CIDH solicitó medidas “urgentes” para proteger a Juan Pablo Guanipa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictar medidas provisionales a favor de Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor quien cumplió 90 días detenido desde el 23 de mayo de 2025.

Según el organismo, Guanipa se encuentra en “una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”, al no existir información oficial sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que permanece bajo custodia.

Guanipa, coordinador del partido Primero Justicia en el estado Zulia desde el año 2000, fue un aliado clave de los opositores María Corina Machado y Edmundo González durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en los meses posteriores. La CIDH recordó que el político ha sido objeto de “persecución estatal de manera reiterada” por su actividad política.

El organismo ya había otorgado medidas cautelares a su favor el 7 de octubre de 2024 y había solicitado al Estado venezolano información sobre las acciones adoptadas para proteger su vida e integridad, sin recibir respuesta.

“Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Venezuela, no recibió respuesta alguna sobre las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de Juan Pablo Guanipa”, alertó la CIDH.

La Comisión subrayó que su situación se ajusta a los criterios de “extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño” establecidos en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como al artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, vigente en Venezuela desde 1999.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El organismo ya había otorgado medidas cautelares a su favor el 7 de octubre de 2024 y había solicitado al Estado venezolano información sobre las acciones adoptadas para proteger su vida e integridad, sin recibir respuesta
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictar medidas provisionales a favor de Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor quien cumplió 90 días detenido desde el 23 de mayo de 2025.

Según el organismo, Guanipa se encuentra en “una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”, al no existir información oficial sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que permanece bajo custodia.

Guanipa, coordinador del partido Primero Justicia en el estado Zulia desde el año 2000, fue un aliado clave de los opositores María Corina Machado y Edmundo González durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en los meses posteriores. La CIDH recordó que el político ha sido objeto de “persecución estatal de manera reiterada” por su actividad política.

El organismo ya había otorgado medidas cautelares a su favor el 7 de octubre de 2024 y había solicitado al Estado venezolano información sobre las acciones adoptadas para proteger su vida e integridad, sin recibir respuesta.

“Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Venezuela, no recibió respuesta alguna sobre las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de Juan Pablo Guanipa”, alertó la CIDH.

La Comisión subrayó que su situación se ajusta a los criterios de “extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño” establecidos en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como al artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, vigente en Venezuela desde 1999.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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