Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

#MonitordeVíctimasCaracas | PNB mató a joven dentro de su propio conuco en Ojo de Agua

Rubén Cardozo mantenía a su madre y a su abuela de 105 años, comentó un familiar en la morgue de Bello Monte

 

Rubén Cardozo, de 25 años, también era colector de la Línea Chacaíto-El Valle

 

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Cada día, Rubén Cardozo recorría más de 14 kilómetros para ir a trabajar. Salía desde su casa en el barrio Ojo de Agua, en Baruta, rumbo a Chacaíto, donde abordaba un autobús para cubrir como colector la ruta que sigue hasta El Valle. Extenuado, volvía a su residencia a las 8:00 pm. Esa rutina se rompió la tarde del domingo, 18 de septiembre de 2022, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo balearon dentro de su casa en medio de un operativo que, según testigos, dejó varios muertos.

«Él era un muchacho que trabajaba mucho y hasta tenía su conuco. Fue allí donde lo mataron», afirmó un familiar en la morgue de Bello Monte, antes de retirar el cadáver. Aseguró que no estaba armado, pese a que los uniformados insistieron en que se trató de un enfrentamiento.

Cardozo, de 25 años, era el sostén de su casa, donde vivía con su madre y su abuela de 105 años. Era el mayor de tres hermanos. El del medio murió hace años en un accidente de tránsito y la menor vive fuera del país. Por eso, el joven era imprescindible a la hora de pagar las cuentas del hogar. Con su conuco abastecía a la familia de algunas verduras.

Entre enero y agosto de 2022, por lo menos, siete personas fueron víctimas de homicidio en Baruta.

#MonitorDeVíctimas |  Mujeres venezolanas ganan si el Estado cumple sentencia de la CorteIDH sobre Linda Loaiza
El 16 de septiembre de 2018, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciaron que la justicia venezolana había fallado estrepitosamente en el caso de tortura, abuso y esclavitud sexual más mediático del país. Ese día se dictaron una serie de medidas reparatorias que permitirían que las venezolanas sean menos vulnerables a la violencia de género

 

@loremelendez

 

Durante más de la mitad de su vida, Linda Loaiza López Soto ha tenido un propósito: que se haga justicia en su caso. Ella, la sobreviviente de crímenes de violencia contra la mujer más conocida del país, todavía no ha conseguido que el Estado venezolano responda a su tragedia, pero sí logró que lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace cuatro años dictó una serie de medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción que benefician y dignifican tanto a ella como a su entorno, acompañadas de unas garantías de no repetición con alcance nacional que permitirían que las mujeres venezolanas se sientan más protegidas.

Para comprender las reparaciones de la Corte, hay que volver a la historia de Linda Loaiza. En marzo de 2001, cuando tenía 18 años, un hombre la secuestró y la mantuvo en cautiverio durante cuatro meses mientras la torturaba, la hacía su esclava sexual y abusaba de ella física y psicológicamente. El culpable, Luis Carrera Almoina, hijo del reputado académico Gustavo Carrera Damas, recibió una condena en 2006 de seis años de prisión y salió en libertad dos años después, cuando un tribunal decidió que ya había cumplido su pena. 

Linda Loaiza no se detuvo en su empeño por frenar la impunidad. En noviembre de 2007 llevó su causa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde que ocurrieron los hechos, ella y su familia se habían dedicado a documentar su historia y todos los insumos le sirvieron para que, tres años después, su proceso fuese elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

“Yo siempre tuve la expectativa de que teníamos todos los elementos jurídicos para demostrar, ante el Sistema Interamericano, que el Estado venezolano era el responsable de las diversas violaciones cometidas en contra de mí y de mi familia”, señaló López Soto, quien estudió Derecho a lo largo de su proceso judicial y se convirtió en abogada.

