De los escombros apilados cercanos a su edificio derrumbado, Katherine Díaz, de 39 años, residente de la torre F23 del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, recupera una silla de madera. La acomoda en medio de una calle vacía como si el mueble indemne fuese un trofeo en una escena donde está rodeada de edificios caídos y catástrofe. A un mes de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el Litoral Central de la costa caribeña de Venezuela, en su comunidad aún no han recibido la visita del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, ni del alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, según asegura Katherine. “No los hemos visto. Las primeras dos noches no llegó la policía ni siquiera los bomberos a pesar de los incendios en varios bloques, no llegó nadie”.
La iglesia del urbanismo, un diseño en obra limpia y concreto quedó intacta. Sus puertas de madera con una cruz tallada en su centro permanecen cerradas frente a la mirada de quienes perdieron sus hogares o el deambular de los que recuperan algunos enseres entre los restos de decenas de edificios hechos añicos.
“Esta iglesia podría ser un albergue. Los damnificados dormimos en carpas a cielo abierto”, dice Katherine, sobreviviente junto a su familia de los dos terremotos que acabaron con su urbanismo. Ella, su esposo y sus cuatro hijos lograron salir a tiempo durante los sismos. Apenas unos segundos después su edificio colapsó. Las placas de los pisos superiores uno, dos y tres cayeron sobre la planta baja y aplastaron a la familia que vivía en el nivel inferior. Todos murieron.
En su calle los edificios aledaños cayeron uno sobre otro como en un efecto dominó, según relata, Noris Vargas, de 42 años, madre de tres hijos y vecina de Katherine de la torre F23, quien también perdió su casa. “Ahora que más lo necesitamos, no aparece ninguna autoridad. Ni siquiera para darnos unas palabras de consuelo. Pasaron ya demasiados días, pero aún no vienen. Somos la prueba de que estas viviendas las construyeron mal”, dice Noris.
Los fallecidos en este complejo de casas de interés social ubicado en la parroquia Urimare, en Playa Grande, residían en gran parte en las plantas bajas de estas edificaciones. “Los heridos y sobrevivientes los rescatamos nosotros, la misma gente de acá. Los cuerpos de los muertos también los sacamos solos”, describe Noris con lágrimas en sus ojos.
Recorrer las avenidas del lugar es transitar por una zona devastada. Es una sucesión infinita de edificios de baja altura que se hundieron un nivel o mirar las repeticiones en serie de estructuras destrozadas de las que solo quedan cúmulos de escombros o se encuentran inclinadas como una Torre de Pisa. La estampa es la de una ciudad fantasma que parece ajena. Su arquitectura dista de ser caribeña: son bloques grises de ventanas minúsculas a pesar de estar cerca del mar, con poca iluminación natural y sin ventilación cruzada.
La zona de 36 hectáreas con 3.180 apartamentos en 192 torres que también llaman Summa, en alusión al nombre de la empresa con sede en Turquía que diseñó y construyó las viviendas prefabricadas para el gobierno venezolano, no hay edificios sin daños. Al echar un vistazo por las ventanas de las estructuras que permanecen en pie, se puede cerciorar que las placas internas de cada uno de los niveles cayeron. Son fachadas de cascarones huecos.
“No estoy saqueando, no estoy saqueando”, grita un hombre que sale por las hendijas de metal doblado y recubiertas de goma espuma con forros de aluminio de los cimientos de su casa aplastada por los pisos superiores de su edificio. En sus manos lleva una bolsa rosa que dice Biomercy Group. En el saco resguarda a su gato. A pesar de los riesgos, regresó a buscar y rescatar a su gato blanquinegro de ojos verdes.
El complejo está desolado. La actividad se concentra en un par de avenidas en un ir y venir de camiones volteo Iveco y algunos tractores amarillos de la marca Cat con palas mecánicas que comienzan a recoger escombros. Lo hacen a lo largo de las vías que confluyen en la redoma principal del urbanismo donde sobresale una escultura roja con la forma de una gran letra “v”.
“Para mí es la ‘v’ de vacío como lo que siento en el pecho”, dice Anthony Tovar, de 32 años.
