El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre posibles agresiones físicas contra los internos de El Rodeo I, quienes exigen no ser encerrados en celdas con daños tras los recientes sismos debido a la total ausencia de planes de evacuación.
Familiares y defensores denunciaron este sábado 18 de julio el riesgo inminente de una nueva arremetida violenta contra los presos políticos recluidos en el Internado Judicial El Rodeo I. La alerta se encendió tras culminar las visitas familiares obligatorias del fin de semana.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el penal, los detenidos sufren constantes amenazas de sufrir ataques por parte del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otros grupos violentos. El objetivo de estas intimidaciones es obligar a los internos a ingresar a las celdas, a pesar de que la seguridad estructural de dichos espacios no ha sido avalada por una evaluación técnica independiente.
Actualmente, los presos políticos permanecen concentrados en un área común interna bajo máxima vigilancia y se niegan a quedar atrapados en zonas inseguras ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos. El temor responde a la desprotección vivida durante los recientes sismos, cuando los custodios los dejaron encerrados y sin resguardo por aproximadamente 45 minutos, y omitieron cualquier protocolo de evacuación. Hasta el momento, el Estado no ha diseñado planes de prevención ni ha permitido el ingreso de inspecciones externas.
Autoridades niegan torturas y descalifican a las víctimas
La crisis en el centro penitenciario se profundizó tras una reunión sostenida el pasado lunes 13 de julio entre los familiares de los detenidos y altos voceros oficiales, entre ellos el ministro para el Servicio Penitenciario, el viceministro y el director general de Atención Integral a las Familias.
El Comité denunció la falta de voluntad política para frenar los abusos dentro de la cárcel. “En lugar de asumir responsabilidades, investigar los hechos y adoptar medidas de protección, en reunión con víctimas el pasado lunes 13 de julio, las autoridades negaron y minimizaron las denuncias, descalificaron a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan, y no asumieron ningún compromiso para sancionar a los funcionarios involucrados ni modificar los patrones de maltrato denunciados”, fustigó la organización a través del comunicado.
Ante la inacción estatal que incrementa el peligro de repetición de tratos crueles, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió la aplicación inmediata de medidas de protección para los reclusos, una auditoría técnica externa de la infraestructura, el cese de las represalias y la destitución urgente de los altos directivos del sistema carcelario.
La organización recordó que las autoridades conocen la gravedad de la situación y tienen la obligación jurídica de actuar. “La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar”, puntualizó el texto.
El documento cierra advirtiendo que si el gobierno fuerza el reingreso de los detenidos a los calabozos bajo estas condiciones, asumirá la total responsabilidad por los daños que sufran la vida y la integridad de los prisioneros.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
