La ONG considera que el informe de la ONY constituye un «contundente punto de inflexión para posibilitar el establecimiento de la justicia ante los gravísimos crímenes cometidos»
Foto: Reuters
En el marco del 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, dentro del tema 4 de la agenda “Las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”, fueron presentadas las conclusiones detalladas de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Esta misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019 durante su 44o periodo de sesiones para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014, y constituye junto al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, otro de los mecanismos activados por las Naciones Unidas en su acción integral de defensa de Derechos Humanos.
COFAVIC y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) considera que este preocupante y doloroso informe, en primer lugar, reconoce el coraje y el valor del testimonio entregado por las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, pilar fundamental del documento, lo cual le otorga sentido y reivindica su lucha por la búsqueda de verdad y justicia. Estamos ante una gran muestra de coraje de parte de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos y cuyo dolor sigue vivo, sus heridas abiertas y, sin embargo, continúan allanando camino de manera consistente para contribuir con la necesaria reconstrucción de la memoria histórica en Venezuela.
Este Informe constituye un contundente punto de inflexión para posibilitar el establecimiento de la justicia ante los gravísimos crímenes cometidos, además de determinar claramente la falta de cumplimiento de obligaciones básicas del Estado. También representa el inicio de la individualización de posibles responsabilidades en el ámbito del Derecho Penal Internacional y pone a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional en la obligación indubitable de acompañar a las víctimas, dado que los crímenes de lesa humanidad constituyen una afrenta contra todos y es un deber sin distinciones el exigir justicia y reparación integral en estos gravísimos casos.
Destacamos la ratificación que hace el Informe en cuanto a que los Estados son los principales titulares de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueden por consiguiente ser considerados responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus órganos, por sus agentes o por “el comportamiento ilícito de personas o grupos no estatales cuando estos actúan en total dependencia del Estado y bajo su dirección o control efectivo o que cuenten con su aquiescencia”. Con este argumento, queda claro que la responsabilidad del Estado es indivisible, intransferible, y directa en la comisión de delitos contra los Derechos Humanos.
La Misión hace la debida caracterización de las violaciones a los Derechos Humanos, así como el ámbito jurídico que rige estas situaciones, en las cuales se pueden establecer responsabilidades penales a título individual y afirma que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”.
Es relevante recordar en este contexto que, según la Constitución venezolana, las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los Derechos Humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles, y que estos delitos están excluidos de los beneficios que puedan conllevar a la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Además, Cofavic considera que una de las conclusiones más importantes de este trabajo de documentación, ha sido determinar que las violaciones y crímenes señalados no fueron hechos aislados, cometidos por personas que actuaron más allá de las órdenes, sino que existía el conocimiento de que estas situaciones se estaban produciendo o se aceptaba la alta probabilidad de que sucedieran, y que “se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.
Lea el comunicado completo en Cofavic
