Durante un foro virtual organizado por Analítica el pasado 30 de septiembre y conducido por Emilio Figueredo los analistas Fermín Mármol García, Joel García y la periodista de investigación y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, Ronna Rísquez, advirtieron que la militarización y desprofesionalización de los más de 130 cuerpos policiales del país hicieron colapsar el sistema de seguridad, haciendo que el ciudadano le tema más a la policía que a los delincuentes.
A juicio del abogado criminalista Mármol García, la complejidad del mapa de seguridad venezolano no es solo un problema de desorden administrativo, sino un quiebre directo del mandato constitucional que anula la efectividad del Estado frente al delito.
“Es un bochinche institucional… Los preventivos investigan, los que investigan deben ser preventivos y los de seguridad de Estado hacen prevención e investigación, esto realmente colide con el espíritu constituyentista, con la función policial moderna, con la contemporánea; la correcta. Perdemos eficiencia, se solapan las funciones y se desdibuja una estrategia de un Estado moderno”, denunció el especialista
Igualmente, aseguró que Venezuela cuenta con un sistema de Justicia Penal que no comprende las labores de un fiscal del Ministerio Público y de un juez penal, lo que ocasiona que la ciudadanía no crea en sus instituciones y vean estos entes “como parte del problema”.
El miedo al uniforme
Por su parte, el abogado penalista y profesor de la Universidad Santa María, Joel García, centró su intervención en la dramática ruptura de confianza entre la ciudadanía y las autoridades, así como en la urgencia de rescatar la dignidad de la función policial.
“Un ciudadano cuándo ve una alcabala policial, cuando la policía le toca la puerta, cuando ve una comisión policial ¿siente seguridad o siente terror? Indudablemente, la respuesta es que todo ciudadano teme por su integridad y por su seguridad cuando ve a los órganos policiales y eso está muy mal… Cuando el ciudadano le teme más a la policía que al mismo delincuente esta sociedad está totalmente descompuesta”, aseveró García.
Además, instó a sustituir el actual control político-militar de los cuerpos policiales por un modelo civil centrado en la protección ciudadana. Ante esto, remarcó que en una Venezuela distinta, es indispensable trabajar en tres pilares fundamentales: “la depuración, la profesionalización y la dignificación del policía”.
A su juicio, la transformación del sistema no puede limitarse a la exigencia académica o al control ético, sino que debe ir acompañada de un cambio sustancial en la calidad de vida del funcionario.
“para tener funcionarios que no tengan la tentación de corromperse, tenemos que mejorar las condiciones laborales y dignificar a los policías”, expuso
De igual manera, expuso que el sistema judicial venezolano está en deuda con respecto a lo que establece el artículo 272 de la Constitución (apartado que estipula la obligación que tiene el Estado de garantizar un sistema penitenciario enfocado en la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos).
“Estamos lejísimos de llegar a lo que la constitución predica y aspira del sistema de Justicia que debemos tener… Ese sistema debe ser independiente, donde los jueces no le teman al poder, sino que solamente le teman a la constitución y a la ley”, proclamó García
¿CICPC contra “La Piedrita”?
Tras responder qué organismo debería enfrentar al crimen organizado en el país Ronna Rísquez, coordinadora de ARI y periodista de investigación especializada en crimen organizado, violencia y prisiones, abordó las contradicciones tras los anuncios de operaciones conjuntas contra colectivos como “La Piedrita”.
Para la investigadora, atribuirle esta tarea a la policía científica (CICPC) o plantear cooperaciones con el FBI carece de lógica operativa, pues refuerza la distorsión de las funciones y objetivos de los cuerpos de seguridad.
“El CICPC es un cuerpo de investigación encargada de hacer otro tipo de operaciones, al igual que el FBI. Esto no quiere decir que no puedan participar, pero ya está muy claro… No hay que hacer una investigación para saber por qué la piedrita tendría que ser un grupo armado que no debería estar operando en el país”, enfatizó Rísquez.
La especialista recordó que los grupos policiales de élite creados para combatir el delito grave terminaron desvirtuándose. Acotó que estas unidades tácticas (que debieron usarse para erradicar el crimen organizado) terminaron siendo desviadas para ejecutar abusos como perseguir ciudadanos en sectores populares y acosar a la oposición política.
Ante este escenario, Rísquez subrayó que cualquier estrategia seria para desmantelar bandas criminales comienza por una reforma policial profunda y una reinstitucionalización real, donde se redefinan las funciones, la ética y el perfil de los funcionarios que integran los organismos de seguridad.
Apure como espejo: La incapacidad de la FANB frente a la guerrilla
Rísquez señaló que combatir a la guerrilla desborda el alcance policial y le corresponde a la Fuerza Armada como asunto de seguridad nacional.
Asimismo, la periodista rememoró los eventos ocurridos en 2021 durante la denominada “Guerra de Apure”, donde las disidencias de las FARC se enfrentaron a las fuerzas venezolanas e incluso secuestraron a un grupo de militares.
“La Fuerza Armada no pudo doblegar en ese momento a las disidencias de las FARC; si la FANB no pudo con ellos, ¿cómo se va a pensar que eso lo va a hacer un policía?”, cuestionó Rísquez, insistiendo en que el país requiere unidades con formación, finalidad y preparación especializada para encarar la delincuencia de alto nivel.
Seguridad ciudadana
Los especialistas aseguran que para poder tener fuerzas de seguridad que garanticen la protección de la ciudadanía frente a cualquier evento inusual que pueda presentarse es necesario contar con un presidente y/o presidenta que dé importancia a la seguridad ciudadana, para que este punto no quede en segundo o tercer plano.
“Si dices que quieres ser cómo el zorro, como Don Diego de la Vega porque buscas las justicia, eso es totalmente falso, porque sabemos que ni siquiera justicia tenemos en Venezuela y que el aparato judicial no funciona” comentó Joel García
De igual manera, García invitó a cuestionar quiénes realmente deben entrar en el sistema de seguridad ciudadana y que, más allá de pensar en reformas estructurales de leyes, hay que pensar en una reestructuración profunda de todo el ecosistema de policial que protegerá al pueblo.
Mármol García, por su parte, opinó que existen factores que afectaron la forma en la que piensa y actúa el venezolano bajo “esta cultura de la viveza criolla, del facilismo, la autogestión. Por supuesto, el menor esfuerzo posible bajo la cultura de la aduana, la cultura de todo lo importamos”, comentó.
En este mismo orden de ideas, sintetizó que reestructurar el sistema de seguridad requerirá no solo reformas policiales o judiciales, sino un profundo rescate de la cultura ciudadana y la legalidad frente a décadas de permisividad y facilismo.
Ronna Rísquez finalizó explicando que es necesario romper con estructuras sociales y políticas que se tienen en Venezuela para garantizar que los ciudadanos puedan contar con organismos que defiendan y velen por sus derechos humanos.
“Eso tiene que estar en las prioridades de un gobierno que pretenda llevar al país por un rumbo positivo… Y eso es algo que todavía no se está viendo y no puedo entender cómo se puede pensar en una estabilidad si no pensamos en la seguridad como parte de esa estabilidad”, precisó la periodista.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
