El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo estableció en 1981 y, en 2001, decidió dedicar esta jornada a la no violencia y al alto el fuego. Justo en la nota de prensa oficial de la conmemoración de 2026, la ONU resalta un principio fundamental respecto a este concepto: “La paz es más que la ausencia de guerra; es la base indispensable para afrontar colectivamente los retos de la humanidad. Es la experiencia vivida de la seguridad, la dignidad, las oportunidades y la cooperación en nuestra vida cotidiana”.
🌎 Respetar los derechos humanos
— ONU Desarrollo (@pnud) September 21, 2026
🕊️ Promover la no violencia
⚖️ Defender la libertad, la justicia y la cooperación
Construir la paz es responsabilidad de todas las personas.
Hoy, #DíaDeLaPaz, y siempre, recordemos que invertir en la paz es invertir en un futuro compartido. pic.twitter.com/dJ6uEvJk28
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó también este 21 de septiembre un mensaje en el que destaca que la construcción de la paz pasa por “respetar los derechos humanos, promover la no violencia y defender la libertad, la justicia y la cooperación”.
Las definiciones de lo que significa verdaderamente la paz en un país obligan a hacer una lectura de la situación en Venezuela desde la perspectiva de derechos humanos: ¿qué ocurre cuando no se garantizan la libertad, la participación política, la justicia, las condiciones materiales de vida, los servicios esenciales o una respuesta adecuada frente a una emergencia? ¿estamos realmente en paz en el país? Analizamos cinco factores que ponen en duda esa premisa, a partir de las denuncias y datos recopilados por organizaciones y organismos defensores de DD.HH.
La tortura sobrevivió al 3 de enero
La Misión de Hechos de la ONU determinó también que, pesar de los cambios políticos derivados de los eventos de enero de 2026, la práctica de la tortura sigue siendo generalizada en Venezuela. De los 64 nuevos casos documentados solo después del 3 de enero de 2026, el informe identifica patrones de extrema crueldad en prisiones de máxima seguridad e instalaciones militares.
El grupo de investigadores detectó mecanismos de tortura como “la máquina del tiempo” en cárceles El Rodeo I. Los detenidos allídenunciaron confinamientos prolongados dentro de una cisterna subterránea sellada. Otra práctica torturante identificada fue la intubación forzada y descargas eléctricas para forzar confesiones o infligir castigo y la existencia de celdas tipo fosas en la instalación militar Fuerte Guaicaipuro, la Misión investigó el encierro allí de civiles en fosas excavadas bajo el nivel del suelo, donde eran expuestos a frío extremo, privación sistemática de alimentos y tratos degradantes.
Todavía tenemos presos políticos y muertes bajo custodia
La libertad y la dignidad forman parte de las condiciones que la ONU vincula con la paz. Según el más reciente informe presentado en septiembre de 2026 por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU, la cifra estimada de personas que siguen detenidas por motivos políticos en el país se ubica entre 379 y 500 personas.
La Misión advierte que, a pesar de las excarcelaciones de cientos de presos políticos y de una reducción temporal en detenciones de larga duración tras los cambios políticos de enero de 2026, las estructuras represivas, los servicios de inteligencia y las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes.
Adicionalmente, hasta septiembre de 2026, el Observatorio Venezolano de Prisiones registraba que al menos 29 personas recluidas en cárceles venezolanas habían muerto en custodia del Estado entre abril y septiembre de 2026. De ese grupo, más de 10 han fallecido por problemas de salud no atendidos.
Las elecciones siguen en veremos
Después del controversial resultado electoral del 28 de julio de 2024, los reclamos de la oposición con actas en mano por la victoria de Edmundo González, los señalamientos del Centro Carter que evidenciaron las irregularidades del proceso y la intensa persecución contra los ciudadanos que protestaban contra la anunciada victoria de Nicolás Maduro, llegó el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de seguridad estadounidenses.
