Tras el regreso de la líder opositora, María Corina Machado a tierras venezolanas el pasado 25 de octubre del 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Laboratorio de Paz han alzado la voz para exigir al Estado venezolano resguardar la vida y los derechos fundamentales de la dirigente política.
La CIDH recordó a través de un comunicado difundido en la plataforma “X” (antes Twitter) el compromiso del Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales de protección frente a cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de los opositores y defensores de derechos humanos en el país.
“CIDH reitera al Estado que el respeto de los Derechos Humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país”, precisó a través de la red social X.
#Venezuela: #CIDH toma nota del regreso al país de María Corina Machado, beneficiaria de medidas cautelares desde 2019. La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia, de conformidad con la Resolución 89/2024. Asimismo, la Comisión reitera su disposición a realizar una visita in loco a Venezuela, tal como lo ha solicitado al Estado.
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 26, 2026
LabPazVe y las garantías universales
La organización no gubernamental “el Laboratorio de Paz” se sumó a las exigencias, advirtiendo que el Estado venezolano tiene “la obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad personales, así como el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sin discriminación ni represalias por sus opiniones o actividades políticas. De conformidad con la Constitución venezolana y los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, precisó.
Enfatizaron que todas las autoridades competentes del país deben tomar las medidas necesarias para garantizar que Machado pueda circular, reunirse y participar políticamente “sin recibir amenazas, intimidaciones, persecución ni detenciones arbitrarias”.
Ambas instancias coinciden en que el acoso político viola los derechos humanos y responsabilizan a las autoridades por la integridad de la líder opositora.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó los parámetros de la Resolución 89/2024, mientras que la ONG sostuvo que “estas garantías deben extenderse a todas las personas, sin distinción de su posición política”, expusieron.
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