La organización no gubernamental Laboratorio de Paz manifestó su “profunda preocupación” ante las denuncias relacionadas con la campaña oficial “Yo me alisto”, que impulsa la administración de Nicolás Maduro, en la cual “se estaría obligando a las personas –incluyendo adolescentes- a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana y grabar videos en apoyo a esta iniciativa”, lo cual constituye un “alistamiento forzoso”.
Mediante un comunicado, Laboratorio de Paz recordó que a partir de los días 23 y 24 de agosto las autoridades convocaron a la “Gran Jornada Nacional de Alistamiento” en plazas Bolívar y unidades militares del país, con el objetivo de activar más de 4,5 millones de milicianos.
Sobre la campaña “Yo me alisto”, la organización indicó que “busca movilizar a amplias capas de la población como milicianos activos en un contexto de tensión política internacional, y como parte del modelo de defensa integral civil-militar sostenido por el régimen bolivariano”. El lunes 1 de septiembre Maduro informó que “8 millones 200 mil venezolanos se habían inscrito en el alistamiento militar”.
Según la organización, algunos testimonios señalaron que la campaña “ha derivado en prácticas de alistamiento forzoso de personas, incluyendo empleados públicos y adolescentes, así como en la obligación impuesta de realizar videos en apoyo a la iniciativa”. Para Laboratorio de Paz, “estas acciones constituyen violaciones graves de los derechos humanos, contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado”.
“La Constitución venezolana de 1999 establece de manera clara en su artículo 134 que ‘nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso’. El mismo texto fundamental reconoce, en su artículo 61, la libertad de conciencia como derecho humano fundamental”, indicó la ONG.
Asimismo, recordó que el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar ha sido reconocido como parte inherente de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela. También, señaló que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que “toda persona tiene derecho a ser eximida del servicio militar obligatorio si este contradice sus convicciones religiosas, éticas o políticas”.
“La actual normativa venezolana, al no reconocer esta garantía, coloca a los jóvenes y trabajadores en la disyuntiva de violentar su conciencia o exponerse a sanciones legales, administrativas y sociales. Coaccionar a empleados públicos para que participen en actos de alistamiento o graben videos de propaganda viola su derecho a la libertad de conciencia, de asociación y de expresión, reforzando el clima de intimidación laboral que impera en el sector público”, denunció la organización.
Laboratorio de Paz exhortó a las personas que sean “víctimas de alistamiento forzoso, o de coacción para participar en actividades militares”, transmitan sus denuncias, de manera privada, al correo electrónico labpazve@gmail.com.
Frente a esta situación, la organización señaló:
- Se debe detener de inmediato las prácticas de alistamiento forzoso de personas y la coacción sobre trabajadores del sector público.
- Garantizar que ningún derecho fundamental —educación, trabajo, identidad, movilidad— quede condicionado a la participación en la campaña “Yo me alisto”.
- Cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el sistema interamericano.
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