Organizaciones venezolanas denunciaron torturas a estudiante de la UCV ante Consejo de DDHH de la ONU
El abogado Joel García escribió este martes 26 de septiembre en su cuenta de X (antiguamente Twitter) que después de 20 días de denuncias de torturas y detención arbitraria, la Fiscalía del Ministerio Público ordenó el traslado a esa sede del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.
“Estaremos informando”, dijo el representante legal del miembro de la comisión de usuarios del comedor universitario e integrante del Sistema Nacional de Orquestas “Simón Bolívar”.
Por su parte, Marino Alvarado, excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) las arbitrariedades cometidas con Álvarez.
“La tortura no es un hecho del pasado, el 30 de agosto el estudiante John Álvarez fue detenido y torturado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), aun aunque el juez denuncio las torturas la investigacion no se ha iniciado”, dijo Alvarado.
Según Wendelin Peña, madre de Álvarez, este fue víctima de una desaparición forzada por más de 24 horas.
“Él fue detenido injustamente, estamos destrozados como familia, pero en pie de lucha porque sabemos que es inocente”, dijo Peña.
“Cuando logré hablar con él tras ser detenido de manera extraña me dijo que le pusieron electricidad en su testículo, porque tiene uno solo. También le dieron golpes”, agregó Peña en un video de Youtube grabado por Provea.
García denunció que no conforme con torturarlo, a Álvarez le robaron sus pertenencias (moto, prendas, reloj, pulsera y otros objetos), además de vaciarle su cuenta bancaria.
A Álvarez lo vinculan con los seis sindicalistas condenados a más de tres lustros de prisión y le acusan de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Álvarez aseguró que funcionarios del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con un oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración frente a una cámara en la que implicaba al sindicalista Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal, Carlos Julio Rojas.
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