Un estudio realizado por el equipo de Cotejo.info concluyó que las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre el manejo de los escombros generados por los recientes terremotos en el estado La Guaira, corresponden a una “media verdad”. La investigación del medio analizó el discurso público del funcionario después del cuestionamiento ciudadano y ambiental alrededor de la disposición de estos residuos.
Durante una rueda de prensa realizada el 11 de julio, Rodríguez rechazó las denuncias hechas por diversos sectores que señalaban la presencia de escombros en las playas. En su intervención, dijo que estas observaciones le parecían una especie de “matriz desinformativa” y aseguró que los residuos no serían lanzados al mar.
Rodríguez explicó que los materiales que han sido recuperados tras los colapsos de las edificaciones serán procesados para su reutilización en obras de infraestructura pública, donde se destacan proyectos como la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El impacto ambiental en la costa
Cotejo.info constató que es cierto que no existe evidencia formal o registro documental que demuestre una orden gubernamental de lanzar los escombros directamente al mar. Según el equipo, al contrastar con investigaciones y reportes periodísticos sobre la zona se determinó que una cantidad importante de estos residuos fueron trasladados y depositados en zonas costeras.
Los especialistas del área ambiental consultados en la investigación de Cotejo advirtieron que la llegada de estos desechos al agua puede traer consigo grandes riesgos como la contaminación química de los componentes, la afectación directa a la biodiversidad marina local y la generación de impactos ambientales a largo plazo.
Vacíos legales
El informe incorporó el criterio técnico de Miguel Ángel Morales, ingeniero geólogo, geotecnista y exdirector de Gestión de Riesgos de Protección Civil Miranda, ofrecido en entrevista para Efecto Cocuyo. El profesional detalló que Venezuela carece de una legislación específica y actualizada que dirija la gestión de los desechos luego de un desastre de gran magnitud.
A pesar de la ausencia de leyes para emergencias, Morales precisó que las actuaciones del Estado deben regirse por el Decreto N.º 2.216, referente a las «Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos». Este reglamento explica que estos materiales se clasifican de forma general como residuos no peligrosos, pero el experto especificó que se necesita la aplicación del estándar Covenin 3838:2003 sobre Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos.
Finalmente, el análisis le recuerda al país que mantiene compromisos internacionales vigentes en materia de conservación y protección del medio marino. Morales enfatizó que los principios consolidados como el Convenio de Cartagena y el Convenio de Londres deben operar como parámetros obligatorios para garantizar un tratamiento ambiental seguro de los escombros provocados por el doblete sísmico.
Con información de Nota de Prensa.
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