En un edificio colapsado frente a la torre D21 donde residía, Anthony busca unos tubos para armar un tarantín que lo cobije. Su esposa y cuatro hijos están en un refugio, pero él prefiere permanecer allí, a las afueras de lo que fue su hogar. “Espero respuestas y una solución, que las autoridades den la cara. Cuando el deslave de Vargas era un niño de seis años, vivía en Caraballeda, en San Julián, entonces perdí la casa. Me siento abandonado a la buena de Dios”.
Con el pasar de los días, aunque la devastación impera en La Guaria, las escenas cambian. Del caos inicial en centros de acopio desbordados por insumos médicos sin clasificar o el colapso del tráfico por el exceso de motos que circulaban en las principales vías, cuatro semanas después el tránsito es fluido. Una buena parte del estado continúa sin servicio de energía eléctrica, lo que ha hecho que se multipliquen los puntos de recarga de teléfonos celulares o de conexión libre a Internet con antenas Starlink.
La presencia y labor del personal médico es notable en los campamentos o albergues a lo largo de la franja costera. Seis hospitales de campaña, incluido uno de la Cruz Roja, y puntos móviles de salud están activos. Los médicos en su mayoría son voluntarios, como la doctora Francis Zárate, quien atiende a los pacientes que llegan a la carpa del centro de salud instalado en la avenida principal de Playa Grande.
“Las afecciones más recurrentes en esta fase son cuadros respiratorios en vía aérea superior (nariz) o vía aérea inferior (pulmones y bronquios), infecciones en piel, aún llegan heridos con contusiones, cortes o laceraciones. No han llegado más rescatados vivos”, explica la doctora Francis, mientras nebuliza a una bebé de seis meses con asma. “El polvo de los residuos afecta, en especial a los niños y adultos mayores”.
En un campo de béisbol de Catia La Mar, Luis Alejandro Pérez, de 13 años, juega fútbol en solitario en un refugio ubicado a un kilómetro del edificio donde residía, una de las torres del complejo OPPPE 36 (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales), construcción de la Misión Vivienda en Playa Grande y una de las zonas más afectadas al oeste de La Guaira.
“Nuestro edificio no se cayó, pero está destruido”, dice Mariela Pérez, la madre del muchacho. El apartamento sin paredes de lo que fue su casa se visualiza a simple vista en la estructura de un bloque de 12 pisos inclinado hacia adelante y, a la vez, torcido hacia uno de sus laterales. “El de al lado sí se cayó”, reitera.
El hijo de Mariela es fanático del futbolista Leo Messi –según la madre– y para distraerse en el refugio escucharon en una radio prestada que funciona con pilas el partido en el que la selección de Argentina enfrentó y derrotó al equipo de Suiza por 3 goles a 1, lo que significó el pase de la albiceleste a las semifinales del Mundial de Fútbol de la FIFA. La familia subsiste con la ayuda que reciben. Luis Alejandro no pudo rescatar ni siquiera sus útiles escolares. Sus padres, Mariela y Luis, tampoco lograron recuperar nada de su hogar. No es seguro entrar al edificio que podría colapsar en cualquier instante.
Estudiante del sexto grado de primaria, Luis Alejandro dice que desea ser futbolista o médico “para salvar vidas” y espera comenzar la secundaria el próximo año escolar en el Liceo Nacional Antón Makarenko, un centro educativo de la parroquia Urimare cuyo nombre original era Jacinto Covict, en honor al médico y científico venezolano descubridor de la vacuna contra la lepra. Pero la institución fue renombrada hace unos años con la identidad de un héroe ruso que el chico desconoce y le cuesta pronunciar.
De los cuatro edificios de la OPPPE 36 ubicados en la avenida principal de Playa Grande, aledaños al conjunto Los Dos Delfines, tres no cayeron, pero son esqueletos endebles que dejan al descubierto la destrucción de sus estructuras con riesgo de desplome. El cuadro evoca a un mundo apocalíptico que aún pasma que no sea de ficción.
