Con la mira puesta en un eventual escenario de “transición”, el partido político Vente Venezuela lanzó el pasado 24 de octubre del 2026 de forma oficial “Constructores“, una plataforma digital interactiva diseñada para llevar un registro de ciudadanos (con mayoría de edad) dentro y fuera del territorio nacional.
Aunque la herramienta busca estructurar un censo descentralizado y servir como un canal permanente de participación ciudadana, la seguridad de su plataforma fue cuestionada por especialistas durante un foro realizado por la ONG “Conexión Segura” este 4 de noviembre del 2026.
La página de Constructores tiene como propósito principal recabar información sobre la ubicación geográfica de los ciudadanos, así como mapear redes familiares para conformar una base de datos orientada a la organización electoral. Este registro busca servir como un elemento de presión y preparación logística para facilitar la actualización e inscripción en el Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A través de “Constructores”, los participantes podrán identificarse mediante una verificación biométrica, indicar su ubicación y aportar información de valía sobre la realidad de las familias venezolanas dentro del territorio nacional. Asimismo, esta plataforma permitirá responder consultas y presentar propuestas para las comunidades, municipios y estados del país.
Este instrumento está diseñado para ejecutarse mediante fases progresivas de recolección de información. La primera incluye un estudio de ubicación y parentescos para mapear la posición de los ciudadanos y sus núcleos familiares, además de un registro enfocado en consolidar una base de datos verificada de venezolanos fallecidos cuyos nombres las autoridades electorales aún no han depurado de los padrones oficiales. La segunda incorpora encuestas sobre dinámicas socioeconómicas familiares, espacios interactivos de consulta vinculados al plan de desarrollo del país (Venezuela Tierra de Gracia) y un módulo de presupuesto participativo.
No obstante, la abogada y defensora de derechos humanos Marianne Díaz Hernández alertó sobre los riesgos de la suma de información por capas: “Por más que estamos hablando de etapas, lo que se está diciendo es que esos datos se van a construir uno sobre otro en una sola base de datos y ningún partido político debería amasar esa cantidad de datos sobre una persona”.
¿Es segura para los venezolanos?
Díaz Hernández alertó sobre las implicaciones éticas y de control ciudadano derivadas de la recolección de datos biométricos.
Al referirse a la exigencia de escaneos y validaciones físicas en plataformas de registro, la especialista advirtió sobre la vulnerabilidad que experimenta la ciudadanía cuando pierde el dominio de su información personal y corporal. En su análisis, esta pérdida de control no solo vulnera la privacidad individual, sino que constituye un factor que debilita y erosiona los cimientos de la convivencia democrática.
Asimismo, hizo énfasis en el riesgo existente en el destino de los datos personales que suministran quienes se inscriben en “Constructores”.
“Un partido político no puede actualizar el registro electoral permanente. Ese escenario en el que se recopila una base de datos y se pasa al CNE y este actualiza, no es verdad”, expuso.
El riesgo de los datos biométricos
Por su parte, el director de la ONG y del programa “VE sin Filtro”, Andrés Azpurúa comentó que a diferencia de la huella donde “tienes que estar interactuando con un dispositivo”, el reconocimiento facial expone tu cara constantemente. Hizo una comparación para ilustrar este punto: “Es como si te obligaran a salir con una pancarta con tú número de cédula de identidad”.
La abogada Marianne Díaz Hernández dijo que más allá de que la plataforma esté blindada en seguridad y sea difícil hackearla, los datos “están siendo manejados por voluntarios, porque esto es una organización, asociación civil… No es el Estado”. Enfatizó que es imposible trazar una ruta para saber quién tiene acceso a esta información que incluye dirección, familiares, nombre, número de cédula y rostro.
En este mismo orden de ideas, el Ingeniero en sistemas, Giuseppe Gangi, proclamó que “una información tan delicada amerita auditorías externas, de alguna manera. Si el código estuviera abierto sería otra historia, y aún así todavía habría dudas”.
Durante el mismo foro organizado por la ONG Conexión Segura, la ingeniera y activista de derechos humanos Valentina Aguana Villegas advirtió sobre las deficiencias técnicas y de transparencia en los procesos de validación de identidad que implementan este tipo de herramientas.
Aguana Villegas indicó que el sistema efectúa cruces entre las plantillas biométricas de los usuarios y señaló las diferencias operativas frente a la administración de datos públicos por parte del Estado, la cual está sujeta a licitaciones y marcos normativos formales. Al respecto, apuntó que el manejo de esta infraestructura por parte de una organización política opera bajo otros parámetros en materia de estándares técnicos y supervisión externa.
Sugieren auditorías y frenar recolección de información biométrica
Gangi comentó que la organización política Vente Venezuela ha estado abierta a escuchar opiniones y a conocer las vulnerabilidades que el ingeniero en sistemas ha encontrado, las cuales han corregido. No obstante, instó a que las personas que se encuentran en la parte técnica de la plataforma entiendan que “se necesita más para creer y tienen que ir a buscar ese más, que son auditorías, explicar bien las cosas”.
Por su parte, Marianne Díaz Hernández reveló que “tiene que detenerse la recolección de datos biométricos y tienen que eliminarse los datos biométricos que ya se han recogido. apuntó también que la sociedad civil y los actores políticos deben impulsar juntos una ley de protección de datos personales que, según considera, “Ha sido urgente desde hace una década”.
A modo de cierre, los especialistas aclararon que este tipo de iniciativas no buscan desestimular la movilización cívica ni el uso de herramientas digitales para la organización ciudadana, sino señalar las inconsistencias estructurales detectadas. En consecuencia, concluyeron que es necesario que la plataforma corrija sus términos y condiciones, permita auditorías independientes y garantice la consistencia en su funcionamiento.
Asimismo, recomendaron a la ciudadanía abstenerse de entregar datos biométricos hasta que el sistema cuente con auditorías técnicas validadas, un respaldo legal transparente, jurisdicciones claras y pruebas públicas verificables que resguarden la privacidad de los usuarios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
