Venezuela continúa sumida en una emergencia múltiple que combina los efectos del doble sismo del pasado 24 de junio con una crisis socioambiental que se agrava en distintos puntos del territorios. Mientras organizaciones civiles, universidades, organismos internacionales y comunidades locales trabajan bajo el principio de “reconstruir mejor”, nuevas afectaciones golpean en el sur del estado Apure.
En el municipio Rómulo Gallegos, la población de La Victoria registra graves inundaciones que han dejado cerca de 2000 personas sin vivienda, sin enseres y sin medios de vida. Las aguas anegaron sectores completos y han obligado a las familias a evacuar y a improvisar refugios temporales en zonas más altas.
Los especialistas advierten que emergencias de este tipo se repiten cada año y responden, en gran medida, al desconocimiento de las dinámicas ambientales de los territorios, la ausencia de planes de ordenamiento y la falta de medidas de protección para las comunidades más vulnerables. La situación en Apure se suma a un panorama nacional marcado por fallas estructurales y riesgos acumulados.
Además de las inundaciones en Apure, se reportan afectaciones en los estados Portuguesa y Amazonas; derrames petroleros recurrentes; deforestación acelerada en el semiárido larense; y la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En paralelo, ciudades como Cumaná enfrentan crisis prolongadas de servicios: la capital de Sucre acumula 144 días sin agua por tubería.
En medio de este escenario, organizaciones sociales insisten en que la reconstrucción tras los terremotos no debe invisibilizar las demás emergencias que continúan destruyendo vidas y profundizando la pobreza. Piden atención urgente para las comunidades afectadas en Apure y para los territorios que, año tras año, quedan expuestos a inundaciones, contaminación y degradación ambiental.
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