El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que el Gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, reconoce la crisis penitenciaria, pero no asume responsabilidades.
El OVP señaló que en las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, reconocieron públicamente los problemas que la organización lleva décadas documentando: retardo procesal, criminalización de la pobreza, el uso prolongado de centros de detención preventiva y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
A juicio de la ONG, las cifras presentadas por Diosdado Cabello son contundentes: 58 714 personas están privadas de libertad en Venezuela. De ellas, 12 425 tienen más de dos años detenidas sin sentencia y, además, 8222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva.
Aunado a esto, el OVP recalca que el dato más preocupante es que el fiscal Lavoe reconoció que el 75% de los condenados admitió los hechos. Además, señaló que cerca del 70% de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país y que el 81% corresponde a personas que ingresan por primera vez al sistema penal.
En ese sentido, consideraron que las declaraciones de la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, merecen especial atención. Según Lobato, la organización que dirige debe atender a presos políticos, presos comunes, adultos mayores, adolescentes, niños y demás grupos vulnerables, reconociendo implícitamente la magnitud de la crisis existente.
Consecuencias devastadoras
Desde abril de 2026 hasta la fecha, el OVP ha documentado al menos 22 muertes bajo custodia del régimen venezolano. A ello se suma una conclusión alarmante de su Informe Anual 2025, en el que concluyeron que el 95% de los fallecimientos registrados estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna.
La organización destacó que durante años, bajo la gestión de Alfredo Ruiz, la Defensoría observó cómo se acumulaban denuncias de retardo procesal, hacinamiento, tortura, enfermedades, muertes bajo custodia y graves violaciones de derechos humanos dentro de los lugares de reclusión.
Reiteraron que las personas que pasan años esperando una sentencia están expuestas a enfermedades, al deterioro de su salud física y mental, a la ruptura de sus vínculos familiares y a condiciones incompatibles con la dignidad humana.
El Observatorio venezolano de Prisiones mencionó que desde el año 2005 se han implementado cuatro planes de reforma, múltiples comisiones, diagnósticos reiterados y promesas de transformación que, hasta el momento no han saneado la crisis penitenciaria. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de libertad sin sentencia, sobreviviendo en calabozos convertidos en cárceles permanentes y en desprotegidos por parte del Estado.
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