La audiencia ante la Corte se llevó a cabo en febrero de 2018. En septiembre de ese mismo año, los jueces deliberaron sobre esta causa y sentenciaron que Venezuela incumplió con el deber de prevención de este tipo de delitos, así como con sus obligaciones estatales de prohibir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Determinaron que el Estado tampoco llevó a cabo la investigación con celeridad y la víctima no tuvo acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues los hechos fueron juzgados dentro de un marco normativo discriminatorio e incompatible con la Convención Americana porque se permitió que el debate se centrara en especulaciones sobre la vida de Linda Loaiza y no sobre el esclarecimiento de los hechos que terminaron afectando hasta a sus familiares.

 

 

En cuanto a las reparaciones, la Corte exigió uno de los pendientes clave para la protección de la mujer: que se dictara el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está en mora desde que se sancionó la legislación en 2007. También pidió que se pusieran en funcionamiento adecuadamente los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de estado, así como la adopción, implementación y fiscalización de los protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia y de las capacitaciones y cursos, de carácter permanente y obligatorio, que deben recibir los funcionarios que trabajan en el área.

La Corte ordenó además que se incorporara al currículo nacional del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades educativas, un programa de educación permanente bajo el nombre de “Linda Loaiza”, y que se pusiera en marcha de forma inmediata un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el país.

“La naturaleza de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos busca que no solamente sean beneficiadas las víctimas más allá de reparaciones, que nunca se cumplen. Esto es un beneficio individual como para la sociedad”, aseguró la víctima.

 

 

Tal como señala el análisis “La violencia contra las mujeres en las producciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, todas estas reparaciones se acogen a los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se refieren a obligaciones estatales que van desde actuar con diligencia para prevenir y sancionar todos actos de violencia contra las mujeres, garantizar que dispongan de “mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales” e implementar acciones en pro de la erradicación de “la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades”.

Lejos de reparar a Linda Loaiza, las autoridades venezolanas han permanecido en silencio y, desde 2016, se desconocen las cifras oficiales de violencia contra la mujer. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han registrado el ascenso de los asesinatos por razones de género. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que solo entre 2020 y 2021, los feminicidios saltaron de 212 a 290 en todo el país. Las estadísticas de Monitor de Víctimas en Caracas apuntan que, mientras que en 2018 estos casos representaban 0,9% de los homicidios perpetrados en la capital, en 2021 pasaron a ser 2,5% del total de las muertes violentas.

 

Reparaciones inexistentes

 

Aunque la Corte Interamericana y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, de la ONU) han determinado que las reparaciones son un elemento clave en los casos de violencia de género, el libro “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela”, redactado por las organizaciones Acceso a la Justicia y Cepaz, indica que este elemento, que debería ser la finalidad de este tipo de procesos judiciales, es inédito en la justicia venezolana porque esta se centra exclusivamente en las sanciones. 

“Ello ocurre debido a la ausencia total de centralidad en la víctima y de una falta de entendimiento sobre la importancia de las reparaciones”, se lee en el libro. El documento también subraya que las dificultades para acceder a la justicia y la revictimización constante hacen que las víctimas no las soliciten.

“El contenido de la obligación de reparar de forma integral a las víctimas de estos delitos no es una concesión realizada por las autoridades, sino que es uno de los estándares internacionales que el Estado tiene la obligación de cumplir, de modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado”, señala el libro.

 

 

El informe “Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de las Observaciones Finales de la CEDAW de 2014”, publicado en febrero pasado por Provea, destaca que esta falla se evidencia con la negativa de las autoridades judiciales a cumplir con la sentencia de la Corte sobre el caso de Linda Loaiza, la primera sobre violencia contra la Mujer contra Venezuela. “A tres años de esta histórica decisión, el Estado está en total desacato con las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en este caso”, señala.