En las cercanías de este complejo, una marea de gente llega en horas del mediodía a la llamada Cancha de la Paz. Estas personas vienen desde Chichiriviche de la Costa, Tarmas y Carayaca, poblaciones ubicadas al extremo oeste de La Guaira que fueron menos afectadas por los sismos pero que quedaron desabastecidas al perder mercados, abastos y otros comercios de Catia La Mar, su principal centro urbano a donde acudían para sus compras de alimentos y víveres.
María Fernanda Pérez, de 48 años, residente de Tarmas, junto a sus tres hijos y Jeferson Corro, de 37 años, habitante de Carayaca, hacen una fila para recibir dos perros calientes por persona más una Coca-Cola de bebida, ese será su almuerzo. Esto ocurre en una jornada que los voluntarios organizan en la Cancha de La Paz, que también sirve de refugio y un centro de acopio donde siguen acumulando montañas de ropa donada sin catalogar.
Unos banderines azules en los que se lee “Nabep” se enarbolan en el campamento que coordina la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep). La compañía petrolera registrada en Barbados y con operaciones en Venezuela instaló una gran carpa en la que se brinda atención médica, veterinaria y distribución de insumos a los damnificados en la avenida principal de Playa Grande. Es la base de los rescatistas de México, Argentina y Brasil de UniRed (Red de Intervención y Respuesta a Emergencias y Desastres), una de las brigadas internacionales que aún continúan sus labores en Venezuela.
La estudiante de veterinaria Oriana Urriza, una voluntaria que viajó desde Acarigua-Araure, en Portuguesa, para prestar sus servicios en este campamento, atiende a una perra de nombre Bella Sofía. “Presenta un cuadro de deshidratación y vómitos”, explica. La cachorra no bebe agua desde el día que ocurrieron los terremotos y fue diagnosticada con estrés postraumático. Su dueña, Desiran Marín, cuenta que ella y su perrita son sobrevivientes de los sismos en el sector Alto Mar cercano al terminal de Catia La Mar.
El estacionamiento del Farmatodo, en Urimare, aún funciona como refugio. Allí hay un punto de acceso de agua potable al que acuden día a día muchas familias vecinas de la llamada zona de los hoteles y dónde está el Hotel Marriott de Playa Grande que sufrió severos daños estructurales. “Mi casa de una planta no se cayó, a Dios gracias. En el temblor vimos cómo cayeron las paredes de varios pisos del Marriott. Las tres torres de enfrente y otros edificios de alrededor se volvieron cenizas pero el hotel aguantó”, relata Rosa María García, de 58 años, cuyo hogar se localiza en la avenida del Norte, a unos metros de la redoma, pero sin suministro de agua desde el 24 de junio.
En la entrada al Hotel Marriott, ubicado a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aún permanece un bus de color blanco y asientos azules aplastado por el techo del edificio de ladrillos que se le vino encima y deja ver sus habitaciones al desnudo tras los sismos.
A las afueras del Edificio El Jurel en Playa Grande, algunos familiares de personas atrapadas, entre la resignación y el cansancio, todavía esperan encontrar y recuperar sus cuerpos. La estructura anclada sobre una colina con inigualable vista al mar es un coloso en ruinas cuya piscina doblada al ras de un acantilado parece que cuelga de un hilo.
En el cartel pegado con tirro en una columna de las residencias se lee una lista escrita a mano con nombres de desaparecidos: Odette Natalia Agreda (piso 6), Andy Maldonado (piso 8), Adriana Valladares (piso 9), Niurka Moreno (piso 10), Lía Valentina Meza, Arelis Mariño, Eduardo Martínez (Piso 11), Jhonny Druid (piso 12). Otros nombres no se distinguen debido a la tinta desteñida por la lluvia. La adolescente Camila Sofía Medina, de 15 años, fue rescatada con vida en El Jurel después de permanecer por 60 horas bajo los escombros. Desde entonces no han hallado más personas con vida.
“Nos han dejado desamparados. Desde el día uno busco a mi hija Lía, de tres años, y a sus abuelos. Acá la ayuda llegó demasiado tarde. Necesitamos una grúa telescópica para quitar las placas más pesadas”, dice José Meza, quien sostiene en una mano una foto de su pequeña.
