La página web de las Naciones Unidas informó que Venezuela formalizó su retiro del Estatuto de Roma tal como lo había anunciado el pasado 24 de julio.
El comunicado entregado a la Secretaría General de la ONU señala que, a pesar del retiro, Venezuela reafirma su compromiso histórico con la lucha contra la impunidad de crímenes graves, un principio que, según señala, está arraigado en su Constitución de 1999.
Venezuela sostiene en el comunicado que la Corte Penal Internacional se ha desviado de sus “nobles objetivos” y se ha convertido en un instrumento al servicio de intereses ajenos a la justicia y a la soberanía de los países, particularmente del sur.
El gobierno venezolano aseguró que la Corte ha perdido su legitimidad y que el retiro es una respuesta necesaria ante lo que consideran un doble rasero y una violación de los principios de autodeterminación.
De acuerdo con el artículo 127 del tratado, la decisión se hará efectiva un año después, por lo que Venezuela seguirá siendo Estado Parte hasta julio de 2025.
La Corte Penal Internacional concluyó en su momento que existían motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad al menos desde abril desde 2017 y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.
Retiro viola la Constitución
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Anciepol) advirtió que la denuncia del Estado venezolano contra el Estatuto de Roma y su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) es violatoria de la Constitución y el derecho internacional.
En un comunicado, los académicos recordaron que el Estatuto de Roma significó un “paso fundamental en la evolución de la sociedad internacional y el derecho internacional frente a los crímenes más graves de trascendencia internacional que ofendan la conciencia de la humanidad, y que no deben quedar sin investigación y castigo”.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, al ser un tratado “relativo a derechos humanos”, el Estatuto de Roma tiene “jerarquía constitucional”. En consecuencia, señaló Anciepol, dicho artículo dispone que las normas del Estatuto “prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Pronunciamiento
— Academia de Ciencias Políticas y Sociales (@acienpol) August 3, 2026
ante la denuncia del Estatuto de Roma por parte del Gobierno de Venezuela. https://t.co/H7tWwkMNvk pic.twitter.com/jvb1lpah9s
“No se detiene la investigación”
El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.
Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después; sin embargo, “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.
La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro.
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