Johnny Flores tenía dos hojas tamaño carta envueltas en una bolsa. Era su currículum, que mandó a hacer porque quiere volver a trabajar.
“Trabajar en cuadrillas de limpieza. Un trabajo que me permita alquilar algo donde vivir con mi esposa y nieto nuevamente”, expresó.
Flores y su familia están damnificados en La Guaira, el estado más afectado tras el doblete sísmico del 24 de junio. Son parte de las 17 907 personas que, según las cifras oficiales, quedaron sin vivienda y actualmente viven en campamentos transitorios.
Casi tres meses han pasado desde los terremotos y para Flores, de 60 años de edad, habitante de la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, es tiempo suficiente para reconstruir su vida.
De la consejería al refugio
Johnny y su pareja Crisálida Ordaz, de 58 años, y su nieto de 10 años, vivían en la Residencia Auro, un edificio de tipología residencial multifamiliar que se ubicaba en la Avenida La Playa, en la Parroquia Caraballedaen la avenida La Playa de Caraballeda. Allí eran conserjes. Los terremotos derrumbaron la edificación y la familia quedó damnificada.
Crisálida y su nieto encontraron un refugio solitario, mientras que Johnny pasó a vivir en la calle, en una carpa, con dos colchones, dos tobos, una mesita y un mueble, frente al campo de golf que actualmente es campamento transitorio.
“En el campamento me dijeron que no hay capacidad para más personas. Ahí solo aceptan a la gente de las OPPE y nosotros éramos conserjes en un edificio privado. A veces, solo entro a buscar agua para bañarme”, relató.
Johnny tiene dislocada la rótula de la rodilla izquierda por un accidente que tuvo hace años, eso hace que cojee y a veces le cueste mantenerse de pie. Además, padece de hipertensión: “Me la paso caminando, buscando ayuda pero no me alejo tanto para no perder las pocas cosas que tengo y no exponerme tanto al sol. Soy hipertenso y no tengo ni un ventilador para echarme fresco”, lamentó.
En su reciente informe derechos humanos vulnerados tras dos meses del doblete sísmico, Provea insta a los venezolanos a hacer uso de los Comités Populares de Vivienda “como espacios de articulación entre los refugiados para mantener una comunicación constante con los entes de la Administración Pública y velar por los intereses de los otros refugiados”.
Además, la ONG ve con preocupación el uso que se le pudiera dar al Fondo “Venezuela Renace”, cuál será el proceso de auditoría que se aplique a esos recursos y si efectivamente serán utilizados para reconstruir viviendas. Señalan que en el pasado y con otros fondos hubo “indicios de un uso no transparente de los recursos de la nación”.
Una vida de limitaciones
Dos meses tenían Johnny y Crisálida viviendo y trabajando en la residencia Auro. Antes vivían en Naiguatá, cuidando una parcela. No había pago ni buenas condiciones para vivir.
Dormían en un sofá y pasaban horas sin electricidad.
“Nosotros sacabamos polvillo para vender (polvo que se usa para frizar paredes) y así poder comprar comida. Teníamos que subir una montaña, nos cansábamos, por eso solo salíamos los domingos. Cuando iba a la iglesia y compraba, de resto, siempre estábamos en la parcela limpiando y regando las matas. Hemos pasado mucho trabajo, pero Dios nos tiene algo bueno” dice Crisálida.
Ahora, Johnny está en un refugio. Fue reubicado por autoridades del estado, en el campito de El Caribe. Allí están con dos carpas y un toldo para protegerse del sol. Crisálida dejó el refugio solidario, tenía que aportar en el pago de los servicios y sin trabajo no puede hacerlo. Ahora ambos están en el campamento transitorio, tienen que hacer un baño provisional para bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.
Economía bajo escombros
Una encuesta aplicada en 462 negocios y comercios recientemente por la Cámara de Comercio de La Guaira reveló que en 50 % afirman que no podrán mantener su nómina durante estos últimos tres meses del año. Están obligados a tener que despedir o reducir su personal. Shirley Camarán, directora del ente, define estos datos como “impactantes y alarmantes”.
Caída del flujo de caja, falta de exoneración fiscal o tributaria y pérdida de infraestructura son algunos de los factores por los que los empresarios de los sectores de servicios y comercios, los más afectados, probablemente tendrán que recurrir a estas medidas tan drásticas.
“No estamos hablando nada más de una afectación por un desastre natural, sino por la intervención de personas y porque no se tomaron medidas de seguridad pertinentes. Hay que recordar que en los negocios a los que no se le cayó la infraestructura con los terremotos posteriormente, la mayoría fueron saqueados”. dice Shirley Camarán.
Además, la presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira cree que con una exoneración o extensión fiscal y tributaria y el otorgamiento de créditos blandos, la recuperación económica pudiera acelerarse, así como incentivando la parte comercial del estado y dándole un margen de ganancia al comerciante, que ha tenido que reponer sus inventarios y debe mantener su personal.
“Tenemos ejemplos recientes como la tragedia del 99 y la pandemia. En la vaguada, que fue otro desastre natural, la respuesta fue inmediata, ¿por qué en esta oportunidad no han sido implementadas esas medidas? Nosotros estamos abiertos a quizás incorporarnos en alguna mesa técnica en la cual evaluemos las posibilidades de un lado y de otro, porque conocemos la realidad del empresariado varguense”, explicó Camarán.
Un trabajo al beneficio de los demás
A casi tres meses de la tragedia, aún hay voluntarios en La Guaira que muestran la otra cara de la moneda: la de personas que han alterado sus rutinas laborales y personales habituales para prestar servicio y atención a los afectados por sismos, con jornadas extenuantes y que no son compensadas monetariamente.
Cerca de la OPPE 27, también hay una carpa. Pero en esta hay estantes llenos de medicamentos, dos camillas, carpetas y un estetoscopio.
Yamirla Cheremos es médico especialista en medicina general integral (MGI) de 43 años, oriunda de San Juan de los Morros, estado Guárico. Es la fundadora y encargada de “La obra de Dios,” así lleva por nombre la carpa donde, desde el 26 de junio, da asistencia primaria en salud a las personas afectadas por los terremotos, a voluntarios y a toda persona que la requiera.
“Hemos atendido hasta 300 personas al día. Es una asistencia primaria, pero también hemos asistido varias emergencias como crisis hipertensivas, descompensación, deshidratación, sin haber tenido que trasladar a ningún paciente”, narró.
Cáritas Venezuela es el ente que provee los medicamentos al centro asistencial improvisado. Analgésicos, sueros e hipertensivos son los más requeridos por Yamirla, ya que se agotan más rápido.
La organización, en su último boletín publicado en su página web, detalla que ha entregado 108 255 unidades de insumos médicos y medicinas. Y asegura que este mes de septiembre se inicia una fase “más larga y menos visible:un paso a la reconstrucción familiar y ayuda psicosocial“.
Yamirla, junto a dos personas más, trabajan casi las 24 horas y los siete días de la semana.
“Yo duermo y me baño aquí. Habilité ese kiosco y lo uso para bañarme. A veces me vienen a buscar en la noche, e igual los atiendo”, describe, al tiempo que espera que más colegas se unan a esta labor.
80 días lejos de su hogar. Yamirla solo se “escapa” de la carpa por horas, cuando sube a Caracas, visita a sus hijos y aprovecha de lavar.
“Aquí no hay distracciones, un fin de semana es igual que los demás días. Todos; los familiares, afectados y nosotros estamos enfocados en la emergencia que hay aquí, en las necesidades. Y seguiré estando hasta que me necesiten”, sostuvo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
