha hecho sino crecer en lo que va de siglo XXI. Pero la proeza económica no ha ido acompañada de sanidad política.

Como resultado, todos los mandatarios peruanos electos en los últimos 30 años (¡toda mi vida!) han terminado en algún entuerto legal. Alberto Fujimori está tras las rejas; Alejandro Toledo, prófugo de la justicia; Alan García se suicidó antes de someterse al arresto; Ollanta Humala, aunque en libertad, tiene cuentas pendientes por sus vínculos con Odebrecht; y Pedro Pablo Kuczynski está en detención domiciliaria. Por si esto fuera poco, el país ha adquirido desde el año pasado una reputación de ingobernabilidad, con dos intentos de destitución de Martín Vizcarra, sucesor provisional de Kuczynski, a manos del Congreso. El segundo fue exitoso. Pero Manuel Merino, quien entonces tomó las riendas, no duró ni una semana, debido al rechazo masivo en las calles. Finalmente, tocó a Francisco Sagasti conducir la nave del Estado hasta el fin del período constitucional de Kuczynski (caramba, pareciera que un eón entero transcurrió desde que Kuczynski fue elegido).

En fin, ya tienen, estimados lectores, el contexto. Podrán imaginar el hastío de las masas con la clase política. Es en situaciones así que los radicales de todo cuño pueden explotar la frustración de los ciudadanos para avanzar.

La sociedad peruana tendrá que escoger su veneno. Parafraseando a Vargas Llosa, será como decidir entre el cáncer y el sida. ¿Cómo se llegó a tan triste desenlace, apartando lo que ya vimos sobre la putrefacción de las elites? Examinemos a cada contendiente para dar con pistas.

Pedro Castillo

El caso de Pedro Castillo es más fácil de entender. Es el típico outsider, pues nunca ha ejercido cargos públicos antes. Más bien, en su currículo lo que uno encuentra es a un maestro de escuela rural. Factores que le permiten a un líder populista distanciarse del perfil elitista de sus pares y hacerse pasar por sujeto común del pueblo (aunque nunca lo sea del todo, porque de lo contrario no estaría liderando a nadie).

Diferencias que son bastante elevadas. Según cifras de la firma Credit Suisse, Perú en 2019 estaba en el cuartil superior de países ordenados por Coeficiente de Gini (una medición de la desigualdad en la distribución de riqueza). En Perú, de paso, las diferencias de clase suelen ir de la mano con diferencias de raza. Persisten vestigios de la sociedad de castas virreinal, en la que los indígenas ocupan la base de la pirámide. Hay rivalidades amargas entre la costa, rica, urbana y cosmopolita; y la sierra, pobre, rural y con un mayor componente amerindio (Castillo es oriundo del departamento de Cajamarca, en la sierra, donde Atahualpa, último emperador inca, fue asesinado por la soldadesca a las órdenes de Francisco Pizarro; hasta en eso el candidato tiene material para su campaña).

Pero lo sorprendente de Castillo es un radicalismo nada disimulado. Por anacrónico que suene, su partido se identifica abiertamente como marxista-leninista y seguidor de las tesis de José Carlos Mariátegui, el pensador que adaptó hace un siglo el materialismo dialéctico a la realidad peruana y, la verdad sea dicha, tal vez el autor marxista más talentoso que ha dado Latinoamérica. Es decir, apelan a la vieja escuela y su simbología, mientras que la extrema izquierda en buena parte del mundo, debido a reflexiones genuinas o a una mera operación de disimulo, adopta nuevos sellos como el de “socialismo democrático”. Castillo también va contra la corriente con unas cuantas posturas trogloditas, como la restauración de la pena de muerte y el rechazo al matrimonio igualitario y la eutanasia.

Pero a partir de finales del siglo pasado, la izquierda, siguiendo las indicaciones postmarxistas de Ernesto Laclau y Chatal Mouffe, más bien se ha empeñado en tomar las banderas de las causas progresistas. Pedro Castillo no. Tal vez ello se deba al profundo conservadurismo católico de las sociedades latinoamericanas, particularmente arraigado en Perú, según tengo entendido. O al hecho de que en naciones pobres, más enfocadas en las necesidades materiales, es más difícil entusiasmar a las masas defendiendo el derecho de los homosexuales a contraer nupcias.

Por último, no puedo omitir que Castillo ha tenido sus coqueteos con el chavismo. En declaraciones públicas ha asegurado que en Venezuela hay democracia. La tragedia venezolana se ha vuelto tan oprobiosa, que buena parte de la izquierda ha intentado marcar distancia con el régimen venezolano. Con sinceridad o por puro oportunismo. La propia Verónika Mendoza, la otra candidata de izquierda dura en la primera ronda en Perú, tuvo el recato de admitir que la naturaleza del susodicho régimen no es democrática. Pero Castillo y su gente se la juegan con sus camaradas de Caracas.

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, por el contrario, no es ninguna advenediza de la política. Ingresó muy joven, haciendo las veces de primera dama durante la dictadura de su padre divorciado. Luego se alzó como su delfín. Encabeza su partido, que es el que más escaños ocupa en el Congreso unicameral. Ella misma ha sido congresista. Esta es la tercera vez que busca la presidencia, y en las dos veces anteriores también alcanzó el balotaje. Ha estado presa dos veces por señalamientos de corrupción. Fácilmente encaja entre los políticos de la clase política tradicional hoy repudiada. No obstante, ahí está de nuevo, tocando las puertas del supremo poder.

Los líderes populistas tienen lo que Max Weber llamaba legitimidad carismática. Es difícil para sus seguidores explicar el apoyo que les brindan de una manera que suene sensata a terceros. Es como una conexión mística que les permite a esos dirigentes contar con una base de apoyo no necesariamente mayoritaria, pero leal.

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Eso le ha bastado a Fujimori hija mientras sus rivales estaban más o menos igual que ella en cuanto a respaldo popular. Eso y, quizá, un ideario ultraconservador que condena a la izquierda y a todo aquello que pueda ser asociado con ella, como las causas progresistas que Castillo igualmente rechaza. Aunque han pasado décadas desde el apogeo de Sendero Luminoso, en las zonas rurales del país el recuerdo de la guerrilla maoísta (“terrucos”, los llaman) sigue vivito y coleando. Los matones de Abimael Guzmán asesinaban sin piedad a campesinos si sospechan que cooperaban con las autoridades, como en la Masacre de Lucanamarca. Quien les asestó un golpe fulminante fue Alberto Fujomori, en parte dando rienda suelta a las “rondas campesinas”, grupos parapoliciales. Así que, para muchos, Fujimori fue el salvador del Perú, injustamente juzgado por hacer lo necesario para evitar que el país cayera en manos de terroristas de izquierda radical. En la hija ven la continuación de su legado.

