Una coalición de 11 organizaciones no gubernamentales lideradas por SOS Orinoco advirtieron que las nuevas licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos podrían convertir a Venezuela en el epicentro de uno de los mayores mecanismos de lavado de oro ilícito del mundo.
Las Licencias Generales 51A, 54 y 55 —que amplían las actividades permitidas con minerales venezolanos, incluido el oro— fueron calificadas por la sociedad civil como un “retroceso peligroso” que podría legitimar un sistema minero dominado por redes criminales, estructuras militares y grupos armados irregulares.
Según la nota de prensa, las medidas amplían significativamente el alcance de las autorizaciones previas en virtud de la Licencia General 51, que ya permitía transacciones relacionadas con el oro venezolano, incluidas aquellas vinculadas a la empresa minera estatal de Venezuela, Minerven, y sus filiales.
En el documento emitido por las ONG, señalan que la GL51A reabre un canal legal estrictamente controlado para el comercio de oro de origen venezolano, permitiendo transacciones comerciales autorizadas por EEUU mientras las sanciones principales siguen vigentes y la GL54 autoriza la estructuración comercial de acuerdos de inversión contingentes que pueden ampliar el acceso de EEUU al sector de minerales críticos de Venezuela.
Mientras que la GL55 es el “facilitador silencioso”, y quizás la licencia con mayores consecuencias estratégicas al autorizar negociaciones, memorandos de entendimiento, contratos contingentes y futuras estructuras de inversión, permite a los actores posicionarse de antemano dentro del sector minero de Venezuela antes de que existan reformas de gobernanza.
“Estas licencias corren el riesgo de crear uno de los mayores mecanismos de blanqueo de oro ilícito a nivel mundial. El oro procedente de zonas mineras ilegales de Venezuela, de lugares controlados por grupos armados y de países vecinos como Guyana, Brasil y Colombia puede
ahora blanquearse a través de canales venezolanos recién autorizados y entrar en los mercados mundiales bajo una apariencia de legalidad”, se lee en la nota.
Sector minero de alto riesgo
Según la declaración, el Arco Minero del Orinoco no es una industria extractiva convencional, sino un sistema donde confluyen entidades estatales, grupos armados irregulares, redes criminales y estructuras militares, que operan en conjunto para controlar la extracción y comercialización del oro.
Las organizaciones señalan que este modelo ha generado: destrucción ambiental sistémica, con el uso ilegal de mercurio e invasión de áreas protegidas. Violaciones graves de derechos humanos, incluyendo explotación de comunidades indígenas y trabajo forzado y delitos patrocinados por el Estado, donde el oro beneficia directamente a funcionarios y cuerpos militares.
Permitir transacciones con Minerven, la CVM o sus filiales —sin mecanismos estrictos de transparencia— podría, según la sociedad civil, “legitimar flujos de ingresos opacos que alimentan la corrupción, el narcotráfico y la financiación de grupos armados”.
Las organizaciones exigieron que no solo se revoquen las licencias generales emitidas por la OFAC para beneficiar al sector minero venezolano, sino que se sancione nuevamente a Minerven, la CVM y otras entidades asociadas a la explotación minera.
También solicitaron que se reconozca la deuda ecológica y el impacto sobre los pueblos indígenas, se excluyan «explícitamente» las zonas mineras controladas por grupos armados u organizaciones criminales, y se establecerán mecanismos de cumplimiento de normativa medioambiental y de derechos humanos.
*Con información de TC
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