La detención de funcionarios judiciales tras decisiones que favorecieron al llamado clan Convit vuelve a poner bajo escrutinio la independencia de la justicia venezolana, según reportó Transparencia Venezuela el pasado 19 de agosto. El episodio ocurre sobre una estructura marcada desde el gobierno de Hugo Chávez por la provisionalidad de buena parte de los jueces y por casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 después de otorgar libertad condicional al empresario Eligio Cedeño.
Desde entonces, durante la gestión de Nicolás Maduro, las denuncias sobre presiones, remociones y falta de independencia judicial se han mantenido, y ahora, bajo el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, un nuevo expediente vuelve a poner a los jueces en el centro de la discusión.
A continuación, se enumeran las claves del caso:
El sobreseimiento que favoreció al clan Convit
El 14 de mayo de 2026, la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso contra Ana Graciela Convit Guruceaga, hermana de Francisco Convit, bajo el argumento de una “atipicidad objetiva absoluta”.
Aunque el contenido completo de la decisión no ha sido difundido, fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela señalaron que la causa estaba relacionada con la trama Pdvsa-Cripto, en la que funcionarios y empresarios fueron señalados por operaciones de comercialización de crudo venezolano cuyos fondos no habrían ingresado a las cuentas de Pdvsa.
Semanas después, la defensa pidió extender el sobreseimiento a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos. La misma Sala atendió la solicitud.
Jueces y un abogado fueron detenidos
Las decisiones judiciales tuvieron consecuencias para quienes participaron en ellas. Según fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela, el juez ponente Rafael Osío fue detenido por agentes del Sebin.
También habrían sido detenidos el magistrado Orlando Carvajal, quien votó a favor de los dictámenes, y Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Marisela Castro.
El abogado Daniel Hernández Sarmiento, defensor del clan Convit y antiguo fiscal del Ministerio Público, también habría sido detenido. El magistrado Heriberto Antonio Peña, quien salvó su voto, fue removido de su cargo.
Una decisión cuestionada por la ausencia de la imputada
Una de las principales irregularidades reveladas está en la representación de Ana Graciela Convit. El fallo 338-26, difundido parcialmente por el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público Zair Mundaray, señala que el poder utilizado por su abogado provenía de una notaría pública de Florida, Estados Unidos.
El dato resulta relevante porque indicaría que la imputada se encontraba fuera de Venezuela y no estaba a derecho. La Constitución reconoce el derecho de toda persona a ser oída en cualquier proceso y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que los procesos penales deben paralizarse cuando un imputado se encuentra ausente.
Esa fue precisamente la razón por la que Heriberto Peña habría salvado su voto. La decisión de removerlo, pese a esa posición, es otro de los puntos que quedan abiertos en el expediente.
Los fiscales no habrían sido convocados
Los extractos conocidos de las decisiones indican que los sobreseimientos fueron dictados de oficio, sin que los fiscales del Ministerio Público fueran convocados a una audiencia oral y pública para presentar sus argumentos.
Tampoco los dictámenes aparecen publicados en el sitio web del Poder Judicial, según constató Transparencia Venezuela. La falta de acceso al contenido íntegro impide conocer con precisión cuáles fueron las razones utilizadas por la Corte para cerrar las causas.
El expediente trasciende las fronteras venezolanas
El caso adquiere mayor relevancia porque un sobreseimiento dictado en Venezuela puede ser utilizado por personas investigadas en otros países para sostener que no existe un delito precedente que permita acusarlas por legitimación de capitales.
Eso ocurrió con Alejandro Betancourt López, socio de Francisco Convit. En marzo de 2026, un tribunal español archivó una investigación por presunto blanqueo de capitales después de que su defensa presentara un sobreseimiento dictado en Caracas.
El cierre, sin embargo, no fue definitivo. En junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ordenó reabrir la investigación contra Betancourt, relacionada con presuntos fondos provenientes de un desfalco a Pdvsa estimado en 4 850 millones de dólares.
Quiénes aparecen vinculados al expediente
Francisco Convit Guruceaga está relacionado con Derwick Associates, empresa que recibió contratos millonarios del Estado venezolano durante la crisis eléctrica de 2009. También ha sido señalado en investigaciones internacionales por hechos relacionados con corrupción y legitimación de capitales.
Ana Graciela Convit es su hermana; Patricia Ferrando, su esposa; mientras que Jacinto Convit Ríos y Gonzalo Mendoza Guruceaga aparecen como familiares y accionistas de empresas registradas en Venezuela y Panamá, según la investigación de Transparencia Venezuela.
Mario Iliopoulos, propietario de la empresa naviera Seajets, también figura entre los beneficiados por los sobreseimientos. El Ministerio Público venezolano lo vinculó con operaciones de comercialización de crudo que, según la acusación, no fueron cobradas por Pdvsa.
Una justicia que vuelve a quedar bajo examen
El caso Convit no solo plantea dudas sobre la forma en que fueron cerradas determinadas investigaciones. También vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre independencia judicial, estabilidad de los jueces y poder político en Venezuela.
Y fuera del país, las consecuencias pueden ser todavía mayores: cada decisión cuestionada de un tribunal venezolano puede terminar convertida en una pieza utilizada para cerrar —o intentar cerrar— investigaciones sobre corrupción y blanqueo de capitales en otros sistemas judiciales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
