Donde antes estaba el edificio Residencias Arichuna, en la avenida José María España de La Guaira, diagonal al Karting, en el sector Los Corales, hoy solo hay un terreno despejado. La estructura colapsó con el doblete sísmico del 24 de junio y 38 personas murieron bajo los escombros.
“Ya lo limpiaron y todo. Quedó fue el puro terreno”, cuenta José Espinoza, quién solía vivir en el apartamento 6F.
Tres meses después, el dolor por los familiares, amigos y vecinos fallecidos, y por la pérdida de sus hogares, no es lo único que acompaña a los sobrevivientes. El camino hacia una nueva vivienda también está bloqueado.
La causa es un error en el censo oficial que hicieron a los afectados por los terremotos. Así lo explica la Junta Liquidadora del Condominio Residencias Arichuna en una carta dirigida al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, en la que le solicitaron una audiencia.
“Al momento de realizarse el censo oficial por parte de las autoridades del estado La Guaira, se cometió un error material e involuntario al calificar los apartamentos de nuestro conjunto residencial, colocando en la base de datos y en los QR la etiqueta amarilla. La verdadera y correcta calificación que corresponde a nuestras propiedades es la etiqueta roja (edificación colapsada), tal y como quedó debidamente sustentado en el informe emanado por el inspector o perito valuador en el sitio”.
No solo ocurre que cuando los propietarios se buscan aparece la etiqueta amarilla e incluso verde, sino que además la dirección que le asignan a las residencias es errónea: en otros sectores de la Guaira y hasta en Caracas.
La carta la entregaron el 20 de septiembre y, hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.
Este error es grave porque impide a los antiguos residentes solicitar los créditos para comprar nuevas viviendas que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el 29 de julio. “Esta dilación mantiene paralizados nuestros trámites y agrava el estado de vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes dependen estrictamente de dicha corrección para poder avanzar en las soluciones habitacionales correspondientes”, agrega el documento.
“Nosotros ya hemos introducido toda la documentación, cartas explicativas, de todo”, insiste Espinoza. Han acudido al Plan Venezuela Renace y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), ente adscrito al Ministerio para Hábitat y Vivienda. La respuesta, según relata, siempre es la misma: “‘En tres días está resuelto’ y de eso tenemos ya dos, tres meses en ese cuento y la gente está parada con los créditos”.
Espinoza pidió una vez más que se agilicen estos trámites. Señala que hay mucha gente desesperada y que no tienen dónde vivir, por lo que han tenido que irse a refugios o estar “arrimados” en casa de vecinos, familiares o amigos. “Ya que el Gobierno ofreció que iba a hacer esa ayuda, queremos poder acceder a ese crédito y seguir nuestras vidas”.
Un trámite con muchas trabas
El caso de las Residencias Arichuna no es aislado. Desde que se anunció el programa de créditos, han surgido varias denuncias recogidas por medios de comunicación por trabas burocráticas, falta de información unificada y desfases con la realidad económica del país.
Una de las problemáticas que saltó a la vista era la posibilidad de que aunque el financiamiento se calcula en divisas, el dinero se liquide en bolívares, situación que causa rechazo entre los vendedores del mercado inmobiliario por la brecha cambiaria. El Correo del Caroní portó además que bancos y oficinas del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN) exigen documentos complejos de tramitar o certificar tras la tragedia.
A esto se suman las distorsiones del mercado. Algunas inmobiliarias y propietarios cobran de forma irregular adelantos del 10 % en dólares para “reservar” la vivienda, o inflan los precios al conocer el monto preaprobado por el banco, informó La Verdad de Vargas. Estos intentos de especulación financiera fueron rechazados por la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, a través de VTV.
Mientras tanto, los testimonios de las personas damnificadas ilustran el impacto de la situación. El Pitazo contó el caso de Marco Rojas, quien lleva semanas armando carpetas que son rechazadas una y otra vez por cambios en los criterios. El medio también reportó que vecinos de La Guaira que vivían en edificios marcados con etiqueta roja tenían trabas para avanzar en comprar nuevas viviendas porque los bancos exigen un certificado explícito de edificación colapsada que las autoridades aún no emiten.
Por su parte, Crónica.uno retrató el testimonio de dos mujeres de más de 70 años de edad a quienes les preocupa que un esquema de créditos a 25 o 30 años no sea viable para jubilados que sobreviven con pensiones mínimas y no cuentan con las certificaciones de ingresos fijos que exige la banca.