A propósito, aunque el fujimorismo sea de derecha, no puedo asegurar que su relación con el chavismo será tirante si es devuelto al poder. El fujimorismo y el chavismo se han hecho guiños desde que Perú dio asilo a los líderes del segundo golpe de 1992 en Caracas. Keiko Fujimori ha tenido gestos contra el chavismo, pero sospechar es más que razonable.

Me cuesta mucho creer que Castillo o Fujimori serán sorpresas positivas. El tipo de políticos que lucen radicales en campaña pero que se moderan tras la victoria, como sucedió con Lenín Moreno en Ecuador. Y sin embargo, parece que eso es lo mejor a lo que podemos aspirar quienes nos preocupamos por el futuro de la democracia en América Latina. Jesucristo o Inti, ¡piedad!

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Jair Bolsonaro y Lula Da Silva , la inminente disyuntiva en Brasil. Foto en Ciudadccas

@AAAD25

Para esta columna ha llegado un momento de pausa en la discusión de la tormentosa política venezolana. No obstante, los temas que vienen a continuación no son ajenos a nuestro país ni están libres de gravedad. Al otro lado de la serranía de la Neblina, en Brasil, el panorama se enrarece y se hace muy difícil saber qué hay más adelante, como si la bruma que da nombre al hito fronterizo se extendiera, impenetrable, a través de la Amazonía, el Mato Grosso y hasta las pampas meridionales. Una democracia saludable no debería estar en esas condiciones cuando se acercan unos comicios, momento tenso por lo general.

Nuestro vecino del sur va a elecciones presidenciales a finales del próximo año. Jair Bolsonaro, al igual que casi todos sus predecesores desde la aprobación de la Constitución de 1988, quiere repetir. Hasta hace poco, parecía estar bien encaminado hacia su objetivo, en parte debido a la ausencia de un retador que entusiasme a los votantes. Como todo populista, Bolsonaro genera una polarización enorme. Sus detractores bien pueden constituir una mayoría y estar muy comprometidos con sacarlo del Palácio de Planalto, pero no están cohesionados en torno a un movimiento, ni hablar de un dirigente común. Además, aunque Bolsonaro tenga las debilidades del típico populista, también goza de los beneficios, incluyendo a una base de leales seguidores.

Pero la cosa cambió. El expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva fue exonerado de las condenas judiciales en su contra por un magistrado del Supremo Tribunal Federal brasileño. No es que Lula ahora esté libre de señalamientos de corrupción, sino que el susodicho juez alegó que la corte que lo había sentenciado no tenía competencias para el caso. En fin, sea como sea, el punto es que Lula ahora está técnicamente habilitado para disputarle la presidencia a Bolsonaro. Y por los vientos que soplan, lo hará, a menos que su suerte judicial vuelva a oscurecer.

¿Y por qué no lo haría? Algunos sondeos de opinión lo ponen por encima de Bolsonaro en intención de voto. Además, regresar al poder le brindaría un blindaje adicional contra cualquier cuenta pendiente con la justicia. De eso sabe mucho su buena amiga Cristina Fernández de Kirchner.

Tal vez recuerdan los comicios presidenciales de 2018, en los que Bolsonaro, otrora considerado un actor secundario de la política brasileña y más risible que peligroso, dejó al mundo atónito con su ascenso meteórico hasta la cima. Fue catapultado hasta allí por coletazos de la última crisis económica latinoamericana, el descontento con una elite política casi universalmente corrupta y las debilidades de su contrincante en segunda vuelta, Fernando Haddad, el nada inspirador candidato de la izquierda.

Los dos contendientes eran impresentables. El uno, por populista ultraconservador y admirador de dictaduras. El otro, por fantoche de un partido bajo cuya égida la corrupción en Brasil llegó a niveles exorbitantes y se hizo la vista gorda con regímenes autoritarios de izquierda en América Latina.

De consolidarse la disyuntiva entre Bolsonaro y Lula, el panorama no sería menos desolador. Muy a pesar de lo que uno lee a veces en la prensa o escucha en boca de activistas de izquierda, ni Bolsonaro es un dictador ni Brasil se ha convertido en una dictadura. Pero eso no significa que la situación no sea peligrosa. Hay que saber distinguir entre un líder con rasgos autoritarios y un régimen autoritario. Bolsonaro es lo primero, pero no encabeza lo segundo, sino una democracia frágil. Y todo indica que en la medida en que se acerca una elección que pudiera ser más reñida que lo esperado, los instintos antidemocráticos del Presidente se refuerzan. Bolsonaro ha repetido las denuncias disparatadas de la extrema derecha norteamericana sobre fraude electoral en Estados Unidos como si fueran ciertas e insinuado que algo similar pudiera ocurrir en Brasil. Su hijo, el influyente congresista Eduardo Bolsonaro, criticó el asalto al Congreso estadounidense por una turba de seguidores de Donald Trump… ¡Pero porque no se organizó bien ni cumplió su objetivo de desconocer la derrota del líder!

Todo esto ocurre en un ambiente bastante turbio, con rumores de que al menos una parte del alto mando militar brasileño está bastante descontenta con la exoneración de Lula y dispuesta a intervenir para evitar que vuelva a la presidencia. Tengamos en cuenta que aunque las Forças Armadas no se han vuelto un brazo castrense del bolsonarismo, sí tienen un papel atípicamente influyente en la política nacional, con casi una decena de ministerios y otras posiciones clave, como la dirección de la estatal de hidrocarburos Petrobras. La información sobre posible politización de uniformados se volvió más inquietante con la renuncia del ministro de Defensa de Bolsonaro la semana pasada, acompañada por un comunicado en el cual el funcionario reafirmó el papel institucional de las Fuerzas Armadas como deber ser, y seguida por las dimisiones de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

A Bolsonaro lo llaman el “Trump del trópico”. Fonéticamente, esa es una bonita aliteración. Conceptualmente, una advertencia alarmante. No es de ninguna manera descabellado pensar que Bolsonaro intente repetir las tropelías del expresidente norteamearicano en caso de un resultado electoral desfavorable. En Washington la arremetida llegó más lejos que lo que muchos imaginamos. No sé qué quedará para Brasil, cuyas instituciones son mucho más endebles.

