Los terremotos no terminaron cuando cesaron los movimientos. UNICEF estimó que 1,8 millones de personas, incluidos 680 000 niños, necesitaban asistencia humanitaria tras los sismos del 24 de junio. Semanas después, el Banco Mundial calculó en 19 600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que la reconstrucción podría costar hasta 50 000 millones.
De las 119 familias que reportaron sus necesidades, Runrun.es elaboró hasta el pasado 24 de agosto un listado de 85 ubicadas en La Guaira y que autorizaron la publicación de sus datos de contacto, con el propósito de recibir donaciones para cubrir sus necesidades específicas. De esa base surgieron también los testimonios de 5 madres que contaron cómo han tenido que reconstruir sus vidas tras los sismos, en medio de una precariedad económica que ya existía antes del desastre.
Sin casa, sin ingresos y con tratamientos pendientes
La familia de Maryuri Gómez está integrada por cinco personas: ella, su esposo y sus tres hijos, de 17, 15 y 9 años. La mayor tiene una condición neurológica y requiere carbamazepina de 200 miligramos, risperidona y una alimentación balanceada. Antes del doble terremoto también recibía consultas neurológicas, odontológicas y visuales, además de terapia de rehabilitación.
El 24 de junio perdieron su vivienda. Tres días después todavía buscaban dónde resguardarse y finalmente tuvieron que trasladarse fuera de La Guaira, donde permanecen actualmente en casa de familiares. Maryuri y su esposo están sin trabajo, por lo que la familia perdió ingresos justamente cuando aumentaron las necesidades.
La falta de dinero les impide cubrir de manera adecuada los medicamentos y la alimentación de su hija mayor, así como retomar las consultas y terapias que quedaron pendientes. Sus otros dos hijos, de 15 y 9 años, también han resultado afectados emocionalmente y, según su madre, necesitan atención psicológica.
La familia ha recibido algunas ayudas de personas de la comunidad y de organismos que acudieron al lugar donde se encuentran, pero todavía necesita recuperar una vivienda y atender las necesidades médicas y emocionales de los niños. También perdieron familiares, amistades y compañeros de colegio.
“Mis hijos lloran conmovidos, y nos piden un techo, que le digamos al gobierno que les de un hogar para ellos”, sostiene Maryuri.
La psicóloga Fabiola Rojas explica que, después de una emergencia, las familias pueden quedar atrapadas entre las pérdidas materiales y la imposibilidad de pagar el acompañamiento que necesitan. “Las familias están en un estado vulnerable porque precisamente se ven obligadas a resolver por su cuenta y eso solo aumenta la ansiedad que ya se vivía antes por sobrevivir al día. No tienen costos para asumir esas atenciones especializadas porque sabemos que las gratuitas son igual de útiles, pero hay una diferencia entre el pago y es que existe un seguimiento más amplio”, señala.
Una casa con grietas y una consulta que no puede pagar
Urimary Figuera es madre soltera de tres hijos: Victoria, de 14 años, y dos menores, de 12 y 5 años. Victoria tiene síndrome de Down y fue operada de corazón abierto a los ocho meses. Cada año debe acudir al cardiólogo para controlar la evolución de su corazón. Antes de los sismos ya presentaba anemia y, después de que se detuvieron los terremotos, a su madre se le hizo más difícil continuar con su atención.
Durante los primeros días, la familia salió de su casa en el sector Atanasio Girardot, urbanización popular ubicada en la parroquia Carlos Soublette. Ellos permanecieron cuatro días en el polideportivo José María Vargas. Después pasó unas dos semanas en el refugio Lorenzo González por temor a las réplicas. Las falsas alertas de tsunami también alteraron su rutina. En una de esas salidas, Urimary llevaba a su hija menor y tenía de la mano a su hijo de 12 años, mientras su madre corría con Victoria. La adolescente se puso muy pálida y su familia temió que se desvaneciera.
El padre de Victoria, cuya vivienda en Macuto quedó destruida, se llevó durante unos días a los tres niños a Guatire para que pudieran estabilizarse. Ella permaneció entre refugios hasta que finalmente regresaron a su hogar.
La casa tiene varios pisos y la familia continúa en la parte superior, aunque presenta grietas. Victoria recibe ácido fólico y hierro, medicamentos que recientemente consiguió mediante una fundación. También debe repetir sus exámenes para comprobar si mejoró su hemoglobina. Fue referida a un hematólogo por antecedentes familiares de talasemia y leucemia, pero su madre no ha logrado conseguir una consulta gratuita.
“Los hematólogos ahorita son costosos y no consigo uno gratuito”, señala Urimary.
El gasto no se limita a las consultas. Durante los primeros días, Urimary viajó hasta Maiquetía para conseguir productos que pudiera pagar y gastó alrededor de 300 dólares en una compra. Cuenta que conoce a otras personas que también deben salir de La Guaira hacia Maiquetía o Caracas para comprar alimentos y que algunas gastan cantidades similares o incluso mayores.