Encaramado en una montaña de los restos de placas de hormigón resquebrajadas y vigas retorcidas de lo que fue el edificio Belo horizonte, en Playa Grande, un hombre insiste en la faena de remover las toneladas caídas de la estructura. Lo hace en solitario. Pese a que la tarea es una utopía, Willie Rojas, de 65 años, no detiene su labor.
“Mis dos hijos quedaron atrapados bajo los escombros. Con la ayuda de voluntarios y topos recuperé el cuerpo sin vida de Willy (44 años), pero no hemos podido encontrar a Anthony, mi hijo menor (30 años)”, dice este padre, quien residía en el conjunto pero no se encontraba en el edificio al momento de los sismos. Como era feriado había viajado junto a su esposa a la ciudad de Valencia, a unos 200 kilómetros de Caracas.
La presencia de voluntarios ha mermado en sus labores de búsqueda al oeste del litoral. “Aquí me quedé solo, se fueron los voluntarios y rescatistas. No han podido venir otros a relevarlos. Ayuda de los entes gubernamentales no he tenido. Esto es muy doloroso. Me iré cuando recupere el cuerpo de mi hijo”, dice Willie.
El edificio Belo Horizonte era un complejo residencial de 17 pisos ubicado en una loma de la avenida principal de Playa Grande. La estructura colapsó por completo hacia atrás y cayó sobre la avenida La Playa, en el sector Puerto Viejo.
Entre Puerto Viejo y Catia La Mar, luego de bordear la costa en la intersección entre la avenida El Balneario y La Atlántida, un olor nauseabundo se esparce con el viento. “Es el olor a muerto”, dice Margarita Reyes, una maestra de 38 años, quien baja el tapabocas para explicar el origen del hedor. Margarita hace una fila para recibir dos botellones de agua potable que despachan unos voluntarios con el distintivo de Global Empowerment Mission (GEM) a los damnificados que pernoctan en carpas cerca de Playa Escondida.
“Agradezco la ayuda, pero estoy agotada. Perdí mi casa, a dos sobrinos, a mis abuelos, a cinco de mis alumnos. Una carpa sirve para unos días, no para un mes”, reclama Margarita.
En el campamento del Campo de Golf de Caraballeda, decenas de carpas se multiplican. Algunos son refugios temporales armados con cobijas o lonas que protegen del sol, pero no de la lluvia. Yorgelis, sus hijos y su perro, quien la resguarda como un cancerbero, son sobrevivientes de la OPPP26. “Luego de que el edificio colapsó me fui a rezar el templo, fue mi hija la que sacó a su hermano de los escombros. Estamos vivos gracias a Dios”, cuenta Yorgelis.
En esa zona al este de La Guaira, al otro lado del litoral, en la urbanización Caribe el movimiento de las palas mecánicas que limpian los terrenos contiguos al centro comercial Costa del Sol contrasta con la imagen de las personas que permanecen en soledad frente al derrumbe de edificios de la avenida Costanera donde aún están atrapados sus seres queridos y quienes esperan que los ayuden con maquinarias.
“Nos cobran dos mil dólares por día por el alquiler de la máquina, es absurdo, pero es así”, asegura Lola Molina, de 29 años, quien hace vigilia y se turna con otros vecinos para cuidar los restos de su edificio en Caraballeda donde aún está tapiada Jacinta, su abuela. “No la vamos abandonar aquí. Vigilamos porque nos da miedo que alguien de una orden, arrasen esto y no queden ni las cenizas para sepultar”.
La franja entre Caribe, Caraballeda y Tanaguarena, el epicentro de la denominada zona cero por ser la más devastada, es el área donde la búsqueda no cesa desde hace un mes que ocurrieron los terremotos. El temblor acá es la fuerza de la red de familias y voluntarios que mueven los escombros por sus propios medios para recuperar los cuerpos de las víctimas.
