Un cuarto de siglo ha pasado desde que la abogada venezolana Linda Loaiza fue víctima de secuestro y tortura y según ella hasta ahora no habido justicia y mucho menos reparación.
Loaiza fue una de las invitadas de este martes 18 de agosto a La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.
La defensora de derechos humanos aspira que luego de 25 años el Estado venezolano procese a Luis Antonio Carrera Almoina por los delitos que cometió y que no lo siga favoreciendo.
“Una de las medidas otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de condenar al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos en mi contra y en contra de mi familia es que se investigue a ese ciudadano”, dijo Loaiza al panel conformado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.
Loaiza acusó en 2001 a Carrera Almoina de haberla secuestrado en un apartamento de los Palos Grandes en Caracas durante cuatro meses en los cuales fue abusada sexualmente, mutilada, agredida y torturada.
Después de ser absuelto en una primera instancia, Carrera Almoina fue condenado en 2008 a seis años y un mes de prisión por los delitos de lesiones graves y privación ilegitima de libertad, pero no calificaron los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
“Cabe destacar que hasta el momento lo más urgente es la búsqueda y captura del ciudadano Carrera Almoina. Sin embargo, no hay mayores evidencias de que la búsqueda se esté realizando. No he visto voluntad de las autoridades”, comentó Loaiza.
La abogada aseguró que Carrera Almoina está en libertad plena y puede incluso salir del país
“Yo desconozco donde está, de hecho la juez en la audiencia dijo que su paradero era desconocido. El sistema de justicia lo ha favorecido en todos los procesos judiciales que ha tenido”, agregó.
Loaiza manifestó que la propia CIDH dictaminó que el Estado había fallado en materia de prevención y sanciones a torturadores, además es responsable por la violacion a sus derechos, integridad, libertad y garantías judiciales.
Amaya añadió que el Estado venezolano fue señalado de cómplice y negligente.
“Fue la primera sentencia que condena al Estado venezolano por violencia de género. Para mí ha sido muy difícil enfrentar este sistema de justicia, no es posible que una víctima tenga que acudir 25 años a los tribunales y no encuentre respuesta”, aseveró.
Devoe defendió al Estado
Loaiza informó que el actual fiscal general de la República, Larry Devoe, fue el encargado de defender al Estado en el proceso que transcurrió en la CIDH.
“El se allanó, es decir, jurídicamente reconoció de manera parcial la responsabilidad del Estado. Reconoció las violaciones a derechos humanos, sin embargo, a pesar de esas disculpas públicas que él ofreció tanto a mi familia como a mí no ha pasado nada”, dijo Loaiza.
La abogada señaló que desde 2016 a 2023, un Tribunal de Control y una Corte de Apelaciones, ambas del área metropolitana de Caracas, se rotaban su expediente y no tomaban una decisión al respecto.
“Después de reiteradas solicitudes ante el Ministerio Público, a principios del mes de julio de este año aprobaron una orden de captura contra Carrera Almoina. Sin embargo, esta fue guardada en un expediente. Los encargados de realizar la captura no fueron notificados. Me convocaron a una audiencia en la Corte de Apelaciones este 11 de agosto, la cual no se realizó porque el día anterior fue que le pusieron un defensor público al acusado. Además, la audiencia no se podía celebrar sin la presencia de este”.
Loaiza dijo que un primer paso para resarcirse con las víctimas sería la aprehensión de personas como Carrera Almoina.
“Hasta el año 2006 que hice el conteo, a mi expediente lo habían revisado más de cien jueces y más de diez fiscales del Ministerio Público”.
La abogada señaló que en vez de reparar, el Estado venezolano la ha revictimizado.
“He sufrido amenazas, tuve un atentado justo después de salir de una audiencia de juicio con destino a mi casa y gozaba de una medida de protección que no se cumplía, hice una huelga de hambre en el año 2004 frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La sociedad cómplice de alguna manera ha permitido que en este caso el acusado y su familia sean beneficiados y siga reinando la impunidad”, dijo Loaiza.
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