Los ciudadanos aspiraban a que, como dicta la Constitución, la presidencia encargada con el aval de Estados Unidos convocara a unas elecciones como lo contempla la Constitución después del tiempo reglamentario Pero, aunque la paz también implica libertad, justicia y participación, en Venezuela persiste la disputa sobre las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
Al asumir Delcy Rodríguez la presidencia encargada a inicios de enero de 2026 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se basó en el artículo 234 de la Carta Magna y declaró una “ausencia forzosa” o temporalidad inicial de 90 días, prorrogables por 90 días más. Sumando el periodo inicial y la prórroga permitida para una falta temporal, el límite máximo absoluto bajo esta figura es de 180 días, que se cumplieron a principios de julio de 2026. Por lo tanto, el mandato legal era convocar a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días, algo que debió ocurrir o cristalizarse plenamente a mediados de ese mismo mes.
Pero las autoridades encargadas del país han repetido el concepto de su tutor, el presidente estadounidense Donald Trump, sobre la imposibilidad de celebrar un proceso comicial presidencial en el corto plazo: que el país “no está en condiciones“. Y así, siguen corriendo la arruga en indica que sí se celebrarán, pero la fecha sigue siendo una incógnita.
Human Rights Watch también señaló el 18 de septiembre pasado que durante la última década las autoridades han impedido que candidatos opositores participen en procesos electorales y que las prácticas de represión han dificultado el ejercicio libre de los derechos democráticos. La organización reclamó elecciones oportunas, libres y justas y condiciones que permitan a los opositores participar.
La inflación continúa erosionando la posibilidad de vivir dignamente
La paz que describe Naciones Unidas también habla de oportunidades y dignidad en la vida cotidiana. Y ahí aparece otra de las grandes deudas venezolanas: el costo de vivir.
El inflaciómetro del Observatorio de Gastos Públicos de Cedice que el costo de la canasta promedio familiar de 61 bienes y servicios alcanzó los 744.176,63 bolívares (940,01 dólares) al cierre de agosto de 2026. Se requieren casi cuatro salarios integrales mensuales para cubrir el consumo básico alimentario y de servicios. Y aunque la inflación se redujo levemente en agosto, la variación acumulada del año es contundente y siguió avanzando hasta ubicarse en 206 %. Por su parte, la inflación interanual (agosto 2025-agosto 2026) se ubicó en 641,35 % en bolívares y en 36,47 % en dólares.
El dato importa porque la inflación no es solamente una estadística económica: cuando los precios avanzan a esa velocidad, se deteriora la capacidad de las familias para cubrir alimentación, transporte, salud, vivienda y otros derechos sociales.
Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el 68,5 % de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza de ingresos (monetaria). 31,7 % de los hogares se encuentra en pobreza extrema (el ingreso no alcanza para la canasta alimentaria). Mientas que 55 % de la población está en condición de pobreza multidimensional, o con carencias para poder costear gastos de servicios, educación, salud y vivienda.
Entre la oscuridad y la sequía
La dignidad de la vida cotidiana también depende de que las personas puedan acceder a servicios básicos: usar electrodomésticos para sus actividades trabajo, estudio y distracción, disponer de agua suficiente, segura y constante para preparar alimentos, aseo del hogar y personal y tener gas para cocinar. En ese sentido, Venezuela es una muestra de que una sociedad puede no estar formalmente en guerra y, sin embargo, vivir lejos de las condiciones que la ONU identifica como propias de una paz sostenible cuando millones de personas enfrentan dificultades persistentes para acceder a agua, salud, electricidad y otros servicios indispensables.
Los reportes más recientes compartidos por ANOVA Policy Research precisan que 70, 2% de los hogares venezolanos son afectados por el colapso de los servicios públicos. La situación refleja un deterioro profundo que golpea tanto el suministro de electricidad como el acceso al agua potable. Mientras que Monitor Ciudad aseguró recientemente que 98% de los hogares venezolanos sufre fallas semanales en servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En lo que respecta al agua, Provea, citando diagnósticos de HumVenezuela, documentó en mayo de 2026 que 62 % de la población sufría restricciones severas de acceso al agua potable. Monitor Ciudad destaca la inoperatividad de turbinas en embalses clave a pesar de niveles óptimos que lleva a los ciudadanos a padecer por días y hasta semanas sin el indispensable líquido. ANOVA Policy Research informó recientemente que la proporción de familias que reciben agua por tubería menos de un día a la semana saltó de 15,4% en 2024 a 22,1% en 2026.