Linda Loaiza confimó a Runrun.es que el único contacto que ha recibido en los últimos cuatro años (cuando se dictó la sentencia) desde la Fiscalía General, fue un correo emitido días después de que publicara su libro “Doble crimen: tortura, esclavitud sexual e impunidad”, en el que ella y la experta en temas de género Luisa Kislinger explican con detalle todo lo sucedido. El episodio ocurrió en 2021, en medio de la pandemia, cuando por orden del gobierno de Nicolás Maduro en el país todavía se limitaban actividades presenciales de cualquier índole en aras de evitar más contagios por Covid-19. Por esa razón, la víctima pidió que la reunión en el despacho oficial a la que se le invitaba, y cuyo motivo nunca se aclaró, se hiciera online. Sin embargo, jamás recibió respuesta a su petición.

Para Linda Loaiza, acudir al Sistema Interamericano fue “una oportunidad para ser escuchada como víctima por jueces imparciales, donde sientes que te escuchan dignamente, donde se garantizan la defensa de tus derechos”. Sin embargo, sabe que el alcance de este logro tiene un límite. “Mientras no haya cumplimiento de esa sentencia todo queda impune. Es un saludo a la bandera”, aclaró. Todos los plazos para que se cumplieran las reparaciones de su caso vencieron hace dos años.

 

#MonitordeVíctimasCaracas | Lanzan del puente de Antímano a chofer de autobuses luego de robarlo

El cadáver de José Luis López fue hallado por paramédicos bajo el puente de Antímano, al oeste de Caracas

El cadáver de José Luis López, de 40 años, permaneció en la morgue de Bello Monte por 17 días antes de que lo pudieran identificar. En julio de 2022, delincuentes cometieron el mismo delito contra otro conductor de transporte público

@loremelendez / Foto: Carlos Ramírez

La familia de José Luis López, de 40 años, no supo más de él desde el pasado 24 de agosto de 2022. Era conductor de la línea de autobuses que cubre el tramo entre Carrizal y Los Teques, en el estado Miranda, y había dejado su casa en la capital de ese estado, alrededor de las 5:00 pm. Su cadáver permaneció en la morgue de Bello Monte por 17 días antes de que lo pudieran identificar.

Funcionarios de la medicatura forense caraqueña informaron a los familiares que López fue hallado por paramédicos la noche de ese 24 de agosto, a las 8:00 pm, bajo el puente de Antímano, al oeste de Caracas. Hombres que lo habían robado lo lanzaron de allí luego de darle un golpe en la cabeza. Como seguía con vida, los funcionarios lo llevaron al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, pero murió a la mañana siguiente.

Desde que desapareció, la familia de López lo buscó en hospitales, ambulatorios y morgues de Caracas y Los Teques. Pero no podían seguir su rastro porque la víctima estaba indocumentada. Finalmente, el viernes 9 de septiembre identificaron su cuerpo en la medicatura forense de Bello Monte por un tatuaje en su brazo.

 

López era padre de tres hijos, dos de ellos menores de edad. En Antímano, donde fue hallado, vive parte de la familia de una de sus hijas. Se desconoce si había ido de visita o si fue interceptado por sus homicidas en otro lugar.

El caso de López es similar al de Jesús Antonio Vásquez, de 40 años de edad, otro chofer de autobuses, de la Línea de Conductores La India, que asesinaron y arrojaron por el mismo puente en julio pasado. Durante 2022, 13 personas han sido asesinadas en Antímano, según el reporte de Monitor de Víctimas.

#MonitordeVíctimasCaracas | PNB mata a dos presuntos delincuentes en la Cota 905 durante operativo

La identidad de los muertos en la Cota 905 es desconocida

Fuentes de la morgue de Bello Monte confirmaron que los dos hombres fueron enterrados, sin posibilidad de ser velados por sus familiares, una semana después de los hechos

@loremelendez / Foto: Carlos Ramírez

La mañana del pasado 31 de agosto se registró un enfrentamiento entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y presuntos delincuentes en el sector San Miguel de la Cota 905, al oeste de Caracas. El hecho dejó dos personas muertas por herida de bala.

De acuerdo con reportes recogidos por medios de comunicación, los supuestos pistoleros arrojaron una granada a la comisión policial integrada por decenas de miembros de la División de Inteligencia Estratégica y la División Motorizada de la PNB.

