Pocas ficciones han resultado tan costosas para la historia venezolana como el mito de la autodeterminación incondicional. Durante un cuarto de siglo, el discurso oficial convirtió la palabra «soberanía» en un garrote retórico para justificar el aislamiento, la opacidad y el desmantelamiento institucional. Sin embargo, la ironía del presente ha desnudado el sainete: la Venezuela de 2026 ha alcanzado un estado de gobernanza tutelada donde la política nacional no se formula en los despachos locales, sino que se recibe por encomienda internacional.
Asistimos a un ejercicio de actuación bilingüe de una hipocresía desarmante. De un lado, la vocería del régimen insiste en escenificar un nacionalismo de utilería, proclamando la intangibilidad de la patria desde las cámaras de la televisión estatal. Pero en la trastienda real de la economía y la estabilidad, la administración del enclave opera con la disciplina de un gerente de sucursal: traduce con celo los condicionales, acata los parámetros energéticos y espera con ansiedad la renovación de cada licencia petrolera dictada desde Washington. Pocas veces se ha visto un antiimperialismo tan dócil y tan abnegadamente subordinado a las exigencias del mercado norteamericano.
Del otro lado del espectro, la representación opositora no ofrece un espectáculo más digno. Carentes de densidad cívica y desenganchados de la realidad social, los administradores de la burocracia de 2015 han convertido el tutelaje en su única doctrina de existencia. Asisten a las mesas de trabajo y diálogo no como representantes de una fuerza popular victoriosa, sino como acólitos de una fe extranjera. Su devoción por el «Plan de tres fases» de Marco Rubio o por los pronunciamientos de las cancillerías ha sustituido la política real. Se oponen por procuraduría, esperando que un tuit diplomático o un memorando exterior resuelva la tarea que la dirigencia no supo construir en el terreno.
En esta dinámica de espejos, la política venezolana ha quedado reducida a un servicio de delivery geopolítico. Se espera la llegada del instructivo extranjero para saber qué se firma, qué se celebra o qué se condena. Si una líder como María Corina Machado puede o no retornar formalmente al tablero, si hay luz verde para un acuerdo o si se autoriza un flujo financiero, son asuntos que se especulan en los pasillos internacionales mientras la ciudadanía observa, perpleja y a oscuras, una comedia cuyo guion no escribió.
Esta comedia de cúpulas resulta brutalmente hiriente cuando se la contrasta con el martirio del venezolano común. Porque mientras la diplomacia de las licencias celebra la estabilidad de los tanqueros y el restablecimiento del flujo petrolero, las familias en el Zulia, en los Andes o en el centro del país continúan soportando la tortura sistemática de los apagones, la escasez de agua potable y el malabarismo de una economía donde los precios suben en divisas y la dignidad se paga con sacrificio.
No hay soberanía real allí donde el pueblo debe vivir a oscuras mientras los negociadores intercambian cortesías; tampoco la hay donde la oposición confía más en el aval de un senador extranjero que en el coraje de su propia gente.
La reconstrucción moral de la República no se importará en un contenedor diplomático ni se consolidará mediante las concesiones tácticas de un protectorado. La verdadera soberanía —aquella por la que vale la pena luchar— solo renacerá cuando la política deje de ser una transacción entre cúpulas tuteladas y vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: el ejercicio digno, autónomo y valiente de la voluntad de los ciudadanos en su propia tierra.
@NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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