La médica cirujana Eliannys Acosta advierte que la interrupción de tratamientos puede tener consecuencias importantes, especialmente en personas con enfermedades crónicas. “Las enfermedades crónicas necesitan un seguimiento y un tratamiento muy estricto para evitar complicaciones. Si, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que requiere hemodiálisis dos o tres veces por semana tiene su centro de salud afectado y no logra encontrar otro, las consecuencias pueden ser fatales. A pesar de eso, la mayoría de los pacientes puede buscar alternativas para continuar sus tratamientos y evitar que las consecuencias sean graves”.
De tres a siete bajo el mismo techo
Mayerlin González vivía antes del 24 de junio con sus dos hijos: Wilson Aguilar, de 20 años, y Alejandro Aguilar, de 14. Alejandro tiene autismo, discapacidad intelectual y trastorno motor leve. Recibía terapia ocupacional, psicopedagogía y fisioterapia en el Hospital de Niños del Mar, además de consulta pediátrica en la unidad de autismo. También asistía al Taller Laboral La Guaira y tenía consultas de neurología en el periférico de Pariata.
El doblete sísmico interrumpió esa rutina. El hospital quedó afectado y el taller laboral fue etiquetado en rojo. Las consultas previstas fueron suspendidas y, según le informaron, se retomarían en septiembre. Alejandro dejó de recibir sus terapias y tampoco está asistiendo al taller.
Antes de los sismos ya necesitaba vitaminas y suplementos como citrato de magnesio, omega 3, vitamina B6 y probióticos, además de una alimentación libre de gluten y azúcar. Mayerlin explica que esos requerimientos tampoco podían mantenerse de forma constante por la situación económica.
La vivienda donde vivían también quedó gravemente afectada. Su hermano Gustavo, su esposa Isabel y sus hijos Gabriela, de 14 años, y Gabriel, de 9, perdieron su casa, que quedó en etiqueta roja. Desde el 24 de junio, los siete permanecen juntos en la platabanda de la vivienda del padre de Mayerlin.
Solo tienen una habitación pequeña y un baño. Los niños duermen en la habitación y los adultos en el piso; cocinan y hacen su vida diaria prácticamente al aire libre. El agua, que ya era irregular antes del terremoto, ahora escasea todavía más. De los siete integrantes, solo Gustavo tiene trabajo.
Las ayudas que recibieron durante las primeras dos semanas —dinero, alimentos no perecederos y productos de limpieza— fueron disminuyendo. También recibieron algunos alimentos libres de gluten y suplementos de Mundo Azul, del taller laboral y de la unidad de autismo, pero las necesidades persisten.
“Ahora no somos solamente tres, sino siete personas, de las cuales uno solo por ahora está laborando”, revela Mayerlin.
Alejandro también necesita realizarse varios exámenes costosos. Mayerlin solicitó ayuda dos veces a la Fundación del Niño Simón para cubrirlos, pero asegura que no obtuvo respuesta.
La nutricionista Tania Rincón comenta que, después de la primera respuesta de emergencia, las necesidades deben identificarse de manera diferenciada: “La primera semana, en una emergencia de este tipo, lo importante es garantizar hidratación y alimentación. Luego, a través de un censo por comunidad, se deben conocer las condiciones de salud de sus habitantes y cubrir las necesidades de cada grupo familiar. Los niños, ancianos, embarazadas y mujeres lactantes son grupos vulnerables, pero si tienen además otra condición de salud, se vuelven aún más vulnerables y se les debe dar mayor prioridad. Si un paciente con una patología cumple de manera interrumpida su alimentación, se va a desmejorar su situación de salud”.
Una casa en rojo para una familia de cuatro
Ahilyn Daal vive con sus tres hijos, Máximo, Matías y Miranda, en el último piso de una vivienda familiar de tres plantas. El inmueble fue etiquetado en rojo después del terremoto. Aunque no colapsaron las paredes, la estructura sufrió daños en las columnas, el tanque subterráneo, la cocina, el baño, el lavandero y varios pisos. Cuatro ingenieros les advirtieron que no debían habitarla, pero la familia continúa allí por necesidad.
Los cuatro duermen en la sala porque el calor del patio afecta especialmente a Matías, quien tiene autismo grado 1. Los tres niños tienen necesidades particulares y siguen una alimentación sin gluten, lácteos ni azúcar. También requieren suplementos como complejo B, vitamina C, ácido fólico y omega 3. Matías, que cursa quinto grado, necesita además una maestra particular y toca violín.
“Vivimos siempre en zozobra, con miedo, no dormimos bien, estamos mentalmente afectados”, cuenta Aileen.
Los sismos también redujeron sus ingresos. Aileen es peluquera de mascotas y trabaja en estética canina y asistencia veterinaria, pero perdió buena parte de sus clientes porque estaban en Caribe y Playa Grande, zonas afectadas por los sismos. Ahora trabaja ocasionalmente y suspendió sus estudios de Veterinaria, que había cursado durante tres años, para atender a sus hijos.