Volvamos ahora la mirada a Lula. El problema con él es distinto. Aunque sus raíces están en la izquierda populista y filocastrista, una vez en el poder Lula no manifestó conductas autoritarias dignas de notar. Excepto quizá por el Frente Amplio uruguayo, el suyo fue el más democrático de los gobiernos de la “marea rosa” latinoamericana. Muy distinto a Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. Incluso evitó la agresividad y polarización que han caracterizado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero el crecimiento económico durante su mandato fue un espejismo de prosperidad, seguido por una crisis fuerte que, para su fortuna, no le estalló a él, sino a Dilma Rousseff, su delfín.

Ni hablar de la corrupción, que anduvo a sus anchas. Petrobras y, sobre todo, Odebrecht, se volvieron sinónimos de negocios pingües pero sucios. La diplomacia de Lula ayudó a exportar dichos tratos a lo largo y ancho de América, incluyendo, desde luego, a Venezuela. Acá la lista de obras de infraestructura encargadas a Odebrecht y nunca concluidas, pese a los millones asignados, es bien conocida. Desde la represa hidroeléctrica de Tocoma en el Caroní, pasando por una nueva línea del Metro de Caracas hasta el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo.

Por último, tenemos las simpatías de Lula hacia el castrismo y su indiferencia ante la pérdida de la democracia en Venezuela. Si usted cree que ello se debe a que, cuando Lula dejó el gobierno en 2011, lo peor que deparaba la política venezolana estaba aún por venir, piénselo dos veces. La semana pasada, en una entrevista televisiva, Lula aseveró que “no se puede decir que en Venezuela no haya democracia”. Pensaba que, devuelto al poder, Lula tendría una posición ante el chavismo como la de Andrés Manuel López Obrador o Alberto Fernández, lo cual hubiera sido malo. Tras esas declaraciones recientes suyas, creo que sería peor.

Me considero un admirador empedernido de la cultura brasileña. Muero por degustar una feijoada. Adoro las novelas de Machado de Assis y Clarice Lispector. Cuando me quiero relajar, acudo a la bossa nova de Tom Jobim y João Gilberto. Disfruto las películas de Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos. Por eso, cada vez que paso cerca del Instituto Cultural Brasil-Venezuela, y veo el abandono en que yace tras sus muros de empedrado portugués, mi dolor es inmenso. Pero si el precio para su rehabilitación es un gobierno en Brasilia indolente hacia la calamidad venezolana, prefiero esperar por tiempos mejores, en una Venezuela libre, para volver a ese recinto.

Tampoco que la dirigencia opositora tiene que mantener buenos lazos con el gobierno brasileño mientras sea posible. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos venezolanos tengamos que hacer activismo a favor de candidatos terribles por allá. Me causa mucha gracia que nuestros derechistas más exaltados estallen en cólera ante cualquier crítica a Bolsonaro, muy a pesar de su talante despótico. O que la izquierda postchavista reproche a la oposición estar “llena de odio” cuando repudia a Lula, muy a pesar del comportamiento del expresidente hacia Venezuela. Como si de todas formas los venezolanos fuésemos quienes vamos a decidir esa elección. Yo, al menos, no le hago propaganda a impresentables. Prefiero limitarme a estudiar desapasionadamente la situación y a esperar lo mejor. Para Brasil y para Venezuela.

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Llegó la segunda ola de covid-19 y vino con furia. Esta semana se rompió el récord de casos diarios reconocidos por el régimen, con más de 1.300. A diferencia del primer brote duro, el miedo y la angustia son palpables por doquier. Difícilmente hay alguien en Venezuela sin un conocido que haya sucumbido ante el virus. Las solicitudes de ayuda para procurarse concentradores de oxígeno, fondos para gastos médicos o una cama de hospital se han multiplicado de manera asombrosa. De haber ocurrido hace un año, cuando el drama sanitario alcanzó a Venezuela, no hubiera podido esperarse gran cosa. Pero ahora el mundo cuenta con distintas vacunas. Así que si hubo un momento urgente para inocular masivamente a venezolanos, este es.

Y sin embargo, el régimen chavista, mostrando una vez más cuánto le interesa el bienestar colectivo, rechazó las millones de vacunas de AstraZeneca que el programa humanitario Covax tenía listas para entregarnos.

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Según la agencia Bloomberg, pretenden reemplazar esas dosis con otras elaboradas por Johnson & Johnson, que son bastante efectivas, pero que Covax no empezaría a distribuir entre las naciones beneficiarias sino hasta julio, sin que siquiera haya garantía de que Venezuela estará entre los primeros destinatarios a partir de ese momento.

No voy a detenerme sobre las implicaciones morales de esa decisión, porque no se me ocurren palabras que puedan describirlas ni me parece necesario, puesto que el horror que cabría esperar entre la población afectada se manifestó en efecto. Tampoco pienso perder mi tiempo cuestionando las razones esgrimidas por el régimen, basadas en la “soberanía científica” (si les interesa, averigüen quién fue Trofim Lysenko) y en hallazgos no especificados a manos de sus especialistas no especificados (me pregunto si entre ellos estará Sirio Quintero, autor de una “cura” de la covid-19 hecha con saúco, pimienta y demás vegetales, cuyas “teorías” en la materia fueron compartidas con gran entusiasmo por Maduro en una ocasión).

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Me propongo más bien aprovechar esta triste oportunidad para recalcar cuán disparatada es la tendencia, en ciertos círculos de opinión, a señalar que nuestro infierno, en todos sus aspectos (político, económico, social y, ahora, sanitario), es consecuencia de una falta de acuerdos entre el régimen y sus adversarios, por la cual ambas partes tienen igual responsabilidad.

Por no ocupar espacios de poder que, según ellos, siguen abiertos. Por negarse a negociar con el contrario cuando surgen oportunidades y por plantearse objetivos “maximalistas”. Por recurrir a métodos “antipolíticos”, extremistas y desprovistos de ética. Por dizque despreciar los padecimientos del venezolano común en medio de la crisis humanitaria y pensar solo en obtener el poder.

Cabe agregar un poco de contexto a las últimas noticias (con minúscula; o sea, a los acontecimientos actuales y no al vástago periodístico de Ana Luisa Llovera y Francisco “Kotepa” Delgado devenido en panfleto chavista). Recordemos que antes de que voceros del chavismo aparecieran haciendo ascos a la vacuna de AstraZeneca, hubo un alivio moderado cuando se anunció una concertación entre el régimen y la oposición encabezada por Juan Guaidó con miras a traer a Venezuela millones de vacunas. La disidencia, mediante su trato con Washington, se comprometió a habilitar los fondos necesarios para cancelar los medicamentos.

