La reciente operación militar que el Gobierno presentó como la caída del líder criminal Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero“, dejó fuera del foco a quienes habitan ancestralmente la parroquia San Isidro: los pueblos Pemón, Arawak, Akawaio y Kariña.
Mientras los titulares celebraban la captura del “Niño Guerrero”, comunidades indígenas quedaron atrapadas en un escenario que no eligieron: bombardeos, desplazamientos forzosos y destrucción de minas artesanales.
Según denunció Lisa Henrito, mujer indígena, 11 días han pasado después de este suceso, y los indígenas y mineros artesanales siguen envueltos en un drama oculto. Un drama que tiene más de 20 años vigente, no obstante, reina un silencio ensordedor.
“Los pueblos indígenas Pemón, Arawaka, Akawaio y Kariña, no eligieron vivir junto a las bandas armadas. El Arco Minero del Orinoco termino de transformar sus tierras ancestrales en zonas de guerra. Por años, han tenido que convivir con el miedo bajo el control de los sindicatos y ahora bajo el sistema”, denunció Henrito.
Las tres caras del silencio
Ni el Ministerio de Pueblos Indígenas ni otras instituciones han ofrecido cifras sobre heridos, fallecidos o daños colaterales. La ausencia de información oficial alimenta la desconfianza y deja a las comunidades sin mecanismos de protección. Este silencio institucional se repite en cada fase del conflicto minero y confirma un patrón de desprotección estructural.
El desalojo forzoso de las minas dejó sin sustento a miles de familias indígenas y no indígenas. Para los pueblos originarios, la pérdida del territorio implica la ruptura de su economía tradicional; para los mineros foráneos, significa quedar varados sin dinero ni transporte.
Líderes indígenas y no indígenas temen hablar por represalias de militares o grupos criminales que aún operan en la zona. A esto se suma la convivencia prolongada con actores armados y los vínculos familiares que, en algunos casos, generan un silencio que puede interpretarse como complicidad, pero que en realidad es supervivencia.
Olvido de los derechos indígenas
La Constitución venezolana reconoce la propiedad colectiva de las tierras indígenas y exige consulta previa para cualquier intervención. Sin embargo, ni el Arco Minero ni los recientes bombardeos cumplieron con ese mandato.
Para Lisa Henrito, lo ocurrido no representa justicia ni liberación del territorio. Lo que se observa es una reorganización del sistema de control, no su desmantelamiento. “Mientras el país celebra la caída de un criminal, las comunidades indígenas enfrentan las consecuencias de una intervención que no las protegió ni las escuchó”, expresó.
Henrito aseguró que la tragedia que viven los pueblos Pemón, Arawak, Akawaio y Kariña no se resolverá con operativos militares ni con titulares triunfalistas, eso “solo será posible cuando se reconozca la voz de quienes han habitado esas tierras por siglos, cuando se respeten sus derechos y cuando el Estado asuma su responsabilidad en el conflicto”, finalizó.
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