El doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ha causado hasta ahora, según registros oficiales, 2595 fallecidos, 10 000 heridos y 12 841 damnificados. Más allá del importante impacto directo en la vida de más de 8 millones de venezolanos, la pérdida de infraestructura redefine por completo el panorama económico nacional.
Las evaluaciones satelitales preliminares del PNUD calculan los daños físicos directos en 6700 millones de dólares —cerca del 6 % del PIB—, mientras que las firmas privadas duplican esa expectativa hasta los 12 500 millones de dólares. Los datos de la NASA reportan 58 870 edificios dañados o destruidos en una región que concentra los principales motores de actividad no petrolera: Caracas, La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. Ante este escenario, el economista Asdrúbal Oliveros, economista e investigador de la UCAB, proyecta un impacto severo y estima el costo total de los daños y pérdidas entre 7500 y 9000 millones de dólares, lo que representaría un impacto potencial del 8,5 % del PIB.
Un aparato productivo fracturado
No todos los sectores económicos comparten la misma alarma. Desde la perspectiva empresarial, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, sostiene de forma preliminar que el efecto sobre el crecimiento del PIB en 2026 será limitado. Su argumento se basa en que el principal sostén de la economía, la industria petrolera, no sufrió daños estructurales debido a los sismos.
Sin embargo, esta visión contrasta con las proyecciones anteriores al desastre. El PNUD había calculado para este año un crecimiento del 7,4 % impulsado por el petróleo, pero advertía una inflación de 271,6 % y un consumo interno deprimido por un salario mínimo rezagado frente a una canasta alimentaria de 700 dólares. Con 1,7 millones de estructuras comprometidas en el centro del país y la estimación de la ONU de 50 000 personas desaparecidas, las condiciones de ese mercado interno cambiaron drásticamente. La pérdida de capital físico y humano altera las bases de cualquier previsión de crecimiento.
Las barreras para la reconstrucción
La teoría económica sobre desastres naturales señala que las naciones logran recuperar su PIB a largo plazo si cuentan con tres pilares: inyección rápida de capital, fortaleza institucional y tejido social. En Venezuela, la ausencia de estas condiciones dificulta el proceso. Como explica a The New York Times el economista Omar Zambrano, el evento genera necesidades urgentes de gasto público que el Estado venezolano no está en capacidad financiera de asumir.
De acuerdo con la información publicada por el medio France 24, el proceso superará este año las fases de rescate, remoción de escombros (estimada en seis semanas) y la recuperación temprana de redes básicas entre diciembre y enero. El verdadero cuello de botella económico se ubica en la cuarta fase: el rediseño y reasentamiento de damnificados, un proceso de construcción que tomará entre dos y tres años.
La escala financiera de esta última etapa es el mayor desafío. Estimaciones de Ecoanalítica sugieren que la restitución integral de la infraestructura pública, el aparato productivo y los servicios básicos requerirá cerca de 20 000 millones de dólares. Para contextualizar la viabilidad de este monto, el consultor José Gabriel Arapé advierte que la solución no se limita a la obtención de un fondo de emergencia —el cual calcula en unos 15 000 millones—, sino en la creación de una arquitectura financiera de largo plazo que sostenga el sistema.
El final del túnel está fracturado
Frente a esta colosal brecha de capital, la fragilidad fiscal previa y el deterioro acumulado de los servicios públicos limitan las opciones de respuesta inmediata. En estos momentos hay todavía más preguntas que respuestas. Queda por ver si el país cuenta con los canales institucionales y el reconocimiento internacional necesarios para movilizar estos recursos de forma transparente, o si el sector petrolero podrá compensar, de manera aislada, la paralización económica de las principales regiones industriales del centro del país.
Asimismo, queda pendiente saber si la reciente e inédita iniciativa de reestructurar la deuda externa podrá avanzar sin un programa económico integral y un marco de seguridad jurídica que genere confianza real en los mercados. Está en el aire determinar cómo se financiará la urgente reconstrucción física en un contexto de asfixia presupuestaria.
Finalmente, la gran interrogante institucional y social persiste: ¿será posible articular un plan de estabilización viable sin resolver la profunda crisis política de fondo, y podrá este esfuerzo atraer de vuelta al capital humano calificado que hoy se encuentra en la diáspora?
El éxito de la reconstrucción no dependerá únicamente de la atracción de capital, sino de la capacidad del país para edificarla sobre los escombros de la economía.
