La decisión fue emitida este martes 14 de julio por el juez Darrin P. Gayles, quien dictó una sentencia por incumplimiento contra Nicolás Maduro, el empresario Alex Saab, otros cinco acusados y el denominado “Cartel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos funcionarios militares venezolanos.
De acuerdo con un reporte de The Associated Press, los demandantes son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes aseguraron que fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos durante el tiempo que permanecieron detenidos en Venezuela. En la demanda presentada el año pasado alegaron haber sufrido descargas eléctricas, posiciones de estrés, golpes y otros métodos de tortura que, según afirmaron, continúan afectándolos a ellos y a sus familias.
Las denuncias forman parte de una serie de casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país, algunos de los cuales también han sido examinados por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
Liberación tras un intercambio con Estados Unidos
Los tres estadounidenses fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado entre la administración del presidente Joe Biden y el gobierno venezolano. El acuerdo permitió la salida de Kenemore, Saad y Marval a cambio de Alex Saab, empresario señalado por funcionarios estadounidenses como una figura clave dentro de la estructura financiera del gobierno de Maduro y quien se encontraba detenido en Estados Unidos mientras enfrentaba un proceso por acusaciones de lavado de dinero.
El fallo judicial
En su decisión de 19 páginas, el juez Gayles sostuvo que los secuestros y otros delitos denunciados formaban parte de acciones destinadas a sostener el poder político de Maduro y permitir la obtención de ganancias ilícitas.
La sentencia fue emitida contra los acusados que no respondieron a la demanda presentada ante la corte estadounidense. Sin embargo, Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo, luego de que sus abogados comparecieran en abril para solicitar el rechazo del proceso bajo el argumento de inmunidad por su condición de autoridad estatal. Los demandantes cuestionan esa defensa.
El caso fue presentado bajo la Ley Antiterrorista de Estados Unidos (Anti-Terrorism Act), una normativa que permite a ciudadanos estadounidenses afectados por acciones atribuidas a organizaciones extranjeras reclamar compensaciones económicas y buscar activos relacionados con los responsables.
El monto concedido constituye, hasta ahora, la mayor indemnización otorgada dentro de una serie de demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.
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