El exmandatario Nicolás Maduro enfrenta un nuevo obstáculo. Tras su detención en Estados Unidos el pasado 3 de enero, en el marco de la «Operación Determinación Absoluta», ahora se encuentra sin posibilidad de cubrir los honorarios de su equipo legal de defensa.
Barry J. Pollack, abogado de Maduro, denunció este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está “interfiriendo” en la defensa de su cliente, al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano pagar por estos servicios legales.
Según el escrito emitido por el jurista, la OFAC concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la “enmendó” sin explicación.
“La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”.
El equipo legal de Nicolás Maduro pidió a la OFAC que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar sus defensores.
El abogado añadió que Maduro “no puede costearse un abogado de otro modo” y que solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.
Negación a la defensa en Venezuela
En los últimos años, diversos informes de organizaciones de derechos humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, documentaron que a la gran mayoría de los presos políticos venezolanos fueron obligados a aceptar defensores públicos, aun cuando contaban con abogados privados dispuestos a representarlos.
A periodistas, políticos, disidentes y miembros de la sociedad civil se les impidió el acceso de sus abogados particulares a los expedientes, a las audiencias e incluso a los centros de detención, lo que dejó a muchos detenidos en situación de indefensión y con las garantías básicas del debido proceso vulneradas.
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