El chavismo, por su parte, como depositario del control del territorio venezolano, debía permitir que las vacunas fueran distribuidas. Es exactamente el tipo de acuerdo por el que tanto claman los “ni nis” de nuevo cuño. Pero ahora, “soberanía científica” mediante, todo indica que el acuerdo no se materializará, debido a decisiones unilaterales.

¿Hay algo nuevo o sorprendente en todo esto? Por supuesto que no. A nadie puedo culpar si perdió la cuenta de las veces que ha ocurrido. Ahí está la pila de intentos de diálogo y negociación que no llevaron a ninguna parte porque el régimen no quiso ceder nada de su poder y privilegios. No pienso ser el abogado de la dirigencia opositora ante la opinión pública (mis críticas a su falta de visión estratégica no son a puerta cerrada), pero no acepto que se falsee la realidad con total desparpajo. Digan lo que digan de esa dirigencia, sus intentos por poner fin a nuestra crisis política de manera ordenada y nada traumática fueron muchos. Con mediación del Centro Carter, de César Gaviria, de José Luis Rodríguez Zapatero (ugh), de la Santa Sede, del Reino de Noruega, etc. ¿Y acaso lo solicitado en esas reuniones fue mucho? ¿Es “maximalista” una transición pactada, que incluya a elementos del chavismo, con miras a unas elecciones libres, y que hasta deje de lado ciertas consideraciones de justicia? Otra cosa es que el chavismo vea en eso su eventual salida del poder, cosa por demás normal en una democracia, donde ningún movimiento político tiene un derecho exclusivo a gobernar para siempre.

¿Qué creen que fue el acuerdo para que entrara ayuda humanitaria de la mano de la ONU en 2019? ¿O aquel otro acuerdo del año pasado entre la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud del régimen y la Organización Panamericana de la Salud para traer insumos con los que detectar y tratar la covid-19? No pasó mucho tiempo para que el Parlamento denunciara el incumplimiento de lo pactado por parte del régimen, con el desvío de material hacia destinos no contemplados en las negociaciones, según reseñó en enero pasado el diario Tal Cual.

Dada la magnitud del problema que estamos enfrentando como país, uno pudiera pensar que todos los señores que repiten sin cesar “pónganse de acuerdo” finalmente admitirían sobre quién recae la responsabilidad. Pero no. Ya se ve a varios de ellos (no a todos, debo reconocer) pontificando que la oposición no colabora. O que debería abstenerse de la expresión en contra del rechazo a la vacuna de AstraZeneca, a ver si así el régimen cambia de parecer.

Lamentablemente no se ve que estos individuos tengan compón. No puedo asegurar qué los motiva a actuar de forma genuflexa, pero está mal por donde se le mire. Ante una situación conflictiva en la que la neutralidad está descartada porque la sociedad de la que uno es parte está en juego, y en la que ninguna de las partes es impecable, culpar siempre a los dos bandos por igual no te hace un dechado de virtudes.

¿Quiero yo una salida negociada a esta calamidad? Sí. ¿Es una eventual salida negociada la más factible, pese a todo? Pero asimismo es evidente que por los momentos las condiciones para esa salida no están dadas, pues el régimen no está dispuesto a compartir el poder. Ni hablar de cederlo. Prefiero evitar esa triste realidad y tener mi conciencia tranquila antes que venderle expectativas falsas a la gente.

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El chavismo llegó al poder en un momento que pudiera considerarse el peor en la historia de la extrema izquierda desde el ascenso de los bolcheviques. La URSS y sus satélites en Europa Oriental habían caído. China y Vietnam discretamente abandonaron el legado de Mao y Ho Chi Minh para abrazar un peculiar capitalismo de Estado. Los únicos regímenes de corte marxista aún en pie eran Corea del Norte, un paria plagado de hambre, y la Cuba de los Castro, que hacía malabares para sobrevivir.

No es extraño entonces que el triunfo de Hugo Chávez haya entusiasmado a la intelectualidad ñángara mundial, que por aquellos años meditaba sobre el fracaso del marxismo que marcó la entrada a un nuevo milenio. Entre los diagnósticos que más auge cobraron estaba el formulado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, con su crítica a la estrechez de la ortodoxia marxista por obsesionada con las luchas de clase. Su alternativa postmarxista consistió en romper con el antagonismo binario de “proletariado y burguesía” para dar paso a uno mucho más amplio, entre “opresores y oprimidos”.

La idea era amalgamar las inquietudes socioeconómicas de los trabajadores asalariados con los reclamos igualitarios de mujeres, personas sexodiversas, personas sin ascendencia europea y demás grupos tradicional e injustamente discriminados, con miras a dar al traste con todo lo que fuera considerado parte del statu quo opresor, incluyendo el capitalismo. Para ello era necesario que la nueva izquierda cooptara el feminismo, el movimiento Lgbti y demás causas nobles.

Tal vez olisqueando esos nóveles vientos, el chavismo decidió que no podía quedarse atrás. Después de todo, no podía decepcionar a sus promotores eminentes, que diligentemente le lavaban la reputación en el mundo desarrollado. Como resultado, se propuso adueñarse de las expresiones venezolanas de los movimientos sociales igualitarios. De todos ellos, el que pretendió ocupar de forma más visible fue el feminismo.

“Dentro de la revolución, todo”, como sentenció su maestro antillano. Fuera de ella solo puede haber una oposición perversa y, en materia de roles de género, misógina.

Pero en el chavismo todo es una simulación, incluyendo su papel feminista. Aunque fueran cercanas, la autoproclamada “revolución bolivariana” nunca pudo ser parte de la izquierda postmarxista mundial. Solo simularlo. Es que aunque su intención fuera sincera, el contexto estaría en contra. Los movimientos sociales como el feminismo florecen sobre todo en sociedades más o menos económicamente avanzadas y prósperas, donde el grueso de la población tiene sus necesidades básicas cubiertas y puede invertir tiempo y esfuerzo en lo que el politólogo Ronald Inglehart llamó “inquietudes postmaterialistas”. Venezuela a duras penas califica como una de esas sociedades, razón por la cual las causas de los movimientos sociales despiertan, guste o no, poco interés entre las masas. A su vez gracias a ello, el chavismo puede darse el lujo de hacerse pasar por feminista sin dar respuesta a las exigencias del feminismo.

