Si se va a hacer, que se haga bien. La asociación civil Acceso a la Justicia presentó este viernes, 23 de septiembre, un baremo para evaluar a quienes se postulen a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), basado en los principios constitucionales y de meritocracia.
Los directores de la organización, Laura Louza y Alí Daniels, insistieron en que el instrumento busca “que la excelencia llegue al TSJ” y así el país logre tener magistrados que se atrevan a decirle “no” al poder, y que sean realmente independientes e imparciales. Su expectativa es que este baremo sea tomado en cuenta y que luego se publiquen los resultados en aras de la transparencia.
El proceso de renovación total del Tribunal Supremo, derivado de los acuerdos de la mesa de diálogo entre el oficialismo y parte de la oposición venezolana, hasta ahora solo ha concretado la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ el 1 de septiembre.
Aún se debe conformar el Comité Preliminar integrado por los diputados de la Asamblea Nacional, para luego abrir el lapso para escoger a 12 miembros de la sociedad civil y después crear el Comité de Postulaciones Judiciales. Solo entonces se podrán postular las y los aspirantes a magistrados.
Estimaron que el proceso puede durar entre dos a tres meses, y en este sentido Daniels opinó que no se le está dando la suficiente prioridad al asunto y que esto también contribuye a retrasar el proceso general hacia una transición democrática en Venezuela.
El instrumento de evaluación tomó en cuenta referencias en otros países como México, Chile y España, entre otros, y busca establecer unas pautas o características base en cuanto al perfil profesional, académico y judicial del aspirante, a las que se le asignan puntos para un puntaje final que determine su idoneidad para asumir el cargo.
Además de los años de experiencia o el nivel de profesionalización, entre los aspectos a valorar incluyeron por ejemplo que no tenga denuncias en su contra por delitos como violencia de género, que no haya cometido plagio o que no aparezca en informes nacionales e internacionales que los acusen de violación de derechos humanos.
Louza y Alí Daniels indicaron que le harán llegar la propuesta a los integrantes de la Asamblea Nacional de 2015, con quienes han mantenido contacto.
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