Por Daniel Lozano
Si algo no se le puede negar a la revolución bolivariana es su carácter inclusivo, que convirtió a un militar en el “jurista” más poderoso del país. Un fenómeno propio del chavismo, que ayer escribió un nuevo capítulo de su asalto al poder tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que designó a dedo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Fue una decisión exigida por el líder del ala militar del oficialismo, Diosdado Cabello, arropada por la nocturnidad y en medio de las vacaciones navideñas. Y que además es inconstitucional, según juristas profesionales.
El TSJ confirmó al frente del ente electoral a Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, piezas fundamentales en la hegemonía chavista de la última década. Las actuales presidenta y vicepresidenta del CNE vuelven así a conformar, junto con otras dos magistradas oficialistas, una mayoría aplastante de 4 a 1, como venía sucediendo hasta ahora.
El independiente Luis Emilio Rondón, actual director de la oficina de Participación Política en el CNE, bien visto por la oposición, también fue designado como rector. Su peso en las decisiones más trascendentales será tan liviano como el del ex rector Vicente Díaz, una voz tan crítica como ignorada.
La directiva del organismo electoral está integrada además por Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, cuyo período vence en 2016.
“La sentencia del TSJ designando al CNE viola la Constitución. No hubo juicio y la sala se extralimitó en sus funciones. También usurpó la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, al impedir el consenso”, resumió el jurista José I. Hernández.
La imposición de sus fichas en el CNE, que el año que viene afronta las elecciones parlamentarias con encuestas donde el chavismo cayó hasta el 23%, se suma a otra “violación” de la Constitución acaecida esta semana. Y con los dos mismos protagonistas: Cabello y el TSJ. El Supremo permitió que la Asamblea eligiera a la fiscal, al defensor del Pueblo y al contralor de la República por mayoría simple, cuando la Carta Magna dicta que son necesarias las 2/3 partes de los diputados.
“Ni tribunal ni supremo ni de justicia: otra brigada del partido de gobierno”, resumió con ironía el escritor Alberto Barrera.
“No aceptamos puestos ni cuotas, exigimos el cumplimiento de la Constitución. Ésta es nuestra posición. Quien la rompa que pague. La estrategia del gobierno es dividir a la oposición y desmoralizar a los ciudadanos”, disparó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora. La sentencia también designa a rectores suplentes, entre ellos, algún opositor, lo que suscitó un nuevo vendaval en las filas antichavistas.
La MUD exigió la renuncia de todos, titulares y suplentes, “porque fueron elegidos bajo una maniobra política del gobierno”. Uno de ellos, Pablo Durán, declinó ipso facto el nombramiento, lo que no evitó que se aireara la distancia entre moderados y radicales. De lo que se trata, realmente, es de una lucha intestina para liderar la MUD.
La maniobra oficialista no se conforma con mantener su hegemonía en todos los poderes. También busca causar el desánimo, incluso promoviendo la abstención, un mal histórico en las filas opositoras.
“El gobierno sigue controlando las instituciones y el monopolio de las armas. Lo que no tiene ahora es la mayoría de los votos”, recordó Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis.
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