El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el proceso de transición en Venezuela iniciará el 1 de agosto tras la agenda anunciada por representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 con el gobierno interino. También anunció detalles del apoyo de su gobierno al país tras los sismos del 24 de junio.
Desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Rubio calificó el avance político como una “propuesta muy importante” que, a su juicio, recibió menos atención mediática de la que merecía. Detalló que el encuentro clave ocurrió la semana pasada entre el grupo que representa al parlamento de 2015 —organismo que la administración estadounidense reconoce como la autoridad legítima del país— y el gobierno interino.
El objetivo de este nuevo espacio no se limitará a la concertación política, sino a trazar la ruta de la transición: “Veremos cómo evoluciona, pero consideramos que ese acuerdo fue recibido de manera ampliamente positiva”, señaló. Ratificó que EE. UU. estará “muy comprometido” en el seguimiento del proceso.
Asistencia de EE. UU. por el sismo supera los 180 millones de dólares
A la par del escenario político, el secretario de Estado ofreció una actualización sobre los esfuerzos internacionales tras el devastador terremoto que afectó a Venezuela. Marco Rubio informó que el compromiso financiero directo de Washington ya supera los 180 millones de dólares y que actualmente evalúan el aporte de más recursos de asistencia.
Asimismo, el funcionario indicó que el Gobierno estadounidense está gestionando apoyo para que Venezuela logre acceder a líneas de financiamiento y crédito internacional destinados a la reconstrucción. Explicó que las autoridades aún trabajan en el balance definitivo del costo total de los daños materiales, y anticipó que será una cifra “considerable” debido a la magnitud de las tareas de remoción de escombros y la edificación de nuevas infraestructuras. “Los venezolanos también harán más”, concluyó Rubio ante la prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
