“Comandante Richard, indíquenle ahí al comandante Richard Contreras: era el “Koki”, el elemento el “Koki” (…) Le tenemos el móvil con foto y todo”. La cita es de un audio emitido por un funcionario de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que el martes 8 de febrero de 2022 se volvió viral en Venezuela. Uniformados de distintos cuerpos de seguridad del Estado llevaban al menos un par de días en las montañas del estado Aragua tras la pista de uno de los delincuentes más buscados en Venezuela.
Poco después circuló la imagen del homicidio. El cadáver de “Koki” tenía la boca desfigurada, excoriaciones en la frente y en la barbilla y la mirada perdida. Un tatuaje con el nombre “Eladia” bajo la clavícula derecha confirmó que era el mismo hombre que meses antes apareció en una foto con una franelilla blanca y una cadena gruesa de oro con un dije dorado en el que se leía su apodo. Junto a la foto del cuerpo, otra prueba: la planilla con sus huella dactilares y su nombre completo: Carlos Luis Revete, el líder más mediático de la banda dirigida por él junto a Garbis Ochoa Ruiz, apodado “Garbis”, y Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y que desde hace casi una década controlaba las operaciones criminales y hasta la vida de los habitantes de los barrios de la Cota 905, al oeste de Caracas.
Así inició la cuenta de los grandes operativos policiales de 2022 en el país, supuestamente dirigidos contra los jefes criminales de megabandas que nunca fueron capturados, pero con denuncias de violaciones a los derechos humanos y decenas de muertes señaladas como ejecuciones extrajudiciales. Un par de meses antes, en diciembre de 2021, esos operativos habían cerrado el año con la muerte de Esteban Eduardo Quintana Monzón, conocido como “Eduardo Delicias” y líder de la banda “Las Delicias” de la zona de Barlovento, en Miranda.
Luego del operativo contra “Koki”, que se llamó “Gran Cacique Guaicaipuro II”, estos grandes despliegues policiales, al estilo de las Operaciones de Liberación del Pueblo, fueron bautizados como “Trueno”, término que la Real Academia Española define como “ruido o estampido que causa el tiro de cualquier arma o artificio de fuego”. En todos los casos, muertos y detenidos fueron señalados de ser integrantes de megabandas como “Tren de Aragua”, “Tren de Los Llanos”, “Wisleysi”, en Petare, o “Carlos Capa”, en Valles del Tuy. Estas dos últimas están en el estado Miranda.
A lo largo del año, 70 personas murieron en los ocho “Truenos” que retumbaron en cinco estados: Aragua, Yaracuy, Guárico, Miranda y Anzoátegui. La mayoría lo hizo en las operaciones ejecutadas en septiembre, donde mataron a 55 presuntos delincuentes.
Todos los muertos eran de sexo masculino y aunque no se conoce la edad de todas las víctimas, ninguno era mayor de 55 años. En cuanto a las identidades, solo se conoció el nombre y apellido de 47 de ellos, mientras que ocho solo fueron mencionados con un mote. Los otros 16 no fueron identificados al momento de los operativos. En ningún despliegue se registraron muertes de policías.
El cuerpo que dirigió la mayoría de los operativos “Trueno” fue la PNB con sus diversas direcciones, sobre todo la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que se considera sucesora de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), acusadas de ejecutar a centenares de personas en el país y cuya disolución fue solicitada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A los funcionarios de la PNB los apoyaron las policías regionales, pero también uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y hasta efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Después de “Koki”
Tras la muerte de Carlos Revete, transcurrieron varias semanas antes de una nueva tormenta de balas. Desde el 20 de abril de 2022, habitantes de Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas de Guárico, denunciaron las acciones de la operación “Trueno” – que desplegó casi 800 uniformados– de las que luego se hizo eco la organización no gubernamental Defiende Venezuela.
“Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se ha atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo uno de los abogados de Defiende Venezuela en un comunicado. En mayo, en dos localidades del municipio José Félix Ribas, mataron a cuatro personas que identificaron como miembros del Tren del Llano.
Ese mes, Trueno II llegó a Yaracuy. El objetivo era desintegrar la banda de “Wilmer Bachiller”, liderada por Wilmer Gustavo Aponte, quien trabaja y ejecuta las órdenes de Josué Ángel Santana, apodado Santanita, uno de los integrantes de la megabanda Tren de Aragua. Aponte también está al frente de la banda Mimosin, a cargo de los secuestros y extorsiones en la región.
El operativo se ejecutó en varios municipios, pero solo en cinco mataron a ocho personas en cuatro días. Todas las víctimas fueron señaladas como integrantes de las bandas mencionadas. En cinco de los ocho casos se denunciaron ejecuciones extrajudiciales.
Westerlinth Samuel Heredia Clisánchez y Mervin Montero, en el municipio Veroes, fueron las primeras víctimas. Familiares dijeron que ninguno estaba armado y que no pertenecían a organización criminal alguna. A Heredia Clisánchez lo detuvieron en su casa y luego apareció muerto en la morgue, mientras que a Montero lo asesinaron en su vivienda. Sobre José Alberto Mendoza Bracho, asesinado en Bruzual, parientes aseguraron que se usaron los antecedentes de un familiar como excusa para su ejecución. También estaba desarmado.
En Trueno II detuvieron a 32 personas y se denunciaron abusos policiales como allanamientos a viviendas sin orden alguna, robos y maltratos por parte de los funcionarios.
El mes más sangriento
Durante septiembre se ejecutaron cinco operativos en cuatro estados. En Trueno III, entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, se desplegaron 2.000 funcionarios en tres municipios de Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas y Pedro Zaraza) para desarticular al Tren del Llano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 14 asesinatos en una minuta, sin especificar las identidades de las víctimas ni detalles de los presuntos enfrentamientos.
El operativo estuvo marcado por la opacidad y la incertidumbre. En Tucupido, municipio José Félix Ribas, los habitantes relataron que se impuso un toque de queda en el pueblo y que sentían miedo de ser alcanzados por una bala perdida durante los tiroteos. En seis días, los cuerpos de seguridad detuvieron a 138 ciudadanos, cuatro de ellos fueron presentados como presuntos integrantes del Tren del Llano. La población denunció que aprehendieron a personas inocentes o que estaban caminando en las calles por la noche.
Trueno IV ocurrió en seis municipios de los Valles del Tuy. Allí mataron a 20 personas entre el jueves 8 y el domingo 11 de septiembre y en varios de los casos, tanto familiares de las víctimas como vecinos de las zonas afectadas, desmintieron los presuntos enfrentamientos. La incursión de 900 funcionarios no solo sorprendió a las bandas armadas que operan en esta subregión mirandina, sino también a los cuerpos de seguridad locales. De acuerdo con datos obtenidos por Monitor de Víctimas, la idea era evitar que se fugara información debido a la presunta vinculación de policías con líderes criminales. Por ello, los oficiales que comandaron los procedimientos eran foráneos.
En Ocumare del Tuy se registró el mayor número de muertos: seis hombres. Cuatro de ellos fueron señalados como miembros de la banda de Deiber Johan González, apodado “Carlos Capa”, responsable del asesinato del supervisor jefe Richard José Rondón Ortega, adscrito a la Policía de Municipal de Charallave, y de su esposa, el domingo 4 de septiembre, en San Francisco de Yare, Miranda. A la organización también se le atribuye el aumento de falsas ventas de vehículos por la plataforma Marketplace y las amenazas que han recibido algunos organismos de seguridad.
