El acuerdo energético anunciado el 28 de agosto entre Estados Unidos y Venezuela ha generado tanto entusiasmo como profunda preocupación. Según los términos anunciados, North American Blue Energy Partners (NABEP), una poco conocida empresa energética estadounidense-venezolana fundada en 2024, operaría diecisiete campos petroleros venezolanos que contienen aproximadamente 65 000 millones de barriles de reservas probadas, respaldada por hasta 100 000 millones de dólares de inversión privada.
Aunque los contratos siguen sin publicarse, una disposición resulta particularmente trascendente: el Gobierno estadounidense adquiriría una participación del 35 % en la casa matriz de NABEP. Washington también tendría derecho a comprar el 20 % de su producción al costo y recibiría preferencia sobre el resto. Los yacimientos continuarían siendo propiedad de Venezuela y NABEP actuaría como operadora privada. Sin embargo, Washington pasaría a ser no solo un socio diplomático, sino también un inversionista y comprador privilegiado dentro del negocio petrolero venezolano.
¿Qué ocurre cuando una potencia extranjera se convierte en accionista del desarrollo de los recursos naturales de otro país? La historia sugiere al menos dos caminos posibles. La Ley de Hidrocarburos venezolana de 1943 demostró que los intereses energéticos estadounidenses podían coexistir con un marco petrolero más equitativo y una reforma política gradual. Irán, por el contrario, advierte cómo los intereses comerciales y geopolíticos extranjeros pueden imponerse sobre las instituciones democráticas y la soberanía nacional.
La Anglo-Persian Oil Company y el consorcio de 1954
La Anglo-Persian Oil Company, posteriormente Anglo-Iranian Oil Company y finalmente BP, surgió de la vasta concesión petrolera otorgada al financista británico William Knox D’Arcy en 1901. En 1914, el Gobierno británico adquirió una participación del 51 % en la compañía. APOC se convirtió después en una importante fuente de ingresos fiscales, energía para el mercado interno y combustible a precio reducido para la Marina Real. Sus intereses comerciales se hicieron cada vez más difíciles de separar de los del Estado británico.
Los sucesivos gobiernos iraníes procuraron obtener mayores ingresos y un control más amplio sobre su petróleo, pero la resistencia británica persistió. El intento por romper definitivamente el dominio del Reino Unido sobre el sector de hidrocarburos provino de Mohammad Mosaddegh. Nacionalista constitucional, buscó preservar las relaciones con Occidente mientras afirmaba la soberanía iraní sobre el petróleo del país. En 1951, su gobierno nacionalizó la industria. Gran Bretaña respondió mediante presiones jurídicas y económicas y un boicot que paralizó la capacidad de Irán para vender su petróleo. La administración Truman intentó inicialmente mediar, pero las compañías estadounidenses también temían el precedente internacional que podía sentar una nacionalización exitosa.
Bajo Eisenhower, la crisis quedó cada vez más entrelazada con el temor de que la parálisis económica y la inestabilidad política empujaran a Irán hacia la Unión Soviética. Funcionarios británicos y estadounidenses terminaron concluyendo que un arreglo petrolero sería improbable mientras Mosaddegh permaneciera en el poder. Fue derrocado mediante un golpe respaldado por británicos y estadounidenses en 1953, tras el cual el general Fazlollah Zahedi se convirtió en primer ministro y la autoridad del sha se expandió progresivamente.
El petróleo iraní regresó a los mercados mundiales bajo un consorcio creado en 1954. Aunque Irán conservó la propiedad jurídica de los campos y las instalaciones por medio de la National Iranian Oil Company (NIOC), y recibió el 50 % de las ganancias netas del consorcio, las compañías del consorcio controladas por extranjeros administraron la exploración, la producción y la refinación, mientras sus miembros compraban y comercializaban el petróleo. La nacionalización sobrevivió, por tanto, en el título jurídico y en la distribución de ingresos, pero no en el control efectivo de las operaciones. BP recibió el 40 % del consorcio; cinco compañías estadounidenses se repartieron otro 40 %; Shell obtuvo 14 % y una empresa francesa recibió el porcentaje restante. El Gobierno británico mantuvo su participación en BP.
El caso iraní ilustra cómo las preocupaciones geopolíticas de un gobierno extranjero pueden imponerse sobre las prioridades democráticas y el Estado de derecho. La participación estadounidense en NABEP plantea preguntas similares. Si un futuro gobierno democrático venezolano intentara revisar el acuerdo, ¿consideraría Washington ese esfuerzo como un ejercicio legítimo de la soberanía venezolana o como una amenaza contra un activo estadounidense? ¿Podría la protección de la inversión llegar a ser más importante que el respaldo al cambio político?
Sin embargo, Irán constituye una advertencia, no un hecho consumado. Washington tendría una participación minoritaria en la casa matriz de una operadora responsable de diecisiete campos, mientras Gran Bretaña controlaba una compañía con acceso casi exclusivo al petróleo iraní. NABEP coexistiría con otros operadores y la ley venezolana reserva a la república la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. Estados Unidos, actualmente el mayor productor de petróleo del mundo, también depende mucho menos del crudo venezolano que Gran Bretaña del iraní.