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El pretendido feminismo rojo rojito jamás pasa de lo simbólico y lo retórico, y hasta en esto último es bastante cuestionable. La figura femenina en su discurso por lo general está recargada de lugares comunes que en el mejor de los casos refuerzan roles de género tradicionales, como la maternidad y la preocupación enfática por la belleza, los cuales no son malos en sí mismos pero tampoco tienen mucho que ver con la igualdad política, profesional, etc. entre sexos o géneros. En el peor de los casos se dirigen a la mujer con tono paternalista o degradante. Por ejemplo, cuando Maduro se jacta de “llevarles a las mujeres el mercado a su casa” (i.e. entregarles una caja CLAP), lo cual las reduce a un papel de amas de casa dependientes de su proveedor. ¡Y lo celebra!

¿Y qué decir de la elevación de mujeres a cargos públicos prominentes, una de las banderas “feministas” del chavismo? El detalle, diría Cantinflas, es que esos puestos encabezan instituciones sin autonomía alguna. En Venezuela las decisiones políticas son tomadas de manera privada por la elite gobernante (casualmente compuesta por hombres casi en su totalidad), que luego las transmite a las instituciones públicas para darles un barniz de legitimidad. Si sus titulares se oponen, los defenestran, por las buenas o por las malas. El “empoderamiento femenino” del que gozó Luisa Ortega Díaz le duró hasta que por primera vez trató de actuar por cuenta propia. El sistema que simuló elevarla la repudió y execró.

La revolución es a menudo encarnada en la figura de Hugo Chávez. Dicho de otro modo, según este discurso, de no ser por Chávez, las mujeres nunca hubieran podido llegar lejos. Las luchas del feminismo son así reducidas a instrumentos para la exaltación del fundador masculino, lo cual es groseramente machista. Por esta vía se ha llegado incluso a falsear la historia del rol femenino en Venezuela. A propósito de las celebraciones del Mes de la Mujer, una agente del régimen llegó a afirmar que fue gracias a Chávez que las mujeres pudieron lanzarse con éxito en elecciones para gobernaciones y alcaldías. Como si Marlene Ortiz, Flora Aranguren, Ivonne Attas e Irene Sáez, entre otras, nunca hubieran existido.

Así podemos seguir y seguir, mencionando el calvario que es para las mujeres conseguir anticonceptivos en la Venezuela revolucionaria, los vejámenes que sufren en mazmorras aquellas mujeres que molestan a los poderosos, etcétera, etcétera. Pero creo que la idea es clara. El “feminismo” enarbolado por los jerarcas venezolanos es del mismo material que los zapatos de Manacho en aquella salsa del Gran Combo. Basta una lluviecita de hechos para exponer su calidad.

Antes de que termine este Mes de la Mujer, me permito saludar a las verdaderas feministas venezolanas, con su esfuerzo por la igualdad de derechos y oportunidades. Vendrán tiempos mejores, para el feminismo también.

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Entre los estereotipos más recurrentes de la cultura latinoamericana está el de la mediocridad. Que todo sea tosco, mamarracho y hasta corrupto, sobre todo a nivel político. No es, desde luego, mi intención caer en determinismos autohumillantes. Pero a veces los estereotipos parten de una verdad, que luego es deformada por la hipérbole. En este caso, mentira no es que parte de nuestro subdesarrollo se debe a elites políticas zafias y rapaces. La barbaridad irracional e inmoral de nuestra política ha sido terreno fértil para la sátira literaria. Pienso en El recurso del método, El otoño del patriarca o La fiesta del chivo. Hasta alguien totalmente ajeno a esta realidad, como Woody Allen, se vio tentado a parodiarla en Bananas, uno de sus primeros filmes.

Aunque no es ni por asomo la primera elite gobernante que le da a Venezuela una buena dosis de política bananera, la actual ha sido sobresaliente en ello. Lo ha sido por 22 años en cuanto hace, incluyendo el proceso de relajación de controles económicos que empezó en 2019. Así que a esta especie de perestroika la apellidan popularmente “bananera” por sus altibajos, su inconstancia e incoherencia.

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Al no responder a convicciones ideológicas genuinas, sino a una mera necesidad de conservar el poder y los privilegios asociados, imperan la improvisación y la informalidad. No hay una guía. Nada que oriente al ciudadano y le permita planificar. Tampoco parece haber cohesión entre las facciones del chavismo sobre cómo proceder (normal en estas transformaciones, a veces con consecuencias traumáticas, como el golpe que intentó derribar a Mijaíl Gorbachov, por reformista). En fin, el caos. El bochinche que tanto acongojó a Miranda.

El billete verde sigue circulando con la tolerancia del régimen (hasta los buhoneros en el Metro lo prefieren, como he podido verificar en mis últimas travesías en el subterráneo caraqueño luego de dos años en Nueva York). No han resucitado Cadivi, el Sicad ni ninguna de sus ridículas iteraciones. Pasó todo diciembre sin que comercios se quedaran sin inventario luego de que compradores, enloquecidos por las rebajas impuestas por la Sundde, cargaran con todo para recibir con estrenos el año II de la peste. Pero por otro lado a Farmatodo la regañan por no tener cómo dar cambio de la manera que algunos clientes prefieren, mientras que a Beco le prohíben entregar vales para facilitar las transacciones. Todo en un contexto de crisis en el sistema de pagos provocado por las políticas monetarias desastrosas de antaño. Ah, y a los proveedores de televisión por suscripción les abren “procesos administrativos” por sus “precios inaceptables”.

¿Qué está pasando? En el caso de los métodos de pago, a juzgar por el anuncio, por agentes del régimen en la materia, de un sistema digital basado en el bolívar, pudiera tratarse de otro truco para mantener la moneda nacional circulando (y así reprimir el tipo de cambio y la inflación). Muy a pesar de que el bolívar es una suerte de zombi. Así como en el folclor haitiano los cadáveres se mueven en virtud de la magia maligna, el bolívar circula pese a la pérdida de su valor, mediante la emisión de billetes con montos caricaturescos, reconversiones y otras formas de prestidigitación. Economistas advierten que así solo se demora lo inevitable, con no pocas incomodidades para comercios y consumidores.

