El ex premier de Aruba, Nelson Oduber, asistió a la inauguración del BBA Bank, en la isla, en 2009. La directiva anunció en marzo de 2017 que liquidaría la entidad. De izquierda a derecha: Oduber, Leopoldo Castillo Bozo y Gabriel Castillo Bozo | Foto: 24 Oras
Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada
Un escueto comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Los dueños informaban que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”. Prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, los dineros depositados antes del cierre.
El hecho conmovió a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según publicó el periodista venezolano radicado en Miami, Casto Ocando.
Por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, se enfrentaban a la clausura forzosa de un emprendimiento financiero.
Aruba fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor –formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber de sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.
