Transparencia Venezuela fijó posición respecto al acuerdo petrolero anunciado el 31 de agosto por la Casa Blanca, que según Estados Unidos, implica una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros en el país, equivalente a más del 20% de las reservas probadas.
De acuerdo con la ONG, aunque se requieren inversiones urgentes para el desarrollo, la falta de transparencia, legalidad y garantías democráticas de este convenio han generado dudas entre expertos, abogados y académicos del tema.
La organización identificó seis problemas primordiales en la negociación que se llevó a cabo después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, remarcando que este proceso se desarrolló sin información previa. De este mismo modo, se cuestionó el contrato con empresas extranjeras de espaldas al país y sin el conocimiento de los ciudadanos.
Contradicciones, inconsistencias y riesgos
Uno de los aspectos más señalados por Transparencia Venezuela es sobre la dimensión del acuerdo. Advierten que la entrega por 100 años no está prevista en la legislación vigente ni en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual fija un plazo máximo de 25 años con prórrogas de hasta 15 años por este tipo de acuerdos. Indican que esta inconsistencia se observó en las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien afirmó que el convenio se mantendrá por 25 años, contradiciendo el anuncio de Estados Unidos.
Este informe recuerda que la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional el poder de aprobar contratos de interés público y convenios internacionales. Transparencia indica que las proyecciones del Estado con respecto a la “recepción de 209 000 millones de dólares en 25 años” carecen de soporte al no especificar precios de referencia, regalías ni impuestos.
Ven con preocupación igualmente que no queda claro quiénes son las partes del convenio ni cuáles responsabilidades adoptarán el Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, NABEP y los operadores privados que participarán, así como tampoco el régimen fiscal que se aplicaría con base en el convenio.
Con respecto a los 17 campos petroleros involucrados en este acuerdo, destacaron la existencia de reclamos por derechos previos como el caso de Delta Finance en la empresa mixta PetroDelta, donde la participación fue transferida a Pacific Coast Energy Company en seis campos del país como Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. De la misma forma, se alerta sobre el riesgo de demandas internacionales por parte de países como China y Rusia, ya que no hay un cierre en la relación petrolera comercial con ellos.
Falta de transparencia y ausencia de legitimidad
La selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) como empresa para materializar el acuerdo también parece representar un punto de alerta para Transparencia Venezuela, quien exige investigaciones independientes sobre el origen de sus recursos y cómo operó en el país.
El informe destacó que su socio principal, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones judiciales en España y Suiza por el caso Atlantic, vinculado a 4850 millones de dólares.
Por otra parte, la ONG insistió en que aunque los nuevos capitales son indispensables para elevar la producción petrolera, la debilidad institucional es un factor que conspira en contra de la sostenibilidad de los acuerdos.
“Venezuela aún no cuenta con instituciones democráticas ni garantías suficientes para proteger a inversionistas, comunidades y ciudadanos. La deuda pública está en cesación de pagos desde 2017 y varias empresas que han ganado arbitrajes en el CIADI o juicios en Estados Unidos no han podido cobrar, como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12 000 millones de dólares. También se ha informado que Estados Unidos aportaría una parte importante del capital requerido, pero no se ha precisado en qué plazo se harían los desembolsos, bajo qué condiciones, contra qué garantías ni de dónde provendría el resto de la inversión”, advirtieron.
Ante todas estas preocupaciones, Transparencia Venezuela le exhortó al Estado a publicar de forma inmediata el convenio completo, los contratos y los estudios de impacto ambiental exigidos en el artículo 129 de la Constitución para asegurar “una transición con capitales constructivos”.
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