A pico, pala y mandarriazos golpean el hormigón. Son muchas las manos solidarias que abren orificios que se convierten en túneles o pasadizos al interior de los derrumbes. Otros usan taladros que necesitan de plantas eléctricas para funcionar. El objetivo, en ambos casos, es atravesar las placas, cortar vigas y columnas por sección y acceder a los cuerpos atrapados entre pisos apilados unos sobre otros.
Luis Carlos Pérez, de 25 años, viajó desde Ciudad Bolívar para colaborar. Lo mismo hizo Daniel Méndez, de 48 años, pero en su caso recorrió 800 kilómetros desde San Cristóbal. “No soy rescatista profesional pero vine a ayudar. No podía quedarme de brazos cruzados. Hemos aprendido sobre la marcha viendo a los topos y a rescatistas entrenados. Aquí lo que se necesita es voluntad y la fuerza que nos da Dios”, cuenta Daniel, quien ayuda a una familia de la OPPP22 de Caraballeda a recuperar a tres personas tapiadas.
Ataviados de unas bragas blancas de bioseguridad impermeables y desechables, cascos, guantes y tapabocas, Luis Carlos, Daniel y unos cinco voluntarios más penetran los huecos rectangulares que son pasajes a las entrañas del desastre. Cuando sacan un cadáver, los familiares deben identificarlo. Luego funcionarios del CICPC vestidos de negro, con guantes y mascarillas, se encargan de retirar los cuerpos que guardan en bolsas.
En los túneles el olor es tan penetrante que algunos se untan mentol en su nariz para intentar no percibir la pestilencia. Otros impregnan algodones con alcohol y los interponen debajo de los tapabocas. Incluso unos, cada tanto, salen con premura de los huecos exclusivamente a tomar aire y fumar un cigarro para aguantar. “El cigarro tapa el olor, pero hay que escupir para que el sabor no se quede en la lengua y te lo tragues”, explica Daniel.
Los voluntarios chocan sus puños como señal de victoria cuando hallan un cuerpo y extraen un cadáver. Aunque es una paradoja celebrar la muerte, para quienes recuperan los cuerpos de los suyos es un logro que acaba con su desasosiego.
En la torre A de la OPP22, el grupo de topos mexicanos conforman la cuadrilla de extranjeros que continúan su labor en Venezuela, brindan apoyo a familias desesperadas. Están en una fase en la que, básicamente, su esfuerzo se centra en recuperar cuerpos. Se mueven entre los túneles cavados que son pasadizos muy estrechos, oscuros e inestables. Entre ellos, hay un joven topo venezolano de nombre Carlos, quien reside en Estados Unidos y se alistó con los mexicanos como voluntario.
Los conductos son laberintos de rendijas de cimientos colapsados y tan angostos que los rescatistas deben avanzar arrastrados. La sensación de desespero y agobio en el interior puede causar pánico a cualquiera. Mientras los topos hacen su trabajo de riesgo e incluso con la técnica del oxicorte cortan cabillas que impiden el paso, los familiares esperan alguna noticia de nuevos hallazgos enfrente de la montaña de escombros.
“Soy creyente y hago una oración para que los caminos se abran. Que Dios me dé la fuerza para seguir adelante”, dice Mercedes Carrillo, quien busca el cuerpo de su hijo Enrique Rojas Colmenares en la OPPP27.
En las Residencias Caribe, un conjunto de 223 apartamentos, los voluntarios también persisten en las labores de rescate y extracción de cuerpos. La estructura cilíndrica que no cayó es como el mástil de un barco en medio de una tempestad de tragedia que es la zona cero.
“Aquí seguimos. Se necesitan picos, palas, martillos, cinceles, barras, mandarrias, esmeril, incluso tobos, y un rotomartillo”, dice Joseph Brito, uno de los voluntarios que a un mes de los terremotos colabora en el rescate de cuerpos en estas residencias, y quien se suma al esfuerzo de los bomberos del distrito capital.
“No he podido sacar a mi familia. Es una herida profunda. Estoy rota pero insistiremos hasta sacarlos. Los despediremos como se debe, con amor y dignidad para que descansen en paz. Aquí resistimos con la fuerza de Dios”, dice María Gregoria Machado.