La alternativa venezolana
La propia historia petrolera de Venezuela ofrece un precedente diferente. En 1941, el presidente Isaías Medina Angarita inició negociaciones con compañías estadounidenses y británicas para promulgar una nueva ley de hidrocarburos. Su gobierno buscaba mayores ingresos, más refinación dentro de Venezuela y una participación más amplia de los venezolanos en la industria. La nacionalización no era el objetivo de Medina; aspiraba a establecer una relación más ventajosa con el capital extranjero. Sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la resistencia de los representantes de las compañías extranjeras frente a importantes demandas gubernamentales, lo que planteó la posibilidad de un enfrentamiento semejante al que había llevado a México a nacionalizar su industria petrolera en 1938.
Los incentivos geopolíticos que enfrentaba Washington eran, sin embargo, muy distintos de los que encontraría en Irán una década más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era una fuente crucial de petróleo para el esfuerzo bélico aliado, mientras los submarinos alemanes amenazaban las rutas de abastecimiento del Caribe. La administración Roosevelt quería que la producción continuara y aumentara. Su política del buen vecino también favorecía la cooperación y la no intervención en América Latina. La postura de Washington no era altruista: el acceso al petróleo venezolano seguía siendo su principal preocupación. No obstante, los funcionarios estadounidenses entendían que un acceso confiable requería un acuerdo estable que Caracas también pudiera considerar beneficioso.
Por ello, los gobiernos estadounidense y británico alentaron discretamente a las compañías petroleras de capital estadounidense y británico a adoptar una posición más conciliadora. La amenaza de expropiación, el recuerdo de México y los cambios dentro de la dirección de las compañías también ayudaron a romper el impasse. La resultante Ley de Hidrocarburos de 1943 aumentó los ingresos de Venezuela y fortaleció la supervisión estatal, al tiempo que otorgó a las compañías extranjeras seguridad jurídica y acceso a largo plazo a las reservas del país. Los gobiernos posteriores incrementaron la participación del Estado, hasta establecer la célebre fórmula de reparto de ganancias 50–50, incrementado la participación estatal en las siguientes décadas.
El petróleo no produjo la democracia. Venezuela continuó siendo un país políticamente restringido bajo Medina, un reformista que amplió las libertades políticas sin establecer una democracia plena. El camino del país hacia un gobierno democrático fue posteriormente interrumpido por golpes de Estado y una dictadura, antes de que la democracia finalmente se afianzara en 1958 y perdurara durante las últimas décadas del siglo. Aun así, el arreglo petrolero permitió a Venezuela desarrollar ingresos públicos, experiencia regulatoria y capital humano sin asumir todo el costo financiero y el riesgo operativo del desarrollo de la industria. Las compañías extranjeras formaron a ingenieros y gerentes venezolanos, expandieron la refinación nacional y consideraron cada vez más la legitimidad local como una condición necesaria para su supervivencia a largo plazo. Los gobiernos posteriores pudieron modificar progresivamente las reglas sin desmantelar la propia industria.
Esa experiencia sugiere un camino más constructivo para el acuerdo actual. Washington podría utilizar su influencia para proteger un arreglo opaco y a las autoridades que lo firmaron, sembrando las semillas de una futura reacción nacionalista. Alternativamente, podría emplear esa influencia para apoyar la reconstrucción institucional y la apertura democrática de Venezuela. La administración Roosevelt no creó la democracia en Venezuela, pero su diplomacia del buen vecino consideró el reformismo de Medina y un marco petrolero más equitativo como compatibles con los intereses estadounidenses.
Washington podría desempeñar hoy un papel similar al reconocer que la transparencia, el pluralismo político y una ruta creíble hacia elecciones libres fortalecerían su inversión en lugar de ponerla en peligro. Eso exigiría publicar los contratos operativos, someter la producción y los ingresos a auditorías independientes, fortalecer las instituciones regulatorias y políticas y preservar la competencia entre operadores privados. Sobre todo, Estados Unidos debería reconocer el derecho de un futuro gobierno elegido democráticamente a revisar y renegociar el acuerdo sin considerar automáticamente esa actuación como una expresión de hostilidad hacia los intereses estadounidenses.
Un acuerdo, dos caminos
Todavía es demasiado pronto para determinar qué camino seguirá la nueva relación. El acuerdo es lo bastante inusual como para que la historia no pueda ofrecer un pronóstico exacto. Pero sí ilumina las decisiones que podrían presentarse. Si Washington llega a considerar el cambio democrático como un peligro para su participación comercial, Venezuela podría repetir algunos de los rasgos más perjudiciales de la experiencia iraní. Si, en cambio, entiende que las instituciones legítimas, la capacidad nacional y una distribución justa de los beneficios constituyen fundamentos de la seguridad energética, el acuerdo podría asemejarse a la evolución negociada de la industria petrolera venezolana durante el siglo XX.
El acuerdo debería juzgarse, por tanto, no solo por el capital que atraiga, sino también por el tipo de orden político y económico que contribuya a crear. Podría convertirse en un incentivo para preservar la estabilidad autoritaria o en un instrumento para reconstruir una Venezuela próspera y democrática.
Marcus Golding es Dr. en Historia por la Universidad de Texas en Austin y fundador de Red Historia Venezuela. Su próximo libro, Foreing Petroleum Companies and National Development in Venezuela, 1936-76, será publicado por Bloomsbury en octubre de 2026 | marcus.golding.a@gmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