Entre el 15 y el 19 de septiembre de 2022 se ejecutó Trueno V en la Colonia Tovar –pueblo turístico de origen alemán del estado Aragua– con un operativo de 1.000 funcionarios que se desplegaron también en zonas montañosas de Carabobo y La Guaira para seguir los pasos de los miembros de la banda “Los Guaricheros”, quienes supuestamente operan en las laderas del área. El resultado fue dos hombres muertos en el sector Monte Oscuro, del municipio Tovar.
Habitantes de la zona montañosa de Cobalongo grabaron videos para denunciar detenciones arbitrarias de agricultores de las zonas. “Se lo llevaron en malas condiciones, descalzo, en shorts y sucio, porque el estaba trabajando, estábamos recogiendo mercancía”, dijo la esposa de uno de los detenidos.
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Los reportes oficiales nunca hablaron de la operación Trueno VI, pero paralelamente a los hechos de la Colonia Tovar, el Cicpc mató a tres supuestos miembros del Tren del Llano. Uno de ellos fue identificado como Ramón Celestino Toledo, conocido como “Chicho Toledo”, en el sector La Alejandría de municipio McGregor en Anzoátegui, en la frontera con Guárico. Toledo, de 54 años de edad, era uno de los más buscados en la entidad guariqueña. A comienzos de 2022, salió en un video con amenazas dirigido a los productores de Guárico para exigir los pagos de extorsiones a cambio de permitirles trabajar sus tierras.
Trueno VII, por el contrario, sí contó con mayor propaganda. El operativo desplegó cientos de funcionarios entre el 27 y el 29 de septiembre en las parroquias Petare, La Dolorita y Filas de Mariche, del municipio Sucre de Miranda, y ejecutó a 14 hombres y un menor de edad. Los familiares de la mayoría de las víctimas señalaron que los suyos no estaban vinculados a las bandas de “Wilexis” y “Los Chicorrios”, que supuestamente eran el objetivo de la movilización de los funcionarios.
Dos hechos marcaron las principales incongruencias en los reportes oficiales. Tres de las 15 víctimas fueron detenidas en otros municipios horas antes de que las autoridades las señalaran por haber participado en los presuntos enfrentamientos. Familiares contaron que otras tres personas fueron arrestadas en sus casas en Petare y Filas de Mariche y asesinadas en otras zonas de la populosa parroquia.
A mediados de octubre, el Cicpc atacó otra vez al Tren del Llano, en lo que podría considerarse la operación Trueno VIII. Nuevamente, fueron tres las víctimas y solo uno de ellos fue identificado: Henry José Milano Moreno, conocido “el Demonio”, señalado por medios locales como uno de los jefes de la megabanda mencionada.
Detenidos a Caracas
De acuerdo con el monitoreo hecho por Monitor de Víctimas, en al menos siete de estos operativos detuvieron a 323 personas. La mayor cantidad de arrestos ocurrió en septiembre en Guárico, cuando se reportaron 188 personas detenidas por diversos delitos. Al menos cuatro de estas eran integrantes del Tren del Llano.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó luego de los hechos de Yaracuy, en mayo pasado, que a la fecha se había arrestado a 150 personas durante los dos operativos “Trueno”. Pero las cifras no cuadraron. En Guárico, durante la primera incursión, detuvieron a 24 personas y en Yaracuy solo fueron 32 los capturados.
Los detenidos en las operaciones “Trueno” en cinco estados del país fueron trasladados hasta Caracas. En algunos casos fueron imputados por delitos como “terrorismo” y enviados a cárceles como Rodeo II.
Familiares de estos detenidos denunciaron que nunca los dejaron hablar con los arrestados y aseguraron que les violaron el debido proceso porque fueron presentados después de las 48 de su detención, no los dejaron elegir una defensa privada y su proceso judicial, pese a ser detenidos en el interior del país, fue iniciado por el Distrito Capital.
Los familiares de los presos explicaron que estos traslados les dificultan las visitas los fines de semana, por lo costoso que les resulta viajar a la capital. Hoy, muchos de estos detenidos están desasistidos y aislados de sus parientes.