En cuanto a las cableras, el periodista Arnaldo Espinoza explicó esta semana que al chavismo le interesa mantenerlas reguladas porque, debido a la falta de inversión pública, le ha delegado a privados la transmisión de los medios que controla (i.e. propaganda). Medios “informativos” con niveles de audiencia risibles, pero que al régimen le interesa preservar como parte de su hegemonía comunicacional.

Sin embargo, hay algo más en estas jugadas. Algo quizás mucho más alarmante porque trasciende el chavismo. En todos los casos, los responsables de las medidas alegan que actúan en atención a las denuncias de usuarios y clientes. No sé hasta qué punto esto sea verdad, pero no me sorprendería en absoluto.

Eso no lo inventó el chavismo. Controles de precio ha habido en Venezuela al menos desde la Segunda Guerra Mundial; prácticamente sin interrupciones, como narra el libro de Anabella Abadi y Carlos García Soto sobre la historia de la regulación. No es nada difícil ver en redes sociales a venezolanos quejándose por algún precio que juzgan excesivo; o por alguna modalidad de transacción que no es de su agrado, y exigiendo que el Estado intervenga para subsanar el supuesto agravio. Pasa incluso entre quienes adversan al régimen.

Si bien al chavismo hace mucho que le importa poco lo que la gente desee, no se ha despojado completamente de sus instintos demagógicos. Cuando la gente le regala excusas para retomar sus hábitos estatistas, ¿por qué no aprovechar, si de paso al hacerlo se procuran otros de sus fines?

Claro, estamos en medio de una catástrofe socioeconómica, en la que millones de personas no pueden pagar muchos de los bienes y servicios que desean. Es una situación sin precedentes y las penurias de la población no se comparan con las de antaño. Pero todos sabemos quién es el culpable de que el poder adquisitivo esté por el piso y de que hasta pagar por un paquetico de arroz sea logísticamente infernal.

Es acercar a los negocios un poco más a la quiebra, destruyendo empleos y oferta, con tal de gozar momentáneamente de lo ofrecido.

Pudiera equivocarme, pero por los momentos no veo que estén dadas las condiciones para que el régimen dé plena marcha atrás a su peculiar perestroika. Su forma tradicional de obtener recursos sigue constreñida por las sanciones y la devastación endógena del Estado. Pero mientras la sociedad no se desprenda de la ponzoñosa noción del “precio justo” y otras regulaciones insensatas, varias de las peores políticas del chavismo nunca desaparecerán del todo. Basta de esa malcriadez. Basta de consumidores bananeros.

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Nos acercamos al fin del primer trimestre de 2021 sin señales de que la causa democrática venezolana esté avanzando. Esa es la cruda realidad. Como, para efectos de presión interna, la oposición sigue dentro del laberinto de Dédalo sin hilo de Ariadna, el único costo que está pagando el régimen por sus acciones es el de las sanciones internacionales. Como ha sido ya expuesto hasta el hartazgo, las sanciones limitan el flujo de recursos que se distribuye entre quienes mantienen a la elite chavista en el poder y también contribuyeron con el abandono del sistema económico cuasiestalinista, lo cual ha generado ciertas mejoras en términos de abastecimiento e inflación. De manera que la remoción completa de estas medidas punitivas haría un cambio político aun menos probable que lo que ya es, y hasta podría descarrilar los cambios en la política económica.

Pero siempre hay que tener en cuenta que las sanciones son un medio, no un fin. Sería ridículo discutir su pertinencia de manera dogmática e inflexible. Hacer de ellas un tótem cuyo cuestionamiento constituiría una herejía, tal como hacen sus críticos más acérrimos fuera de la elite chavista con el voto.

Para empezar, las sanciones no pueden por sí mismas surtir el efecto deseado de un cambio político. La disidencia no verá su objetivo cumplido si no combina la presión externa con una presión interna hoy casi inexistente. Incluso si las calles estuvieran repletas de manifestantes, no hay garantía de éxito. En otras palabras, las sanciones son parte de una estrategia que pudiera rendir frutos solo en el mediano o largo plazo.

Mientras, en Venezuela la vida sigue, con todas sus penurias. Cualquier cosa que le amargue todavía más la existencia al ciudadano común pudiera resultarle inadmisible. Las sanciones no son excepción. Mientras cumplen su propósito, no deberían exigirle mayores sacrificios a las masas. No en un clima de fatiga y frustración, como el actual. De hecho, si sus efectos colaterales fueran tales, terminarían siendo contraproducentes porque, al provenir de los aliados internacionales de la dirigencia opositora, la población las asociaría con ella, restándole así apoyos y mermando su capacidad para convocar movilizaciones.

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Llegamos así al problema del diésel, el carburante usado por vehículos de carga. Como parte de su política de máxima presión sobre el régimen chavista y su mayor fuente de ingresos (Pdvsa), en octubre pasado el Departamento del Tesoro prohibió los intercambios de crudo venezolano por diésel para todo ente que no quiera vérselas con Washington. En su momento, las consecuencias de esta medida no se sintieron porque el inventario de aquel combustible en Venezuela era suficiente. Pero eso pudiera estar cambiando justo ahora.

Otro tanto informó el portal periodístico Crónica Uno, que además citó las advertencias de agricultores y responsables de la industria alimenticia sobre una eventual escasez generalizada de víveres debido a la paralización de la flota de camiones que los distribuye.

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Todos sabemos lo que implica la escasez: racionamientos, colas interminables y revendedores con apodo de insecto himenóptero. Sería como volver a un aspecto insufrible de la vida en Venezuela entre 2014 y 2018. Pero esta vez la causa no sería el control de precios nefasto ordenado por Miraflores, sino un efecto secundario del esfuerzo por restaurar la democracia.

Las cosas no tienen por qué ser así. Francisco Monaldi, profesor de Rice University y uno de los especialistas venezolanos más destacados en materia petrolera, explicó en declaraciones a El Estímulo que Washington puede volver a autorizar los intercambios de crudo por diesel sin modificar las sanciones, puesto que la documentación legal de las mismas no incluye dichos intercambios. Al igual que las fuentes consultadas por Reuters y Crónica Uno, Monaldi alertó que las consecuencias de la falta de diésel pudieran sentirse en los próximos meses.

Desde luego, si es Pdvsa la que importa el diésel, su distribución quedaría a cargo de quien la elite chavista decida. Pero me atrevería a decir que los beneficios que de ello puedan sacar quienes mantienen al chavismo en el poder serían insignificantes, lo que implica que el efecto de la presión externa no mermaría.