La identidad de los muertos se desconoce, pero fuentes de la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), conocido como morgue de Bello Monte, confirmaron que los cadáveres fueron enterrados una semana después de los hechos, sin posibilidad de ser velados por sus familiares.

Durante el operativo, fueron incautadas dos armas de fuego.

En febrero pasado (2022) funcionarios de la PNB se desplegaron en Las Tejerías, estado Aragua, por tres días, para dar con el paradero de Carlos Luis Revete, apodado «Koki», quien era uno de los líderes de la megabanda que controlaba el tráfico de drogas, las extorsiones y los secuestros en la Cota 905. La operación culminó con la muerte del cabecilla del grupo criminal.

 

«Koki» huyó de la Cota 905 en julio de 2021, cuando policías y militares tomaron la zona por casi dos semanas y mataron a una treintena de personas, según testimonios de familiares y fuentes policiales a las que tuvo acceso Monitor de Víctimas.

El operativo llamado «Gran Cacique Indio Guaicaipuro» se extendió a otras zonas del Distrito Capital, así como a los estados Miranda, La Guaira y Carabobo. Un total de 11 de los caídos fueron alcanzados por balas perdidas, 9 fueron identificados como presuntos miembros de la banda de «Koki» y 10 fueron supuestas víctimas de ejecución extrajudicial. En los hechos, también murieron 4 funcionarios policiales.

#MonitordeVíctimasCaracas | Familiares denuncian femicidio de joven de 18 años por parte de su pareja
El hecho ocurrió en la casa del sospechoso, que se dio a la fuga. El presunto asesino es apodado «Cronchi», un hombre de 21 años, con quien llevaba dos años de relación. Parientes presumen que pertenece a una banda de delincuentes

@loremelendez

Los vecinos de la tercera calle de San Agustín del Sur escucharon el disparo. Algunos dicen que minutos antes oyeron una pelea; otros afirman que a la víctima la golpearon antes de matarla. Lo que sí sabe la familia de Yaneidy Alejandra Hernández Echanique, de 18 años, es que aquel balazo que rompió la quietud de la tarde del sábado, 3 de septiembre de 2022, fue para ella. El disparo le entró en la sien.

La joven fue hallada muerta dentro de la casa de su pareja, un hombre de 21 años de edad, con quien llevaba dos años de relación. Lo apodan «Cronchi» y se dio a la fuga desde que ocurrió el hecho. Parientes presumen que pertenece a una banda de delincuentes de la zona.

La muchacha había pasado la noche del viernes 2 de septiembre en casa de su novio y se había quedado allí durante el sábado. Alrededor de las 3:00 pm, se oyó el balazo que alertó a los vecinos. Aunque reaccionaron de inmediato, cuando fueron a auxiliarla ya estaba muerta.

 

Hernández Echenique era bachiller. Después de graduarse, hizo varios cursos para trabajar como peluquera y manicurista. Atendía a sus clientas a domicilio. Era la menor de dos hermanos.

Durante los primeros siete meses de 2022, hubo seis femicidios en el Área Metropolitana de Caracas. Dos de estos sucedieron en Distrito Capital y los otros cuatro en Miranda.

#MonitordeVíctimasCaracas | Estrangulan a laboratorista para robarlo dentro de su casa en El Valle

Migue José Cordero, de 52 años, estaba separado y tenía un hijo de 15 años

El cuerpo de Miguel José Cordero Rodríguez, desnudo y golpeado, fue hallado por los vecinos en el sector Cañicito de El Valle. El certificado de defunción dice que murió por estrangulamiento

@loremelendez | Foto: Carlos Ramírez

A los vecinos del piso de arriba de la vivienda multifamiliar donde vivía Miguel José Cordero Rodríguez, de 52 años, les pareció raro que la puerta de su casa estuviera entreabierta, la mañana del martes 16 de agosto de 2022. Al principio, pensaron que había salido a comprar el gas que ese día había llegado al barrio. Sin embargo, al ver que las horas transcurrían, uno de ellos se atrevió a acercarse más. Allí vio el cadáver tendido en el suelo en la entrada de la casa.

