CLIPPVE alerta sobre presunto riesgo estructural en El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) emitió una nueva alerta el 7 de julio sobre la situación en el centro de reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, donde, según denunció, los presos permanecen en una infraestructura presuntamente comprometida tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que ha recibido reportes de los propios reclusos sobre la existencia de columnas fracturadas y daños en las camas de cemento donde duermen, lo que, a su juicio, representa un riesgo para la integridad de las personas presas.

El comité aseguró que recientemente un ingeniero inspeccionó las instalaciones acompañado por dos funcionarios policiales. Aunque posteriormente se informó que el recinto era “habitable“, CLIPPVE sostuvo que los presos políticos reiteran que el profesional les confesó haber sido presuntamente coaccionado para emitir ese diagnóstico por temor a represalias.

Asimismo, denunció que, pese al supuesto deterioro de la infraestructura, las autoridades habrían decidido mantener a los internos dentro de sus celdas. Según la organización, el viceministro de Servicios Penitenciarios notificó a los reclusos que continuarían recluidos a pesar del presunto riesgo de colapso.

Además de las condiciones estructurales, CLIPPVE reiteró que persisten restricciones para el ingreso de alimentos y agua potable por parte de los familiares, situación que —afirmó— ha provocado desnutrición entre los detenidos y ha agravado el estado de salud de quienes padecen enfermedades sin recibir atención médica oportuna. El comité sostuvo que estas situaciones vulneran las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas de Mandela, y aseguró que el Estado, en su condición de garante de las personas privadas de libertad, tiene la obligación de proteger su vida e integridad.

Ante este escenario, CLIPPVE exigió una evaluación estructural independiente del penal, el ingreso inmediato de alimentos y agua potable suministrados por los familiares y atención médica urgente para los reclusos enfermos mientras se han mantenido en vigilia y en jornadas de oración, pidiendo por la liberación de los presos políticos y visibilizando las condiciones que, según afirman, enfrentan los privados de libertad.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado públicamente sobre estas nuevas denuncias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La organización aseguró que el penal habría sufrido daños tras el sismo del 24 de junio y denunció que los reclusos continúan recluidos en condiciones que calificó de inhumanas, sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica adecuada
TelegramWhatsAppFacebookX

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) emitió una nueva alerta el 7 de julio sobre la situación en el centro de reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, donde, según denunció, los presos permanecen en una infraestructura presuntamente comprometida tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que ha recibido reportes de los propios reclusos sobre la existencia de columnas fracturadas y daños en las camas de cemento donde duermen, lo que, a su juicio, representa un riesgo para la integridad de las personas presas.

El comité aseguró que recientemente un ingeniero inspeccionó las instalaciones acompañado por dos funcionarios policiales. Aunque posteriormente se informó que el recinto era “habitable“, CLIPPVE sostuvo que los presos políticos reiteran que el profesional les confesó haber sido presuntamente coaccionado para emitir ese diagnóstico por temor a represalias.

Asimismo, denunció que, pese al supuesto deterioro de la infraestructura, las autoridades habrían decidido mantener a los internos dentro de sus celdas. Según la organización, el viceministro de Servicios Penitenciarios notificó a los reclusos que continuarían recluidos a pesar del presunto riesgo de colapso.

Además de las condiciones estructurales, CLIPPVE reiteró que persisten restricciones para el ingreso de alimentos y agua potable por parte de los familiares, situación que —afirmó— ha provocado desnutrición entre los detenidos y ha agravado el estado de salud de quienes padecen enfermedades sin recibir atención médica oportuna. El comité sostuvo que estas situaciones vulneran las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas de Mandela, y aseguró que el Estado, en su condición de garante de las personas privadas de libertad, tiene la obligación de proteger su vida e integridad.

Ante este escenario, CLIPPVE exigió una evaluación estructural independiente del penal, el ingreso inmediato de alimentos y agua potable suministrados por los familiares y atención médica urgente para los reclusos enfermos mientras se han mantenido en vigilia y en jornadas de oración, pidiendo por la liberación de los presos políticos y visibilizando las condiciones que, según afirman, enfrentan los privados de libertad.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado públicamente sobre estas nuevas denuncias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.