Después de haber cumplido una condena de siete años y seis meses de prisión, al teniente coronel Igbert Marín Chaparro lo quieren condenar a 30 años de cárcel.
La ONG Realidad Helicoide publicó en su cuenta de X que este lunes 7 de septiembre arrancó un juicio oral y público contra el militar por supuestos delitos de terrorismo, alegando que mientras se encontraba incommunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Familiares y miembros de ONG denunciaron que Marín Chaparro terminó de pagar su condena el pasado 9 de septiembre de 2025, sin embargo, para evitar su excarcelación, le fabricaron una causa denominada el “Caso La Viñeta”.
En una publicación en X, la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que la familia de Marín Chaparro ha reiterado en varias ocasiones el deterioro de la salud del militar, quien se encuentra con pena cumplida en la cárcel de El Rodeo I.
“Tras ocho años y seis meses de prisión, Marín Chaparro tiene tendinitis en su muñeca izquierda por el uso prolongado de esposas. Sus familiares han solicitado que le brinden atención médica especializada por su presión arterial, pero los han ignorado”, escribió el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su cuenta de X.
OVP recordó que a Marín Chaparro lo condujeron a una audiencia de presentación clandestina en la Dgcim el pasado 1 de febrero de 2024, en la cual lo imputaron los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria.
“En todo este tiempo tampoco han atendido sus hernias. Al poco tiempo de estar en la Dgcim tuvo un episodio de hipertensión y esto trajo como consecuencia la pérdida parcial de la visión de su ojo izquierdo, que tampoco fue atendida”, dijo al OVP Ignell Marín, hermana del preso político.
OVP recordó que la Defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lotato, se comprometió a revisar los casos de detenidos con patologías graves.
“Desde el OVP exigimos que cumpla con las atribuciones constitucionales que tiene como defensora del pueblo y traduzca sus promesas en acciones reales”, expuso la ONG.
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