El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 3 de agosto la muerte por presunto suicidio de Clorobaldo Araujo Vergara, privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y exigió una investigación “seria, independiente e imparcial” que permita esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.
🚨 #OVPDenuncia | Una muerte por presunto suicidio bajo custodia nunca puede quedarse sin responsables
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 3, 2026
En una prisión no basta con saber por qué murió una persona, pues lo verdaderamente importante es explicar por qué el Gobierno no logró evitar su muerte.
Cuando una persona… pic.twitter.com/wyVpE7Bmvi
A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la organización afirmó que “una muerte por presunto suicidio bajo custodia nunca puede quedarse sin responsables” y sostuvo que, cuando una persona fallece dentro de un establecimiento penitenciario, no basta con establecer la causa del deceso, sino que corresponde determinar si las autoridades adoptaron todas las medidas necesarias para proteger su vida.
La ONG señaló que recibió información según la cual Araujo Vergara murió por presunto ahorcamiento dentro del recinto penitenciario. En ese sentido, insistió en que las investigaciones deben establecer si existían mecanismos adecuados de vigilancia, si se aplicaron los protocolos de prevención y actuación, y si hubo omisiones por parte de los funcionarios encargados de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.
Investigación y rendición de cuentas
El OVP advirtió que las muertes registradas en cárceles venezolanas “rara vez vienen acompañadas de investigaciones transparentes o de la determinación de responsabilidades” y cuestionó que, con frecuencia, los expedientes concluyan con una causa de muerte sin esclarecer las condiciones que hicieron posible el desenlace.
La organización sostuvo que cada fallecimiento bajo custodia constituye un hecho de extrema gravedad que obliga al Estado a rendir cuentas y reiteró que, mientras no existan investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y garantías efectivas para proteger la vida de la población penitenciaria, continuarán las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema carcelario.
Contexto de las denuncias
El pronunciamiento se produce semanas después de que organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos advirtieran que el doble terremoto del 24 de junio agravó las condiciones de reclusión en distintos centros penitenciarios del país.
Los integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron daños estructurales en recintos como Ramo Verde y El Rodeo I, así como retrasos en las evacuaciones, denuncias de coerción, presuntas torturas y falta de información oficial tras la emergencia sísmica.
En esa oportunidad, las organizaciones solicitaron la liberación inmediata de los presos políticos como medida humanitaria, evaluaciones técnicas independientes de los establecimientos penitenciarios y acceso de organismos internacionales para verificar las condiciones de reclusión. También exhortaron a que la protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad forme parte de cualquier agenda de respuesta humanitaria para Venezuela.
Dos días antes del pronunciamiento del OVP, el 1 de agosto, el Clippve informó que los familiares de presos políticos cumplieron 200 días de vigilia permanente para exigir la libertad de los detenidos.
Familias de presos políticos alcanzan 200 días de vigilia permanente y reclaman la libertad como respuesta humanitaria
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 1, 2026
Durante estos 200 días las familias han sostenido campamentos, vigilias, jornadas de oración, ruedas de prensa y acciones de incidencia dentro y fuera de…
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