La falta de ingresos dificulta mantener la alimentación especial y comprar suplementos. Ha recibido agua, alimentos, dos colchonetas y un suplemento de complejo B, pero parte de la comida entregada no es apta para los niños. Cuando consigue algún trabajo, compra carnes, pollo, huevos y verduras para completar la dieta familiar.
El agua también se convirtió en una tarea diaria porque el tanque de la vivienda resultó afectado. Aileen baja cuando disminuye el calor para recolectarla y procura no alejarse demasiado por temor a las réplicas.
El economista y abogado Alfonso Chacín subraya que el impacto económico del terremoto puede prolongarse mucho después de la emergencia inmediata: “Un doble terremoto puede convertir una emergencia puntual en un proceso de empobrecimiento. Una familia puede empezar a gastar sus ingresos en transporte para conseguir alimentos o medicamentos, reparaciones, tratamientos y reposición de bienes, mientras pierde clientes, empleo o capacidad de trabajar. Si esto se prolonga, puede endeudarse, dejar de comprar medicamentos o sacrificar otras necesidades básicas. Por eso, en el presente deberían identificarse las necesidades de cada familia y garantizar apoyo en alimentación, salud, transporte, vivienda y recuperación de ingresos”.
Desde el ámbito jurídico, Chacín señala que el Estado venezolano tiene la obligación de atender y proteger a las personas afectadas y garantizar su recuperación, conforme a la Constitución y a la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Explica que esa responsabilidad “no termina en los primeros días de la emergencia, sino que debe mantenerse mientras persistan sus consecuencias”.
Volver a casa también fue parte del miedo
Yanoski Montiel es madre y vive en la urbanización Atlántida, en Catia La Mar, con su esposo y sus dos hijos. Llevaban apenas 10 meses en la zona cuando ocurrió el terremoto. Su hija, de 12 años, tiene TEA grado 1; su hijo, de 8 años, tiene TEA grado 1 y TDAH grado 2.
Ese día, ella estaba en el patio jugando con su hijo para ayudarlo a manejar la ansiedad cuando comenzó el movimiento. El niño se tapó los oídos y corrió hacia la calle. Ella intentó detenerlo y ambos cayeron. El menor sufrió una lesión en el cuello y utilizó collarín durante 15 días.
Su hija estaba dentro de la casa escuchando música cuando el movimiento hizo que varios objetos cayeran. Intentó salir arrastrándose por el piso y terminó en una cuneta, donde le cayó encima un tanque de agua. Se golpeó la rodilla y la cabeza. Su esposo, que estaba dentro de la vivienda, se cortó una mano con un vidrio.
Pero el miedo no terminó ese día. En medio de los rumores sobre un tsunami, el niño se extravió durante unos minutos. Después comenzó a interpretar las nubes como olas, se asomaba constantemente por la ventana, lloraba y sufría ataques de pánico hasta calmarse.
Sus niños fueron atendidos en un centro de salud de Catia La Mar y, según Yanoski, ya se encuentran bien de las lesiones físicas. El proceso emocional, sin embargo, continúa. El niño tuvo tres ataques de pánico acompañados de vómitos y durante un tiempo se negó a dormir por las noches.
Pero a los gastos habituales se sumaron medicamentos, suplementos y una alimentación especial. La familia necesita melatonina de 3 mg, magnesio de 500 mg, Abretia y alimentos sin gluten. En el último mes y medio han gastado más de 300 dólares. Solo una compra realizada por su esposo en Caracas para conseguir alimentos para los niños costó 120 dólares.
Según cuenta, en Catia La Mar, no hay suficientes comercios cerca de su vivienda. Para comprar deben trasladarse a Caracas o Maiquetía. Ella actualmente no trabaja ni percibe ingresos. Tampoco han recibido ayudas ni medicamentos, aunque la comunidad les entregó una bolsa de alimentos.
“Me parece inaudito que tengamos que trasladarnos solo para alimentarnos. Muchas familias estamos en esta situación y reconstruir nuestros hogares parece cuesta arriba”, reitera Yanoski.
La especialista en gestión de riesgos Klaudia Laffaille advierte que estos desplazamientos también forman parte del impacto de un desastre. “Si una comunidad pierde comercios, centros de salud, transporte o servicios básicos, las familias empiezan a asumir costos que antes no tenían: deben trasladarse para comprar alimentos o medicamentos, pagar más transporte, invertir más tiempo y, en algunos casos, dejar de trabajar para resolver esas necesidades. Eso también es un impacto económico del desastre y debe medirse”.
Laffaille reitera que trasladar a las personas hacia otras zonas que también tienen condiciones precarias no necesariamente resuelve el problema: “Si los afectados tienen que desplazarse hacia otras zonas que también presentan condiciones precarias, el riesgo se traslada en lugar de reducirse, y el costo de la vida no es solo una pared, sino todo lo que debe tener por derecho una persona”.
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