El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó informe mensual del mes de agosto, en el cual se documentó un total de 652 protestas en el territorio nacional, lo que representa un promedio de 22 manifestaciones diarias y un incremento del 288 % con respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 168 manifestaciones.
El documento destaca que la mayoría de las quejas de las personas continúan centradas en la exigencia de condiciones para una vida digna, junto a demandas de justicia, derechos laborales y participación política en el país.
A continuación, las claves de los hallazgos encontrados en el informe:
Los derechos y la vivienda
El informe explica que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) lograron concentrar el 77 % de las manifestaciones registradas durante el mes de agosto, sumando 501 protestas. El derecho a la vivienda lideró las exigencias con 336 movilizaciones, equivalentes al 52 % del total nacional.
En 327 oportunidades las comunidades salieron a las calles para demandar la restitución o mejora de los servicios básicos en los hogares. Las fallas continuas en el suministro de electricidad encabezaron los reclamos con 223 protestas, seguidas por las manifestaciones contra la escasez de agua potable (100). Hubo también reclamos en las calles por las deficiencias en vialidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos y alumbrado público.
Exigencias de justicia
Por otro lado, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) concentraron 151 manifestaciones, un 23 % de la conflictividad documentada. La búsqueda de justicia se posicionó como la demanda principal de este apartado, con 164 manifestaciones encabezadas por familiares de presos políticos, víctimas y organizaciones sociales.
También se registraron 129 movilizaciones de la mano en exigencia del respecto al derecho a la participación política, donde varios sectores opositores pidieron transparencia electoral y la definición de un cronograma para los comicios presidenciales.
Por su parte, grupos identificados con el oficialismo se movilizaron en contra al acuerdo energético suscrito entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense.
Pensionados y trabajadores
Los trabajadores, jubilados y pensionados llegaron a liderar 124 protestas por derechos laborales, con aproximadamente cuatro manifestaciones diarias. Las peticiones principales se enfocaron en la recuperación del poder adquisitivo, la exigencia de mejores salarios, el rechazo a la bonificación de los ingresos y el cumplimiento de los contratos colectivos.
Además, se contabilizaron 100 protestas en reclamo del derecho a la seguridad social. En este sector destacaron los jubilados y pensionados de Cant, quienes cumplieron casi dos meses de movilizaciones semanales en demanda de ingresos dignos y la restitución de servicios de atención médica. En el área educativa, los docentes expresaron preocupación por el deterioro de la infraestructura escolar antes del inicio de clases actual.
Modos de manifestaciones
Estos problemas sociales se desplegaron a nivel nacional con diferentes niveles de intensidad. El estado Lara registró la cifra más alta con 70 protestas, luego Anzoátegui (68), Miranda (60), Sucre (59), Carabobo (40) y Distrito Capital (40). Por el contrario, Delta Amacuro y Trujillo reportaron la menor cantidad de manifestaciones.
Las concentraciones pacíficas fueron la modalidad más recurrente con 394 casos. Le siguieron el cierre de vías (107) y las vigilias (43).
Los cacerolazos también regresaron, de acuerdo con el OVSC, en zonas residenciales, como medida de protesta frente a los apagones. El informe resaltó que el 379 eventos correspondieron a protestas combinadas, donde los ciudadanos exigieron la garantía de múltiples derechos.
Represiones y secuelas del terremoto
El OVCS documentó nueve protestas reprimidas por cuerpos de seguridad en Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Sucre, esta cifra reflejó un aumento en comparación con las cuatro registradas en julio.
Se contabilizaorn además 14 protestas en nueve estados para denunciar abusos de poder y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y policías regionales.
Por otra parte, a dos meses del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, hubo 15 manifestaciones en el estado La Guaira, al menos 12 fueron impulsadas por personas damnificadas que denunciaron desalojos de refugios, exigieron reubicación en viviendas seguras, distribución equitativa de ayuda humanitaria e insumos.
Puede leer el informe completo aquí.
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