Nuevamente, el gobierno dejó de publicar las cifras oficiales de víctimas de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. situación fue denunciada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en una publicación en X el pasado miércoles 2 de septiembre.
Las autoridades interinas tienen más de una semana sin actualizar el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela, cuya última cifra fue de 6.509 víctimas.
— PROVEA (@_Provea) September 2, 2026
Y más de 69 días sin actualizar la cifra de desaparecidos: apenas 157 reportadas el 25 de junio.
Iniciativas… pic.twitter.com/JrPyKCvLy7
La organización señaló que las autoridades interinas tienen más de una semana sin informar si aumentó o disminuyó el número de fallecidos. A la par, han transcurrido más de 69 días desde la última actualización sobre personas desaparecidas.
Provea también advirtió que iniciativas ciudadanas han reportado miles de personas cuyo paradero se desconoce, aunque estos casos no están respaldados por un registro público oficial que permita determinar cuántos corresponden efectivamente a personas desaparecidas tras el desastre.
No es la primera demora en la actualización
La falta de actualización de los datos oficiales ya había sido documentada por Runrun.es en julio. Un mes después de los sismos, el medio registró que las autoridades tardaron más de una semana en actualizar la cifra de fallecidos, pese a que luego de los terremotos llegaron a tener una frecuencia de publicación diaria de los números.
El nuevo retraso vuelve a generar cuestionamientos sobre la transparencia y continuidad de los registros oficiales de la emergencia, particularmente en el caso de las personas desaparecidas, cuyos familiares necesitan información actualizada sobre la búsqueda y eventual identificación de sus allegados.
Provea exigió al Gobierno publicar y actualizar de manera continua ambas cifras. La organización recordó que contar con información pública y verificable durante una emergencia permite dimensionar la magnitud de la tragedia y constituye una obligación estatal.
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