Entre Washington y Caracas, el oro venezolano ha dejado de ser un proscrito. La flexibilización de las sanciones al sector minero, sumados a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas, prometen una lluvia de divisas y el desembarco, nuevamente, de corporaciones transnacionales.
Casi en paralelo, el fin del reinado de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero —muerto a manos de fuerzas estadounidenses en la zona minera de Las Claritas—, se vendió como el cierre definitivo del grifo financiero del Tren de Aragua.
El relato oficial es redondo: seguridad jurídica y pacificación territorial. Sin embargo, al contrastar las promesas con la realidad económica esperada en las calles, la fachada se agrieta. El oro se ha “limpiado” en las gacetas, pero las arcas públicas siguen secas y el bolsillo de la gente, vacío.
La paradoja ideológica y financiera
Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas en abril pasado, la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, marca de un plumazo y por unanimidad un cambio de paradigma radical frente al modelo estatista establecido por Hugo Chávez en 1999 y reformado en 2011 y 2015. El nuevo marco legal busca atraer inversión extranjera y reabrir el subsuelo al capital privado tras años de control exclusivo estatal. Mismo camino que ya se recorrió con el sector petrolero.
El Estado venezolano se reserva la propiedad del suelo al igual que con el sector de hidrocarburos y otorgará concesiones hasta por 30 años, prorrogables por 10 años más.
En teoría, un sector minero legalizado bajo el nuevo esquema de licencias y sin el freno de las sanciones debería nutrir las reservas líquidas del Estado. La presidenta (e) Delcy Rodríguez asegura que Venezuela cerró 2025 con una producción de 9,5 toneladas de oro y que la meta para este 2026 es superar esa cifra.
Entre 2025 y 2025, la extracción de oro registró un salto de 34,8% en el sector privado y de 81% en el sector público. Aunque Rodríguez no ofreció el desglose de las cifras, anticipó que proyectan un crecimiento del 30% para este año, apuntando directamente a fortalecer la generación de divisas.
Recursos bajo tutelaje
Sin embargo, la realidad financiera corre por vías distintas a las promesas oficiales. En cuanto al flujo de divisas, no hay optimismo entre los especialistas, pues advierten que los ingresos del sector de minería estarán bajo el mismo control directo que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el flujo financiero que genera el petróleo.
Adicional a eso, el economista José Guerra ha manifestado su escepticismo por una vulnerabilidad de fondo: el Banco Central de Venezuela (BCV) arrastra una opacidad estructural en la gestión de sus recursos, manteniendo la mayor parte de sus reservas inmovilizadas en oro en bóvedas o atrapadas en litigios internacionales, mientras que sus reservas operativas reales y líquidas permanecen en niveles mínimos.
De hecho, el oro que respalda las reservas internacionales del país, refleja una pérdida drástica de terreno. El país pasó de registrar 317 toneladas en febrero de 1999 a mantener apenas entre 52 y 60 toneladas en enero de 2026. Ese balance del BCV sale a la luz pública luego de 13 años de opacidad estadística, confirmando el debilitamiento de los activos que garantizan la liquidez monetaria frente a los niveles históricos de finales de los noventa.
Guerra ha explicado que al no ingresar esta riqueza minera de forma transparente al presupuesto nacional —el que debería financiar salarios reales, hospitales y servicios públicos—, el mineral se convierte en una renta opaca.
En el tablero de expectativas se agregan las de Estados Unidos.El secretario de Interior de ese país, Doug Burgum, a su regreso de una viaje a Caracas, aseguró que “Venezuela cuenta con 500 000 millones de dólares en recursos de oro, pero también tiene otros minerales críticos como la bauxita para el aluminio” que su país necesita para la defensa y bienes de consumo.
Que vengan las transnacionales
En 2018, el entonces ministro de comunicaciones y ahora presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela tenía la cuarta reservas de oro más importante del mundo equivalentes a 173 300 millones de euros.
En ese momento, aseguró que la certificación de las reservas de oro venezolanas la emitió la empresa canadiense Gold Reserve, con base a un área de 6 Km por 1 Km, donde se encuentra “la cuarta mina más grande del mundo, con 1.400 toneladas de oro, que equivalen a 54 mil 300 millones de euros en esa pequeña extensión de territorio”.
En este escenario, las reformas legales vigentes están meticulosamente diseñadas para blindar los contratos y dar seguridad jurídica al capital estadounidense que entra al juego tras las acciones de Washington, pero en este momento esos dólares no llegan al grueso de la población.
En todo caso, cualquier alivio cambiario coyuntural será cosmético si el torrente del oro legalizado no oxigena las venas de la economía pública de manera estructural, dejando intacta la disfuncionalidad de fondo que destruye el poder de compra del ciudadano común.
Por su parte, el economista Alejandro Castro indicó hace unos días que la falsa percepción de bienestar coexiste con una mayoría trabajadora cuyos ingresos están pulverizados.
El oro brilla legalizado en los papeles, pero en la economía real de la calle, solo expande la onda de precios inflados, vaciándole el bolsillo al ciudadano
La mutación del peaje en el sur
Más allá de lo que pueda pasar o no en las arcas nacionales, en las zonas mineras ya están ocurriendo noticias. La caída de alias Niño Guerrero no fue un simple operativo de seguridad ciudadana; fue un reordenamiento forzoso de la renta minera. El Tren de Aragua y sus lugartenientes operaban como el pulmón financiero de una estructura criminal a través de la extorsión violenta, como han documentado Ronna Risquez en su libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina e InSight Crime, entre otros.
La muerte de Guerrero Flores forma parte del “despeje” necesario para que las transnacionales puedan aterrizar nuevamente en las minas del sur del país. Sin embargo, especialistas locales del estado Bolívar y defensores del ambiente en la región advierten que la creación del Resguardo Nacional Minero bajo la nueva ley no erradica la estructura extractivista salvaje, sino que ejecuta una institucionalización del peaje.
Para el minero de a pie y el pequeño comerciante de las zonas de El Callao o Las Claritas, la vacuna no desapareció; simplemente parece haber cambiado de uniforme y de ventanilla institucional. Al mantenerse intacta una altísima estructura de costos asociada con la extorsión, los precios de los bienes básicos en todo el corredor minero siguen hiperinflados, proyectando su sombra hacia el resto del país.
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