“La democracia no es un favor sino un derecho”, afirmó Isabel Carlota Roby, abogada senior del Programa para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center cuando estaba por finalizar la audiencia “Derechos Humanos en Venezuela: situación y oportunidad” en la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos este miércoles, 15 de julio. A esa frase le siguió una demanda urgente: “Espero que el Gobierno de Estados Unidos entienda eso”.
Roby fue una de las cuatro mujeres, y un hombre, que participaron en el acto donde un grupo de organizaciones civiles ofreció un diagnóstico detallado a los parlamentarios norteamericanos de lo que sucede en Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte de Washington, y en medio de la emergencia humanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio, día de San Juan, que devastaron al estado La Guaira, así como a decenas de edificaciones en otros cinco estados del país.
El panel lo completaron Martha Tineo, director de Justicia, Encuentro y Perdón; Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Laura Cristina Dib, directora del programa para Venezuela de WOLA; y Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas para América Latina de The Heritage Foundation, una organización identificada con las políticas de Donald Trump.
El grupo se encargó de describir el panorama nacional y de dejar claro que, pese a las buenas relaciones que Trump mantiene con la presidenta encargada y exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, las prácticas represivas, persecutorias y de censura, la inexistencia del Estado de derecho y de las instituciones y la no independencia de los poderes públicos continúan igual que cuando el exgobernante estaba al mando.
Señalaron que, contrario a las promesas propagandísticas del presidente estadounidense, los ingresos petroleros provenientes de las operaciones de intercambio hechas con el país nortemaericano, no han beneficiado a los venezolanos en los últimos seis meses. Al contrario, la falta de transparencia ha evitado que se conozca el destino de esos fondos.
Bajo estos argumentos y de acuerdo con el análisis de Runrun.es, hay cinco elementos que destacaron dentro del discurso de las organizaciones:
El (falso) cambio de autoridades
Las organizaciones civiles aclararon que aunque Maduro ya no está en el gobierno, todo su equipo sigue allí y al mando del país. No basta con los cambios que Delcy Rodríguez implementó en su gabinete y en las Fuerzas Armadas, porque lo que realmente hizo fue reciclar funcionarios. Esto se demuestra cuando convirtió ministro de la Defensa a Gustavo González López, militar que en la época de Maduro dirigió al Sebin y fue señalado por participar en persecuciones políticas y torturas; o con el caso de Vladimir Padrino López, quien salió del ministerio de la Defensa para ocupar la cartera de Agricultura y Tierras.
“No podemos hacer una diferenciación porque es una continuación”, afirmó Roby, quien posteriormente cuestionó que Estados Unidos negociara con el “régimen autoritario y criminal” que se mantenía en Venezuela.
Ese mismo grupo, dijeron, es el que aún ejerce la persecución y represión política, así como la censura en Venezuela, los cuales se han instaurado como políticas de Estado y no se han detenido porque Maduro salió de Miraflores.
Elecciones, justicia e instituciones
Para Martha Tineo, las próximas elecciones en Venezuela pueden considerarse un avance hacia la transición solo si se cumplen las necesidades políticas (libertad para que todos los políticos puedan postularse sin trabas) y técnicas (con un CNE independiente y legítimo, observadores internacionales no sesgados, garantía de inscripción en el Registro Electoral a los venezolanos en el exterior) que exige un proceso como ese.
Pero además de las elecciones, apuntó Tineo, esa transición también debe desmontar el aparato represivo del gobierno actual, conformado por un sistema judicial que no es independiente y por una serie de leyes vigentes que motivan las encarcelaciones en masa a quienes se oponen al chavismo. “Por eso insisto en que el tema debe tratarse con un enfoque amplio en derechos humanos”, recalcó.
Para Borges, los cambios democráticos llevarán tiempo, por eso las prioridades deben enfocarse en “proteger a la sociedad civil y reconstruir las instituciones democráticas”.
Las organizaciones civiles enfatizaron que sin justicia y estado de derecho es imposible la recuperación económica que forma parte de la estrategia de Marco Rubio para la reconstrucción de Venezuela. Y que no habrá transición mientras continúe la impunidad y no se hable de responsabilidades.
Presos políticos y ley de Amnistía
Para las organizaciones, la liberación de los presos políticos es un punto clave e impostergable para hablar de una transición. Durante sus intervenciones, recordaron casos como de Emirlendris Benítez, quien estaba embarazada cuando la apresaron, perdió a su hijo a raíz de las golpizas que le propinaron y hoy está en silla de ruedas por una lesión en la columna producto de las torturas que sufrió. Fue condenada a 30 años de prisión.
Insistieron en que pese a las excarcelaciones masivas ocurridas durante los primeros meses de 2026, aún hay más de 700 prisioneros políticos tras las rejas, y que muchos de los que salieron de la cárcel todavía tienen medidas que impiden su libertad plena, como la prohibición de salida del país o la presentación ante tribunales de manera periódica.
Tineo subrayó que la ley de Amnistía dictada por la Asamblea Nacional chavista fue “diseñada como una medida cosmética para aliviar la presión internacional” sobre el gobierno de los Rodríguez y ha sido un instrumento aplicado con discrecionalidad y para revictimizar a los excarcelados.
Terremotos de San Juan en un contexto autoritario
Las defensoras de derechos humanos aseguraron que la tragedia ocurrida en el país tras el doblete sísmico del 24 de junio llegó cuando Venezuela tiene más de una década sumida en una “crisis humanitaria, institucional y política” y también, dentro de un contexto autoritario que frena las iniciativas sociales y las libertades de los ciudadanos.
“Esto lo cambia todo”, destacó Roby, quien advirtió que este tipo de emergencias sirven a los autoritarismos porque son “expertos en ganar tiempo y capitalizar las crisis”.
Para Borges, los terremotos revelaron que la sociedad civil es una de las mayores fortalezas del país, porque fue esta la que se movilizó para “salvar vidas, documentar las necesidades urgentes, coordinar la asistencia humanitaria y apoyar a las comunidades afectadas”.
También afirmó que esta coyuntura es una oportunidad única para que Estados Unidos ayude a construir el “futuro democrático de Venezuela”. Roby apoyó el comentario y añadió que es momento de que Trump demuestre un interés por el país que vaya más allá de lo económico.
La importancia de la sociedad civil
Una de las recomendaciones de Borges fue la de “sostener a la sociedad civil independiente mediante apoyo flexible y de largo plazo”. Esto se traduce en un necesario respaldo a las organizaciones no gubernamentales que están en el país, que cuentan con bajos recursos y trabajan con dificultades en un territorio en donde se les criminaliza, se detiene a sus representantes y se restringe el espacio cívico.
Pero las organizaciones civiles no solo hablaron de las ONG venezolanas. Dib pidió que se diera acceso territorial a los distintos mecanismos internacionales de derechos humanos y que se restableciera la libertad de información. Borges pidió que se apoyara “la asistencia humanitaria a través de actores locales confiables”.
Ante los congresistas, las representantes subrayaron la relevancia de la Iglesia Católica en la sociedad venezolana, que ha abogado por la lberación de los presos políticos y que podría tener un papel en la reconciliación en Venezuela.
Los congresistas presentes, republicanos y demócratas, escucharon e hicieron preguntas. Ya luego se sabrá si, como lo pidió Roby, Estados Unidos habrá entendido que los venezolanos tienen derecho a la democracia.
