El Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, presentó su renuncia este miércoles, 25 de febrero, ante la Asamblea Nacional, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿La razón? En su carta de dimisión aludió razones personales y de salud.
Saab tomará la Defensoría de forma interina por un período de 30 días, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en tales sillas.
Ruiz Angulo fue designado en el cargo de forma interina desde el 1 de agosto de 2017 por la entonces recién elegida Asamblea Nacional Constituyente. El 17 de agosto del mismo mes, el cuerpo Legislativo lo ratificó en esa posición.
En 2014, Ruiz Angulo -quien es licenciado en Educación, mención Filosofía, con posgrados sobre investigación educativa y Derechos Humanos – había asumido la dirección ejecutiva de la Defensoría del Pueblo. En ese momento, el Defensor del Pueblo era su amigo Saab, a quien conoció mientras se desempeñaba como activista en derechos humanos vinculado a temas educativos y organizaciones religiosas.
En esos años también fue miembro fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se convirtió en una de las más cercanas al gobierno de Hugo Chávez.
Durante su permanencia en la Defensoría del Pueblo, Ruiz Angulo nunca se pronunció sobre los reclamos de los familiares de los presos políticos, las detenciones arbitrarias, las torturas y mantuvo silencio cuando mataron a manifestantes durante las protestas de 2019. Justo ese año fue sancionado por el gobierno canadiense por estar directamente implicado “en actividades que socavan las instituciones democráticas”.
Pero su despacho sí apoyó públicamente la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminó la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las graves denuncias de fraude y de que nunca se presentaron las pruebas de ese triunfo. En cambio, volvió a enmudecer ante el recrudecimiento de la represión poselectoral que dejó 25 muertes y más de 2.000 detenidos.
La inacción de la Defensoría del Pueblo durante los últimos años ha llamado la atención de organismos internacionales, los cuales la consideran como parte del aparato represivo del gobierno venezolano.