Así que a la dirigencia opositora le conviene actuar de inmediato. La iniciativa la deberían tomar sus representantes en Washington. Obviamente no son ellos quienes prohibieron el cambio de petróleo por diésel ni pueden revocarlo. Pero sí son los que pueden contactar a los responsables y sugerirles lo que pudieran hacer. Así se evitaría que las sanciones tengan un efecto perjudicial para el venezolano común. Es sencillo. No hay nada complejo. No es un enigma como la desaparición de Rudolf Diesel en el Canal de la Mancha hace más de cien años.

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Aunque siempre he sido entusiasta de la movida cultural caraqueña, incluyendo sus artes escénicas, me frustra un poco que el número de teatros en la ciudad sea relativamente limitado. Para colmo, por razones que no estoy interesado en discutir, varios de los que había cerraron sus puertas. Ignoro qué ha sido de aquel escenario en un edificio en El Bosque, justo en la frontera entre los municipios Chacao y Libertador. Ese edificio es la sede de Fedecámaras. Escribo todo este prólogo teatral y nada relacionado con el trasunto del artículo por razones exclusivamente metafóricas, ya que la sede de la principal patronal venezolana fue hace poco escenario de una situación un tanto melodramática.

Cuando los directivos de Fedecámaras sostuvieron una reunión con emisarios del chavismo, encabezados por Jorge Rodríguez, para llegar a ciertos “acuerdos”, la reacción no se hizo esperar.

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Nuevamente se desataron las furiosas Erinias (excúsenme el uso reiterativo de esta figura mitológica, pero es irresistiblemente conveniente) en la pajarera de los azulejos. No faltaron los típicos señalamientos de connivencia, colaboracionismo y traición. Fue como si en las tablas de la sede de Fedecámaras hubiera un montaje del Julio César shakespereano, con la patronal en el papel de Bruto y los escandalizados en el rol titular, justo cuando los idus de marzo llegan a su sangrienta conclusión.

En efecto, si de algún sector de la sociedad civil cabía esperar mayor resistencia ante el régimen, ese era el empresariado privado. Apartando a la dirigencia política opositora y a los medios de comunicación, nadie fue tanto objeto de la furia chavista.

Cuando la economía predeciblemente se fue al demonio debido a los experimentos cuasi estalinistas que Jorge Giordani y otros suspiraron en el oído de Chávez, los empresarios fueron el chivo expiatorio. Se les acusó de comandar una “guerra económica” a punta de “especulación” (i.e. inflación) y “acaparamiento” (i.e. escasez). Pero si hubo una ofensiva, fue precisamente hacia el sector privado, no desde él. Controles de precio y de cambio, estatizaciones y demás estrangularon el aparato productivo hasta reducir la economía venezolana a su triste estado actual.

Y sin embargo, ahí estaban los líderes de Fedecámaras, estrechando la mano de Jorge Rodríguez. Casi dos años antes, con quien la patronal sostuvo encuentros fue con Juan Guaidó, justo después de su apoteosis en el cruce entre las avenidas Libertador y Francisco de Miranda. ¿De Juan Guaidó a Jorge Rodríguez? ¿Cómo pasó?

Otro Juan, de apellido Linz, junto con su colega politólogo Alfred Stepan, indicaron en un maravilloso ensayo de 1996, al cual creo haberme referido previamente en esta columna, que la sociedad civil es una de las cinco “esferas” de cualquier democracia sana. Dicha sociedad civil incluye al empresariado privado. Por lo tanto, cabría esperar que este sector sea parte del esfuerzo por restaurar la democracia, en caso de que la misma haya sido depuesta. Este sería no solo un mandato deontológico, sino también por conveniencia pragmática, dado que el capitalismo florece mejor en entornos democráticos.

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Sin embargo, la iniciativa para resistir el autoritarismo y establecer la democracia no viene de los empresarios. No viene de la sociedad civil, porque sus componentes no se dedican a la política. No tienen el tiempo ni la experiencia para decirle al resto de la sociedad cómo proceder. Esa nunca ha sido su función. La iniciativa le corresponde a la dirigencia política opositora.

Pero, ¿qué sucede cuando el liderazgo opositor no está cumpliendo con su función correctamente? ¿Cuando carece de una estrategia que involucre a la sociedad civil? ¿Cuando no le dice a los individuos fuera de las elites políticas qué hacer? Pues lo que sucede es que la sociedad civil no enfrenta al sistema con miras a cambiarlo. Más bien se enfoca en adaptarse al entorno adverso para al menos sobrevivir. Puede solicitar reformas tímidas que mejoren sus condiciones y hasta reclamar por situaciones que no permiten gozar de una vida materialmente decente (como la falta de comida o de servicios básicos), pero a duras penas se puede esperar que exija un cambio político. No tiene ningún incentivo para hacerlo, porque tampoco hay una hoja de ruta que indique cómo. Ningún ser racional escogerá inmolarse resistiendo los avances de un poder terrible, si ni siquiera ve posibilidad de éxito.

En este momento muy, muy a mi pesar (¿”mi pesar”? No, el del país entero), la dirigencia opositora no tiene una estrategia para lograr el cambio político, más allá de esperar que surtan el efecto deseado las sanciones impuestas sobre el régimen por los aliados internacionales de la causa democrática venezolana. Ya que las sanciones visiblemente no han bastado para propiciar una transición negociada, no son ellas solas una estrategia creíble, ni algo que esperance a la sociedad civil. Se echa de menos un plan de acciones internas en cuya ejecución el venezolano común pueda participar. Claro, ha habido uno que otro llamado a la manifestación. El más reciente fue a propósito del Día de la Juventud. Pero como son eventos esporádicos y aislados, sin un plan que los concatene, generan poco entusiasmo y participación exigua. Principios de 2019 fue la última vez que la sociedad venezolana en general se esperanzó por un posible cambio político, pero hoy esa expectativa para el corto o mediano plazo se esfumó.

El empresariado nacional percibe todo esto y actúa en consecuencia. Por eso se reunió antes con Guaidó y ahora lo hace con Rodríguez. En vista de que no hay indicios de que pronto cambiará el entorno, pues decidieron adaptarse a él por supervivencia. Si ello implica entenderse con el régimen, lo harán, a sabiendas de lo que ha significado su interlocutor para la democracia, los Derechos Humanos y la vida en general en Venezuela. Incluso a sabiendas de todo lo que el chavismo les ha hecho antes y que pudiera volver a hacerles.

En conclusión, si los ciudadanos interesados en poner fin a nuestra ya muy larga crisis política (vaya a ellos todo mi aprecio) desean ver a Fedecámaras y otras organizaciones de la sociedad civil involucrarse de nuevo en el esfuerzo para restaurar la democracia venezolana, pueden buscarse una buena silla mientras la dirigencia opositora no plantee un plan sensato que abarque a todos. Son los líderes políticos de la disidencia los que deben ser presionados. Hasta entonces, mejor es entender dónde estamos lamentablemente parados en vez hacer melodramas en redes sociales que caerán en oídos sordos.

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La revista The Economist acaba de publicar su Índice de Democracia para el año 2020. Tal como se esperaba, los resultados son inquietantes. La emergencia de la covid-19 sirvió de excusa para que gobiernos a lo largo y ancho del globo socavaran considerablemente la democracia en sus respectivos países.

Si buen algunos observadores cuestionaron el cambio de posiciones y señalaron que los “marxistosaurios” del parque jurásico isleño en realidad siguen imbatibles, es innegable que Venezuela no ha experimentado ninguna mejora. Los autores del índice no se tragaron el cuento del proceso del 6 de diciembre como paso en la dirección correcta, muy a pesar del intento de la oposición prêt-à-porter para hacer que la cosa se vea como un avance logrado en sus negociaciones con el régimen.

Para todos aquellos que esperan que 2021 represente una mejora comparada con su horrible predecesor, la cosa no marcha bien en cuanto a revertir tendencias antidemocráticas se refiere. Vean nada más el golpe de Estado en Myanmar, el país del Sureste Asiático otrora conocido como Birmania. Concluyó así el experimento de transición democrática pactada hace seis años entre la dictadura militar que oprime a la nación desde 1962 y sus adversarios civiles.

La tiranía de los uniformados birmanos es una de las más espantosas y despreciables sobre la faz de la Tierra. Censura, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, reclutamiento de niños y trata de blancas son cosas normales en aquel malhadado país. Mientras tanto, los militares se quedan con los negocios más jugosos; es la forma de mantenerlos fieles. El próximo año serán 60 desde que comenzó la pesadilla y los indicios de que el despertar estaba cerca terminaron siendo un espejismo cruel.

Los antecedentes de la ilusión se remontan a 2007, cuando el descontento social contra la dictadura estalló a partir de un incremento en el precio de la gasolina. Lo llamaron la “Revolución Azafrán”, debido al color anaranjado rojizo de la ropa de los monjes budistas que protagonizaron varias manifestaciones. El régimen respondió reprimiendo salvajemente las protestas y por ello le impusieron sanciones internacionales. En el contexto de esta presión externa e interna, en 2008 los militares emprendieron una supuesta transición hacia una “democracia floreciente con disciplina”.

Dicho proceso lento de reformas incluyó la realización de elecciones más o menos libres en 2015, en las cuales la Liga Nacional por la Democracia, partido opositor encabezado por la entonces mítica activista de Derechos Humanos Aung San Suu Kyi, obtuvo mayoría absoluta. Aunque muchos birmanos y observadores extranjeros celebraron el momento como un hito histórico y un ejemplo para la salida pacífica de dictaduras, los militares no renunciaron al poder. Solo accedieron a compartirlo con la oposición civil, elevando a Aung San Suu Kyi a la posición sui géneris de “consejera de Estado” (algo así como una primera ministra). El resultado fue una rara avis de la política. Una cohabitación en la que la Liga Nacional por la Democracia era simultáneamente gobierno y oposición. Le fueron concedidas varias facultades administrativas, pero los militares retuvieron para sí algunas llaves del ejercicio del poder.

En teoría, la oposición-gobierno poco a poco contendría la hegemonía de los cuarteles y se volvería cada vez más empoderada. Pero desafortunadamente semejante contradicción de tipo Aufhebung no se tradujo en el progreso que Hegel describió en su dialéctica. Cinco años después de los comicios, la transición birmana dejaba mucho que desear. Hubo un relajamiento tímido de las prácticas autoritarias, pero no su desaparición, como demuestra la detención de periodistas de la agencia Reuters en 2019. Además, a los militares se les permitió proseguir con una de sus actividades más dantescas: el genocidio de la minoría étnica y religiosa rohinyá. Imagino que, por temor a que molestar a los uniformados los llevaría a desechar el acuerdo, Aung San Suu Kyi llegó incluso a defenderlos ante la condena del mundo civilizado, dañando así la reputación de mártir por los Derechos Humanos que le granjeó un Nobel de la Paz.

A finales del año pasado hubo elecciones de nuevo en Myanmar. La Liga Nacional por la Democracia tuvo resultados aun mejores. Acaso previendo que ello envalentonaría a sus adversarios para procurarse más poder, los militares cantaron fraude y demolieron el pacto. Los dirigentes de la oposición-gobierno fueron detenidos, al menos en algunos casos bajo acusaciones risibles (de Aung San Suu Kyi dijeron que importó ilegalmente aparatos de radio). Las Fuerzas Armadas asumieron el control total dizque por un año. Sé que citar a Churchill se ha vuelto un lugar común aburrido, sobre todo luego del estreno de la cinta Darkest hour, pero permítaseme decir que al gobierno-oposición birmano pudiera aplicársele la frase “El que se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y también tendrá la guerra”. En otras palabras, más coloquiales, se quedaron sin el chivo y sin el mecate.

Es importante ser cuidadoso leyendo las señales del régimen en cuestión, porque incluso en un contexto de mucha presión interna y externa, sus intenciones reformistas pudieran ser engañosas. En realidad, si el propósito democratizador es sincero, los cambios deberían avanzar mucho más rápido. La fase electoral solo debería darse cuando la elite saliente se sienta cómoda cediendo el poder. Si la oposición arrasa en los comicios y aun así tiene que compartir el poder por tiempo indefinido y cruzarse de brazos mientras su “socio” mantiene sus peores fechorías, la transición queda en entredicho y probablemente termine mal.

Del discurso de la oposición prêt-à-porter representada por Henri Falcón, Timoteo Zambrano y compañía se colige que aspiran a una cohabitación más o menos como la birmana. No parece que el régimen esté dispuesto a concederles tal cosa por los momentos. Pero no descarto que en algún momento lo haga. Además, un sector de la base opositora luce cómodo con la idea, tal vez debido al estancamiento estratégico de la dirigencia opositora que sí desafía al régimen. Pero eso no quiere decir que sea una buena idea. Imagínense que están en la deslumbrante Pagoda de Shwedagon y véanse en el espejo birmano.

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