La oscuridad inducida es causa común de quejas y protestas de los ciudadanos. Human Rights Watch señaló esta misma semana que la población venezolana continúa padeciendo apagones de varias horas pueden prolongarse durante días.
Organizaciones como Monitor Ciudad estiman que existe un déficit eléctrico diario de entre 2000 y 2500 megavatios (MW). Mientras en Caracas y Miranda el promedio de interrupción es de pocas horas a la semana, en estados del Occidente y Los Andes como Táchira, Zulia o Barinas los cortes se elevan, y pueden contabilizarse entre 34 y 58 horas semanales sin servicio. Además, un 7% de los usuarios reporta daños en aparatos electrónicos por sobrecargas.
La organización también encontró que los tiempos de espera para recargar una bombona de gas puede ser de 15 a 30 días. En las zonas rurales, los hogares deben apelar a cocinas eléctricas -si los apagones lo permiten- o recurren a cocinar en leña.
El doblete sísmico expuso aún más las heridas
El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon Venezuela. Las consecuencias fueron devastadoras. En las primeras horas, vecinos de La Guaira denunciaron falta de equipos especializados y comenzaron ellos mismos labores improvisadas de búsqueda, luego recibieron apoyo de rescatistas y civiles voluntarios provenientes de diversas zonas del país y de grupos internacionales. Todavía a casi tres meses de los sucesos, hay familias que siguen esperando recuperar los cuerpos de los escombros y no hay una cifra oficial de desaparecidos.
Provea, en su balance a un mes de los sismos, concluyó que la emergencia evidenció problemas como ausencia de autoridades durante las primeras horas, opacidad en la información oficial y refugios sin planificación clara. También cuestionó que la militarización de La Guaira y los mecanismos de ingreso establecidos para voluntarios pudieran ralentizar y burocratizar la llegada de ayuda.
Según Transparencia Venezuela, la respuesta oficial fue de solo 12,6 % en las primeras 24 horas y 34,6 % en 48 horas. Por otro lado, la ONG Provea observó presencia armada de funcionarios de la Dgcim, Sebin y Conas en albergues y rutas de La Guaira que representaron obstáculos para ambulancias, voluntariado y cobertura periodística. Aunado a ello, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que requisitos administrativos vinculados con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) dificultaron recibir y movilizar ayuda humanitaria.
Distintas ONG han denunciado una marcada opacidad y falta de actualización en los datos oficiales sobre las víctimas y la gestión de la ayuda tras el doble sismo. Durante el primer mes las autoridades publicaron cifras díarias, luego de eso, pasaron a un reporte semanal, y desde el 24 de agosto, el gobiernó dejó de informar cuántas personas habían muerto (para la fecha eran 6509 según esos cómputos). También interrumpió la divulgación de cifras sobre viviendas entregadas, personas damnificadas y escombros recogidos.
¿La paz es una deuda pendiente en el país?
La paz, según Naciones Unidas, supone seguridad, dignidad, oportunidades y cooperación. Y los datos disponibles sobre Venezuela muestran presos políticos y denuncias de tortura; restricciones al ejercicio de derechos democráticos; una inflación que sigue deteriorando el poder adquisitivo; fallas persistentes en servicios esenciales; y una emergencia sísmica que dejó miles de muertos, desplazados y pérdidas materiales, además de cuestionamientos sobre la respuesta inicial del Estado.
A propósito de la celebración del Día de la Paz este 21 de septiembre, Acceso a la Justicia reflexionó que en Venezuela “se ha impuesto una ‘paz’ según la concepción del Gobierno, basada en que la población debe resignarse a aceptar arbitrariedades, porque si protesta se activa el aparato represivo del Estado que incluso puede llegar a costar la libertad y la vida”.
A partir de los elementos antes expuestos, el debate sigue abierto: ¿Podemos afirmar que vivimos en paz en Venezuela?
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