De inmediato, los vecinos avisaron a los familiares que viven en la zona: su hijo menor, de 15 años, y su exesposa están a pocas cuadras de la vivienda de Cordero Rodríguez, en el sector Cañicito de la calle Cajigal, en El Valle, al suroeste de Caracas. La mujer, junto a otro inquilino, entró y constató que su antiguo compañero estaba muerto. Su cuerpo desnudo y golpeado yacía en el suelo, con una cuerda en el cuello. El certificado de defunción dice que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Todo en la casa estaba desordenado, la cerradura había sido forzada y la puerta descuadrada.

Julio, el mellizo de Cordero Rodríguez, se enteró en horas de la tarde de ese martes. El cadáver de su hermano fue directo a la medicatura forense de Bello Monte. Fue ahí donde contó que lo único que el o los victimarios se llevaron de la casa fue comida. Desconoce si su hermano tenía dólares en efectivo, electrodomésticos pequeños u otros objetos de valor que también le hubiesen robado.

La última persona que habló con Cordero Rodríguez fue un amigo que lo visitó y se fue de su casa a las 9:00 pm, comentó el hermano de la víctima. 

Cordero Rodríguez trabajaba en el laboratorio del Hospital Materno Infantil de El Valle desde hace al menos 10 años. Antes, era empleado de Laboratorios Vargas. Era padre de dos hijos. Al mayor, lo mataron en un presunto enfrentamiento policial, en 2017.

La víctima nació en Cumanacoa, estado Sucre, pero se vino a Caracas a finales de los años 80. Él y su mellizo estaban entre los menores de una familia de 13 hermanos.

De acuerdo con datos obtenidos por Monitor de Víctimas, entre enero y julio de 2022, 12 personas han sido asesinadas en la parroquia El Valle, donde mataron a Cordero Rodríguez. Dos murieron en medio de robos.

Dos muertos y 373 nuevos contagios por Covid-19 registró Venezuela este #13A
Carabobo es el estado con mayor cantidad de casos

 

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de Covid-19 informó este sábado, 13 de agosto, que en las últimas horas se registraron dos muertes y 373 nuevos contagios en el país por el virus.

El estado con mayor cantidad de casos es Carabobo, con 173 y contagios activos en 10 de sus municipios. Le siguen Vargas (47), Aragua (36) y Miranda (33), según el reporte publicado por la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

En cuanto a las muertes, estas ocurrieron en Anzoátegui, donde falleció una mujer de 71 años, y en Caracas,  donde murió otra mujer de 86 años.

Según cifras oficiales, hasta la fecha se han registrado 540.102 contagios en Venezuela desde que comenzó la pandemia y 5.775 muertes. Actualmente hay 3.979 casos activos.

 

Falla en subestación eléctrica de El Junquito dejó sin luz a siete estados
El sureste del Área Metropolitana de Caracas quedó a oscuras por unos minutos, así como los estados Vargas (La Guaira), Miranda, Falcón, Táchira, Mérida y el Alto Apure

 

El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó la tarde de este sábado que una falla en la subestación eléctrica de El Junquito, motivada por las lluvias, dejó sin luz a siete estados del país.

A través de un contacto telefónico con la estatal Venezolana de Televisión, Reverol dijo que las lluvias afectaron los «pórticos de las líneas Barbecho-El Junko, de 69KB», lo que causó una «perturbación del sistema eléctrico».

Alrededor de las 4:40 pm, vecinos de la zona informaron a El Pitazo la explosión de una torre eléctrica en el Kilómetro 12, sector Luis Hurtado, de la carretera hacia El Junquito. El hecho generó un apagón en los Kilómetros 13 y 14 de la vía.

Tras la falla, el sureste del Área Metropolitana de Caracas quedó a oscuras por unos minutos, así como los estados Vargas (La Guaira), Miranda, Falcón, Táchira, Mérida y el Alto Apure.

Reverol advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas.