«Todo el mundo nos pregunta: ¿Por qué no empezamos por la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral? (…) A aquellos sectores que dicen “elecciones ya”, “elecciones lo más pronto posible”, quiero decirles que apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad», dijo Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN 2015) y jefa de la delegación opositora en el proceso de negociación con el Gobierno interino, durante una sesión virtual con abogados del estado Mérida el pasado 10 de septiembre de 2026.
Figuera reiteró que las primeras acciones de la mesa de negociación con el Gobierno interino es el cambio de las leyes y del Poder Judicial antes de seguir con otros aspectos de la transición democrática.
La presidenta de la AN 2015 también señaló que en la segunda ronda de conversaciones con los representantes de la Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025), de mayoría chavista, estará previsto para el 15 de septiembre. En esa instancia se abordará la creación de una «mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, [de] la libertad de expresión».
Durante el encuentro, el dirigente opositor Sergio Vergara explicó que estas mesas estarán enfocadas en el cambio de las leyes, normativas e instituciones que la AN 2015 y la sociedad civil venezolana han detectado como herramientas de restricción y violación de los derechos fundamentales.
Entre las principales leyes que evaluarán estarán la Ley del Odio y la Ley de Fiscalización contra las ONG, dos estatutos que han perjudicado a más de 80 personas con detenciones arbitrarias y violación al debido proceso judicial, según ONG como Foro Penal.
Fin de una «primera fase»
El pasado 12 de agosto, la AN 2015 y la AN 2025 cerraron el primer ciclo del diálogo después de una semana de discusión.
Las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recuperar los activos de la reserva internacional del país depositada en Inglaterra y la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.
La AN 2025 modificó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a los nuevos magistrados, un paso que, a juicio de los opositores, permitirá que haya más independencia a la hora de hacer las designaciones.
Aunque la sociedad civil ha criticado la modificación de la Ley para incluir el papel de diputados chavistas en el proceso de selección de magistrados, llaman a las instituciones académicas y colegios de abogados a participar en el proceso para garantizar la transparencia del proceso.
