La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció en un comunicado que en cuanto a respeto a derechos humanos nada ha cambiado en la política Venezuela.
La organización indicó que pese a que el ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, vaticinó el éxito de un operativo para combatir el retardo procesal hay 1.200 juicios pendientes y 544 personas privadas de libertad por motivos políticos.
De esa cantidad de presos políticos, 468 son hombres y 68 mujeres; 190 son funcionarios de seguridad del Estado activos, 33 fueron miembros de organismos de seguridad, 284 pertenecen a la sociedad civil, hay 19 dirigentes políticos, tres sindicalistas, un periodista y un defensor de derechos humanos.
La ONG informó que dentro de las cinco centenas de presos políticos existen 41 personas con enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 adultos mayores, 18 casos de desaparición forzada, 23 extranjeros y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
JEP enfatizó que el propio Cabello reconoció que en el centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en la Zona 7 de Boleíta en Caracas había hacinamiento y funcionaba como un centro de ultraje.
La organización dijo que cinco meses después del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un “número importante” de presos políticos, aún siguen tras las rejas una cifra importante de personas por el simple hecho de pensar distinto.
JEP aseveró que con la aplicación discrecional de la Ley de Amnistía el Estado continúa utilizando la administración de la libertad a cuentagotas como una herramienta de amortiguación política a corto plazo.
El Helicoide fue una burla
Para JEP, el gobierno de Delcy Rodríguez solo disimula un compromiso adquirido con presos políticos, familiares y el gobierno de los Estados Unidos.
Muestra de ello fue la promesa de cerrar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, descrito como una “cámara de tortura”.
“El 23 de febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de trabajos de remodelación. Sin embargo, al 22 de mayo de 2026, el recinto no solo no había sido cerrado sino que permanecía activo con más de 20 presos políticos internados allí”, escribió JEP en un comunicado.
JEP denunció que el pasado 8 de junio, las autoridades venezolanas trasladaron a decenas de presos políticos y sociales desde El Helicoide hacia otras prisiones como La Planta, Yare, El Rodeo, Tocuyito, el INOF y Las Crisálidas.
Denunciaron que además del Helicoide, ningún otro centro de reclusión fue objeto de cierre. La Tumba (Sebin de Plaza Venezuela), el Dgcim en Boleíta, Ramo Verde, El Rodeo I, Tocorón, y más de 90 centros en 19 estados permanecen operativos.
La organización asomo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) ha continuado investigando casos activos de tortura asociados a estos lugares.
“Ningún centro está efectivamente cerrado, y las obras prometidas representan el riesgo de destrucción de evidencia forense sin inspección previa, situación que nuestra organización percibe como una operación de impunidad arquitectónica. Mecanismos independientes, nacionales e internacionales, permanecen sin acceso a estos recintos desde 2017”, expuso JEP.
Agregó que la represión contra defensores y activistas no cesa. Según JEP, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025.
EL CDJ expuso que la reducción respecto al año anterior no responde al cese de las prácticas represivas, sino al endurecimiento de las restricciones y a la autocensura generada por el miedo.
“El incremento de enero ocurrió en respuesta directa a las ONG que exigían condiciones para las liberaciones, las cuales fueron acusadas por funcionarios del gobierno de lucrarse de los familiares de presos”.
La organización sentenció que las carceles en Venezuela operan en contravención del Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual reza que el Estado está en la obligación de garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno, espacios dignos y el respeto a sus derechos humanos.
JEP indicó que ante la indiferencia del Estado, la misión de cada organización es documentar las torturas, denunciar ante las instancias internacionales y exigir sin descanso el respeto a la Constitución.
“La resignación no es opción. Son acciones de esperanza activa. Es la persistencia de la verdad contra la maquinaria del olvido”.
JEP informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos suma 24 años sin poder realizar una visita in loco a Venezuela; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) opera sin acceso al territorio; la reinstalación de la oficina de la OACNUDH sigue paralizada tres meses después de su expulsión y el andamiaje legal para retirar a Venezuela de la jurisdicción de la CPI sigue vigente.
“La persistencia colectiva en la exigencia del derecho, y la fiscalización internacional sin restricciones, constituyen el único camino transitable hacia una justicia verdadera. No nos detendremos hasta que la dignidad humana deje de ser una moneda de cambio y se convierta en la base innegociable de nuestra sociedad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
