El regimen de Daniel Ortega ha despojado de su ciudadanÃa a más de 300 nicaragüenses
El Gobierno de Chile ofreció este 21 de febrero, la nacionalidad y residencia a más de trescientos nicaragüenses que fueron expulsados o despojados de su nacionalidad por el regimen de Daniel Ortega.
La administración de Gabriel Boric señaló en un comunicado de prensa que realizan todos los trámites legales necesarios para ofrecer a los nicaragüenses protección internacional, lo que incluye la residencia en Chile y la posibilidad de acceder a la nacionalidad.
Comunicado de prensa por nicaragüenses privados de su nacionalidad
Más detalles aquÃ:https://t.co/MDW0HNwu1n pic.twitter.com/qHK9doS4EN
— CancillerÃa Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) February 21, 2023
Daniel Ortega ordenó la expulsión a Estados Unidos de un grupo de 222 presos polÃticos por “traidores a la patria”, incluidas siete personas que intentaron disputar la presidencia del paÃs a Ortega el pasado año y cinco sacerdotes. A todos se les despojó de su nacionalidad por medio de una reforma constitucional exprés.
Las autoridades de Nicaragua también despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes.
LEA Acnur: retirada de la nacionalidad a 300 nicaragüenses contraviene los derechos humanos
Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Seguridad Pública, según señaló el comunicado, serán los encargados de implementar esta decisión a la cual puede acceder de forma voluntaria cualquiera de los nicaragüenses a quienes se les despojó de nacionalidad.
“La historia de nuestro paÃs nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, transcienden las coyunturas polÃticas y forman parte de los estándares civilizatorios para la vida en sociedad”, señaló en un comunicado el Gobierno chileno.
A esta medida de Ortega igualmente se han opuesto los gobiernos de Mexico, Colombia y Argentina.Â



